En la discusión pública acerca del uso por los diputados - como un 'derecho' - de las lenguas regionales españolas, no he oído mencionar la expresión 'cortesía parlamentaria'. A ella se refiere el art. 16 del Reglamento del Congreso en estos términos
Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias...
Es una norma muy interesante. Porque incorpora - como obligación de los diputados - una regla de conducta que no es estrictamente jurídica, sino social. Obsérvese que, jurídicamente hablando, la referencia al "orden, la cortesía y la disciplina" sobran. Porque se supone que el Reglamento establece exhaustivamente las obligaciones de los diputados (el texto del Reglamento tiene 57 páginas, 207 artículos). El Reglamento añade que los diputados han de comportarse 'civilmente'. Que han de desplegar las conductas que favorezcan el cumplimiento por el Congreso de sus funciones constitucionales. Que han de omitir cualquier comportamiento 'antisocial' o no cooperativo. Que los debates en el Congreso no son negociaciones de contratos a cara de perro entre individuos con intereses contrapuestos. Son reuniones de un órgano corporativo (la 'corporación' es España aunque el Congreso es, en sí mismo, una corporación) dirigidas a adoptar acuerdos que sean conformes con el 'interés social', esto es, en el caso del Congreso, con el interés general de España.
Si la mayoría de los socios de Telefonica adoptan un acuerdo que es contrario al interés social de Telefonica, cualquier socio minoritario puede impugnarlo (art. 204 LSC). Porque el o los socios mayoritarios de Telefonica tienen un 'deber fiduciario' hacia el patrimonio (commonwealth) que es Telefonica. Han de votar en la Junta en la forma en que crean, de buena fe, que es mejor para el interés social. Y si no lo hacen, si votan en interés de un accionista concreto o en interés de un tercero (del jeque de turno, p. ej.,), el acuerdo es nulo.
Dicho en otros términos, el socio mayoritario, cuando vota sobre los asuntos sociales, no ejerce un derecho. Usa de una facultad que el Ordenamiento le otorga (que su voluntad sea decisiva y se imponga a todos los accionistas, incluso a los disidentes) para que lo haga en beneficio de todos porque el legislador ha creído, con buen criterio, que el socio mayoritario de Telefonica, por regla general, votará lo que sea mejor para Telefonica ya que tiene una participación mayoritaria en su capital. Si adopta decisiones perjudiciales para Telefonica se estaría pegando un tiro en su propio pie.
El caso de los diputados es mucho más 'fácil'. Los diputados no tienen un 'derecho' a votar. La Constitución les da esa facultad para avanzar los intereses generales de los españoles, no los intereses personales de cada diputado. Pesa sobre los diputados que conforman la mayoría un deber fiduciario. Parafraseando al art. 226 LSC, los diputados han de votar, de buena fe, en el mejor interés de España. Como nadie sabe, en cada caso, qué decisión es la que va en el mejor interés de España, rara vez se anulan los acuerdos mayoritarios del Congreso (inconstitucionalidad). Como los franceses con su presidente y la force de frappe, 'nous faisons confiance a la majorité'
Volvamos a lo de las lenguas regionales y su uso en el Congreso. Nuestro periodista-que-se-hace-el-tonto, sobre este asunto, escribió lo siguiente:
De verdad, lo he intentado, pero no consigo preocuparme por el hecho de que en el Congreso se hablen otras lenguas españolas. He tratado de pensar que se rompe la convivencia, que es una hábil estrategia para sembrar la discordia, pero es que solo veo al PP y Vox haciendo el ridículo. No sé por qué nadie destaca algo evidente: que unos independentistas se emocionen tanto por hablar en una de sus lenguas en el Parlamento español es un claro síntoma de deseo de integración, de ser más españoles todavía.
Observen que al periodista no le preocupa que se hablen otras lenguas españolas en el Congreso (¿y lenguas no españolas pero que se hablan en España como las de los diputados de origen marroquí?) pero sí lo suficiente como para escribir sobre el asunto y considerar que PP y Vox - pero no los que lo han propuesto y aprobado - han hecho el ridículo.
El periodista-que-se-hace-el-tonto, que luego defiende a Sémper, nos oculta que lo que Sémper quería demostrar era que no hacía falta cambiar el Reglamento para que el diputado que sintiera la necesidad de usar otra de sus lenguas pudiera hacerlo.
El periodista-que-se-hace-el-tonto nos oculta que el cambio en el Reglamento no era más que una exigencia de los nacionalistas para demostrar ante su clientela que 'mandan en Madrid'.
El periodista-que-se-hace-el tonto nos oculta que nadie estaría en contra de que si la señora Aizpurúa no quiere que la entiendan, puede hablar en vascuence cuanto quiera, pero que reformar el Reglamento implica que los que quieran entenderla han de usar el pinganillo y los servicios de traducción que pagamos todos los españoles.
Pero el periodista-que-se-hace-el-tonto nos oculta, sobre todo, que atribuir el derecho a los diputados a utilizar las lenguas regionales que no son oficiales en las instituciones del Estado coloca a los diputados en una situación en la que, si las usan, están infringiendo, necesariamente, el art. 16 del Reglamento.
Me parece evidente que cuando la señora Aizpurúa comienza su discurso en vascuence, la presidenta del congreso debería llamarla al orden y decirle:
Señora Aizpurúa, le recuerdo que el artículo 16 del Reglamento le obliga a respetar las reglas de la cortesía parlamentaria. En este Congreso, apenas media docena de diputados dominan el vascuence. Usted domina el castellano. Le ruego que, ateniéndose a las exigencias de la cortesía parlamentaria, continúe su discurso en castellano.
Aizpurúa le podría contestar que el art. 6.3 del Reglamento, que es regla especial respecto del art. 16 y que debe entenderse que 'concreta' o 'especifica' qué es cortés y qué es 'descortés' reconoce expresamente el derecho de los diputados a
"usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía"
Y la Presidenta le contestaría que Aizpurúa ha interpretado mal el art. 6.3. Que este no pretende 'derogar' el art. 16 y, sobre todo, que el art. 6.3 no reconoce a los diputados un derecho subjetivo (facultad reconocida por el ordenamiento en el propio interés del individuo al que se reconoce la facultad). Les atribuye una facultad para que, haciendo uso de ella, puedan cumplir mejor con sus obligaciones como diputados.
Esto se traduce, continuaría la señora Armengol, en que,
señora Aizpurúa, usted puede hablar en vascuence cuando tenga dificultades anormales para hacerlo en castellano, pero no, simplemente, porque tenga un derecho subjetivo a emplear la lengua que le plazca.
Cuando usted pronuncia un discurso en la tribuna lo hace porque esa es su forma de contribuir a la deliberación que precede a la adopción de acuerdos - aprobación de leyes fundamentalmente -, de manera que ha de actuar usted en la forma en que crea, de buena fe, que es la mejor para que la deliberación conduzca al Congreso a adoptar las mejores decisiones para España y los españoles. Y, naturalmente, al elegir una lengua que buena parte de sus colegas, los otros diputados a los que usted se dirige, no entienden, está usted ejerciendo la facultad que le atribuye el art. 6.3 del Reglamento en contra de la finalidad para la que se le atribuye. O sea, en contra de las exigencias de la buena fe.
Y podría concluir,
"Es más, señora Aizpurúa, no se ofenda, pero es usted una maleducada. Se dirige usted al señor Núñez Feijoo, para criticarle, en una lengua que el señor Feijoo no domina. Eso no puede ser compatible con la cortesía parlamentaria".
Nuestros políticos de extrema izquierda (incluyendo el PSOE) y los nacionalistas han convertido el Congreso en lo contrario de lo que debe ser de acuerdo con la Constitución: no el lugar donde los españoles - a través de representantes - conversamos para encontrar las soluciones mejores a los problemas de todos. Han convertido el Congreso en una 'gallera' donde tienen lugar peleas (competiciones, juegos de suma negativa) con ganadores y perdedores en cada round,, peleas en las que el triunfo o la derrota no se miden en términos de bienestar de los españoles, sino del bienestar del bando que logra imponerse. Como un partido de fútbol. Con una terrible diferencia: en el Congreso no hay ninguna garantía de que 'gane el mejor'.
La ganancia que han obtenido los nacionalistas imponiendo el uso de las lenguas regionales en el Congreso es, materialmente, ínfima. La pérdida en términos de capacidad de pergeñar acuerdos entre los diferentes que mejoren el bienestar de todos, elevadísima y no solo porque sea una estupidez - una malversación - gastar dinero en traductores del catalán al castellano.
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