El nacionalismo político ha de ser destruido

Foto: Manuel María de Miguel

A propósito de

Manuel Arias, Sobre la legitimidad de la secesión territorial en el marco liberal-democrático

En el artículo que comento a continuación, Arias defiende ideas muy razonables pero que no comparto en su integridad. Debo aclarar, por anticipado, que la ponderación en el análisis de la que hace gala siempre Arias no la encontrarán en esta entrada. Al contrario, quiero exagerar mi punto de vista para mejor convencer al lector de la urgencia de la tesis que se expone en el título: todos los nacionalismos periféricos del tipo catalán y vasco son incompatibles con la democracia liberal y deben ser combatidos políticamente, no acomodados en las estructuras del Estado.

Con el nacionalismo político pasa como con el islam. La religión está muy bien siempre que sea un asunto individual, privado. Pero el islam político debe ser combatido como una ideología dañina para el bienestar colectivo. ¿Cuándo alguien que profesa la religión mahometana se convierte en un islamista? Esa misma pregunta debemos hacérnosla respecto de nuestros paisanos vascos y catalanes. ¿Cuando pasaron de ser vascos o catalanes a ser nacionalistas vascos o catalanes?

Que haya gente que se sienta vasca o catalana ha de asumirse – por los demás – como un hecho y han de reconocerse en el ordenamiento jurídico los derechos necesarios para que uno pueda expresar esa identidad, como un derecho a sentirse lo que uno quiera, a rezar como uno quiera y hablar en la lengua que uno quiera. Es lo que hacen los napolitanos. Los napolitanos rezan, cantan y se enamoran en napolitano. Pero votan y dirigen las instituciones como ciudadanos italianos. Su nacionalismo – cultural – no es político y ha de respetarse como expresión colectiva del ejercicio de derechos individuales. En último término, como concreción del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE).

Ahora bien, que haya gente que pretenda que los que se sienten vascos o catalanes tienen derecho a gobernar las regiones donde hay muchos que se sienten así – utilizando el voto propio de las democracias representativas para elegir gobernantes - y a que la legislación refleje esa identidad, ha de combatirse. Los islamistas han de ser expulsados de las instituciones como han de serlo los nacionalistas.

Arias, naturalmente, no va tan lejos pero destaca la proximidad entre el nacionalismo y el racismo

“No quiere decirse que el racismo o la homofobia sean equiparables al nacionalismo, aunque este acumula episodios indeseables e incurre con facilidad en una lógica excluyente q distingue a nacionales de extranjeros"

La pregunta para Arias es, en este punto, la siguiente: ¿la equiparación entre racismo y nacionalismo sería justa si puede probarse que cualquier nacionalismo político se basa, precisamente, en distinguir políticamente - o sea, a efectos públicos - a nacionales de extranjeros sobre la base de la identidad o de la lengua materna o de la religión o cualquier otro rasgo de los que conforman la identidad social de un individuo? Porque es difícil encontrar un nacionalismo político que no se base, precisamente, en que hay un grupo dentro de la sociedad que es distinto del resto. Y que pertenecer a los “elegidos” proporciona estatus que, como todos sabemos, es un bien posicional que solo puede aumentar – el estatus propio – a costa de infravalorar la posición social de otro grupo. Los blancos racistas del Sur norteamericano elevaban su estatus a costa de los negros. La radical igual dignidad de todos es la única cura.

De ahí – y en eso está de acuerdo Arias – que el único nacionalismo legítimo desde este punto de vista es el que sirve de estímulo a los pueblos para alzarse frente a un imperio o una potencia colonial: justo para el que reconoce derecho de autodeterminación el Derecho Internacional.

Continúa Arias diciendo que

"la idea de que a toda nación cultural le corresponde un Estado (deja de ser aceptable)... cuando ya no hay Antiguo Régimen que derribar y conocemos el daño que las reivindicaciones etnonacionales pueden infligir a las sociedades plurales"

Mi discrepancia en este punto con Arias es más severa:

el daño que inflige el nacionalismo político no lo es “a las sociedades plurales”. Es un daño real a individuos reales: todos los que no pertenecen a la etnia nacionalista

Eso se ha traducido en España en que muchos vascos y catalanes han sido asesinados – en el caso del país vasco varios centenares –; otros han sufrido pérdida de libertad física y la extorsión económica - en el caso del País Vasco – y muchos más han tenido que huir de su ciudad para garantizar su seguridad física y miles, en fin, abandonan Cataluña cada año porque la vida se les hace cada vez más incómoda.

Y, de nuevo, el daño lo inflige el nacionalismo político. Nadie nunca se fue de Nápoles porque le molestara que los habitantes de la bahía hablaran napolitano. Pero claro, nunca a ningún napolitano se le ocurrió exigir que hablaran napolitano los que preferían expresarse en italiano. Nunca nadie se fue de Nápoles porque sus hijos no pudieran estudiar en napolitano, su lengua materna. Pero en Nápoles todos los niños estudian en italiano. Nunca a ningún napolitano se le ocurrió exigir el conocimiento del napolitano para poder trabajar en la Administración italiana. Porque el nacionalismo napolitano es cultural, no político. Y esto significa que es “liberal”, no totalitario.

El nacionalismo político es necesariamente totalitario porque los individuos que comparten la identidad cultural se consideran con el derecho a exigir a los demás que se sometan a sus creencias y conductas. A las que constituyen la seña de identidad de la tribu. Y, para lograr esos objetivos no basta la persuasión social. Han de utilizar la política, es decir, los mecanismos que, por definición, han de ser neutrales respecto de las identidades individuales o colectivas. Por eso también, el nacionalismo político deviene totalitario cuando consigue ser hegemónico políticamente. Ni el nacionalismo vasco ni el catalán eran hegemónicos políticamente en 1978. Gracias a su control de las instituciones políticas – que responde a causas más complejas que no puedo abordar ahora-, sin embargo, lo son en 2020.

Añade Arias que

el reconocimiento del autogobierno a Cataluña y el País Vasco socava la legitimidad de cualquier pretendido derecho de autodeterminación

De nuevo creo que se queda corto. Aunque no se reconociera el autogobierno a Cataluña y al País Vasco, estas regiones no tendrían derecho de autodeterminación. Cuánto autogobierno se reconoce a las regiones de un país es una decisión discrecional del soberano. Precisamente, es la esencia del poder soberano: “Soberana es la entidad que decide sobre la división de poderes entre el centro y los miembros de la federación” dijo Jellinek.

Y la decisión de no conceder autogobierno a las regiones – Francia – o de concederlo limitada – Italia – o ampliamente – España - es una decisión libérrima y dictada por la conveniencia del soberano. Porque el autogobierno de las regiones no es una exigencia del respeto a los derechos individuales. De nuevo, sólo desde una concepción – romántica e irracional – de los derechos de los pueblos, de la existencia de derechos políticos colectivos basados en las identidades culturales o étnicas puede justificarse la obligación de reconocer un derecho al autogobierno de las regiones. Alemania es una república federal porque EE.UU. consideró que una Alemania más parecida a los EE.UU. aseguraba que no habría un IV Reich. Alemania es federal porque fue derrotada en una guerra. No lo sería si hubiera salido victoriosa de la misma. Y no lo es porque el pueblo alemán deba reconocer el derecho al autogobierno de sus ciudadanos de raza bávara o prusiana.

La tesis es, pues, que el autogobierno es, en España, una concesión del soberano – el pueblo español – al nacionalismo político que carece absolutamente de ningún valor en términos morales o iusfundamentales.

El nacionalismo político conduce, necesariamente, a la exclusión de la minoría no nacionalista

Arias, de nuevo, lo dice mucho más matizadamente:

"para algunos independentistas, solo ellos componen la nación «genuina» u orgánica que tendría derecho a separarse; el resto de ciudadanos residentes en Catalunya no serían «verdaderos» catalanes"

El nacionalismo político, necesariamente, conduce a no considerar verdaderos nacionales a los no nacionalistas. No es solo “algunos”. La razón es que son los nacionalistas políticos los que determinan los rasgos, conductas, creencias etc que conforman la “identidad”. Mientras ese nacionalismo es meramente cultural, la adhesión a dicha identidad es individual y voluntaria. Cuando el nacionalismo entra en las instituciones representativas, el propio principio democrático (las decisiones mayoritarias vinculan a todos) provoca la discriminación de los que no comulguen con la identidad definida por los nacionalistas.

Y acaba Arias con la pregunta que muchos se han hecho ya:

"Imaginemos un territorio en cuyo interior exista

Una mayoría abrumadora en favor de la secesión.

¿Podría ignorarse? No parece razonable, ni políticamente viable"

Yo contesté como Arias hace cinco años. Pero hoy he cambiado de opinión. La pregunta de Arias debe contestarse afirmativamente. Sí. Puede ignorarse la existencia de una mayoría abrumadora a favor de la secesión. Es más, sostengo que debe ignorarse.

Arias reconoce que su respuesta – que no puede ignorarse -

"tiene un problema evidente: deja sin escrutinio el proceso que conduce a la formación de esa «voluntad nacional». Nada garantiza, por tanto, la limpieza de las políticas de nacionalización que dan lugar a esa mayoría”

Y añade

Y si bien este impulso nacionalizador puede entenderse como el producto de la voluntad de proteger una identidad cultural erosionada por el franquismo, esa necesidad no es ya hoy tan perentoria: no hay riesgo alguno de que la cultura catalana sea asimilada por la española"

Mi posición, de nuevo, es mucho más radical.

En relación con la posible asimilación de la cultura catalana por la española, no veo por qué eso habría de valorarse negativamente. De nuevo, es cuestión de respetar los derechos de los individuos incluidos los que se ejercen en compañía o a través de las relaciones con otros. El catalán desaparecerá – como desapareció el euskera de Álava para resucitar a base de nacionalismo político – cuando los catalanes quieran o a los catalanes les convenga dejar de hablarlo. Y su desaparición, como la de cualquier lengua, no es un mal en ningún sentido significativo.

Secesión o autonomía

Como expliqué en 2017, el pueblo soberano tenía a su disposición tres opciones básicas en 1978: (i) mantener la estructura centralizada del Estado sin reconocer ningún autogobierno a las regiones ni, naturalmente, derecho de secesión; (ii) mantener la estructura centralizada y establecer un título en la Constitución titulado “De la Secesión” en donde se establecieran los requisitos para promover un referéndum de secesión y (iii) organizar territorialmente el Estado en Comunidades Autónomas con una amplia autonomía.

El pueblo soberano se decidió por la tercera posibilidad. Pero el nacionalismo político, en estos cuarenta años, ha incumplido. Porque el pueblo soberano reconoció la autonomía de las regiones en las esperanza de que traería una convivencia en paz y libertad para todos con independencia de su “identidad”. Sin embargo, en el País Vasco, el nacionalismo político, o sea los nacionalistas, asesinaron a 800 ciudadanos, extorsionaron a miles y amenazaron a centenares de miles. Los nacionalistas que no apoyaban a los terroristas tampoco los combatieron y se pusieron del lado de los terroristas y no de las víctimas en cada ocasión en que era costoso proteger a las víctimas. En Cataluña, los nacionalistas han dado un golpe de estado – posmoderno - en 2017.

En 2020 los nacionalistas siguen recibiendo con honores a los terroristas en el País Vasco y a los golpistas en Cataluña. Y siguen utilizando las instituciones de autogobierno para homogeneizar a la población.

De lo cual se deduce que los nacionalismos políticos vasco y catalán han desafiado al soberano – al pueblo español – de manera que éste, en ejercicio de su soberanía está legitimado para suprimir – previa reforma constitucional, naturalmente, – la autonomía de las regiones o sustituir esta por una mera descentralización administrativa. Esto es una obviedad desde el punto de vista jurídico-constitucional. Pero no lo es desde el punto de vista moral y político.

Frente a esta solución radical, Manuel Arias sigue teniendo fe en la capacidad de un “federalismo racionalizado” para resolver el “conflicto”:

"Cuando hablo de un federalismo racionalizado, me refiero a la construcción de un orden político descentralizado en el que el reparto competencial esté cerrado y responda a criterios de eficacia"

Yo creo que ese tren ya pasó. Los nacionalistas lo perdieron el día que decidieron utilizar a su tribu para convertir el País Vasco y Cataluña en naciones políticamente homogéneas exigiendo a todos los que allí viven asumir la identidad vasca o catalana. No han llegado a discriminar a los ciudadanos en la prestación de servicios públicos en función de su identidad. Pero no están tan lejos. La inmersión de los no nacionalistas en una lengua que no es su lengua materna es intrínsecamente discriminatorio. Y el acceso a la función pública está, cada día más, reservado a los nacionalistas.

La única solución definitiva es acabar con el nacionalismo político. Entretanto, es obligatorio para el legislador español y para el Gobierno de España tomar las medidas que garanticen que la hegemonía del nacionalismo político en Cataluña y el País Vasco no dañe a los ciudadanos que viven en ambas regiones. Una ley “antiprivilegios” nacionalistas parece urgente.

Dice Arias que

"mientras el proceso de descentralización iniciado en 1978 sea presentado como un fracaso sin paliativos y no como el éxito que en tantos aspectos ha sido"

Quizá ha llegado el momento de revisar esa valoración optimista de la descentralización. El problema de los optimistas, en este punto, es que no nos presentan el contrafáctico que nos permita controlar la corrección de su afirmación porque la descentralización ha ido acompañada de la instauración de la democracia, la recuperación de las libertades y el progreso económico de España como consecuencia de nuestra entrada en la Unión Europea. Correlación no implica causalidad. Pero el contrafáctico podría haber sido un Estado unitario que podría haber aprovechado mucho más las economías de escala y las ventajas del mercado único nacional; sin costes de coordinación, con menos diferencias económicas y de bienestar entre las regiones españolas y con una mayor capacidad estatal para enfrentar crisis como la del coronavirus.

Es más, la principal razón por la que se configuró España como un Estado autonómico fue política. No fue económica ni social. Se suponía que el reconocimiento de la autonomía vasca y catalana (“Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia”) iba a permitirnos dejar resuelta la cuestión regional por décadas. Pero no. Los nacionalistas vascos se abstuvieron en el referéndum constitucional. El terrorismo nacionalista no sólo no acabó con la constitución de la autonomía vasca sino que se enfureció y los nacionalistas vascos y catalanes dedicaron todas sus energías y las del dinero público a “nacionalizar” a los habitantes de las provincias vascas y catalanas.

Conviene, pues, no volver a hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Conviene “resetear” y ensayar una estrategia diferente. Empecemos por acabar con el nacionalismo político. Convirtamos a la democracia española en una democracia militante. Los alemanes tuvieron Weimar y tuvieron a los nazis y eso determinó el carácter de su constitución de 1957. Los españoles tenemos a los nacionalistas políticos. Nazis y nacionalistas no son riesgos comparables y la respuesta constitucional debe ser proporcionada al riesgo que se enfrenta. Pero conjurar los riesgos para la libertad y la igualdad de los españoles que supone el nacionalismo político vasco y catalán debería ser el objetivo de la reforma de la Constitución. No hay ningún otro más importante para el bienestar colectivo de los españoles.

Por eso, no me dirijo a los nacionalistas catalanes o vascos. No quiero convencerlos y mucho menos “enamorarlos”. Es imposible convencerlos por la dinámica tribal que rige las relaciones interindividuales en las sociedades humanas: nunca convencerás a los más radicales del grupo y esos radicales, indefectiblemente, se convertirán en hegemónicos dentro del suyo.

Me dirijo al pueblo soberano. Porque el problema es que no estoy nada seguro de que haya una mayoría de españoles que comparta mi convicción de que los nacionalismos vasco y catalán son la peor desgracia sobrevenida a los españoles desde que nos libramos de la influencia política de la Iglesia y de los militares. En la primera transición nos libramos de esta influencia política que asoló la España de los siglos XIX y XX. La segunda transición debe ser la que nos libre de la influencia política de los nacionalismos en el siglo XXI