Carta de mi rector

Queridos miembros de la Comunidad Universitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una serie de medidas que afectan al conjunto del sistema público universitario. Aunque estas medidas requerirán un análisis detallado una vez se publiquen de forma oficial, quisiera dejar constancia de nuestra preocupación por la forma y el contenido de algunas de ellas.

A la espera de su concreción legislativa, queremos expresar el males-tar que genera en la comunidad universitaria la circunstancia de que durante su proceso de adopción no se hayan seguido los habituales procedimientos de interlocución y negociación con los órganos colegiados que, como el Consejo de Universidades, representan a las universidades españolas. Teniendo su alcance, consideramos que el cauce adecuado hubiera sido seguir el trámite de audiencia con las instancias que, conforme a la legislación, ostentan la máxima representación de las universidades. La consulta al Consejo de Universidades hubiera permitido un análisis sereno de cada una de las ellas, ponderando su contenido y repercusión.

En cualquier caso, reclamaremos el principio constitucional de autonomía universitaria ante la posibilidad de que pudieran afectar a la organización académica y a los recursos humanos de las universidades, sin consulta y negociación previa.

Creemos además, que ante la subida propuesta de tasas académi-cas, el gobierno debería aumentar el número de becas públicas que asegure que ningún estudiante quede excluido del acceso a la educación superior en la universidad pública por razones socio-económicas en un contexto de crecientes dificultades. Por otra parte, echamos en falta medidas orientadas a garantizar la financiación necesaria de las universidades públicas.

En estos tiempos difíciles para nuestra sociedad, la universidad debe de desempeñar un papel activo de cooperación en la búsqueda de soluciones a la situación actual y de colaboración en el proyecto común. Tales esfuerzos deben realizarse desde el trabajo conjunto entre las administraciones públicas, sin adoptar decisiones que puedan comprometer el futuro de la universidad pública, de sus estudiantes, de sus trabajadores y de las funciones que tiene encomendada la universidad como espacio docente e investigador, preservando en todo caso la equidad social y la transparencia con responsabilidad.

Algunos comentarios. El primero, en relación con las becas, es que, si no estoy equivocado, la mayoría de las becas son becas de matrícula, es decir, cubren solo las tasas. Por tanto, si suben las tasas y se mantiene el umbral de renta para obtener las becas y el número de becas, el aumento de las tasas no afecta en absoluto a la “equidad”. Subir las tasas es equitativo desde el punto de vista social y, para proporcionar los incentivos adecuados a nuestros jóvenes, deberían subir mucho más en humanidades y ciencias sociales y mantenerse en ciencias e ingenierías de manera que nuestros jóvenes elijan, en mayor medida que la actual, carreras que les faciliten encontrar un empleo y les permitan contribuir en mayor medida al bienestar social.

¿Qué autonomía tiene una universidad que depende en el 100 % de su presupuesto del presupuesto de la Comunidad Autónoma; en el 100 % de sus planes de estudio y de su selección de los estudiantes de las normas del Estado o de la Comunidad Autónoma; en el 100 % de los precios que cobra por sus carreras de lo que diga la Comunidad Autónoma y en lo que no decide la Comunidad Autónoma de lo que decidan los empleados de la institución?

Si pedimos autonomía, pidámosla completa. Como al cerdo en el chiste: que el Estado o la Comunidad Autónoma dé una cantidad por alumno a cada Universidad y que se organicen como quieran.