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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12507/2026, ECLI:ES:APM:2026:12507 (resumen con IA)
Addquity firmó un contrato con Ezzing por el que ésta se comprometía a dar entrada a Addquity en su capital - 33 % - con determinados derechos inclusivos de participación en el consejo de administración. Addquity pedía el cumplimiento in natura o forzoso del acuerdo, es decir, que se condenara a Ezzing a aumentar capital. Subsidiariamente solicitaban una indemnización equivalente al valor del 33 %, o al menos del 26 %, del capital social. Como pretensión subsidiaria de último grado reclamaban 29.261 euros por servicios prestados a las demandadas en concepto de enriquecimiento injusto. El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda y la Audiencia confirma esa decisión.
La Audiencia rechaza que se tratara de un mero proyecto o de un precontrato y acepta que era un verdadero contrato obligatorio pero recuerda que los socios de Ezzing no fueron parte en dicho contrato. De ello deriva una consecuencia decisiva: ni la ampliación de capital ni la modificación estatutaria podían imponerse directamente a los socios, porque la decisión de ampliar capital corresponde a la junta y el capital pertenece a los socios, no a la sociedad. El contrato obligaba a la sociedad contratante, pero no a terceros ajenos al contrato. La Audiencia fundamenta esta conclusión en el principio de relatividad contractual del artículo 1257 del Código Civil.
Ahora bien, si los socios no aprobaban el aumento de capital, provocarían el incumplimiento de Ezzing frente a Addquity y ésta tendría derecho a resolver y a exigir la indemnización de daños - interés positivo - correspondiente.
Pero Addquity pierde porque también había incumplido. El contrato exigía una inversión de 70.000 euros y un préstamo adicional de 15.000 euros. Sin embargo, sólo consta el ingreso de 55.000 euros, realizado entre enero y mayo de 2015, casi dos años después de la firma del acuerdo. Los demandantes pretendían considerar como parte de la inversión otros importes correspondientes a gastos y servicios prestados a la sociedad, como alquileres, suministros, contabilidad, administración y liquidación de impuestos. La Audiencia rechaza el argumento porque la finalidad económica del acuerdo era aportar liquidez y fondos propios a una empresa emergente mediante una inversión dineraria. Según la sentencia, nada en el contrato permitía concluir que los 70.000 euros pudieran sustituirse por la asunción de gastos corrientes o la prestación de servicios.
Además, los servicios respondían a una relación distinta. Los servicios fueron facturados y se pretendía cobrar su importe. Si hubieran constituido ejecución de la inversión pactada, no habrían sido objeto de facturación separada. Además, el importe de los servicios acabó superando ampliamente los 15.000 euros que los demandantes afirmaban querer imputar a la inversión, lo que evidenciaba que se trataba de conceptos independientes. Los créditos derivados de aquellos pagos correspondían, según los propios documentos aportados, a una sociedad de Addquity distinta de la que había firmado el contrato de inversión con Ezzing. Por tanto, quien pretendía capitalizar el crédito no era su titular, y quien era titular del crédito no era parte en el contrato de inversión. La sentencia subraya que no existe una transmisión automática de créditos entre sociedades del mismo grupo y que no se acreditó ninguna cesión válida del crédito. Conforme al artículo 301 LSC, la titularidad del crédito compensable corresponde a quien pretende acudir a la ampliación de capital.
La Audiencia rechaza igualmente el argumento de que la inversión podía ejecutarse dos años después porque el contrato no fijaba un plazo concreto. Para el tribunal, la ausencia de fecha expresa no significa que la obligación pudiera cumplirse en cualquier momento. Atiende al contexto económico del acuerdo: una sociedad constituida apenas dos días antes de la firma, una inversión temprana en una startup tecnológica y una valoración inicial que atribuía un 33 % del capital a cambio de 70.000 euros. Permitir que el inversor esperara dos años para observar la evolución de la empresa y sólo entonces decidir si aportaba los fondos habría vaciado de contenido económico el acuerdo. La sentencia destaca que cuando los demandantes intentaron cumplir, ya podían comprobar el éxito de la empresa y aspiraban a obtener una participación que ellos mismos valoraban en aproximadamente 1,3 millones de euros a cambio de una aportación nunca completada de 70.000 euros.
Además, la Audiencia considera que la finalidad del contrato exigía una inversión temprana, asumida con el riesgo característico de las empresas emergentes, y que no puede reputarse cumplimiento exacto una inversión parcial realizada dos años después. Invoca los artículos 1113 y 1128 del Código Civil para afirmar que la exigibilidad de la obligación no desaparece por la falta de fijación de una fecha concreta. Existe además un segundo incumplimiento: el préstamo adicional de 15.000 euros previsto en el contrato nunca fue concedido ni consta siquiera que se intentara su cumplimiento pero tampoco consta que se reclamara por Ezzing. La consecuencia de todo ello es que los demandantes incumplieron sus propias obligaciones. Por esa razón no pueden exigir ni el cumplimiento específico del contrato ni la indemnización sustitutoria por incumplimiento de la contraparte. La Audiencia afirma expresamente que «no hubo cumplimiento íntegro de la obligación, sino meramente parcial, que se equipara a incumplimiento». También destaca que la sociedad demandada devolvió posteriormente los 55.000 euros recibidos cuando comunicó la resolución extrajudicial del contrato.
La sentencia aborda finalmente la pretensión subsidiaria de reclamación de 29.261 euros por enriquecimiento injusto. Reconoce que el juzgado de primera instancia omitió pronunciarse sobre esta cuestión. Sin embargo, la Audiencia no entra a resolverla porque los demandantes no utilizaron el remedio procesal previsto para corregir esa omisión: la solicitud de complemento de sentencia del artículo 215 LEC. Recordando abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirma que quien denuncia una incongruencia omisiva debe pedir primero al propio juzgado que complete la sentencia. La falta de utilización de este mecanismo impide plantear directamente la cuestión en apelación. Por ello la pretensión queda fuera del objeto de la segunda instancia
Una posible crítica a la sentencia
puede formularse en torno a dos ideas relacionadas: la falta de atención a la conducta de Ezzing durante la ejecución del contrato y la insuficiente consideración de la doctrina del cumplimiento sustancial.
La sentencia parte de que el incumplimiento de Addquity fue suficientemente grave para privarle de toda acción de cumplimiento. Sin embargo, el propio relato fáctico revela que la conducta de la contraparte no fue plenamente consistente con la interpretación del contrato que después sostuvo en el litigio.
- El acuerdo se firmó en agosto de 2013 y, según la propia Audiencia,
- la primera reclamación expresa del desembolso no tuvo lugar hasta diciembre de 2014, aproximadamente dieciséis meses después. La resolución no ofrece ninguna explicación de esa prolongada inactividad. Este dato resulta difícil de conciliar con la tesis central de la sentencia según la cual el valor económico del contrato residía precisamente en la aportación inmediata de fondos a una empresa emergente. Si la urgencia temporal era tan decisiva, cabría esperar una exigencia igualmente inmediata del cumplimiento.
- Cuando EzzingSL finalmente reclamó la inversión, ADDQUITY GROWTH CAPITAL SA reaccionó de manera inmediata, comenzando a realizar pagos pocas semanas después. Entre enero y mayo de 2015 desembolsó 55.000 de los 70.000 euros comprometidos. La sentencia describe estos pagos como insuficientes, pero apenas examina el significado jurídico de que la demandada los aceptara y los mantuviera en su patrimonio durante un tiempo que la propia resolución no precisa.
La Audiencia deduce de la posterior resolución extrajudicial y devolución de los fondos que nunca existió una aceptación del cumplimiento. Sin embargo, esa inferencia no es la única posible. También cabría entender que la aceptación de una parte muy sustancial de la inversión, unida a la ausencia de protesta inmediata frente a cada desembolso y a la prolongada conservación de los fondos, permitía plantear si la demandada había tolerado una ejecución tardía del contrato o había generado en la contraparte una confianza razonable sobre la subsistencia de la relación contractual. La sentencia no entra en ese análisis. La sentencia considera decisivo que faltaran 15.000 euros de la inversión y el préstamo de 15.000 euros, pero no identifica actos concretos de Ezzing mostrando que, después de recibir los 55.000 euros, siguiera exigiendo activamente el resto de las prestaciones.
La inversora aportó aproximadamente el 79 % de la inversión comprometida (55.000 de 70.000 euros) y lo hizo después de recibir el requerimiento de cumplimiento y alegando una suerte de compensación por el resto. Aunque permanecieran incumplidos los 15.000 euros restantes y el préstamo adicional previsto en el contrato, la sentencia no analiza si esa ejecución parcial podía calificarse como cumplimiento sustancial ni cuál era la relevancia económica efectiva de las prestaciones pendientes en relación con el conjunto del negocio.

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