Mantegna, El tránsito de la Virgen, Museo del Prado
A partir del lunes 13 de noviembre y, hasta que finalice la emergencia constitucional en la que se encuentra España como consecuencia de la conducta del PSOE, del Gobierno de España y del Tribunal Constitucional dirigido y controlado por un grupo de leales subordinados del Gobierno que carecen de los conocimientos, la formación y la experiencia para ocupar tan alta magistratura, publicaré en el Almacén de Derecho trabajos en defensa del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la igualdad de los españoles ante la Ley bajo la etiqueta "Estado de Derecho".
Se trata de recuperar aquella iniciativa conocida como "Voices from Spain" que alivió un poco la opresión que nos causó el intento de golpe de estado de los nacionalistas catalanes que, ahora, el PSOE ha decidido legitimar con una amnistía una vez que sus votantes tragaron, alegremente, con los indultos. Recomiendo a los lectores que repasen las entradas que se publicaron entonces, en 2017, en aquél. Cualquiera diría, oyendo al presidente del Gobierno, que lo de 2017 fue un incidente menor en la Historia constitucional de España. Javier Cercas, que ha reconocido haber votado al PSOE en julio de 2023 y que apoya al PSC, escribió en 2019 que "el nacionalismo es incompatible con la democracia: porque, cuando se trata de elegir entre democracia y nación, elige siempre la nación". Eran tiempos en que nadie creía que el PSOE sería capaz de llegar a un acuerdo con el prófugo criminal de Puigdemont y amnistiarlo a cambio de siete votos en el Congreso. Ni Borrell se lo creía. En 2017, Borrell reprochaba a Colau su complicidad con los nacionalistas. ¿Por qué el Sr. Borrell no dirige ahora el reproche a Sánchez y a su señora - de Borrell - Cristina Narbona que en 2017 dirigió a Colau?
Invito, pues, a los juristas académicos y profesionales a remitirme los escritos que crean que pueden aportar algo al debate. Como ha dicho anteayer Arcadi Espada, ya no se trata de lo que podría hacer este gobierno en los próximos meses y años. Ya no se trata de lo que hará una presidenta del Congreso prevaricadora (otra vendrá que buena te hará, estará diciendo Meritxell Batet); ya no se trata de qué derribos de la Constitución legitimará este Tribunal Constitucional que merece una futura reforma de la Constitución que lo suprima; ya no se trata de qué extorsión a los españoles pagará de buen grado el PSOE en cumplimiento de sus pactos con los delincuentes y desleales nacionalistas.
Se trata de asegurarnos que se podrá revertir la dinámica de degradación del Estado constitucional. Que no nos vamos a convertir en la República bolivariana del Sur de Europa. Porque ese día, los cambios serán irreversibles como están experimentando algunas democracias americanas. Porque si algo han demostrado el PSC y el PSOE es que no hay límites a lo que están dispuestos a hacer por conservar el poder. Los juristas que apoyen este proceso de degradación de la democracia liberal en España merecen el ostracismo. Es el honor del Derecho lo que está en juego.
Al mismo tiempo, voy a iniciar aquí, en Derecho Mercantil, una nueva sección que llamaré "Archivo" y en la que colgaré los enlaces a entradas de este blog o del Almacén de Derecho que merecen, a mi juicio, ser rescatadas. Empezaré, con esta en la que traduzco algunos párrafos de un artículo de Stanley G. Payne en una revista norteamericana llamada First Things. Los votantes socialistas - y comunistas - deberían leerla. (en el minuto 4'30, Payne explica que, en 1933, Alcalá Zamora abortó los intentos de los partidos de izquierda de anular los resultados de las elecciones de 1933 pero, en diciembre de 1935 pone fin al gobierno y provoca el adelanto electoral que tendría lugar en febrero de 1936). Los socialistas, como los comunistas y los anarquistas y la extrema derecha - Falange - negaron legitimidad a los resultados electorales (en 1933) o falsificaron dichos resultados (1936). La violencia siguió a la polarización política (Frente Popular) y a la extensión de la violencia siguió la Guerra Civil.
Es obvio que la situación actual de España y del entorno europeo tiene muy poco que ver, afortunadamente, con la de los años treinta del siglo XX. Pero observo con viva preocupación que las dinámicas sociales y políticas son parecidas: extrema polarización y disposición de los agentes políticos de la izquierda y de los nacionalistas a saltarse todas las reglas. La obediencia al Derecho ya no se puede presumir, ni en los políticos de izquierda, ni en los de la extrema derecha ni se ha podido presumir nunca de los nacionalistas. Y un país en el que sus políticos no se sienten devotos cumplidores de la Ley y el Derecho no puede sobrevivir incólume. No hay forma de hacer cumplir la Ley a una secta política decidida a doblarla para conservar el poder. La ocupación por esta secta de las instituciones contramayoritarias es la vía para desintegrar el Estado de Derecho
Repito: la situación de 2023 no tiene que ver con la de los años 30. Pero las dinámicas sociales y políticas son semejantes. Hay un partido político, el PSOE, que ha organizado una coalición dominante (un Frente Popular en el que se integra la extrema izquierda y los nacionalistas) que rechaza los tenets fundamentales de la Constitución de 1978 y del Estado de Derecho. La polarización se ha extremado y, tras soportar con infinita paciencia las deslealtades, los asesinatos, el robo, la discriminación y la violencia perpetrados por los nacionalistas vascos y catalanes en los últimos cuarenta años, hay que parafrasear a Payne: "ningún pueblo ha soportado un abuso tan prolongado sin respuesta". Hay que reaccionar y defender el Estado de Derecho.
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