Marta García-Aller, en El Confidencial, no pilla que la cosa no va de reprochar socialmente la conducta del baboso y aparentemente corrupto Rubiales. La cosa va de que ha intervenido en un asunto ridículo la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional, el Ministro de Cultura y el Gobierno en pleno, el Parlamento Europeo y falta el Vaticano por pronunciarse al respecto. La cosa va de que se acusa a Rubiales de un delito. De un delito de agresión sexual. Por un beso aparentemente inconsentido (yo tengo para mi que Hermoso se va a arrepentir de haberse prestado a participar en el circo que ha montado el PSOE en torno a este asunto) que el muy baboso dio delante de 500 millones de personas. Y en esta misma España donde sólo se habla de los 'no-problemas' que tiene el país, se acusa penalmente a un sinhogar que tocó el culo a una chica - aparentemente - en un supermercado; y se ha condenado a una chica por tocarle el culo a un chico en una discoteca a tres meses de cárcel; y se ha ¡detenido! a un tarado por tocarle el culo en televisión a una periodista en vivo y en directo; y un policía ha presentado una denuncia contra una señora de 60 años que le dio un beso en medio de los disturbios nacionalistas del 1 de octubre de 2017. García Aller se hace el tonto si pretende no darse cuenta de que una Sociedad en la que cualquier conducta reprochable de contenido sexual es delictiva es incompatible con el Estado de Derecho y nos conduce al autoritarismo porque se penan con prisión conductas instintivas no fácilmente controlables para muchos individuos y para cualquiera en determinadas condiciones en las que falta, normalmente, el dolo requerido por cualquier condena penal. Es hacerse el tonto decir que la cosa es tan simple como saber si alguien quiere un beso o no.
El otro periodista que se ha hecho el tonto esta semana es Íñigo Domínguez. Domínguez sugiere que la posible amnistía para los golpistas catalanes podría ser un precio aceptable a cambio del fin de las reivindicaciones absurdas, xenófobas y filofascistas de los nacionalistas catalanes. Nos toma por tontos. Como ha explicado Ruiz-Soroa, la misma idea de que una amnistía sea objeto de la negociación de la investidura es una infamia. Si los partidos políticos creen que debe producirse una amnistía porque eso es bueno para España y para Cataluña, deben incluirlo en su programa electoral para que los ciudadanos puedan votar con conocimiento de causa. La amnistía o los indultos no son - como creyeron los que han vuelto a votar a Sánchez - una medida para acabar con el Procès y normalizar la vida social en Cataluña: la amnistía y los indultos son parte del precio que paga periódicamente el PSOE por los votos de los nacionalistas catalanes en el Congreso.
Estos 'contratos' entre el PSOE y los nacionalistas tienen un contenido obligatorio a cargo de los nacionalistas catalanes y vascos (incluidos los ex-terroristas de Bildu) muy limitado: votar en el Congreso como diga Sánchez. El resto del contenido obligatorio de estos contratos corre a cargo del PSOE y, a menudo, de los españoles vía presupuestos del Estado o deterioro del Estado de Derecho y la democracia liberal. Puigdemont o Junqueras o Urkullu u Otegui no se obligan a nada. No renuncian siquiera a volver a usar la violencia para conseguir sus fines políticos. No se obligan a cesar en cualquier empeño de infringir la legalidad española. No se comprometen a modificar las políticas xenófobas, discriminatorias y filofascistas que ejecutan en la educación y en la administración pública catalana y vasca. Es un contrato leonino, o peor, es un contrato colusorio, un contrato en perjuicio de tercero del que tanto Sánchez y el PSOE como los nacionalistas obtienen un beneficio pero del que España sale perjudicada.
Lo de Cercas merece una entrada particular pero ya se la ha escrito Latorre.
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