De cómo los catalanes no nacionalistas se convirtieron, voluntaria y alegremente, en ciudadanos de segunda, extranjeros en su propio país

Desde fuera de Cataluña, los españoles que no somos de izquierdas tenemos dificultades para comprender a los votantes catalanes. El análisis desde otras zonas de España puede formularse así.

En el País Vasco, los terroristas nacionalistas mataban o extorsionaban a los que se salían de la línea oficial marcada por el nacionalismo, de modo que la “espiral del silencio” (de la que habla también Iván Teruel al final de su libro) se entendía perfectamente: o te marchabas del País Vasco o te callabas. El resultado ha sido la desaparición del terrorismo pero no la desaparición del nacionalismo terrorista. Bildu es un partido nacionalista terrorista en el sentido de que considera legítimo el uso del terrorismo como herramienta de acción política y la prueba irrefutable de que tal es la ideología de ese partido es que no condena el terrorismo practicado por los nacionalistas durante los últimos cincuenta años. Y no lo hace – no cabe deducir otra cosa – no porque no haya tenido ocasión y razones para hacerlo, sino porque cree que asesinar y extorsionar a la población no afín es una herramienta legítima de la confrontación política. El resultado es la hegemonía completa del nacionalismo en el País Vasco. En las Vascongadas ya no quedan prácticamente representantes no nacionalistas en el Parlamento Vasco. Las dos principales fuerzas son el nacionalismo no violento y el nacionalismo terrorista (en el sentido apuntado más arriba). El tercero es un partido socialista que se ha unido definitivamente a la fiesta nacionalista.

En Cataluña no ha habido – significativamente – terrorismo pero el plan de “nation building” se ha ejecutado con semejante eficacia allí y en el País Vasco. Y los nacionalistas catalanes han conseguido, sin terrorismo mediante, meter a la población “en cintura” y en la “espiral de silencio”. Y, del mismo modo, el Partido Socialista se ha unido a los nacionalistas (de extrema derecha y extrema izquierda) para arrinconar a los no nacionalistas (pacto del Tinell extendido al PP primero y luego a Ciudadanos).

¿Por qué los no nacionalistas en Cataluña han aceptado esa sumisión? 

¿Por qué han llegado a decir – como el autor del libro – que la escuela catalana es un remanso de paz y que no hay ningún problema con la inmersión? Creo que, de todo el libro, los párrafos que reproduzco más abajo explican perfectamente por qué han ocurrido las cosas así. 

Pero antes quiero señalar que la hegemonía nacionalista en Cataluña y el País Vasco, una vez que el PSOE se ha vuelto nacionalista, es irreversible. En el País Vasco porque no queda esa minoría discrepante que pudiera revertir el consenso nacionalista, sobre todo, porque son conscientes que sólo desde el nacionalismo podrán chantajear con suficiente fuerza al resto de los españoles para que sigamos financiando su bienestar (4000 millones de euros sólo para cubrir su déficit de pensiones). El resto de esa minoría ha abandonado el País Vasco en los últimos 40 años. En Cataluña por lo que explica Iván Teruel en estos párrafos. 

Tras contar anécdotas – ninguna demasiado significativa – que reflejan el control de los nacionalistas sobre la administración pública catalana y su "apostolado" para conducir a los castellanohablantes a cambiar de lengua en sus relaciones sociales explica cómo decidió someterse voluntariamente a la hegemonía nacionalista. Cómo decidió convertirse en un “esclavo feliz”. Cómo renunció a ser tratado como un ciudadano de primera con los mismos derechos que los demás y cómo ese “contrato de esclavitud” voluntariamente firmado se expresó en el uso de la lengua catalana renunciando a usar su lengua materna, el español. Entiendo tan bien a Iván Teruel que yo mismo escribí hace algunos años – desde Madrid – que el supremacismo nacionalista en relación con la lengua podía estar justificado (lean, no obstante, el oportunísimo comentario a esa entrada). La próxima parada es Navarra, la siguiente Baleares y la última, esperemos, Valencia.

… Todas esas reprobaciones o comentarios despectivos a los que me enfrenté por hablar en castellano, tomados en el conjunto de los años de mi experiencia vital hasta entonces, no son suficientes ni para establecer una condena a la totalidad de la situación sociolingüística ni para ejercer algún tipo de presión sobre mi conducta… Pero la verdad es que, a partir de un determinado momento… decidí que siempre hablaría en catalán cuando mi interlocutor utilizara esa lengua. Me convencí – y así recuerdo habérselo justificado a algunas personas de mi entorno – de que era una muestra de respeto hacia la cultura catalana expresarse en la denominada lengua propia del territorio: al fin y al cabo, los catalanohablantes tenían todo el derecho del mundo a querer que sus interlocutores hablaran en aquella lengua que era indisociable de la dimensión más emotiva de la identidad. De repente… incorporé todo el arsenal de argumentos y mantras del discurso nacionalista. Incluso, cuando era capaz de someter mi decisión a un filtro más racional y me preguntaba de qué modo se justificaba que yo tuviera que cambiar mi lengua para respetar a mi interlocutor y, en cambio, tuviera que asumir que no era ninguna falta de respeto que se dirigieran a mí en catalán siendo yo castellanohablante, me respondía a mí mismo que, claro, el catalán era la lengua del territorio y, por tanto, quienes debían hacer el esfuerzo eran quienes habían llegado de fuera, por más que yo ya hubiera nacido en Cataluña.

Así que, de pronto, asumí mi condición de extranjero, convertí mi lengua en una lengua foránea, una lengua que solo debía utilizar con familiares y amigos cercanos. Y, en ocasiones, incluso, llegué a quererme distinguir de ellos delante de los demás: recuerdo, por ejemplo, que una vez fui a cenar con mis padres y mi hermano a un restaurante para celebrar mi cumpleaños y que, mientras ellos pidieron sus platos en castellano, yo me dirigí al camarero en catalán. Ahora soy capaz de ver que al querer demostrar que yo podía hablar perfectamente en catalán estaba dejando en evidencia a mi familia a ojos de cualquier nacionalista. Y ahora soy capaz de percibir, también, que en realidad quien quedó en evidencia fui yo.

E insisto: durante mucho tiempo quise convencerme de que aquella elección había sido libre, una muestra de mi buena disposición hacia la diversidad lingüística y la integración cultural, un modo, también, de mejorar mi nivel oral en lengua catalana… Me convencí de eso, aunque siempre sentí, oscuramente, que había algo forzado en mis argumentos…

… todas aquellas veces en que me afearon hablar en castellano, o me despreciaron por hacerlo, o me conminaron a hablar en catalán, o se interesaron por mi capacidad para expresarme en la llamada lengua propia del país fueron provocando una mella interna… aposentando mi sentimiento de paria… desbrozando el terreno para mi… rendición… Empecé a hablar en catalán con mayor frecuencia porque intuitivamente supe que aquella era la única forma de acabar con (esos)… episodios que siempre me dejaban un malestar muy intenso en la conciencia, que siempre alcanzaban con una precisión lacerante, el centro exacto de la diana de mi orgullo… Lo que conviene preguntarse… es si la defensa y promoción del catalán justificaba… ese sutil hostigamiento del que fuimos y somos objeto quienes teníamos y tenemos el castellano como lengua materna. O lo que es lo mismo: hasta qué punto la defensa de esa especie de derecho colectivo, articulado en torno a un intangible – la salud del catalán –, puede pasar por encima de los derechos y la dignidad individuales”.

Iván Teruel, ¿Somos el fracaso de Cataluña? La voz de los desarraigados, 2021, pp 192-195

La negociación para resolver el conflicto

Claudio Coello, Adoración de la Sagrada Forma

La campaña mediática para salvar al soldado Sánchez de una derrota electoral que acabaría con una mayoría absoluta a PP, Ciudadanos y, probablemente, Vox se centra en la idea de presentar a esos partidos como fomentadores de la crispación y al PSOE (ayudado por Podemos) como promotores de un “diálogo” entre el Gobierno español y el Gobierno catalán. Sin embargo, si se observa lo que ha ocurrido en los últimos días, nada más lejos de la realidad. El Gobierno de España no está negociando nada con el Govern de Cataluña. Está, simplemente, engañándolo y engañando a los españoles al respecto. El único objetivo real es el mismo que persigue el Gobierno a través de los innumerables gestos que ha realizado desde que Sánchez llegó al poder: continuar en el Gobierno, si es posible, con unos presupuestos del Estado que no sean los de Rajoy para lo que necesita los votos de los separatistas.

Que es un objetivo legítimo, no hay duda. Que no cualquier medio es legítimo para alcanzar ese objetivo, también. Que Sánchez está empleando medios ilegítimos para lograr el objetivo, también. En el último mes ha pasado de los gestos puramente simbólicos a los gestos con un coste económico enorme y está tomando decisiones de gasto que superan los 10 mil millones de euros a base de decretos y decretos-ley. Si en 2019 el mundo entra en recesión, lo que no es descartable, la situación de España puede ser enormemente grave, hasta el punto de que el Gobierno se vea obligado a reducir las pensiones y los salarios públicos que tan alegremente ha incrementado.

Pero eso quedará para enero. Lo de esta semana es el diálogo con el gobierno catalán. Mi tesis es que Sánchez está engañando simultáneamente al Govern y a los españoles. Al primero le está dando baratijas declamatorias y a los segundos, promesas de resolver el problema de Cataluña sin daño para nadie (Ya he explicado en otro lugar que los problemas políticos no han de ser resueltos necesariamente y el catalán, tal como lo plantean los separatismos es un problema que no ha de resolverse). De los primeros quiere sus votos en el Congreso para sacar los presupuestos y del pueblo español pretende que le sigan en este juego de abalorios en el que los españoles no perdemos nada. Solo ganamos unos presupuestos. Ya veremos que no es así, como ha notado la diputada de Coalición Canaria.

Esta conclusión se extrae de una lectura cuidadosa del Comunicado conjunto. Su contenido está ultra vires de las competencias del Gobierno de España y del Govern de Cataluña. De modo que, efectivamente, es un indicio serio de que Sánchez le está tomando el pelo a Torra. Porque los Gobiernos no tienen nada que negociar en relación con la Constitución. Esta negociación se debe llevar a cabo por los partidos en las Cortes y, en relación con el Estatuto de Autonomía, en el Parlament.

Por tanto, el mensaje de que se trata de encontrar una solución al conflicto “sobre el futuro de Cataluña” no explica por qué y de qué están negociando el Gobierno y el Govern. El objetivo de ese diálogo es “vehicular” (no encontraron una palabra más fea) “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.

(i) No se entiende qué propuesta podría ofrecer un gobierno de España con 84 diputados en nombre del Estado. Es obvio que Sánchez y su gobierno carecen de un mandato de las Cortes para realizar tal oferta y es obvio que un gobierno que se apoya en 84 diputados carece del poder de representación necesario incluso para ocuparse de la gestión de un negocio ajeno sin mandato.

(ii) No se entiende por qué el Gobierno de España se refiere a un “amplio apoyo en la sociedad catalana” y no hace referencia a que la propuesta tenga también un “amplio apoyo en la sociedad española en su conjunto”. De nuevo, parece que Sánchez está negociando “sin poder” y “sin mandato”. Los españoles, ni por amplia ni por estrecha mayoría hemos dado al gobierno de Sánchez un mandato para que haga una propuesta semejante. Repito, esas propuestas han de negociarse entre los partidos políticos en el seno del Parlament y de las Cortes.

Así pues, Sánchez está negociando en nombre de los españoles sin haber preguntado a éstos al respecto. Ni a los españoles ni a los representantes de los españoles en las Cortes.

El siguiente párrafo se entiende todavía menos pero nos da una pista acerca del verdadero objetivo del “diálogo” en lo que al gobierno español se refiere. Se reitera que el objetivo del diálogo es “garantizar una solución” (será “encontrar una solución”, las soluciones como objetivos de una acción humana no se garantizan, se encuentran) y se añade que van a seguir hablando para “atender a las necesidades de la sociedad” (lo que sólo se me ocurre que significa que el Gobierno va a seguir haciendo concesiones) “y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”.

Esta frase es la más peligrosa. Son la Constitución y el Estatuto de Autonomía los textos normativos que, en su caso, deberán recoger las “respuestas” a las pretensiones que puedan tener los ciudadanos españoles que viven en Cataluña y, al respecto, el Gobierno – repito – carece de competencias. La referencia a que la “respuesta” del Gobierno ha de ser “democrática” no se entiende salvo que uno la lea en clave batasuna o en el contexto del intento de golpe de Estado del año pasado: Puigdemont y sus secuaces se hartaron de utilizar la expresión “respuesta democrática” para referirse a que quieren que el Estado permita la celebración de un referéndum de independencia. Por ejemplo, aquí. Si, a continuación, el Gobierno de España hubiera añadido que no hay más propuestas viables que las que quepan en la Constitución, diríamos que el Comunicado sería contradictorio en sus propios términos puesto que estaría prometiendo un referéndum pero sólo en la medida en que fuera constitucionalmente posible y es obvio y ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional que no cabe un referéndum de independencia en nuestra Constitución. De manera que para que el texto no fuera contradictorio en sus propios términos, los del Govern tacharon la referencia a la Constitución y la sustituyeron por una referencia realmente misteriosa a la “seguridad jurídica”. Algunas profesoras de Derecho han pretendido que donde pone “seguridad jurídica” hay que leer “en el marco de la Constitución y el Estatut”. Pero eso no pueden creerlo seriamente. La seguridad jurídica está en el art. 9.3 y el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en el art. 9.1 de la Constitución. Es más: no cabe en el campo semántico de “seguridad jurídica” el sometimiento a la Constitución y las leyes.

¿Qué cabe, por el contrario, en el campo semántico de “seguridad jurídica”? Cabe perfectamente un referéndum pactado. El carácter pactado del referéndum de independencia daría seguridad jurídica al proceso de independencia porque España se vería obligada a aceptar el resultado. Los de Podemos, que son los principales valedores del referéndum pactado, insisten en ello frecuentemente. Esa es, además, la interpretación de Artadi.

Si tuviéramos que dar algún valor jurídico al comunicado, diríamos que el Govern ha ganado al Gobierno por 3 a 0.

No se mencionan límites al diálogo. No se menciona a la sociedad española como partícipe en ese diálogo y no se menciona a los catalanoespañoles como sujetos cuyas preferencias deban ser tenidas en consideración. Y, por el contrario, se recoge el vocabulario preferido por los separatistas (conflicto, diálogo, respuesta democrática, “amplio apoyo de la sociedad catalana”) y se hace una velada referencia a un referéndum de independencia. Además, los separatistas cuentan con la mejor disposición del Gobierno para dar más y más dinero al Govern, disposición de la que ya han dado una prueba aprobando improvisadamente un plan de carreteras para Cataluña a costa de recortar otros planes en otras regiones de España.

¿Qué precio han pagado los separatistas a cambio del gesto del Gobierno?

No han rebajado el tono ni han mostrado la más mínima voluntad de rectificación. Las declaraciones de Artadi serían consideradas insultantes si las hubiera hecho cualquier autoridad extranjera. Pero sí, han pagado un precio: votar los presupuestos de Sánchez en las Cortes.

Quod erat demostrandum. La oposición tiene razón cuando dice que Sánchez carece de escrúpulos y que está dispuesto a firmar lo que sea con tal de permanecer un día más en el poder. ¿Es Sánchez un traidor? Sí, en el sentido del diccionario, no en el sentido del delito de “alta traición”. Sánchez se ha comportado deslealmente con los españoles porque los españoles no le hemos mandatado – ni siquiera – para dar alas a los separatistas de que un referéndum de independencia es posible y tampoco para que compre los votos de los diputados separatistas en las Cortes con concesiones simbólicas y económicas. Ese cambalache con los nacionalistas tiene que terminar. ¿Tiene importancia material su traición? No en el sentido de que no ha tomado ninguna decisión que afecte negativa e irreversiblemente a los españoles aunque lo de Companys resulta especialmente repugnante. Pero es un signo más de que preside un gobierno que se sustenta en el bulo sistemático y, conforme más gente descubra que es un trilero – y los separatistas lo descubrirán inmediatamente cuando no pueda entregar la mercancía prometida – más probable es que el PSOE resulte abultadamente derrotado en las elecciones.

Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo del diálogo es un cuento chino.

Los empates infinitos

Pero el empate infinito podría provocar un momento de madurez susceptible de abrir un diálogo profundo (sin apariencias de operación artificiosa ni condiciones previas de referendos) que abocase a acuerdos parciales y a negociaciones responsables.

Se refiere el editorialista de EL PAIS a la situación en Cataluña y pide que “las partes” negocien en serio. No creo que esté ahí el problema ni que esté la solución en una negociación entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Simplemente ambos carecen de legitimación para decidir sobre un asunto que compete a la soberanía de los españoles. Como españoles, los partidos políticos nacionales y los partidos políticos nacionalistas de Cataluña pueden hablar de lo que quieran. Pero como representantes públicos de los españoles, no. No les hemos “mandatado” para eso.

Pero no es eso de lo que quiero hablar. Lo que quiero es aclarar la confusión del editorialista respecto de dónde se producen esos “empates infinitos” y cómo se resuelven los empates infinitos en el seno de los grupos. Y la respuesta a esas dos preguntas es sencilla. Hay empate, siempre, en el seno de un grupo dividido por mitades. El grupo dividido, en este caso, es el de los vecinos de Cataluña. Donde había una clarísima mayoría a favor del status quo constitucional hay ahora una división más o menos por mitad entre los partidarios de seguir como estamos y los que quieren la independencia. No hay, pues, empate entre esos que quieren la independencia y el resto de los españoles que, siendo muchos más, estamos dispuestos a votar en contra de la independencia de Cataluña cuantas veces se nos pregunte. Nada de empates.

El empate infinito entre catalanes – como el empate infinito entre vascos de las pasadas décadas – tiene dos soluciones. Una es que, definiendo el grupo decisor de forma más amplia, se aclare que no hay empate de ninguna clase, como acabo de explicar. Otra es que el grupo en el seno del cual se repiten los empates se disuelva y liquide y cada una de las mitades se vaya por su lado. Es lo que sucede en los grupos humanos que se forman voluntariamente. Nadie, sin embargo, parece querer reconocer que los independentistas no quieren resolver el empate infinito por esta vía, la que mejor respeta la libertad de los individuos que forman el grupo a los que no se puede condenar a convertirse en minoría en su propio grupo.

¡Visça Barcelona!: modesta propuesta de programa para el PP (¿y el PSOE?) en las próximas elecciones

En la otra entrada que hicimos sobre el tema de la independencia de Cataluña, había una cuestión central: el desastroso Título VIII ha hecho que el Estado haya ido cediendo y cediendo competencias durante tres décadas sin obtener a cambio ninguna garantía de tranquilidad y resolución definitiva de controversia alguna. Además, no ha logrado convencer a nadie respecto de que el tratamiento de las distintas regiones españolas es equilibrado y justo. Los privilegios vasco-navarros, sólo explicables por causa del terrorismo, no han aplacado en lo más mínimo las tendencias separatistas en parte de la sociedad vasca y han dado munición a los separatistas catalanes que han lanzado la idea de “expolio” como punto central de la justificación de la reclamación de independencia.

EL PAIS de Unidas Podemos

Bolonia

El bandazo que ha pegado el periódico desde la moción de censura de Sánchez contra Rajoy es más de lo que puedo aguantar, no sé si volveré a comprarlo a diario como he venido haciendo en los últimos treinta años. El artículo editorial de hoy es, simplemente, intolerable:

El conflicto que fraguó en 2012 a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut no es resultado de las insuficiencias del sistema institucional del 78, sino del uso político que a partir de esa fecha se ha venido haciendo de él desde uno y otro lado. El Gobierno central renunció desde el primer instante a cualquier iniciativa política, transfiriendo a los mecanismos constitucionales, justicia penal incluida, la entera responsabilidad de responder a los independentistas. Estos, por su parte, aprovecharon el vacío político irresponsablemente consentido por el Gobierno central para presentar una mayoría parlamentaria, solo legítima para gestionar el sistema, como una mayoría popular, a fin de proclamar unilateralmente la independencia. La suya no es la causa democrática de Cataluña contra España, sino la de la ilegítima imposición del programa político de la secesión a los catalanes que lo rechazan.

Este es el análisis de Podemos, no del periódico de centro izquierda de referencia. ¿En qué se basa EL PAIS para decir que el conflicto “fraguó” a raíz de la sentencia del Estatut? Eloisa del Pino ha demostrado que transcurrieron varios años entre la sentencia y el incremento del voto separatista y que éste se debió, en buena medida, a la conversión de CiU en su huida de la tacha de corrupción tras descubrirse que más que un partido era una organización mafiosa para cobrar mordidas. O sea que, como no podemos creer que el/la editorialista de EL PAIS ignore tal cosa, el Defensor del Lector/la Defensora de la lectora debería intervenir y pedir explicaciones.

¿En qué consiste “usar políticamente” el sistema institucional de 1978? ¿Cómo se puede usar la Constitución y los estatutos si no es “políticamente”? ¿Qué lenguaje huero y postmoderno es ese?

¿Cada vez que un gobierno regional exija cambiar las reglas del juego tiene obligación el gobierno del Estado de iniciar una relación bilateral en contra de lo previsto en la Constitución que no contempla relaciones bilaterales? ¿Qué pasaría si el Gobierno accede a “negociar bilateralmente” con Cataluña? ¿Ya se nos ha olvidado que a la reforma del Estatut siguieron las de otros estatutos de autonomía que exigían lo mismo que se hubiese incluido en el catalán? ¿En medio de la crisis económica más pavorosa de los últimos cuarenta años tenía el gobierno que atender a las reclamaciones disparatadas de un gobierno regional corrupto que amenazaba con declarar la independencia si no se atendía su reclamación de un referéndum prohibido por la Constitución? ¿Está sosteniendo la editorialista de EL PAIS que si los separatistas fueran mayoría en Cataluña el gobierno español debería aceptar la independencia?

¿No debería el presidente del Gobierno exigir al Sr. Torra que consensue una opinión en Cataluña antes de entrevistarse con él? ¿Cómo puede el Sr. Torra representar a Cataluña si excluye de la discusión política a la mitad de los catalanes? ¿Es decente que el Sr. Sánchez legitime la exclusión de la mitad de los catalanes que representa el racista Sr. Torra y su gobierno en el que no hay un solo apellido castellano y cuyos miembros, un día sí y otro también insisten en que incumplirán las leyes y continuarán con el proceso de independencia? ¿Qué clase de diálogo puede entablarse? ¿Con qué contenido? ¿Nos dirá alguien de EL PAIS – ya que no hay nadie en el Gobierno que parezca saber de qué se puede hablar con el racista Torra – de qué se supone que hablará nuestro presidente con el racista Torra? ¿De una nueva reforma del Estatut, sin consenso o excluyendo a Ciudadanos y al PP? ¿De reconocer el derecho a la secesión en la Constitución? ¿Con un gobierno de 84 diputados y sin consultar a las principales fuerzas políticas?

En lugar de hacer esas preguntas, el/la editorialista de EL PAIS se apunta al “diálogo” ¿Quién puede estar en contra del “diálogo”? En fin, no es solo que los editoriales de EL PAIS parezcan de Mundo Obrero. Es que su calidad intelectual ha bajado a la vez que se ha escorado hacia la extrema izquierda.

Inconstitucionalidad de la Ley catalana 24/2015

Foto: @thefromthetree

Es una demagógica ley catalana para proteger a los prestatarios hipotecarios frente a la ejecución de su vivienda por los bancos prestamistas. El artículo 3 preveía la imposición al banco de una negociación extrajudicial que, si no conducía a un acuerdo, obligaba a abrir un nuevo procedimiento judicial tras el cual, el juez, cual cadí, debía establecer un régimen obligatorio de pagos que, si el consumidor lo incumplía, daría lugar a la liquidación del patrimonio embargable del deudor. En fin, obviamente inconstitucional por tratarse de legislación procesal reservada al Estado por el art. 149.1.6 de la Constitución

El artículo 3 de la Ley 24/2015 es una regulación procesal, según resulta inequívocamente de su contenido y rótulo (“procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento”). La Abogada de la Generalitat de Cataluña y el Letrado del Parlamento de esta Comunidad Autónoma no han justificado una peculiaridad del Derecho sustantivo autonómico a la que pudiera asociarse el artículo 3 de la Ley catalana 24/2015. Tampoco han razonado cuáles son las especialidades procesales introducidas por el controvertido artículo 3 respecto de la legislación estatal; antes bien, algunas de sus alegaciones dan a entender que este precepto no innova en absoluto. Según afirman, establecería previsiones que podrían entenderse ya derivadas del Derecho estatal. En fin, no justificándose estos extremos, falta igualmente el razonamiento encaminado a evidenciar la conexión directa entre la peculiaridad del ordenamiento sustantivo autonómico y la singularidad procesal. En consecuencia, el artículo 3 no halla amparo en el artículo 130 EAC, que, de acuerdo con el artículo 149.1.6 CE, atribuye a la Generalitat la aprobación de “las normas procesales específicas que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña”. No hallando cobertura en las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el artículo 3 de la Ley 24/2015 invade la competencia general en materia procesal que corresponde al Estado (art. 149.1.6 CE). Tal invasión se produce por la sola razón de que el precepto autonómico regula cuestiones que le están vedadas, con entera independencia de la eventual compatibilidad o incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada por el Estado: “las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación que quedaría vedada por la doctrina sobre la lex repetita… según la cual la reproducción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional cuando la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente competencia, salvo que —lo que no es el caso— la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el entendimiento del precepto… Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está vedado reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. Y, con mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no forman parte de su acervo competencial” [STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c)].

Los otros preceptos impugnados eran el art. 4 y la Disp. Adic. 2ª de la Ley. El primero extendía el beneficio de cancelación del pasivo no satisfecho que podía imponer al acreedor el juez según los arts. 2 y 3 de la Ley a los parientes del deudor “siempre que tenga con el deudor una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el tercer grado… De modo que, si media la indicada relación de parentesco, el fiador en un préstamo con garantía hipotecaria para la compra de vivienda se beneficia de la cancelación del pasivo que hayan acordado la entidad financiera y el deudor”.

En cuanto a la disp. adicional

“rotulada “Cesión de créditos garantizados con la vivienda”, establece: “En la cesión de créditos, el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor. Si la cesión es a título oneroso, el deudor queda liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más los intereses legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda”. De modo que, si la entidad financiera cede el préstamo con garantía hipotecaria para la compra de vivienda a otra entidad o a un fondo de titulización, el deudor hipotecario podrá liberarse de la deuda abonando el mismo precio, más los intereses legales y los gastos de reclamación. Dicho de otro modo, la entidad financiera o fondo de titulización que adquiera la titularidad de una participación hipotecaria no podrá exigir al deudor un importe superior al precio de la cesión, sin perjuicio de los intereses legales y los gastos de reclamación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional dice que también son inconstitucionales porque son materias que entran de lleno en el Derecho Civil y Mercantil, ambos competencia estatal, sin que se amparen en el desarrollo o actualización del Derecho foral. Dice el TC que las CCAA no pueden utilizar sus competencias en materia de protección de los consumidores para introducir modificaciones en el Derecho Civil y Mercantil salvo que tengan un título competencial más específico. Esto ya lo había dicho hace más de 20 años: el Derecho contractual es competencia exclusiva del Estado. Se remite a su reciente STC 54/2018 que

ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos del Código de consumo de Cataluña. El artículo 251-6, al enumerar una serie de cláusulas consideradas abusivas en los contratos de créditos y préstamos hipotecarios, invadía las competencias estatales por cuanto que “una regulación sobre lo que debe entenderse por cláusulas abusivas en la contratación, introduciendo en esta área del derecho, innovaciones” corresponde al Estado ex artículo 149.1.8 CE (FJ 8). También el artículo 262-6.2, que fijaba en catorce días naturales el plazo de la oferta vinculante del prestamista, invadía las competencias del Estado: “los preceptos que afectan y modulan el régimen de perfeccionamiento y de la eficacia de los contratos pertenecen a la titularidad estatal, ex artículos 149.1.6 y 8 CE” [FJ 9 a)]. Igualmente el artículo 263-2.4, que disponía que el prestamista no podrá conceder el crédito o préstamo hipotecario si el resultado de la evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo: “La norma catalana introduce en efecto una prohibición de contratar que desborda el ámbito competencial autonómico, pues… éste tiene como límite, entre otros, que no se produzca un novum en el contenido contractual, o en otras palabras, que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas” [FJ 9 d)].

En relación con estos dos preceptos de la Ley 24/2015, el reproche de inconstitucionalidad es idéntico: el legislador catalán ha regulado relaciones contractuales entre particulares y carece de competencias para hacerlo si no se trata de derecho foral. En un caso, extendiendo derechos contractuales al fiador y en la Disp. Adicional regulando la cesión de créditos.

Ciertamente, ambas disposiciones responden con toda evidencia a la finalidad de proteger a los consumidores. Ahora bien, producen con igual claridad “un novum en el contenido contractual”, esto es, introducen “derechos y obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas” [STC 54/2018, FFJJ 6 c) y 9, citando las SSTC 88/1996, de 1 de julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11]. De modo que esta regulación (art. 4 y disposición adicional), al igual que la declarada inconstitucional y nula por la STC 54/2018, “se ha adentrado a regular ámbitos reservados a la competencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.6 y 8 CE”, lo que basta “para concluir en su inconstitucionalidad”.

Por último, el TC añade que la falta de impugnación por el Gobierno de una norma autonómica inconstitucional no puede avalar la constitucionalidad de otra que es inconstitucional por remisión a la primera

Alcanzada esta conclusión resta advertir que resulta irrelevante que el Estado no haya impugnado anteriores previsiones del Código civil de Cataluña referidas al contrato de fianza y al retracto de créditos, instituciones que guardarían relación, según el Letrado del Parlamento autonómico, con la regulación contenida, respectivamente, en el artículo 4 y en la disposición adicional de la Ley 24/2015, al amparo de la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de Derecho civil (arts. 149.1.6 CE y 129 EAC).Desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, este Tribunal ha dejado sentado que “[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de pleno derecho de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, consecuencia de la prevalencia de aludido bloque constitucional, son razones que desautorizan cualquier alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado en tiempo el conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en el artículo 62 o en el artículo 33 LOTC” (en el mismo sentido, SSTC 111/2014, de 26 de junio, FJ 4, y 36/2017, de 1 de marzo, FJ 4).

La Sentencia tiene un voto particular de Xiol al que se adhiere Balaguer bastante disparatado y que contiene afirmaciones genéricas sobre la doctrina del Tribunal Constitucional que parecen desleales con la institución. Sostiene Xiol que el hecho de que haya en el Derecho catalán una regulación de la rescisión por lesión justifica la conexión y la competencia para regular la cesión de créditos. Y que el TC está en una deriva para “recentralizar” las competencias en materia de Derecho Civil. Es sorprendente tal afirmación cuando fue una sentencia de los años ochenta la que dejó claro que la competencia sobre consumidores no podía autorizar la legislación regional de los contratos.

Es la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2019 de 31 de enero

1640 y el fin de la nación portuguesa

Joao IV proclamado rey de Portugal

Lo que sigue está sacado y traducido del libro que se cita al final. Lo interesante es que, en pocas páginas, resume la crisis de 1640 y explica el papel jugado durante el gobierno de Olivares, por la “Nación portuguesa”, es decir, los comerciantes portugueses que, desde 1550, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, sustituyeron a los genoveses como financieros de la Monarquía Hispánica. Los portugueses obtuvieron grandes ganancias del comercio entre la Península y América gracias a que constituían una red formada en buena medida por conversos que aprovecharon el monopolio del comercio de esclavos (250.000 esclavos negros llegaron a los dominios españoles en América hasta 1650) para romper el monopolio comercial impuesto desde el descubrimiento y extender las relaciones comerciales con holandeses, franceses e ingleses. De comerciantes pasaron a financiadores de la Monarquía, haciéndose con los monopolios fiscales y consiguiendo el favor del conde-duque de Olivares. Su suerte, sin embargo, ligada a la de Olivares, terminó con la caída de éste. Los principales miembros de la “nación portuguesa” – los grandes comerciantes – fueron objeto de persecución por la Inquisición, sus riquezas pasaron a ésta y alguno acabó siendo ajusticiado. Tiene gran interés el papel de Quevedo – un antisemita feroz – y la descripción del juego político en la España de Felipe IV.

si hubiera que señalar un año que marcó el final de la historia de la Nación portuguesa y del Imperio, sería obvio elegir el año 1640, el año de la crisis y ruptura interna de la monarquía hispánica. El propio Conde-Duque de Olivares creía que <<este año puede considerarse, ciertamente, como el peor que esta Monarquía ha sufrido en toda su historia>>… El 20 de febrero, un rayo cayo sobre el palacio del Buen Retiro (donde vivía el Rey)”.

El año comenzó con una derrota naval a manos de los holandeses en la costa brasieña. Con la intención de expulsar a los holandeses de Brasil, se envió una impresionante flota de 86 barcos y 10 mil hombres bajo el mando del Conde de la Torre. El 21 de enero de 1640, De la torre fue sorprendido por una flota holandesa mucho más pequeña en la costa de Pernambuco y vencido gracias a las mejores tácticas de los holandeses. Desde la primera invasión holandesa en 1625, recuperar completamente Brasil había sido un objetivo permanente de Madrid. Significaba recuperar una pieza clave en el sistema atlántico de la monarquía y habría servido para calmar las críticas portuguesas (Portugal se había incorporado a la monarquía hispánica en 1580) sobre el hecho de que los Austrias españoles no se preocupaban de defender los territorios de ultramar del Reino de Portugal. Desde comienzos del siglo XVII, los ingleses y los holandeses habían expulsado a los portugueses de una cadena de plazas estratégicas no sólo en Brasil, sino también en África, el Océano Índico y Asia. Cuando, en 1640, los holandeses expulsaron a los portugueses de Melaka, la primera y más importante factoría en Asia, fue, simplemente la última de una larga serie de humillaciones.

La incapacidad de Madrid para evitar la erosión de los dominios portugueses de ultramar se debió a que estaba cada vez más ocupada en mantener los propios, tanto los estratégicos como los territoriales, en Europa. La derrota de Pernambuco se produjo sólo unos meses después de la pérdida de otra flota aún mayor, de nuevo, a manos de una flota menor de los holandeses en el Canal de la Mancha. Fue otro caso de un intento de recuperación convertido en desastre, ya que la flota fue enviada para apoyar las campañas en marcha contra los holandeses y franceses. La debacle de Downs, en la que treinta galeones españoles se perdieron mostraba la penosa situación de las campañas militares españolas en Europa. La monarquía, era evidente, había realizado esfuerzos excesivos para sus recursos. Cada vez eran menos los castellanos o peninsulares que servían como soldados en los campos de batalla y cada vez era más difícil suministrar a los ejércitos que el Rey conseguía poner en marcha. El Conde-Duque de Olivares era perfectamente consciente del problema y trató de resolverlo de todas las maneras posibles. De hecho, su entusiasmo por la reforma del comercio derivaba, en buena medida de la necesidad de revitalizar la economía del imperio de forma que pudiesen obtenerse los medios económicos para financiar los ejércitos. Otra pieza clave en la estrategia del Conde-Duque fue la Unión de Armas, una reforma fiscal para aumentar la contribución de los reinos peninsulares al tesoro real.

La Unión de Armas fracasó por falta de apoyo de los distintos territorios del imperio, de forma que hubo de imponerse por la fuerza. Pero a lo ancho del imperio, las demandas fiscales de Madrid se enfrentaron a la resistencia de los reinos. Nápoles, Sicilia, Vizcaya, Navarra, Cataluña, Portugal, Perú y Méjico, todas experimentaron rebeliones populares en esos años. Una de las más extendidas y serias protestas… se produjo en Portugal… hasta que las fuerzas castellanas la apagaron. Ominosamente para Felipe IV… la aristocracia portuguesa se negó a reprimir el motín… La negativa de las aristocracias locales a proporcionar tropas en interés de Madrid se extendió por toda la sociedad ibérica. Los catalanes, que habían recuperado la fortaleza de Salçes de los franceses en 1639, se negaron a unirse a Olivares en el avance en territorio francés. Se enviaron tropas castellanas a Cataluña para llevar a cabo la campaña francesa. Para los catalanes, eso fue la gota que colmó el vaso y en junio de 1640 los rebeldes tomaron las calles de Barcelona, quemaron el palacio real y ejecutaron al virrey.

Cuando Cataluña se alzó, el Rey se dirigió a los nobles de Castilla, Andalucía y Portugal para que ayudaran a salvar la Monarquía. El silencio de la respuesta fue ensordecedor. A pesar de la amenaza de sanciones, incluso ciudades grandes como Sevilla sólo enviaron un pequeño número de caballeros. En Diciembre de 1640, aprovechando la desafección portuguesa y la dispersión de la atención de Castilla y de sus energías a controlar la situación en Cataluña, el Duque de Braganza se alzó contra el gobierno español. En cuestión de horas, Lisboa estaba bajo el control de los insurgentes y, al día siguiente, se proclamó nuevo Rey a Joao IV. Portugal recuperó su soberanía tras ochenta años de sometimiento a los Austrias españoles… el golpe del Duque de Braganza tomó a Madrid por sorpresa. Pero las consecuencias fueron extremadamente importante para el destino imperial español, porque la marcha de Portugal acababa con el sueño de un imperio de dimensiones mundiales que había motivado a Felipe II para ejercer sus derechos a la corona de Portugal en 1580. Habiendo perdido la iniciativa y con las tropas en Cataluña, la respuesta de la monarquía fue tardía e insuficiente. Al final, y tras veinte años de enfrentamientos esporádicos, la soberanía del reino de Portugal fue reconocida por Madrid.

La restauración de la soberanía portuguesa… animó un intento de secesión en… Andalucía. Es discutible si fue un intento serio de independizarla. Sus principales protagonistas fueron el Duque de Medina-Sidonia y el Marqués de Ayamonte que fueron reducidos rápidamente por Madrid. Pero que Medina Sidonia pudiera concebir la idea de un reino independiente de Andalucía “y sus Indias”, con él como soberano indica que profunda era la fractura política de la monarquía en esos años.

La profundidad y la escala de la crisis en 1640 condujo a una reconfiguración de los equilibrios de poder en la Corte. Olivares, como ministro principal de la monarquía fue considerado directamente responsable del caos. Con su caída, las facciones que se habían opuesto a él durante años estaban libres para entrar en el círculo más íntimo del poder en Madrid. Irónicamente, el año había empezado con el encarcelamiento de Francisco de Quevedo, el más visible y altanero de los opositores a Olivares. Las críticas cada vez más acerbas del poeta y sus solicitudes cada vez más abiertas para un cambio de régimen, llevaron a Olivares a neutralizarlo. El Conde-Duque también exiló al duque de Medinaceli, que era el patrón de Quevedo y mandó a la cárcel al inquisidor y autor de panfletos Adán de la Parra. Tres años después, la marea política había cambiado completamente. El conde-duque fue destituido y su red de clientes y socios se descompuso para ser sustituidos por los de sus opositores. Al día siguiente de su destitución, Felipe IV nombró un nuevo Inquisidor General, Diego Arce y Reinoso para reemplazar a Fray Antonio de Sotomayor, que había sido el hombre de Olivares desde 1632. Una medida de la profundidad de la caída de Olivares es que, menos de dos años después, Olivares mismo fue objeto de interrogatorios por la Inquisición siendo acusado de leer el Corán y las obras de Lutero.

Para los aliados de Olivares en la nación portuguesa, los acontecimientos de 1640… tuvieron extremas consecuencias… con un nuevo inquisidor, se abrieron investigaciones sobre un gran número de portugueses que residían en la corte, en Toledo, en Sevilla y otras ciudades de la Monarquía que acabaron trágicamente en los grandes Autos de Fe de comienzos de la década de 1650. También en Nueva España… lo que estuvo motivado, en particular, por el temor de que, dado que Portugal había recobrado la independencia, los portugueses que vivían en las colonias castellanas de América pudieran actuar como una quinta columna que trabajase en contra de los intereses de los Austrias. Se detuvo a los principales comerciantes portugueses en Méjico y se destituyó incluso al Virrey por sus estrechas relaciones con la Nación portuguesa.

Tras la caída de Olivares y la expulsión de sus aliados portugueses, Quevedo escribió, triunfante, que <<Ahora, su Majestad puede hacer la guerra contra los enemigos de España, quizá sin dinero en el banco, pero ciertamente, con los corazones de vuestros verdaderos súbditos>>… con la caída del conde-duque y sus aliados, los que habían pedido la preservación de los valores tradicionales de autarquía, pureza interna y jerarquía habían ganado la batalla sobre la dirección ideológica y política del imperio español.

Para Manuel Bautista Pérez, el patrón de la nación portuguesa en Lima, el final acaeció el 23 de enero de 1639, cuando fue conducido a la hoguera. Fue la conclusión de cuatro años de encarcelamiento e interrogatorios en las celdas de la Inquisición. A lo largo de su encarcelamiento, Bautista Pérez se había enfrentado a los interrogatorios de la Inquisición muchas veces aunque todas las preguntas se resumían en una: ¿Confiesas que eres judío? Sometido a torturas, el comerciante confesó. Pero… se retractó y volvió a ser confinado en aislamiento. Volvió el ciclo de interrogatorios, torturas y retractación. Trató de suicidarse apuñalándose en el estómago… Finalmente, fue ajusticiado. Todo Lima acudió al Auto de fe. La plaza mayor, que fuera considerada como territorio ocupado por los comerciantes portugueses, estaba ahora en manos de las autoridades civiles y religiosas del imperio. En la procesión que llevaba a Bautista Pérez a la hoguera, le acompañaron la crema y nata de los mercaderes de la Nación portuguesa. Eran 73 en total…. Las penas impuestas variaron: humillación pública, decomiso de sus bienes, exilio, castigos corporales, galeras. Solo algunos de ellos fueron condenados a la hoguera por su obstinación. Bautista Pérez fue uno de ellos. Se negó a admitir cualquier culpa.

Daviken Studnicki-Gizbert, A Nation Upon the Ocean Sea. Portugal’s Atlantic Diaspora and the Crisis of the Spanish Empire 1492-1640

Cataluña y el PSOE, la libertad religiosa y Cánovas y el uso desmoralizador de la ley

En los comienzos del reinado de Alfonso XII, el gobierno de Cánovas dictó un decreto contra la libertad de cátedra. Don Francisco Giner de los Ríos elevó una protesta, que hizo pública. Cánovas transmitió entonces privadamente a don Francisco el ruego de que retirase su protesta, asegurándole que el decreto, bien que promulgado oficialmente, no llegaría aplicarse. Pero el ilustre profesor replicó que no aceptaba el compromiso y que continuaba decidido a mantener la protesta. No tardó el incorruptible don Francisco en conocer la reacción de Cánovas. Estando enfermo en cama, se presentaron en su domicilio unos policías, le sacaron de madrugada a la calle y paró en una fortaleza en Cádiz.

Este linaje de doble compromiso, que en el caso descrito no llegó a consumarse porque una de las partes se resistió a admitirlo, es típico de la política de la oligarquía. El sistema era el siguiente: Cánovas contraía la obligación con los prelados de abolir la libertad de cátedra, y dictaba el decreto. Los eclesiásticos quedaban satisfechos. Por este lado, el orden estaba asegurado. Pero la medida, naturalmente, originaba la protesta de los profesores. Por este lado, por tanto, el orden estaba amenazado. El gobierno trataba de resolver el conflicto de la manera que hemos visto. En el caso de don Francisco Giner el procedimiento falló, pero hombres de este temple no abundaban. Otros, la mayoría, se dejaban corromper, porque entonces, como bajo O’Donnell, la ruina personal esperaba a los irreductibles.

El acuerdo del nuevo régimen con la Iglesia fue otro doble compromiso. Cánovas salió al encuentro de la opinión anticlerical decretando que a nadie se molestara por sus ideas religiosas o por el ejercicio del culto disidente. el orden estaba salvado por este lado. Pero la Iglesia repudiaba el precepto. Por este lado, pues, el orden estaba en peligro. Ya se había dado satisfacción a los radicales. ¿Cómo apaciguar ahora a los clérigos? Cánovas los tranquilizaba haciendo que los tribunales ignoraran en sus resoluciones esa parte de la Constitución"… Pudo advertir sin demora la Iglesia que el poder judicial no era independiente en el nuevo régimen, y que la justicia política anularía en la práctica cuanto pudiera haber de menoscabo para la fuerza social de (la Iglesia)… en los preceptos legales. La religión oficial era la católica, y a todas las demás… sólo podía rendirse culto en privado. Dónde terminaba la zona privada… competía a los tribunales decidirlo. Pero anunciar, por ejemplo, en un periódico, o por medio de pasquines, la existencia de una escuela protestante constituía un acto delictivo, manifestación pública contra la religión del Estado. Lo alarmante quí no es el amparo que se prestaba a la intolerancia, sino el método por el cual se imponía el exclusivamente católico. el uso desmoralizador que se hacía de la ley. Corrompía menos la Inquisición”

Y, más adelante, aplica el mismo análisis a la política de Cánovas respecto del separatismo: comprarlo con protección arancelaria para los productos industriales de Cataluña y Vizcaya.

"A raiz de la reforma arancelaria de 1892 cobró nuevos bríos la industria catalana que, al amparo de las nuevas tarifas se sintio segura, verdaderamente protegida y amplió su consumo de materias primas, productos químicos y carbón. Justamente, a partir de estas reformas aquiere tremendo impulso el movimiento separatista... En 1892 se presentan los primeros síntomas realmente graves de la desmembración nacional.

En resolución, el vicioso apoyo que el Estado oligárquico español otorgaba a las industrias de las regiones resentidas se convertía a la postre en un aumento del poder político de estas regiones; y a medida que se desarrollaban las economías de Castilla y Cataluña en sentido divergente - Castilla más cerealista, Cataluña más industrial y mercantil cada día - se acentuaba la diferenciación y se agravaba el conflicto. La política canovista del compromiso inmoral con las fuerzas disidentes no fue menos funesta en este asunto que en los demás"

Antonio Ramos Oliveira, Un drama histórico incomparable. España 1808-1939, 1950, pp 162-163

La conjura contra España (xxi): Carmona o cómo escurrir el bulto

En EL PAÍS la catedrática de la Universidad de Sevilla empieza diciendo que el texto de la Proposición baja "exponencialmente" "la deslegitimación de la respuesta del Estado ante el desafío independentista". A mi me resulta exponencialmente desconcertante (en comparación con leer algo semejante de un no especialista en las fuentes del Derecho): ¿acaso debemos evaluar de forma semejante un pacto político entre dos grupos, uno de los cuales tiene a su presidente fugado de la justicia y a buena parte de su directiva procesada y condenada por graves delitos y el texto de una proposición que tiene visos de convertirse en Ley? 

Me sorprende igualmente que Carmona considere necesario destacar que ¡una Ley! reconozca que la Constitución española es "homologable con los países de nuestro entorno".

"no por tratarse de afirmaciones obvias, cuya manifestación debería resultar redundante, debe infravalorarse la importancia de su formulación expresa en el proemio de una ley “de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. 

Creo que no se trata de afirmaciones obvias ni redundantes. Son afirmaciones muy peligrosas porque denotan la rebeldía del legislador frente a la Constitución. Es lo del barón de Münchhausen: una ley legitimando la Constitución. El mundo al revés. 

Pero la profesora de la Universidad hispalense da por supuesto que en Cataluña hay "un conflicto latente enquistado en la sociedad..." y que su "resolución" no es posible mediante "la aplicación del derecho ordinario" que "se muestra inútil, provocando efectos contraproducentes".

A continuación, critica el texto de la proposición por hacer 

"gala de una criticable semántica plagada de eufemismos que trata de edulcorar la gravedad objetiva de la situación creada. Así, se habla de “los hechos enmarcados en el proceso independentista”, desencadenado por el “intenso debate sobre el futuro de Cataluña abierto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010″. Tal debate, sigue razonándose, produjo una “tensión institucional que dio lugar a la intervención de la justicia” y no así la comisión de una serie de delitos y actos ilícitos por parte de los responsables públicos autonómicos. Asimismo, como efecto inducido, la respuesta judicial habría generado una tensión social y política que provocó “la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales”, lo que todavía “no ha desaparecido”, reavivándose con “las consecuencias legales que se derivan del ámbito penal”. Para superar tan negativo estado de cosas, la ley de amnistía se presenta ahora como la “mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”. El interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, es la causa que justifica excepcionar la aplicación de las normas vigentes"

No se puede sino estar de acuerdo en que la "semántica" es criticable. Pero uno esperaría de Carmona que nos explicara por qué es criticable y que no se limitara a hacer un resumen de la 'narrativa' de la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley.

Sigue el artículo negando que el Tribunal Constitucional haya avalado la constitucionalidad de la amnistía con un análisis muy acertado de la evaluación que el TC hizo de la amnistía de 1977. Pero, de nuevo, se deduce de tal análisis que debería llevar, precisamente, a considerar inconstitucional la amnistía que se propone, sin que la profesora de la Universidad de Sevilla se atreva a afirmarlo.

Su segunda crítica es a la delimitación del ámbito de aplicación de la amnistía por referencia a las

 "actividades ilícitas relacionadas con el proceso independentista... 

Al obrar así, 

el legislador no solo desautoriza, borrándola, la actividad del poder judicial en el ejercicio de su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que también abre la puerta a la desigualdad en la aplicación de la ley" 

Parece que a Carmona, las razones aducidas por la Proposición que justificarían semejante "desautorización" del Poder Judicial y de "desigualdad en la aplicación de la ley" le parecen bastantes. Sólo critica (¿no son dos criterios de evaluación muy distintos que han de cumplirse cumulativamente?) que, a su juicio, la exposición de motivos no justifica suficientemente la adecuación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para lograr la pacificación de Cataluña. 

los proponentes de la amnistía tan solo hacen una afirmación apodíctica que la etiqueta como el único instrumento apto para superar el tantas veces aludido conflicto catalán, descartando que tal efecto pueda “lograrse con otro tipo de figuras legales”, como los indultos o la reforma del Código Penal. Es aquí que, sin nombrarla, se vislumbra la causa real de la amnistía. Las circunstancias políticas han cambiado tras las elecciones del 23-J y la necesidad de armar una mayoría que permita a Pedro Sánchez seguir al frente del Gobierno exige el respaldo de Esquerra y Junts. Es esa dependencia la que motiva la aceptación de una vía previamente descartada por los socialistas. Todo ello, de espaldas al principal partido de la oposición y con una fuerte contestación social. 

Cuando uno lee algo así, espera que, a continuación, el que habla concluya diciendo que, en su experta opinión, la amnistía declarada en semejante texto legal es inconstitucional. Pero Carmona no se atreve a tanto y, como hacían los profesores de mi juventud ante una norma dudosa, se remitían a lo que dijeran los jueces como si su función social - la de los profesores - no fuera auxiliar a los jueces en la aplicación correcta del Derecho:

En tales circunstancias, el imprescindible debate jurídico sobre la constitucionalidad de la amnistía no puede ignorar el contexto político en el que esta se ha forjado. Corresponderá al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legitimidad constitucional de la ley de amnistía. También se interpelará a la justicia europea para que enjuicie la compatibilidad de dicha norma con el derecho de la Unión.

Y finaliza con una cita - brillante - de Rubio Llorente  (de la que me ocuparé en otra ocasión) que confirma que la profesora Carmona prefiere escurrir el bulto a decirnos a todos, si cree o no que la Proposición de Ley de Amnistía es inconstitucional. 

Llamada al diálogo dentro de las instituciones democráticas

Foto de Tomislav Paternek

Petición Pública para que nuestros representantes políticos dialoguen dentro de las instituciones democráticas.

En los últimos años estamos asistiendo a un cuestionamiento de los mecanismos democráticos por parte de las sociedades democráticas. Esto se ha visto reflejado especialmente en Cataluña, región parte de un Estado miembro de la Unión Europea donde la democracia está perdiendo legitimidad. Al objeto de recuperar la legitimidad democrática en Cataluña, los abajo firmantes pedimos que:

1. Los representantes políticos, democráticamente elegidos, de los diversos partidos políticos que conforman el parlamento catalán deben iniciar un diálogo para encontrar una solución a la inestabilidad política creada en Cataluña. Dicho diálogo debe de hacerse dentro de las instituciones y bajo los cauces democráticos prescritos por el Estatuto de Autonomía Catalán y de la Constitución Española.

2. Queremos recordar aquí las palabras de Kennedy: “se puede no estar de acuerdo con las leyes, pero no se las puede desobedecer”. En nuestra democracia, ningún individuo está por encima del cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, no podemos admitir que los representantes políticos tengan privilegios sobre sus representados, los ciudadanos.

3. En el caso de que nuestros representantes políticos incumplan las leyes exigimos que estos sean juzgados con todas las garantías por un sistema de justicia independiente y, si se demuestra que las han incumplido, que sean condenados.

4. Solicitamos el estricto cumplimiento de la neutralidad política de las instituciones catalanas, incluyendo centros de enseñanza, colegios profesionales y al gobierno autonómico.

5. No es posible vivir en democracia sin tener libertad de prensa. Por ello, condenamos los señalamientos y agresiones a periodistas en el ejercicio de su labor como informadores en Cataluña. Nos sumamos así a las condenas ya efectuadas por “Reporteros sin Fronteras” y “OSCE, The Representative on Freedom of the Media”.

6. Finalmente, solicitamos que el Gobierno Español garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos y que vele por la convivencia de los ciudadanos catalanes.

Si los demócratas nos saltamos las leyes de un Estado democrático y no defendemos los mecanismos de funcionamiento democráticos, las democracias perecerán.

Para firmar esta petición, pinche aquí

La inmersión lingüística y la flexibilidad del Derecho

He seguido la discusión sobre la reforma que propone el Ministro Wert y, todo con todo, los de CiU (especialmente la Sra. Rigau que ha tenido un comportamiento intolerable) han mentido mucho más que el Ministro. La reforma se limita a recoger en una Ley un párrafo de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Si los cretinos del PSC/PSOE no hubieran promovido la reforma del Estatut, el problema (que algunos padres reclamen que sus hijos se eduquen en castellano) se habría mantenido como una cuestión “local” que podría haberse resuelto localmente permitiendo – como de hecho se hace – que algunos colegios distribuyan su horario escolar entre el inglés, el catalán y el castellano. Pero al elevar la cuestión al Estatut y de ahí al “bloque de la constitucionalidad”, el Ministro Wert tenía un potente argumento para garantizar que el castellano tiene, en la escuela pública, el lugar que, según el Tribunal Constitucional, le corresponde.

Y ahora ¿qué?

En alguna ocasión hemos dicho que los españoles nunca se han equivocado catastróficamente a la hora de votar. Y tampoco se han equivocado catastróficamente el pasado domingo. No han hecho desaparecer al PSOE, no han dado al PP una mayoría suficiente para gobernar pero lo han mantenido en primer lugar y no han dado a una coalición de partidos nacionalistas y antisistema la llave para decidir el futuro de España. Cataluña sigue ingobernable. Los aprendices de brujo del nacionalismo conservador catalán van camino de la irrelevancia. Exactamente lo que le ocurrió al PNV cuando se metió en la senda de ser más independentistas que los independentistas. El PNV ha vuelto a la senda que nunca debió abandonar y le ha ido bien. Bildu ha perdido los votos de izquierda en el País Vasco. El PNV, sabiamente, se ha dado cuenta de que un partido conservador no puede ponerse al frente de la manifestación. Lo ocurrido en Valencia y Galicia se explica por la corrupción del PP y la debilidad del PSOE. La peor noticia es el ascenso de Colau pero auguro que, si mejora la situación económica en cuatro años, veremos que no repite ni siquiera como alcaldesa de Barcelona. La corrupción institucionalizada se ha acabado. Esta es la mejor noticia.

¿Qué deberían hacer PP, PSOE y Ciudadanos?

A mi juicio, las declaraciones más relevantes que hemos escuchado tras el escrutinio son las de Susana Díaz y las de Pablo Iglesias. El segundo ha cumplido con el pacto secreto que debió de firmar en Barcelona con Ada Colau. Su declaración en el sentido de que sólo está dispuesto a hablar con los demás partidos de la reforma “inaplazable e imprescindible” de la Constitución para hacer de Cataluña (¿y de las demás regiones?) sujeto de soberanía (con lo que desaparece la soberanía nacional) sólo se explica porque se lo prometió a Colau. Iglesias no puede creer que sus votantes en el resto de España son partidarios de dar la independencia a Cataluña si, en un referendum, sale una mayoría a favor de la independencia. Y lo que es peor, Iglesias no puede creer que andaluces, extremeños, castellanos, asturianos, santanderinos, gallegos y canarios, que reciben cuantiosas transferencias de las zonas más ricas de España van a aprobar alegremente un cupo para Cataluña. Al día siguiente, Valencia querrá un cupo. Galicia, claro, no. Pero ¿y Madrid?

Por tanto, Iglesias se ha autoexcluido del consenso, de cualquier posible consenso. La basura terminológica de “tender la mano” para alcanzar pactos suena a eso, a basura.

Las declaraciones de Susana Díaz son una orden y una amenaza a Pedro Sánchez: los 22 diputados nacionales andaluces no van a votar a favor de nada que modifique sustancialmente el statu quo constitucional. Andalucía no va a perder los varios miles de millones de euros anuales que le llegan del resto de España.

En estas circunstancias, nuestra predicción es que habrá un gobierno del PP, probablemente con Rajoy al frente que será investido en segunda votación con la abstención de Ciudadanos y la del PSOE. Puede, incluso que en el PSOE permitan votar no a algunos de sus diputados. Repetir las elecciones beneficia a Podemos y al PP. Perjudicaría extraordinariamente a Ciudadanos (sus votantes volverían en masa al PP ante la amenaza del crecimiento de Podemos) y a PSOE (sus votantes andaluces, extremeños y castellanos y sus votantes de mayor edad podrían pasarse a Ciudadanos si el PSOE no permite la investidura de Rajoy e intenta gobernar echándose en brazos de Podemos).

¿Y qué debería ofrecer Rajoy a Ciudadanos y PSOE para que se abstengan?

Es evidente que hay dos temas no económicos que han sido centrales: la reforma de la Constitución y la corrupción. La oferta de Rajoy debería incluirlos.

En relación con la reforma de la Constitución, lo último que hay que hacer es hacerla precipitadamente. Rajoy debería ofrecer, en su discurso de investidura, la formación de un grupo (propongo a Pedro Cruz Villalón como presidente) que, con 20 millones de euros y tres años de plazo, presente una propuesta de reforma en la que se planteen las alternativas y se elija la más sensata para cada una de las cuestiones que se considere necesario reformar. Ciudadanos y PSOE deberían indicar algunos nombres y permitir a los designados organizarse y recurrir a todos los expertos que haga falta. Si Podemos quiere sumarse, bienvenido. Pero lo que no se puede hacer es reformar la Constitución como si acabara de terminarse la guerra civil. La Constitución se reforma pero se reforma pensando en los próximos treinta años. El último año de la legislatura debería dedicarse a organizar la aprobación de la reforma propuesta por este grupo de manera que no haya que disolver anticipadamente las Cortes. Como ven, se trata de actuar como si no estuviéramos en una situación de emergencia. Porque no lo estamos. 

En cuanto a la corrupción, y al margen de los cambios constitucionales, se acabó el nombramiento de amiguetes para presidir las agencias que deben ser independientes. Se acabó legislar para las empresas y grupos particulares de amigos del PP. Se acabaron los decretos-ley. Lo mejor de los resultados electorales es que “a la fuerza ahorcan” y el PP no podrá volver a caer en la corrupción generalizada en la que ha estado en los últimos veinte años.

En cuanto a los temas económicos, no debería ser difícil ponerse de acuerdo entre los tres en avanzar en las reformas que el PP no terminó. El PSOE puede abanderar la lucha contra la pobreza si incluye propuestas verdaderamente redistributivas hacia los trabajadores precarios y hacia los que están fuera del sistema de protección social que alcanza a las clases medias pero no a los dos deciles más bajos de la población. Por ejemplo, aprender a querer al contrato único; garantizar la renta mínima a base de una mezcla del mecanismo propuesto por Ciudadanos y la transferencia de las indemnizaciones por despido a mejorar las prestaciones no contributivas por desempleo (lo que significa mayor solidaridad entre los trabajadores que es lo que sucede en los países nórdicos); reformar el IVA para que ingrese más, eliminar deducciones en el Impuesto de Sociedades y reducir la enorme bolsa de fraude que se concentra en los (clientes y proveedores de) autónomos y en las pequeñas empresas: el Estado no puede recaudar más con tantísima pequeña empresa y tantísimo autónomo. Estos, simplemente, no pagan impuestos en proporción con lo que pagan los trabajadores por cuenta ajena y las medianas y grandes empresas. Ciudadanos debería concentrarse en la reforma de la educación, la I+D y los servicios de empleo (políticas activas).

No hay alternativa a un gobierno del PP con abstención de Ciudadanos y PSOE. Una gran coalición no es ni necesaria ni conveniente. El PSOE tiene que seguir siendo el partido de reserva si las cosas van mal. Iglesias está en manos de Colau y, sospecho, ni siquiera quiere gobernar. Cuanto peor, mejor. Si los próximos cuatro años no van bien, se ven como caballo ganador. El PSOE no puede suicidarse. Que recuerde a Zapatero. 

El nacionalismo político ha de ser destruido

Foto: Manuel María de Miguel

A propósito de

Manuel Arias, Sobre la legitimidad de la secesión territorial en el marco liberal-democrático

En el artículo que comento a continuación, Arias defiende ideas muy razonables pero que no comparto en su integridad. Debo aclarar, por anticipado, que la ponderación en el análisis de la que hace gala siempre Arias no la encontrarán en esta entrada. Al contrario, quiero exagerar mi punto de vista para mejor convencer al lector de la urgencia de la tesis que se expone en el título: todos los nacionalismos periféricos del tipo catalán y vasco son incompatibles con la democracia liberal y deben ser combatidos políticamente, no acomodados en las estructuras del Estado.

Con el nacionalismo político pasa como con el islam. La religión está muy bien siempre que sea un asunto individual, privado. Pero el islam político debe ser combatido como una ideología dañina para el bienestar colectivo. ¿Cuándo alguien que profesa la religión mahometana se convierte en un islamista? Esa misma pregunta debemos hacérnosla respecto de nuestros paisanos vascos y catalanes. ¿Cuando pasaron de ser vascos o catalanes a ser nacionalistas vascos o catalanes?

Que haya gente que se sienta vasca o catalana ha de asumirse – por los demás – como un hecho y han de reconocerse en el ordenamiento jurídico los derechos necesarios para que uno pueda expresar esa identidad, como un derecho a sentirse lo que uno quiera, a rezar como uno quiera y hablar en la lengua que uno quiera. Es lo que hacen los napolitanos. Los napolitanos rezan, cantan y se enamoran en napolitano. Pero votan y dirigen las instituciones como ciudadanos italianos. Su nacionalismo – cultural – no es político y ha de respetarse como expresión colectiva del ejercicio de derechos individuales. En último término, como concreción del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE).

Ahora bien, que haya gente que pretenda que los que se sienten vascos o catalanes tienen derecho a gobernar las regiones donde hay muchos que se sienten así – utilizando el voto propio de las democracias representativas para elegir gobernantes - y a que la legislación refleje esa identidad, ha de combatirse. Los islamistas han de ser expulsados de las instituciones como han de serlo los nacionalistas.

Arias, naturalmente, no va tan lejos pero destaca la proximidad entre el nacionalismo y el racismo

“No quiere decirse que el racismo o la homofobia sean equiparables al nacionalismo, aunque este acumula episodios indeseables e incurre con facilidad en una lógica excluyente q distingue a nacionales de extranjeros"

La pregunta para Arias es, en este punto, la siguiente: ¿la equiparación entre racismo y nacionalismo sería justa si puede probarse que cualquier nacionalismo político se basa, precisamente, en distinguir políticamente - o sea, a efectos públicos - a nacionales de extranjeros sobre la base de la identidad o de la lengua materna o de la religión o cualquier otro rasgo de los que conforman la identidad social de un individuo? Porque es difícil encontrar un nacionalismo político que no se base, precisamente, en que hay un grupo dentro de la sociedad que es distinto del resto. Y que pertenecer a los “elegidos” proporciona estatus que, como todos sabemos, es un bien posicional que solo puede aumentar – el estatus propio – a costa de infravalorar la posición social de otro grupo. Los blancos racistas del Sur norteamericano elevaban su estatus a costa de los negros. La radical igual dignidad de todos es la única cura.

De ahí – y en eso está de acuerdo Arias – que el único nacionalismo legítimo desde este punto de vista es el que sirve de estímulo a los pueblos para alzarse frente a un imperio o una potencia colonial: justo para el que reconoce derecho de autodeterminación el Derecho Internacional.

Continúa Arias diciendo que

"la idea de que a toda nación cultural le corresponde un Estado (deja de ser aceptable)... cuando ya no hay Antiguo Régimen que derribar y conocemos el daño que las reivindicaciones etnonacionales pueden infligir a las sociedades plurales"

Mi discrepancia en este punto con Arias es más severa:

el daño que inflige el nacionalismo político no lo es “a las sociedades plurales”. Es un daño real a individuos reales: todos los que no pertenecen a la etnia nacionalista

Eso se ha traducido en España en que muchos vascos y catalanes han sido asesinados – en el caso del país vasco varios centenares –; otros han sufrido pérdida de libertad física y la extorsión económica - en el caso del País Vasco – y muchos más han tenido que huir de su ciudad para garantizar su seguridad física y miles, en fin, abandonan Cataluña cada año porque la vida se les hace cada vez más incómoda.

Y, de nuevo, el daño lo inflige el nacionalismo político. Nadie nunca se fue de Nápoles porque le molestara que los habitantes de la bahía hablaran napolitano. Pero claro, nunca a ningún napolitano se le ocurrió exigir que hablaran napolitano los que preferían expresarse en italiano. Nunca nadie se fue de Nápoles porque sus hijos no pudieran estudiar en napolitano, su lengua materna. Pero en Nápoles todos los niños estudian en italiano. Nunca a ningún napolitano se le ocurrió exigir el conocimiento del napolitano para poder trabajar en la Administración italiana. Porque el nacionalismo napolitano es cultural, no político. Y esto significa que es “liberal”, no totalitario.

El nacionalismo político es necesariamente totalitario porque los individuos que comparten la identidad cultural se consideran con el derecho a exigir a los demás que se sometan a sus creencias y conductas. A las que constituyen la seña de identidad de la tribu. Y, para lograr esos objetivos no basta la persuasión social. Han de utilizar la política, es decir, los mecanismos que, por definición, han de ser neutrales respecto de las identidades individuales o colectivas. Por eso también, el nacionalismo político deviene totalitario cuando consigue ser hegemónico políticamente. Ni el nacionalismo vasco ni el catalán eran hegemónicos políticamente en 1978. Gracias a su control de las instituciones políticas – que responde a causas más complejas que no puedo abordar ahora-, sin embargo, lo son en 2020.

Añade Arias que

el reconocimiento del autogobierno a Cataluña y el País Vasco socava la legitimidad de cualquier pretendido derecho de autodeterminación

De nuevo creo que se queda corto. Aunque no se reconociera el autogobierno a Cataluña y al País Vasco, estas regiones no tendrían derecho de autodeterminación. Cuánto autogobierno se reconoce a las regiones de un país es una decisión discrecional del soberano. Precisamente, es la esencia del poder soberano: “Soberana es la entidad que decide sobre la división de poderes entre el centro y los miembros de la federación” dijo Jellinek.

Y la decisión de no conceder autogobierno a las regiones – Francia – o de concederlo limitada – Italia – o ampliamente – España - es una decisión libérrima y dictada por la conveniencia del soberano. Porque el autogobierno de las regiones no es una exigencia del respeto a los derechos individuales. De nuevo, sólo desde una concepción – romántica e irracional – de los derechos de los pueblos, de la existencia de derechos políticos colectivos basados en las identidades culturales o étnicas puede justificarse la obligación de reconocer un derecho al autogobierno de las regiones. Alemania es una república federal porque EE.UU. consideró que una Alemania más parecida a los EE.UU. aseguraba que no habría un IV Reich. Alemania es federal porque fue derrotada en una guerra. No lo sería si hubiera salido victoriosa de la misma. Y no lo es porque el pueblo alemán deba reconocer el derecho al autogobierno de sus ciudadanos de raza bávara o prusiana.

La tesis es, pues, que el autogobierno es, en España, una concesión del soberano – el pueblo español – al nacionalismo político que carece absolutamente de ningún valor en términos morales o iusfundamentales.

El nacionalismo político conduce, necesariamente, a la exclusión de la minoría no nacionalista

Arias, de nuevo, lo dice mucho más matizadamente:

"para algunos independentistas, solo ellos componen la nación «genuina» u orgánica que tendría derecho a separarse; el resto de ciudadanos residentes en Catalunya no serían «verdaderos» catalanes"

El nacionalismo político, necesariamente, conduce a no considerar verdaderos nacionales a los no nacionalistas. No es solo “algunos”. La razón es que son los nacionalistas políticos los que determinan los rasgos, conductas, creencias etc que conforman la “identidad”. Mientras ese nacionalismo es meramente cultural, la adhesión a dicha identidad es individual y voluntaria. Cuando el nacionalismo entra en las instituciones representativas, el propio principio democrático (las decisiones mayoritarias vinculan a todos) provoca la discriminación de los que no comulguen con la identidad definida por los nacionalistas.

Y acaba Arias con la pregunta que muchos se han hecho ya:

"Imaginemos un territorio en cuyo interior exista

Una mayoría abrumadora en favor de la secesión.

¿Podría ignorarse? No parece razonable, ni políticamente viable"

Yo contesté como Arias hace cinco años. Pero hoy he cambiado de opinión. La pregunta de Arias debe contestarse afirmativamente. Sí. Puede ignorarse la existencia de una mayoría abrumadora a favor de la secesión. Es más, sostengo que debe ignorarse.

Arias reconoce que su respuesta – que no puede ignorarse -

"tiene un problema evidente: deja sin escrutinio el proceso que conduce a la formación de esa «voluntad nacional». Nada garantiza, por tanto, la limpieza de las políticas de nacionalización que dan lugar a esa mayoría”

Y añade

Y si bien este impulso nacionalizador puede entenderse como el producto de la voluntad de proteger una identidad cultural erosionada por el franquismo, esa necesidad no es ya hoy tan perentoria: no hay riesgo alguno de que la cultura catalana sea asimilada por la española"

Mi posición, de nuevo, es mucho más radical.

En relación con la posible asimilación de la cultura catalana por la española, no veo por qué eso habría de valorarse negativamente. De nuevo, es cuestión de respetar los derechos de los individuos incluidos los que se ejercen en compañía o a través de las relaciones con otros. El catalán desaparecerá – como desapareció el euskera de Álava para resucitar a base de nacionalismo político – cuando los catalanes quieran o a los catalanes les convenga dejar de hablarlo. Y su desaparición, como la de cualquier lengua, no es un mal en ningún sentido significativo.

Secesión o autonomía

Como expliqué en 2017, el pueblo soberano tenía a su disposición tres opciones básicas en 1978: (i) mantener la estructura centralizada del Estado sin reconocer ningún autogobierno a las regiones ni, naturalmente, derecho de secesión; (ii) mantener la estructura centralizada y establecer un título en la Constitución titulado “De la Secesión” en donde se establecieran los requisitos para promover un referéndum de secesión y (iii) organizar territorialmente el Estado en Comunidades Autónomas con una amplia autonomía.

El pueblo soberano se decidió por la tercera posibilidad. Pero el nacionalismo político, en estos cuarenta años, ha incumplido. Porque el pueblo soberano reconoció la autonomía de las regiones en las esperanza de que traería una convivencia en paz y libertad para todos con independencia de su “identidad”. Sin embargo, en el País Vasco, el nacionalismo político, o sea los nacionalistas, asesinaron a 800 ciudadanos, extorsionaron a miles y amenazaron a centenares de miles. Los nacionalistas que no apoyaban a los terroristas tampoco los combatieron y se pusieron del lado de los terroristas y no de las víctimas en cada ocasión en que era costoso proteger a las víctimas. En Cataluña, los nacionalistas han dado un golpe de estado – posmoderno - en 2017.

En 2020 los nacionalistas siguen recibiendo con honores a los terroristas en el País Vasco y a los golpistas en Cataluña. Y siguen utilizando las instituciones de autogobierno para homogeneizar a la población.

De lo cual se deduce que los nacionalismos políticos vasco y catalán han desafiado al soberano – al pueblo español – de manera que éste, en ejercicio de su soberanía está legitimado para suprimir – previa reforma constitucional, naturalmente, – la autonomía de las regiones o sustituir esta por una mera descentralización administrativa. Esto es una obviedad desde el punto de vista jurídico-constitucional. Pero no lo es desde el punto de vista moral y político.

Frente a esta solución radical, Manuel Arias sigue teniendo fe en la capacidad de un “federalismo racionalizado” para resolver el “conflicto”:

"Cuando hablo de un federalismo racionalizado, me refiero a la construcción de un orden político descentralizado en el que el reparto competencial esté cerrado y responda a criterios de eficacia"

Yo creo que ese tren ya pasó. Los nacionalistas lo perdieron el día que decidieron utilizar a su tribu para convertir el País Vasco y Cataluña en naciones políticamente homogéneas exigiendo a todos los que allí viven asumir la identidad vasca o catalana. No han llegado a discriminar a los ciudadanos en la prestación de servicios públicos en función de su identidad. Pero no están tan lejos. La inmersión de los no nacionalistas en una lengua que no es su lengua materna es intrínsecamente discriminatorio. Y el acceso a la función pública está, cada día más, reservado a los nacionalistas.

La única solución definitiva es acabar con el nacionalismo político. Entretanto, es obligatorio para el legislador español y para el Gobierno de España tomar las medidas que garanticen que la hegemonía del nacionalismo político en Cataluña y el País Vasco no dañe a los ciudadanos que viven en ambas regiones. Una ley “antiprivilegios” nacionalistas parece urgente.

Dice Arias que

"mientras el proceso de descentralización iniciado en 1978 sea presentado como un fracaso sin paliativos y no como el éxito que en tantos aspectos ha sido"

Quizá ha llegado el momento de revisar esa valoración optimista de la descentralización. El problema de los optimistas, en este punto, es que no nos presentan el contrafáctico que nos permita controlar la corrección de su afirmación porque la descentralización ha ido acompañada de la instauración de la democracia, la recuperación de las libertades y el progreso económico de España como consecuencia de nuestra entrada en la Unión Europea. Correlación no implica causalidad. Pero el contrafáctico podría haber sido un Estado unitario que podría haber aprovechado mucho más las economías de escala y las ventajas del mercado único nacional; sin costes de coordinación, con menos diferencias económicas y de bienestar entre las regiones españolas y con una mayor capacidad estatal para enfrentar crisis como la del coronavirus.

Es más, la principal razón por la que se configuró España como un Estado autonómico fue política. No fue económica ni social. Se suponía que el reconocimiento de la autonomía vasca y catalana (“Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia”) iba a permitirnos dejar resuelta la cuestión regional por décadas. Pero no. Los nacionalistas vascos se abstuvieron en el referéndum constitucional. El terrorismo nacionalista no sólo no acabó con la constitución de la autonomía vasca sino que se enfureció y los nacionalistas vascos y catalanes dedicaron todas sus energías y las del dinero público a “nacionalizar” a los habitantes de las provincias vascas y catalanas.

Conviene, pues, no volver a hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Conviene “resetear” y ensayar una estrategia diferente. Empecemos por acabar con el nacionalismo político. Convirtamos a la democracia española en una democracia militante. Los alemanes tuvieron Weimar y tuvieron a los nazis y eso determinó el carácter de su constitución de 1957. Los españoles tenemos a los nacionalistas políticos. Nazis y nacionalistas no son riesgos comparables y la respuesta constitucional debe ser proporcionada al riesgo que se enfrenta. Pero conjurar los riesgos para la libertad y la igualdad de los españoles que supone el nacionalismo político vasco y catalán debería ser el objetivo de la reforma de la Constitución. No hay ningún otro más importante para el bienestar colectivo de los españoles.

Por eso, no me dirijo a los nacionalistas catalanes o vascos. No quiero convencerlos y mucho menos “enamorarlos”. Es imposible convencerlos por la dinámica tribal que rige las relaciones interindividuales en las sociedades humanas: nunca convencerás a los más radicales del grupo y esos radicales, indefectiblemente, se convertirán en hegemónicos dentro del suyo.

Me dirijo al pueblo soberano. Porque el problema es que no estoy nada seguro de que haya una mayoría de españoles que comparta mi convicción de que los nacionalismos vasco y catalán son la peor desgracia sobrevenida a los españoles desde que nos libramos de la influencia política de la Iglesia y de los militares. En la primera transición nos libramos de esta influencia política que asoló la España de los siglos XIX y XX. La segunda transición debe ser la que nos libre de la influencia política de los nacionalismos en el siglo XXI