El derecho a vivir en la legalidad y una coda para periodistas

La vida del ciudadano europeo se ha convertido en una carrera de obstáculos. No hay forma de “no caer” en la ilegalidad. Cumplir con las normas se hace cada vez más complicado y, hasta las personas más decentes se ven obligadas a defenderse de acusaciones de haber actuado ilegalmente sufriendo las sanciones correspondientes.

En muchos casos, la sanción no se impone porque el ciudadano honrado y cumplidor logra demostrar que ha actuado honradamente. Pero en otras, la sanción es inevitable.

Las normas no pueden ser tan complicadas de cumplir que los ciudadanos honrados incurran generalizada y repetidamente en infracción de la Ley. Debería existir una norma de cierre que dijera algo así como que la Administración archivará de oficio cualquier procedimiento sancionador cuando se aprecie – de oficio – que la infracción ha sido levemente negligente o que no ha supuesto incumplimiento de una obligación sustancial del ciudadano. Y, a la inversa, cuando el honrado ciudadano tiene derecho a X, la Administración debe hacer todo lo que sea necesario para garantizar el ejercicio del derecho por parte del ciudadano.

Tengo unos cuantos ejemplos de lo difícil que es vivir en la legalidad sin recibir sanciones o perder derechos. Declaraciones de IVA trimestrales por autoliquidación (Hacienda es como IKEA, tienes que hacerles tú el trabajo de cobrarte los impuestos y ya puedes hacerlo bien porque, como pongas mal un tornillo, el mueble se te descuajeringa y quizá lo tengas que montar de nuevo). Ahora que algunas empresas pagan el IVA mensualmente, el modelo 303 tiene que ser rellenado poniendo 1T y no 01, porque 1T es “primer trimestre” y 01 es “mes de enero”. Uno, que se hace la declaración, puso 01 y acaba de recibir una propuesta de liquidación por presentar con retraso la autoliquidación (presentada tempestivamente el 15 de abril). Hay que ponerse en contacto con Hacienda y hacer alegaciones (afortunadamente se pueden hacer por Internet). Pero como no te dice – en la propuesta de liquidación – dónde está el problema, tienes que llamar por teléfono que, con suerte, te cogen. Una vez que te han explicado la chorrada, puedes ponerte a hacer la alegación por internet. Digo yo que si Hacienda recibe todas las órdenes de pago con IVA podría hacerle a este señor la liquidación simplemente cruzando todos los pagos con IVA que se le han hecho.

En EL PAIS de hoy, dos situaciones kafkianas en las cartas al Director: la señora que pierde un complemento de pensión de 250 euros porque cobra una pensión de Francia de 87 euros y el empleado de una gestoría (¡las gestorías fiscales y laborales! esa institución tan española que no debería existir si realizar la gestión de los contratos laborales y de las obligaciones fiscales fuera más sencilla) que denuncia que las empresas no se pueden aplicar las bonificaciones en la cuota de seguridad social por nuevas contrataciones porque la TGSS no tiene a disposición del público la aplicación informática (así que, paga primero y pide después que te devuelvan lo pagado en exceso).

A veces los casos son más graves. Joven al que roban – y denuncia – el DNI. El ladrón utiliza el DNI robado para contratar líneas telefónicas (la compañía atiende a su reclamación simplemente transmitiéndoles la copia de la denuncia del robo del DNI). La policía municipal detiene a un joven consumiendo hachís al que identifican con el DNI robado y le pone una multa de 350 euros. El joven alega en el procedimiento que no era él etc. Ni caso. En recurso de reposición, y previa contratación de un jurista, su reclamación es atendida.

Y, muy de cuando en cuando, los casos son gravísimos como el de la señora de Málaga a la que acusaron y condenaron por un asesinato que no había cometido.

A los funcionarios hay que decirles, todas las mañanas, que son servidores públicos y que están ahí para hacer la vida más fácil a los ciudadanos honrados (va también por los empleados de los registros –especialmente el registro civil-, notarías, secretarías de colegios y de universidades). A los que están más arriba en el escalafón hay que decirles que tienen que diseñar sus procedimientos para que no se escapen los tiburones, no para capturar “pezqueñines”. Y a los que tienen el boli de escribir en el BOE hay que decirles que “keep calm” y que no manden al BOE ninguna regla que pueda fastidiar a los ciudadanos honrados. Como los médicos, el primer mandamiento del legislador es “no hacer daño”.

Y se hace daño cada vez que se diseña un procedimiento administrativo que implica poner a trabajar a los ciudadanos al servicio de la Administración. Cada vez que se solicita del ciudadano información que la Administración puede conseguir por sí misma. Cada vez que se le torea remitiéndole a otra Administración (recuérdese la unidad de la personalidad jurídica del Estado). Cada vez que se implanta una obligación de registro o de comunicación a la Administración y no se prevé simultáneamente la realización a través de internet. Cada vez que no se pone a disposición del público toda la información al respecto.

Cumplir con la legalidad tiene que ser simple, rápido y barato. Así que en vez de la chorrada esa del “impacto de género”, las normas tendrían que ser evaluadas por su “impacto de corrupción” (si generan fácilmente rentas de las que sinvergüenzas puedan apropiarse) e “impacto de ilegalidad” (¿le hace más fácil o más difícil la vida a la gente honrada? ¿qué probabilidad hay de que el ciudadano se equivoque o tenga que contratar a un experto para cumplir con la legalidad? ¿podría hacerse de forma más simple? ¿podría eliminarse todo el procedimiento? ¿cuántos de los obligados cumplirán razonablemente con la norma? ¿qué nivel de ilegalidad generará la norma?). Tenemos derecho a vivir en la legalidad sin hacer grandes esfuerzos.

Mientras tanto, los medios de comunicación se dedican, a menudo, a defender privilegios o ventajas particulares absolutamente irracionales. Por ejemplo, la SER, muy preocupada por una asistenta de un pueblo de las afueras de Vigo que perdía la conexión ferroviaria por la supresión de un servicio y tendría que andar durante media hora para coger el autobús. A los periodistas de la SER no se les ocurrió preguntar cuánto pagamos de nuestros impuestos para mantener ese servicio, cuánto es el valor añadido del trabajo de esa señora como asistenta y cuánto el coste alternativo (¡nos saldría más barato ponerle un taxi!). Ni a los de EL PAIS analizar los préstamos ICO a estudiantes para hacer másteres. Sacan a una chica con foto incluida que pidió un préstamo para hacer un master en arqueología. Ahora no tiene trabajo (¡qué raro! ¡con un master en Arqueología no consigue trabajo! –sarcasmo-) y no puede devolver los 2000 euros. ¿Eso es un problema social? El mismo día, en una televisión autonómica, otra chica con master en arqueología estaba trabajando de au pair en China. Y no le iba mal según propio testimonio. ¿Por qué las izquierdas de este país se dedican a defender intereses particulares tan estrechos sin mirar el coste social de esas medidas? No digo que los préstamos ICO para másteres fueran una estupidez. Digo que somos mayorcitos y que endeudarse es algo que hay que hacer con mucho cuidado. Presentar a esa chica como una “víctima de los recortes” es injusto para el resto de la población y, especialmente, para los que se endeudan para satisfacer necesidades básicas.