Deber de lealtad de la minoría

Dado que la regla de funcionamiento de las sociedades de personas es la regla de la unanimidad, el deber de lealtad impone a los socios discrepantes con la mayoría, en ocasiones muy definidas, un deber de votar a favor del acuerdo social o aceptar la exclusión de la sociedad.  En las sociedades de estructura corporativa, los casos en los que el socio minoritario ha de votar a favor del acuerdo son mucho más excepcionales puesto que la mayoría no necesita del voto del minoritario por regla general para sacar adelante los acuerdos. No obstante, cuando, por aplicación de reglas legales o estatutarias que exigen mayorías reforzadas, el voto del minoritario sea necesario y no proceda, directamente, acudir a la disolución de la sociedad, también en sociedades anónimas o limitadas pueden formularse supuestos en los que el socio minoritario venga obligado, por su deber de lealtad hacia la sociedad o hacia los demás socios, a votar a favor de un acuerdo. Hay algunos casos en la jurisprudencia alemana que recogen bien cuáles son estos supuestos. Típicamente, en operaciones de saneamiento de la empresa social. No nos constan casos en la jurisprudencia española.

En la jurisprudencia alemana se ha considerado que la mayoría podía excluir a un socio de una sociedad comanditaria que había votado en contra del plan de saneamiento y se había negado a participar en él. El Tribunal Supremo alemán consideró que el socio no podía, en tales circunstancias, continuar siendo socio de la sociedad. El carácter desleal del comportamiento del socio minoritario se fundaba en el hecho de que, permaneciendo en la sociedad, se aprovecharía del éxito del plan de saneamiento sin haber contribuido al mismo.

El socio minoritario tiene obligación de votar a favor de un acuerdo social, normalmente de modificación del contrato de sociedad, cuando (i) su voto sea necesario para la adopción del acuerdo; (ii) el acuerdo sea imprescindible para garantizar la consecución del fin social y (iii) votar a favor del acuerdo no suponga para el socio cargas desproporcionadas.

Por ejemplo, si el plan de saneamiento requiere nuevas aportaciones por parte de los socios, el deber de lealtad no puede justificar tal imposición. Ahora bien, si – de acuerdo con las reglas de responsabilidad del socio legales o pactadas con los acreedores – el socio habría de soportar un volumen de pérdidas determinado y el acuerdo social, recapitalizando la sociedad, evita que los acreedores exijan dicha responsabilidad, se comporta en contra de su deber de lealtad el socio que no “sale” de la sociedad (pagando a los acreedores lo que le corresponda de acuerdo con la ley y el contrato de sociedad) pero tampoco participa en la recapitalización. Porque, por un lado, se libera de la responsabilidad personal frente a los acreedores – si el plan de recapitalización y saneamiento triunfa – y, por otro, no arriesga dinero nuevo como sí hacen los demás socios. Si el plan de saneamiento no se aprobase, la sociedad debería disolverse y el socio discrepante habría de abonar su cuota parte de las pérdidas de la compañía como socio responsable por las deudas sociales. Si la mayoría de los socios consideran factible la recuperación de la sociedad, no pueden obligar a la minoría a participar en el plan de saneamiento, pero ésta, en tal caso, debe aceptar su exclusión de la sociedad.

En otro caso, se trataba de una sociedad colectiva. Uno de los socios colectivos falleció lo que, como veremos, provoca la disolución de la sociedad. La heredera del socio fallecido reclamó la liquidación de la sociedad porque no estaba interesada en continuar con la empresa social. Los demás socios querían continuar con la empresa y ofrecieron a la heredera pagarle en dinero su cuota de liquidación pero ésta se negó. El Tribunal Supremo alemán consideró que el comportamiento de la heredera era contrario a su deber de lealtad. Para alcanzar tal conclusión, tuvo en cuenta que la decisión de la heredera era arbitraria en el sentido de que ningún daño para ella se derivaba de la continuidad de la empresa porque (i) quedaba liberada de cualquier responsabilidad derivada del negocio y (ii) se había probado que la cantidad que le habían ofrecido los demás socios no era, en ningún caso, inferior a lo que hubiera obtenido como cuota de liquidación si se hubiera procedido a liquidar los activos y pasivos del patrimonio social.

El caso más famoso es el denominado Girmes, porque se refería a una sociedad anónima. Se trataba de una reducción de capital con fines de saneamiento en el que participaban también los acreedores. Los socios mayoritarios propusieron una reducción de 5 a 2 del capital social y los minoritarios, agrupados, propusieron una reducción de capital diferente 5 a 3 con lo que ninguna de las dos propuestas alcanzó la mayoría necesaria (el Derecho alemán requiere mayorías reforzadas para la reducción de capital). Algunos socios minoritarios que no se habían agrupado y que perdieron todo el valor de sus acciones como consecuencia de que el plan de saneamiento no salió adelante, demandaron a los minoritarios que se habían agrupado y habían promovido la propuesta de reducción de capital alternativa que impidió que ninguna saliera adelante pidiendo una indemnización de daños. Aunque la demanda fue desestimada, el Tribunal Supremo alemán formuló el deber de lealtad del socio minoritario como un deber de tener en cuenta los efectos del propio voto sobre los demás socios. Los casos más graves de ejercicio desleal de sus derechos por el minoritario son los de chantaje del minoritario a cambio de votar en un sentido determinado o de no impugnar acuerdos sociales.