miércoles, 18 de noviembre de 2026

La competencia de la junta de propietarios para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos en régimen de propiedad horizontal


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Dice el artículo 17.12 Ley de Propiedad Horizontal

12. El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.

Esta es la versión actual del artículo 17.12 LPH dice expresamente que el acuerdo puede "limitar, condicionar o prohibir" la actividad. Pero el acuerdo impugnado en esta litigación se adoptó el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia está aplicando la redacción introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, que entonces decía únicamente: "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad...

Como se verá, el TS llega a la misma conclusión que si la versión vigente hubiera estado en vigor en el momento en que se adoptó el acuerdo por las comunidades de propietarios. Un par de comentarios que me parecen de interés

1º Es un buen caso para argumentar el carácter corporativo de las comunidades de propietarios. (v., Corporaciones y patrimonios de administración: el caso de las comunidades de propietarios, Almacén de Derecho, 2026). El Supremo aduce que la inclusión de la cuestión de la posibilidad de explotar el inmueble en alquiler turístico entre los asuntos sobre los que puede adoptar acuerdos la junta de propietarios habla en contra de que se requiera el consentimiento de cada propietario para prohíbir la explotación turística del piso. Es, ciertamente, contradictorio porque, si se requiere el consentimiento, eso significa que la junta no puede pronunciarse sobre la cuestión. No entra dentro de las competencias de la junta. Demuestra la importancia de distinguir entre adopción de acuerdos por unanimidad y adopción de decisiones colectivas por consenso. Lo que los demandantes alegaban, en realidad, es que la junta no era competente para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos.

2º La modificación del art. 17.12 LPH se produjo en 2025, es decir, antes de que tuviera que decidir el Tribunal Supremo. Se plantea, como siempre, si el cambio legislativo debe utilizarse para interpretar la lex anterior en el mismo sentido que la reforma o en sentido contrario. En un caso como este, parece que el legislador se limitó a aclarar la voluntad de la ley de atribuir a la mayoría reforzada de los propietarios decidir si se permitía o no la explotación turística de los pisos. Es decir, de atribuir competencias a la junta de propietarios en esta materia.

3º Tiene razón el Supremo en que, en función de la actividad, la línea que separa "limitar" de "prohibir" es imposible de trazar. En el caso, si la junta hubiera acordado limitar el alquiler turístico (v., art. 5 e) LAU que lo define como "e) La cesión temporal de uso de la totalidad o parte, de acuerdo con la normativa de las administraciones competentes en materia turística, de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística. La duración máxima de este tipo de cesión, que será fijada por las administraciones competentes, no podrá en ningún caso superar los treinta y un días") a los alquileres por períodos no inferiores a 28 días, por ejemplo, ¿se trata de una limitación o de una prohibición? ¿y si se limita a los meses de enero y febrero de cada año? ¿Y si se limita el número de personas que pueden ocupar el piso? Por no hablar de que la actividad prohibida puede cambiar en función de que el legislador 'competente en materia turística' cambie la definición


La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por varias sociedades propietarias de ocho viviendas en una comunidad de propietarios de Orihuela Costa contra el acuerdo adoptado por la junta extraordinaria de 12 de noviembre de 2019 que modificó los estatutos comunitarios para prohibir el alquiler turístico o vacacional en el edificio.

Las demandantes sostenían que el acuerdo era nulo porque una prohibición absoluta de alquiler turístico exigía unanimidad conforme al artículo 17.6 LPH. A su juicio, el artículo 17.12 LPH, introducido por el Real Decreto-ley 7/2019, permite únicamente “limitar” o “condicionar” el alquiler turístico, pero no prohibirlo. 

Tanto el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Orihuela como la Audiencia Provincial de Alicante habían rechazado esta tesis. Entendieron que el artículo 17.12 LPH configura una excepción al principio de unanimidad y permite adoptar acuerdos relativos al alquiler turístico mediante la doble mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas de participación.

El Tribunal Supremo razona que en materia de propiedad horizontal es legítimo imponer prohibiciones o limitaciones destinadas a proteger intereses generales de la comunidad. La jurisprudencia anterior ha admitido reiteradamente restricciones relativas al destino o uso de los elementos privativos, siempre que aparezcan establecidas de forma expresa y, para oponerse a terceros, consten inscritas en el Registro de la Propiedad.

El Tribunal desarrolla una interpretación sistemática, histórica y teleológica del artículo 17.12 LPH. Considera especialmente relevante la exposición de motivos del Real Decreto-ley 7/2019, que justificó la reforma por las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler y por el impacto que el crecimiento de los alquileres turísticos estaba teniendo sobre el mercado residencial. Del preámbulo de la reforma el Tribunal deduce que la finalidad perseguida por el legislador era favorecer el alquiler residencial y facilitar a las comunidades de propietarios mecanismos para restringir la expansión de los alquileres turísticos. Considera notorio que el uso turístico de viviendas puede generar problemas de convivencia, molestias y perturbaciones para quienes utilizan los inmuebles con fines residenciales. La reforma pretendió permitir a las comunidades reaccionar preventivamente frente a esos riesgos mediante acuerdos adoptados por una mayoría reforzada, sin necesidad de esperar a que aparecieran conflictos concretos. 

El núcleo de la sentencia consiste en la interpretación de las palabras “limitar” y “condicionar”. El Supremo rechaza que deban entenderse como conceptos incompatibles con la prohibición. Afirma que una prohibición constituye simplemente el grado máximo de una limitación. Lo expresa en los siguientes términos: «no entendemos que limitar el uso turístico no permita su prohibición, que no deja de ser una limitación, en este caso máxima, en un concreto aspecto de las facultades dominicales».

La sentencia refuerza esta conclusión mediante un argumento lingüístico. Acude al Diccionario de la Real Academia Española y recuerda que “limitar” significa no sólo poner límites, sino también «fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien». Desde esta perspectiva, una reducción total de una facultad determinada constituye igualmente una limitación. 

Añade además que la interpretación defendida por los recurrentes privaría de buena parte de su utilidad práctica al artículo 17.12 LPH. Si una comunidad sólo pudiera imponer condiciones o restricciones parciales y no prohibir la actividad, bastaría la oposición del propietario interesado para impedir un acuerdo de exclusión completa y mantener la necesidad práctica de unanimidad. Según el Tribunal, la finalidad de la reforma consistió precisamente en crear una excepción a la regla de la unanimidad para hacer posible que las comunidades pudieran vetar el alquiler turístico mediante la mayoría reforzada de tres quintos. 

El Tribunal rechaza igualmente la idea de que las comunidades sólo puedan reaccionar ex post mediante la acción de cesación del artículo 7.2 LPH cuando las molestias ya se hayan producido. Considera compatible con el sistema de propiedad horizontal que los propietarios acuerden preventivamente excluir determinadas actividades mediante normas estatutarias. 

1 comentario:

Anónimo dijo...

¿Es fraude de ley alquilar las habitaciones de un piso a huéspedes con carácter finito? es una forma de burlar la prohibición de pisos turísticos..

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