También los que buscan en los vertederos son titulares del derecho a la libertad de empresa

Es casi un lugar común el de afirmar que los derechos fundamentales de contenido económico (libertad de empresa, derecho de propiedad) tienden a ser minusvalorados por el Tribunal Constitucional en España, sobre todo, cuando se trata de ponderarlos en relación con una intervención administrativa o del legislador que reduce su vigencia. El caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1956 y la sentencia correspondiente afirmando su constitucionalidad es un caso espectacular, pero también lo son las sentencias relativas a las Cámaras de Comercio. Nuestro Tribunal Constitucional no tiene en mucha consideración la libertad de empresa o el derecho de propiedad. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional colombiano que ha merecido un artículo de The Economist (13-19 de junio de 2009) muestra con claridad la función del derecho a la libertad de empresa como "derecho a ganarse la vida" como a uno le parezca y con el mínimo de restricciones necesario para proteger otros derechos individuales e intereses públicos . Según el TC colombiano, los miles de personas que se ganan la vida buscando en los vertederos de las ciudades colombianas han de ser considerados como "empresarios" con el efecto práctico de que

"El Tribunal ordenó al gobierno de la ciudad de Cali que suspendiera la licitación para una concesión de gestión de residuos para dar a las cooperativas de recicladores, como se les conoce, el tiempo de organizarse y presentarse a la licitación del contrato. Como parte de una reorganización de la disposición de residuos que ya ha visto tres contratos otorgados a empresas privadas. Adriana Ruiz, la abogada que representaba a los recicladores, argumentó que el hecho de quitarles el acceso a la basura violaba su derecho a ganarse la vida y a la propia vida. También cuestionó una nueva ley nacional en virtud de la cual los recicladores de residuos pueden ser multados hasta el equivalente a 500 € por rebuscar en la basura en lugares públicos. El tribunal dictaminó que los futuros contratos de eliminación de residuos "deberían favorecer y tratar de preservar el estatus de los recicladores de residuos". Los jueces también suspendieron las multas impuestas por el gobierno municipal de Cali por rebuscar en la basura pública.