El “¿qué hay de lo mío?” y la ineficiencia del Estado del bienestar español

Los expertos en pobreza se quejan a menudo de que el Estado español del bienestar es muy poco redistributivo. Hace pocos días, Victor Lapuente volvió a llamar la atención sobre este hecho y Pau Mari-Klose  y otros sociólogos y economistas llevan años señalándolo. Nuestros pobres son los más pobres de Europa no porque aquí se paguen menos impuestos, sino porque el Estado gasta el dinero de los impuestos de forma que reduce poco la desigualdad de ingresos. No me refiero ahora a las deducciones fiscales que hacen menos progresivo de lo que aparenta a nuestro sistema fiscal.

El caso de las tasas universitarias es un ejemplo evidente: a la universidad no van los más pobres, de manera que el gasto público en subvención del coste de las universidades beneficia a los que están en los deciles más altos de renta o, en todo caso, no a los que están en los deciles más bajos. Las pensiones producen el mismo efecto (la cuantía de la pensión pública depende de los ingresos durante la vida laboral de manera que reciben más pensión los trabajadores con sueldos más altos en activo).

Pero hay una fuente de redistribución inversa (o sea, quitárnoslo a todos para dárselo a los que están mejor) que está más oculta y que no se desvela porque es políticamente incorrecto hacerlo. Me refiero a todas las ventajas que reciben aquellos que están en una determinada situación que no está correlacionada con su nivel de renta o de riqueza. Que el Estado no examine las necesidades de cada persona concreta a la que entrega una prestación pública tiene sentido en relación con los servicios públicos. No sólo sería muy costoso de administrar sino que, alcanzados unos ciertos niveles de desarrollo económico, esas prestaciones como la educación o la asistencia sanitaria se convierten en parte de la condición de ciudadano.

Pero, fuera de los servicios públicos (la Daseinvorsorge), la atribución de prestaciones públicas basadas en determinadas circunstancias del sujeto receptor pueden contribuir a incrementar la desigualdad y, sobre todo, reducir la capacidad del gasto público para reducir o eliminar la pobreza y la exclusión social. De dos formas. Por un lado, porque buena parte de ese gasto vaya a parar a personas de ingresos medios o altos. Por otro, porque el proceso político multiplica ese tipo de ayudas, de manera que su cuantía individual deviene ridícula y no ayuda a los que se supone que debería ayudar, esto es, a los más pobres. Por ejemplo, las ayudas a las familias numerosas no dependen de que sea Ana Patricia Botín la que tiene tres o más hijos o sea mi asistenta que llega a duras penas a final de mes. En España se conceden los beneficios de familia numerosa a Ana Patricia Botín pero la cuantía de estos beneficios es ridículamente baja en comparación con otros países europeos. Con las pensiones de viudedad pasa lo mismo. Son muy bajas en comparación con otras pensiones pero no sabemos si evitan la pobreza de muchas ancianas o, simplemente, permiten a ancianas de clase media y alta dejar una herencia más suculenta a sus hijos.

Los ejemplos podrían multiplicarse. Hay uno, sin embargo, que resulta especialmente expresivo. Pensemos en las plazas de aparcamiento reservadas, en zonas reguladas del centro de las ciudades, a personas con minusvalía (no me refiero a las plazas en el aparcamiento de El Corte Inglés o de Carrefour). En el centro de Madrid u otras grandes ciudades, una plaza de aparcamiento cuesta entre 1500 y 2500 euros al año. Si alguien puede permitirse vivir en una zona “señorial” de Madrid, podemos estar bastante seguros de que no está entre los deciles más bajos en la distribución de la renta. Pero, para obtener tal privilegio, – el de la plaza reservada en la calle – basta con tener una discapacidad, seas el presidente del Liceo o seas un pobre de solemnidad, no es necesario demostrar que eres minusválido y pobre (de hecho, si tienes un coche, en el decil más bajo de la renta seguramente no estarás). De modo que el rico con minusvalía recibe una subvención de 2000 euros al año libre de impuestos. Y como tal subvención no tiene la forma de un gasto explícito por parte del Estado, los incentivos de los políticos para generar clientela por estas vías es todavía mayor. Nuestra vida se llena así de privilegios como en el Antiguo Régimen.

El Estado del bienestar sólo será sostenible si – como en el norte de Europa – redistribuye hacia los más pobres. Pero sólo será posible si nos convencemos de que, salvo los más pobres, nadie tiene derecho a subvención.