La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por diversos socios de MULTIOPTICAS SOC COOPERATIVAS contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid que había desestimado su demanda de impugnación de los acuerdos adoptados por la asamblea general ordinaria celebrada el 23 de junio de 2022.
La demanda se fundaba en dos grupos de alegaciones. La primera consistía en sostener que diecinueve sociedades que habían participado en la asamblea no tenían realmente la condición de socias o no debían haber sido admitidas como tales. La segunda afirmaba que varias sociedades unipersonales sometidas al control de una misma persona estaban siendo utilizadas para eludir el límite legal de votos aplicable en las cooperativas, produciendo un resultado contrario al principio de un socio un voto y al límite estatutario y legal del voto plural.
Antes de entrar en el fondo, los apelantes solicitaron la nulidad de actuaciones. Alegaban que, después de la aportación de determinada documentación por la demandada en la audiencia previa, el juzgado había anunciado un trámite de alegaciones para ambas partes que finalmente no llegó a concederse en los términos previstos. La Audiencia rechaza esta pretensión. Considera que los demandantes sí tuvieron oportunidad de formular alegaciones sobre la documentación aportada y no hicieron uso de ella. Añade que la documentación en cuestión no fue determinante para la decisión adoptada y que, además, su valoración podía ser discutida en la segunda instancia. Por ello concluye que no existió indefensión material y que no concurre ninguna causa de nulidad.
La cooperativa había planteado también la inadmisibilidad del recurso por incumplir las exigencias del artículo 458.2 LEC. La Audiencia rechaza esta objeción. Aunque el recurso reproduce en gran medida los argumentos ya empleados en la demanda, entiende que contiene una crítica suficientemente identificable de la fundamentación de la sentencia impugnada y, por tanto, satisface las exigencias procesales mínimas para su examen.
La cuestión principal gira en torno a la denominada prueba o test de resistencia. Los recurrentes insistían en que diecinueve sociedades habían intervenido indebidamente en la asamblea por no tener la condición de socias y sostenían que, tratándose de una cooperativa, no era aplicable la doctrina del test de resistencia elaborada para las sociedades de capital.
La Audiencia dedica una parte importante de la sentencia a esta cuestión. Recuerda que la Ley de Cooperativas mantiene un régimen propio de impugnación de acuerdos y que no puede trasladarse sin más el régimen previsto actualmente en el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin embargo, la Audiencia no considera que de ello se siga la inaplicabilidad del test de resistencia. Acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular a la sentencia de 15 de enero de 2014, y entiende que dicha prueba responde a un principio general implícito en el régimen de quórums y mayorías:
«La prueba de resistencia se traduce en que de la cifra originariamente considerada (para el quórum de constitución o para la mayoría) se restan el porcentaje en el capital (o los votos) atribuidos irregularmente a personas que no estaban legitimadas para asistir (o para votar)».
Si el resultado de la votación no cambia tras eliminar esos votos, la irregularidad carece de relevancia invalidante. Aplicando esa doctrina al caso concreto, la Audiencia observa que los recurrentes no explican ni demuestran que sus votos fueran determinantes para la aprobación de los acuerdos impugnados. La sentencia considera acreditado que el resultado de las votaciones habría sido el mismo aunque se excluyeran los votos de esas sociedades. Por ello concluye que los acuerdos superan el test de resistencia y que esta alegación no puede prosperar.
El segundo eje del litigio era la alegación de fraude de ley. Los recurrentes sostenían que varias sociedades unipersonales estaban sometidas al control y dirección de una misma persona, compartían domicilio, habían sido constituidas en fechas próximas y actuaban coordinadamente. A su juicio, esa estructura permitía acumular votos y eludir el límite legal de cinco votos por socio previsto para las cooperativas.
La Audiencia rechaza esta tesis remitiéndose a su propia jurisprudencia anterior, en particular a la sentencia 402/2022 de la misma sección. Considera que el hecho de que distintas sociedades estén controladas por una misma persona no elimina su personalidad jurídica propia ni su condición individual de socias. Añade que esa estructura organizativa puede responder a razones empresariales legítimas y que su mera existencia no constituye abuso de derecho ni fraude de ley. Impedirles intervenir supondría vulnerar los derechos inherentes a esa condición. Tampoco acepta convertir en obligatoria la constitución de grupos de socios prevista estatutariamente como mera facultad. Según la sentencia, las sociedades vinculadas entre sí «no están obligadas a constituirse en grupo de socios, ni dejan por ello de ser socios».

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