La formación de gobierno por parte del PSOE ha colocado a España en niveles extremos de polarización. La discusión sobre cuestiones políticas no puede estar más envenenada. No hay espacio para el acuerdo. No hay mínimos comunes a una amplia mayoría española. Una amplia minoría de españoles cree que hay que amnistiar a los golpistas de octubre de 2017. Otra cree que hay que acabar con las autonomías. Una cree que Cataluña y el País Vasco deben poder independizarse si es su deseo. Otra cree que hay que acabar con el desafío permanente de los nacionalismos periféricos.
Mientras muchos ven en los pactos de formación de gobierno el inicio de la desintegración de España, otros dicen que no pasa nada y que el PSOE no ha asumido ninguna obligación que sobrepase los límites de la Constitución o bien, tácitamente, están anticipando que Sánchez incumplirá todo lo pactado con los partidos separatistas (incluyendo a PNV y ERC) y lo pactado con Podemos en lo que pone el peligro el consenso en torno a la Constitución de 1978 como ha hecho desde que entró en política.
Puede discutirse si existe un riesgo real de desintegración de España. Puede discutirse, también si existe un riesgo real de que acabemos – ley del péndulo – con un gobierno dirigido por Vox en unos pocos años.
Lo que no puede discutirse es que los últimos años han degradado notablemente el Estado de Derecho. La supremacía de la ley. En un doble sentido. La ley no se tiene por qué obedecer. La ley ha pasado a estar en la mesa de negociación política. Los políticos pueden doblar la ley, renunciar a la ley, prescindir de aplicar la ley aduciendo el “diálogo” o la “negociación” política. Eso es un disparo en la línea de flotación del Estado de Derecho. El gobierno “de las leyes, no de los hombres” significa precisamente que si los políticos quieren cambiar las reglas que aplican las Administraciones Públicas y los jueces, las reglas a las que están sometidos todos los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y en sus relaciones con otros particulares, tienen que modificar la ley por el procedimiento prescrito en la Constitución.
Desde que Sánchez ha llegado al poder, estos principios básicos del Estado de Derecho están en cuestión. El caso de los decretos-ley es uno. Pero el más peligroso es el que tiene que ver con Cataluña. La ley no se cumple en Cataluña. El sistema educativo está fuera de la ley de forma masiva con grave daño para los derechos individuales de los ciudadanos y lo está porque – como le ha dicho el Tribunal Constitucional al gobierno – el Estado no ha ejercido sus competencias en materia de uso del español en la escuela y en las administraciones públicas.
Es urgente una ley que asegure a todos los españoles el derecho a usar el castellano y solo el castellano si ese es su deseo en todas sus relaciones con todas las administraciones públicas.
Es urgente una ley que garantice a los españoles educados en castellano que no serán discriminados en el acceso a la función pública.
Es urgente una ley que garantice que ningún español podrá ser multado por usar el castellano en sus comunicaciones con otro particular.
Todas las normas autonómicas que discriminan a los hispanohablantes no son necesariamente inconstitucionales porque el Estado ha renunciado a defender los derechos de los hispanohablantes frente a las locuras del nacionalismo.
Como sucede con la educación y la lengua y con el acceso a la función pública y la lengua puede suceder con el MIR si se traspasa su gestión a las autoridades catalanas. No está asegurada la lealtad del Gobierno vasco, navarro, balear, valenciano y catalán en el ejercicio de sus competencias. El Estado ha de asegurar que esas competencias no se traducen en la discriminación de los españoles no nacionalistas que viven en esos territorios. Y ha de hacerlo mediante la promulgación de normas legales. Y llevamos décadas sin que esa legislación se haya promulgado. El resultado es que el régimen jurídico del español en las regiones bilingües lo imponen los nacionalistas.
Este fenómeno puede generalizarse. El gobierno de Sánchez, dependiente de los nacionalistas y neocomunistas, no moverá un dedo para proteger los derechos de los hispanohablantes y de los no nacionalistas en las regiones donde éstos están en riesgo por la afanosa “nation building” en la que están inmersas estas regiones.
Aquí reside el verdadero riesgo para el futuro de España. Acabaremos teniendo una España “compuesta” de comunidades regionales perfectamente homogéneas hacia dentro y perfectamente heterogéneas entre sí. Ese día, Sr. Sánchez, los madrileños decidirán que no tienen motivos para redistribuir su mayor riqueza. Y, como Bélgica, España será una colección de territorios sujetos entre sí por las libertades de circulación del Derecho Europeo.
1 comentario:
Lejos de ponerse freno, en la Comunidad Valenciana también se están violentando los derechos lingüisticos naturales de los padres al pretender elegir la educación de sus hijos y de estos últimos en nombre de una "lengua propia" que ni siquiera es la valenciana sino catalán puro y duro. En nombre de una ideología que no tiene el apoyo ni del 10 % de la población, pero que actúa con el beneplácito y apoyo del PSOE y de los votos que este último partido sigue recibiendo en nombre de una tradición familiar.
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