miércoles, 18 de noviembre de 2026

¿Aportar algo que no es tuyo en un aumento de capital hace éste contrario al orden público?

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 25 de septiembre de 2026, SAP Madrid 12155/2026, ECLI:ES:APM:2026:12155.

La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que había declarado la nulidad de dos acuerdos de ampliación de capital adoptados el 1 de diciembre de 2016.

El origen del litigio se encuentra en una reorganización societaria dentro de un grupo familiar de empresas dedicadas a la formación. Estanislao, socio de GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L., impugnó dos ampliaciones de capital aprobadas en una junta universal celebrada el 1 de diciembre de 2016. La primera ampliación, por importe de 55.338 euros, se realizó mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L.. La segunda ampliación, por importe de 140.187 euros, se realizó mediante compensación de créditos. Ambas operaciones fueron elevadas a escritura pública el 30 de diciembre de 2016.

La demanda sostenía que la primera ampliación era radicalmente nula porque las participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L. aportadas por los socios ya no les pertenecían en el momento de la operación. Según los hechos recogidos en la sentencia, esas participaciones habían sido aportadas años antes al capital de otra sociedad del grupo. Por tanto, cuando en 2016 se presentaron nuevamente como aportación no dineraria, los aportantes ya no eran sus titulares. La demanda afirmaba que no existió aportación real alguna y que el aumento de capital se había realizado sobre una apariencia ficticia de patrimonio social.

Respecto de la segunda ampliación, la impugnación tenía carácter derivado. No se alegaba que la compensación de créditos fuera por sí misma ilícita, sino que la operación descansaba sobre una cifra de capital resultante de la primera ampliación. Si esta última era nula, también debía serlo la segunda, al apoyarse sobre una situación societaria incorrecta.

La sociedad demandada opuso principalmente la caducidad de la acción. Argumentó que el acuerdo había sido adoptado en diciembre de 2016 y que la demanda se presentó en julio de 2020, cuando ya había transcurrido ampliamente el plazo de un año previsto por el artículo 205 LSC. Sostuvo además que el defecto obedecía a un simple error y no a una infracción del orden público societario. Añadió que el propio demandante había participado en los acuerdos como socio suscriptor y que, además, era miembro del consejo de administración, por lo que conocía perfectamente la operación desde su origen.

La Audiencia rechaza esta excepción de caducidad. El razonamiento se apoya expresamente en la STS 942/2022, de 20 de diciembre. La sentencia considera que la función de garantía del capital social constituye uno de los principios esenciales del régimen de las sociedades de capital. Cuando una ampliación de capital se formaliza mediante bienes que en realidad no pertenecen a quienes los aportan, desaparece la aportación efectiva que justifica el incremento de la cifra de capital y se altera la función de garantía patrimonial frente a acreedores y terceros. Por ello concluye que el acuerdo es contrario al orden público societario.

Un aspecto importante del razonamiento consiste en distinguir entre la intención de los socios y los efectos objetivos del acuerdo. La sociedad apelante insistía en que todo obedeció a un error material y no a una actuación fraudulenta. La Audiencia responde que la calificación de un acuerdo como contrario al orden público no depende de la intención subjetiva de quienes lo adoptaron. Lo decisivo es que el contenido del acuerdo afecte a principios estructurales del sistema societario. La sentencia afirma expresamente que «un acuerdo puede ser perfectamente contrario al orden público por error».

Una vez descartada la caducidad, la Audiencia analiza la incidencia de varios acuerdos posteriores mediante los cuales la sociedad intentó corregir la situación. La sentencia de primera instancia había considerado que esos intentos de subsanación no eran eficaces. Entre otras razones, la junta celebrada el 9 de noviembre de 2020 autorizó la corrección de la escritura sin identificar concretamente las participaciones que debían sustituir a las indebidamente aportadas ni fijar su valoración, incumpliendo así los requisitos del artículo 300 LSC.

Sin embargo, la Audiencia distingue cuidadosamente entre las dos ampliaciones de capital. Respecto de la primera, comparte la conclusión del juzgado. La aportación no dineraria se realizó mediante bienes que no pertenecían a los aportantes y los intentos posteriores de corrección no consiguieron reconstruir válidamente la operación originaria. La nulidad de esta ampliación debe, por tanto, mantenerse.

La cuestión decisiva del recurso es la situación de la segunda ampliación de capital, realizada mediante compensación de créditos. La Audiencia considera que esta operación tiene una causa propia y autónoma. No se trata simplemente de una ejecución mecánica de la primera ampliación, sino de un negocio jurídico diferente. La demanda había construido su nulidad exclusivamente por conexión con la primera operación.

A partir de ahí, la sentencia examina la doctrina de la nulidad derivada o en cadena. Recuerda que el artículo 208.2 LSC ordena cancelar los asientos posteriores que resulten contradictorios con la sentencia de nulidad. Pero subraya que la palabra «contradictorios» no equivale a «posteriores». La mera sucesión cronológica de acuerdos no implica que todos ellos queden automáticamente afectados por la nulidad del primero. La sentencia cita la STS 37/2012, de 23 de febrero, para destacar que la anulación sólo alcanza a los actos posteriores incompatibles con la declaración de nulidad.

En el caso concreto, la Audiencia entiende que los defectos de la segunda ampliación sí eran susceptibles de corrección. La sociedad había otorgado posteriormente una escritura de 28 de julio de 2021, rectificada el 10 de septiembre de 2021, mediante la que declaró la nulidad de la primera ampliación y renumeró las participaciones derivadas de la segunda sobre una cifra de capital corregida. La Audiencia considera que esas actuaciones sustituyeron válidamente el acuerdo impugnado en los términos del artículo 204.2 LSC.

La consecuencia es que la demanda sólo puede prosperar respecto de la primera ampliación de capital. La nulidad de esa operación se mantiene porque nunca existió una aportación patrimonial válida. La impugnación de la segunda ampliación debe ser desestimada porque el acuerdo originario ha sido sustituido válidamente por otro que corrige los defectos detectados sin alterar la sustancia de la operación de compensación de créditos.

Creo que si el suscriptor aporta algo que no es suyo, deben aplicarse las normas del incumplimiento, no las normas de la nulidad. El socio no podría entregar y transmitir la propiedad del objeto de su aportación a la sociedad y la sociedad podría reclamar al socio el cumplimiento específico o, si este es imposible, la sustitución de la aportación si es que la sustitución satisface el interés de la sociedad en el aumento. 

No creo, en todo caso, que estemos ante un acuerdo contrario al orden público.

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