Fascistas nacionalistas catalanes denuncian a particulares por no someterse a la etnia catalana
¿Por qué la UPF excluye a Vox de los debates y no a la CUP? Es evidente que todos los grupos nacionalistas catalanes (Junts, Alianza, ERC y CUP) son grupos fascistoides.
Fascistas nacionalistas vascos a los que los españoles pagamos más de 100.000 euros al año
De todas las señorías que podrían haber preguntado a Koldo por la tranquilidad de su conciencia fue a preguntarle un senador de Bildu. Y en ese preciso instante el sentido moral del asesor de Ábalos, que seguramente lleva décadas dormido, despertó.
-Usted ha dicho que tiene la conciencia tranquila. ¿Podría decirnos entonces quién puede no tenerla? -le espetó un tal Josu Estarrona, incapaz de anticipar la única respuesta posible a su fatuidad.
-Igual ustedes, ¿no? Los primeros -centelleó el reo.
Un curso on-line en junio de estadística aplicada al Derecho
Tip y Coll resucitan en el BOE
Vean la redacción del artículo 44.2 de la Ley de Universidades obra del máximo exponente del perfecto progresista español, nuestro afamado intelectual nacionalista y mediopensionista
2. Los Estatutos de las universidades establecerán y regularán, entre otros, los siguientes órganos unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, Secretario o Secretaria General, Gerente, así como, en su caso, Decanos o Decanas de Facultades, Directores o Directoras de Escuelas, de Departamentos, o de otros órganos específicos para los centros o estructuras que determinen los Estatutos.
¡Qué gloria hubiera sido añadir "gerentas", "órganas", "centras" "estructuros y estructuras" y culminar con universidado o universidada! Por cierto, estos paletos de legisladores españoles, ¿por qué ponen delante Rector sobre Rectora? No debería ser "Rectora o Rector"?
Y lean el artículo 6.1 de la Ley "por" el derecho a la vivienda
En virtud del principio de igualdad y no discriminación en la vivienda, todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales establecidos en la legislación y normativa vigente, sin sufrir discriminación, exclusión, acoso o violencia de ningún tipo
¿Cómo podremos convencer a nuestros alumnos los profesores de Derecho de la racionalidad de éste? Me temo que unos pocos años más de gobierno progresista en España y nos tendremos que convertir al asharismo y, parafraseando a Benedicto XVI afirmar que
"Si tal fuera la voluntad de la mayoría progresista, los ciudadanos deberíamos incluso desobedecer sistemáticamente las normas jurídicas puestas en vigor por la mayoría progresista".
Tal es lo que parece que hemos conseguido con esta Ley que 'ordena' a los jueces no aplicar el artículo 245.2º del Código Penal
La negatividad de las redes
Una de las razones por las que las redes sociales pueden parecer tóxicas es que la gente tiende a publicar sobre aspectos negativos. Rara vez se menciona que el agua sigue saliendo por el grifo o que los supermercados están bien abastecidos. Las redes sociales pueden hacer que el mundo parezca peor de lo que es porque amplifican los problemas.
Antropomorfizar
Permíteme asegurarme de que entiendo bien tu tesis. ¿Estás sugiriendo que no deberíamos antropomorfizar a las personas?Sidney Morgenbesser a B. F. Skinner
¿Qué querrá decirnos el autor?
Parte de nuestra doctrina ha considerado que la referencia al interés social, en el marco del deber de lealtad, frente al interés de la empresa, en el novedoso contexto del deber de diligencia, es reiterativo o confuso. Sin embargo, en nuestra opinión, el legislador, en una clara separación de las ideas, y, fundamentalmente, teniendo en cuenta el giro de la actuación de los administradores en un marco sostenible, ha querido minimizar el interés social, en relación a un criterio puramente económico, respecto del interés de la empresa, en el que, además del ánimo de lucro y sostenibilidad financiera, nos encontramos con la nueva atención hacia los grupos de interés (stakeholders), el cumplimiento normativo y las políticas sociales y medioambientales. Es decir, el interés social, en el ámbito del deber de lealtad, y sus obligaciones en relación al administrador, se refiere, en esencia, al cumplimiento de las funciones que se le han encomendado, frente al interés de la empresa, en el marco del deber de diligencia, teniendo en cuenta que debe desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario.
Copilot lo ha "traducido" al castellano así:
Una parte de nuestra doctrina ha visto la referencia al interés social dentro del deber de lealtad como redundante o confusa frente al interés de la empresa en el contexto del deber de diligencia. No obstante, creemos que el legislador, distinguiendo claramente las ideas y considerando la evolución de la gestión de los administradores hacia la sostenibilidad, ha buscado atenuar el interés social frente a un criterio meramente económico, en favor del interés empresarial. Este último no solo incluye la rentabilidad y la sostenibilidad financiera, sino también una nueva consideración hacia los grupos de interés, el cumplimiento normativo, y las políticas sociales y ambientales. Es decir, el interés social, en el contexto del deber de lealtad y sus obligaciones respecto al administrador, se centra en el cumplimiento de las funciones asignadas, mientras que el interés de la empresa, en el ámbito del deber de diligencia, implica ejercer el cargo y cumplir con los deberes legales y estatutarios con la diligencia de un empresario responsable.
Luego añade el autor
No obstante, en el marco de la sostenibilidad, y en relación al deber de diligencia de los administradores, el principio de la protección de la discrecionalidad empresarial se encuentra completamente limitado o, incluso, anulado. Todo administrador ha de actuar conforme al ordenamiento jurídico y a los estatutos sociales, para garantizar que su actuación es adecuada y no es merecedora de reclamación de responsabilidad. Por ello, en el interés de la empresa, en el ámbito del cumplimiento de las políticas sociales y medioambientales, esto es, en el desarrollo de la sostenibilidad de la empresa, la actuación del administrador no puede, en ningún caso, afectar a los grupos de interés, ni tampoco al objetivo estratégico y económico de la compañía 38) . Por tanto, consideramos que, a pesar de la aparente dispensa que pueda girar en torno al deber de diligencia de los administradores, no es del todo cierta y, mucho menos, en el contexto de la sostenibilidad, ya que es un propósito legal que requiere de la implementación de políticas por parte de cada sociedad
y Copilot lo mejora formalmente aunque, claro, no puede arreglar el error de contenido
Sin embargo, en el contexto de la sostenibilidad y en lo que respecta al deber de diligencia de los administradores, el principio de protección de la discrecionalidad empresarial está considerablemente restringido o incluso anulado. Cada administrador debe actuar de acuerdo con la ley y los estatutos sociales para asegurar que su conducta sea apropiada y no sujeta a reclamaciones de responsabilidad. Por lo tanto, en el interés de la empresa y en el cumplimiento de las políticas sociales y ambientales, es decir, en la promoción de la sostenibilidad empresarial, las acciones del administrador no deben, bajo ninguna circunstancia, perjudicar a los grupos de interés ni al objetivo estratégico y económico de la empresa. Así, consideramos que, a pesar de la aparente exención que podría sugerirse en torno al deber de diligencia de los administradores, esta no es completamente exacta y, menos aún, en el ámbito de la sostenibilidad, ya que es un mandato legal que exige la implementación de políticas por parte de cada empresa.
Por qué hay que suprimir todas las ayudas a la investigación en Derecho, especialmente las regionales
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