También debemos prohibir todo el crédito al consumo que no conceda el vendedor de un producto duradero. Porque el legislador europeo piensa que los consumidores son discapacitados que no pueden velar por sus intereses y que todo el Derecho Privado debe ser alterado en sus elementos más básicos para asegurar la protección de todos estos consumidores que no es que sean tontos, son simplemente, pobres. Y poniendo el listón de protección a su altura, hay millones de gorrones y aprovechados que están imponiendo costes de decenas de miles de millones de euros al año al funcionamiento del sistema jurídico y a los mercados europeos.
En fin, tenemos que limitar el uso de cuestiones prejudiciales por los jueces de instancia. Debería establecerse un trámite previo, por ejemplo, que reciban autorización del Tribunal Supremo.
Copio, extractada, la nota de prensa del TJUE (¿usa el TJUE la IA? Por el estilo, diría que sí)
El juzgado pregunta al TJUE si una Directiva obliga a los jueces a apreciar de oficio la prescripción de un derecho. El TJUE contesta, afortunadamente, que no.
El 25 de noviembre de 2015, una consumidora residente en España y otra persona concluyeron un contrato de préstamo con Nuevo Micro Bank. El préstamo debía reembolsarse en 36 mensualidades, estando previsto que venciera el 1 de diciembre de 2018.
El 1 de julio de 2016, el préstamo se dio por vencido anticipadamente, porque los prestatarios consumidores no habían cumplido su obligación de reembolso.
El 23 de julio de 2024, Nuevo Micro Bank cedió a la sociedad maltesa Investcapital determinados créditos, entre ellos el correspondiente al préstamo en cuestión.
El 7 de febrero de 2025, Investcapital presentó una petición de procedimiento monitorio, para exigir judicialmente el pago a la consumidora ante el Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada. El Juzgado pidió a Investcapital que demostrara que el plazo de prescripción de cinco años para reclamar el crédito había sido interrumpido. La sociedad maltesa respondió que había quedado interrumpido en varias ocasiones, sin que este extremo haya quedado acreditado.
El juzgado considera que el plazo de prescripción empezó a correr a partir de la fecha de exigibilidad anticipada del crédito, es decir, desde el año 2016. Por lo tanto, a falta de pruebas de la interrupción de dicho plazo, estima que el crédito está prescrito desde el año 2021.
El juzgado estima que la acción de cobro de créditos prescritos que ejercitan los compradores de créditos contra los consumidores, al no haber invocado estos judicialmente la prescripción del crédito, podría ser contraria a la Directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos.
Esta contiene una disposición (art. 10 de la Directiva) que, según el juzgado, impone a los compradores y gestores de crédito actuar de buena fe, justa y profesionalmente; facilitar a los prestatarios información que no sea engañosa, poco clara o falsa y comunicarse con los prestatarios de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida.
¿Cuántas normas hay en el ordenamiento español que impongan estas mismas obligaciones a los empresarios que se relacionan con consumidores? ¿Ven el mal que hace el legislador redundante? Las normas desarrollan su 'propia dinámica' y esta es, a menudo, incontrolable. Piensen en la "transparencia" del artículo 4.2 in fine de la Directiva 13/93 de cláusulas abusivas ("siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible"). En manos de un juez letón, esa inocua referencia, unida a la funesta manía por la nulidad que tienen algunos jueces, ha costado miles de millones a la economía europea y, de nuevo, ha beneficiado indebidamente a un montón de gorrones y aprovechados.
El juzgado señala que la protección que confiere esa disposición a los consumidores quedaría sin efecto si el juez no puede examinar de oficio si el crédito ha prescrito. A este respecto, señala que el procedimiento monitorio español supedita la admisión de la reclamación al requisito de que la deuda sea exigible. Por otra parte, existe el riesgo de que el consumidor, por incomparecencia o por ignorancia, no se oponga a la demanda o no invoque la prescripción del crédito. Alega también que los compradores de créditos realizan a menudo un cálculo económico comprando créditos prescritos y contando con su cobro, en algunos casos, cuando no se invoca la prescripción.
El absurdo en el que incurre el juez vengador que ha presentado esta cuestión prejudicial se demuestra si pensamos que el crédito no hubiera sido cedido y que el que reclamara el pago fuera el propio banco prestamista. ¿Tendría sentido en tal caso que el prestamista tuviera que probar que su crédito no ha prescrito? La respuesta es obviamente, no. De manera que el juez podría haberse dado la respuesta a sí mismo sin poner en marcha un procedimiento que cuesta cientos de miles de euros a los contribuyentes europeos.
Como el magistrado es muy listo, encuentra argumentos para defender su posición
... confundir al deudor acerca del carácter ejecutable de la deuda podría considerarse una omisión engañosa, comprendida en el concepto de práctica comercial desleal o una práctica comercial agresiva, consistente en una influencia indebida o en una amenaza de ejercer cualquier acción que no pueda ejercerse legalmente, en el sentido de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.
Obsérvese que está acusando al demandante de reclamar el pago de una deuda que sabe que está prescrita. Pero, aunque fuera tal el caso, nuestro Derecho y todos los derechos civilizados permiten reclamar el pago de una deuda prescrita. Y si el deudor paga, paga bien. La deuda se extingue y el acreedor no experimenta un enriquecimiento sin causa. Todo esto lo sabe el magistrado, pero ha quedado embrujado por la idea que presiden de hecho todo el derecho europeo de consumo y que he explicado más arriba.
La cosa es peor para el magistrado porque la Directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos
aún no había sido transpuesta en el ordenamiento jurídico español, pero... sus disposiciones deberían haber sido aplicadas desde el 30 de diciembre de 2023, de modo que deberían haberse aplicado al crédito en cuestión, que fue cedido a Investcapital después de esa fecha. Por lo tanto, estima que debe interpretar el Derecho nacional de manera conforme a dicha Directiva.
El TJUE dice que
El Tribunal de Justicia destaca que del tenor de la norma en cuestión puede deducirse que no regula, como tal, la cuestión de la prescripción de los créditos y menos aún la posibilidad de que el juez examine de oficio dicha prescripción. Por otro lado, la prescripción o su apreciación por dicho juez no se rigen por ninguna otra disposición de la Directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos.
... Nada en la mencionada Directiva da a entender que, para garantizar esa mayor protección, establezca en beneficio de los prestatarios consumidores disposiciones protectoras que tengan por objeto la prescripción de un crédito derivado del préstamo o del procedimiento judicial iniciado por los compradores de créditos.
... el hecho de que una acción de cobro se ejercite en virtud de un crédito que puede haber prescrito no puede calificarse, en sí mismo, de práctica comercial engañosa en el sentido de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.
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