El extraño caso de las 30 brasileñas residentes irregularmente en Bélgica que fueron a parir a Burgos: análisis jurídico

Me ha costado más de media hora de "diálogo" con dos IA. Por lo de la productividad y tal.

A raíz de la alerta emitida por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) al detectar la llegada de una treintena de mujeres embarazadas de nacionalidad brasileña procedentes de Bélgica para dar a luz en un intervalo breve de tiempo, la Policía Nacional (UCRIF) abrió una investigación que sigue su curso.

A falta de un fallo judicial definitivo o de que concluyan las diligencias policiales, el análisis de la normativa y de la logística permite esbozar varias hipótesis con distintos grados de certeza.

Lo que parece estar acreditado 

Hay ciertos elementos objetivos sobre los que existe bastante grado de certeza porque constan en las denuncias administrativas e institucionales:

• Existió un flujo coordinado de gestantes en las semanas finales del embarazo que coincidían en empadronamientos temporales en la comarca de Las Merindades (como Medina de Pomar o Villarcayo).

• El HUBU identificó que varias de estas pacientes compartían domicilios y que en algunos expedientes figuraba la misma persona como acompañante o declarante.

La hipótesis del "ahorro de costes" es poco probable

Inicialmente se especuló con que el motivo principal era evitar el pago del parto en el norte de Europa. Sin embargo, si analizamos la legislación sanitaria belga, esta teoría pierde fuerza:

• En Bélgica, la atención al parto y las urgencias obstétricas están cubiertas de forma gratuita por la Aide Médicale Urgente (AMU) para personas sin recursos, incluso en situación irregular.

• El desembolso en billetes de avión o carretera, el alquiler temporal en Burgos y las tarifas que presuntamente cobraba la red dificultan sostener que el viaje responda a un mero ahorro económico.

La vía de regularización documental es más probable

Con la información jurídica en la mano, parece mucho más plausible que el verdadero incentivo fuera la obtención de estatus legal en la Unión Europea, aunque el grado de éxito de esta estrategia depende de cómo la red ejecutara los trámites:

• La Constitución brasileña otorga la nacionalidad ius soli en su territorio, pero exige un registro consular para los nacidos fuera. Si los padres no acuden al consulado de Brasil, se genera un vacío que permite invocar el artículo 17.1.c del Código Civil español (nacionalidad por simple presunción para evitar la apatridia) o solicitar la nacionalidad tras un año de residencia (art. 22.2.c CC). Cabe matizar que la aplicación de la simple presunción a ciudadanos brasileños ha tenido interpretaciones estrictas según la Instrucción del Registro Civil aplicable en cada momento.

• La reforma de Extranjería de 2024/2025 extinguió la etiqueta tradicional de "Arraigo Familiar" para estos casos y creó una figura específica: la Autorización de Residencia Temporal para Familiares de Ciudadanos Españoles (con permiso de trabajo por 5 años). El obstáculo que la red intentaba sortear: El nuevo Reglamento exige acreditar convivencia real y efectiva con el menor en España. El empadronamiento ficticio en Burgos era la pieza indispensable que intentaba simular esa convivencia para esquivar las nuevas exigencias de control y, una vez obtenida la residencia española, permitir a la madre circular o instalarse legalmente en la UE.

Posibles ilícitos penales

Determinar el grado exacto de delictividad de la conducta de cada implicado es complejo y le corresponde a los juzgados de Burgos. No obstante, en la teoría penal caben varios escenarios:

• Si las gestantes acudieron semanas antes a las consultas hospitalarias presentando volantes de empadronamiento tramitados con datos no reales para evitar la facturación como pacientes privadas, podría existir un engaño bastante para la comisión de un delito de estafa o fraude a las prestaciones públicas. Sin embargo, la delimitación entre el derecho a la atención de urgencia/maternidad y el fraude administrativo suele ser jurídicamente gris.

• Parece haber indicios más sólidos de un delito de falsedad en documento oficial (art. 392 del Código Penal) en lo relativo a la obtención de los certificados de empadronamiento en inmuebles donde no existía residencia real.

• Para la Policía, el volumen de 30 personas apunta con alta probabilidad a la existencia de un Grupo u Organización Criminal (arts. 570 bis/ter CP) dedicado al favorecimiento de la inmigración clandestina (art. 318 bis CP). 

Una vez más, la legislación sobre nacionalidad (unida a la generosidad en la prestación de servicios públicos a los extranjeros en situación irregular) tiene un "efecto llamada" y un "efecto criminógeno" favoreciendo la formación de bandas criminales dirigidas a aprovechar el 'loophole' del artículo 17.1 c) CC

En efecto, Bélgica reformó su legislación (Code de la nationalité belge) para evitar que el nacimiento en su suelo otorgara derechos automáticos a padres en situación irregular:

Si un niño nace en Bélgica de padres extranjeros, el menor no es belga de origen. El hecho de que los padres "decidan no registrarlo" en su consulado de origen no convierte al bebé en belga automáticamente. La ley belga exige probar que el niño sería absolutamente apátrida conforme a las leyes de origen de los padres de forma objetiva, no por la mera abstención voluntaria de los progenitores.

Para que un nacido en Bélgica obtenga la nacionalidad belga por nacimiento, la ley exige que al menos uno de los progenitores haya tenido su residencia principal en Bélgica con un permiso de residencia legal ilimitado durante los 5 años anteriores al nacimiento.

Para una mujer brasileña en situación irregular en Bélgica, dar a luz en Bruselas no otorga la nacionalidad belga al bebé. En cambio, dar a luz en Burgos les abría la vía del artículo 17.1.c del Código Civil español.

Si no es así, ¿por qué viajaron hasta Burgos y no se quedaron en Luxemburgo, Ámsterdam, París, Berlín, Praga, Copenhague, Dublin, Viena, Liubliana, Bratislava, Milan o Zagreb? Todas estas capitales están a menor distancia de Bruselas que Burgos. Por lo que se ve, la UE tiene buenas razones para abrir expedientes sancionadores a España.