Interrupción de la prescripción por denuncia tramitada por la fiscalía de menores que tarda un año en contestar que no procede tramitarla

Foto: Diario de Valladolid

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2016

Un niño le salta un ojo a otro con una escopeta de perdigones mientras estaban “jugando”. El dañante tenía 10 años a la sazón y ambos estaban con el abuelo del dañante. La madre de la víctima reclama ex art. 1902 CC la indemnización para su hijo y una pequeña para ella. Los demandados alegan prescripción. El Supremo, reiterando y extendiendo la doctrina sentada en esta sentencia, rechazan que la pretensión estuviera prescrita y explican que dicha doctrina se aplica también al caso de las acciones ejercitadas ante la jurisdicción de menores

La sentencia recurrida no se opone, al menos de manera frontal, a la doctrina de la sentencia de pleno que se ha citado y transcrito. Sin embargo surge la interrogante si esa asimilación de los procedimientos de menores al procedimiento penal ordinario, a efectos del artículo 114 LECrim , debe regir también cuando el menor tiene menos de 14 años y no es exigible, por tanto, responsabilidad penal y civil conforme a la LO 5/2000. (ii) Ya hemos recogido que la doctrina sobre la interrupción de la prescripción, que ahora nos ocupa, no encuentra excepción por razón del resultado que la denuncia debería tener, esto es, incluso porque la denuncia llegue a archivarse.

Además esta Sala confirma, con carácter general, que el número y la entidad de las actuaciones que integren el proceso penal antecedente resulta irrelevante en orden a su eficacia interruptora -o, en su caso, impeditiva del comienzo- de la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad civil extracontractual.

El problema surge cuando el fracaso de la denuncia se puede dar como conocido, esto es, cuanto se puede conocer ab initio la inviabilidad de la acción penal por causas más o menos objetivas, sin necesidad de funciones valorativas del tribunal.

Muy recientemente afirmaba esta Sala (sentencia número 623/2016, de 20 octubre ), que: «Como claramente se desprende de la STC 194/2009, de 28 de septiembre , la cuestión determinante del posible efecto interruptivo de la prescripción no se encuentra en que la reclamación judicial se lleve a cabo ante otra jurisdicción o ante un órgano objetivamente incompetente, cuanto en si esa falta de jurisdicción e incompetencia era patente y manifiesta.

Por tanto es clave examinar si la acción ejercitada era manifiestamente improcedente, y para ello resulta esencial tener en cuenta las circunstancias concretas que rodearon su ejercicio, pues se podrá inferir de ellas si la parte conocía de antemano la notoria incompetencia del órgano, si actuó de modo negligente y con una conducta contraria a la lealtad procesal, o desconociendo las indicaciones que algún órgano judicial le hubiese dado sobre el competente para conocer de su reclamación.»

(Si se atiende a las circunstancias concretas que rodearon el ejercicio de la acción y a la función informadora que debe desplegar el principio general de buena fe en la interpretación y aplicación del mencionado instituto ( SSTS de 11 de diciembre de 2012 , 21 de junio de 2013 , 2 de diciembre de 2013 y 14 de enero de 2014 ), el motivo del recurso debe desestimarse. La demandante, lega en derecho, acude, en lo que es una máxima de experiencia, a denunciar la grave lesión sufrida por su hijo, y lo hace ante la Guardia Civil que levanta el oportuno atestado, sin recibir indicación sobre la inutilidad de la denuncia. El atestado fue remitido a la Fiscalía de menores que abrió las oportunas diligencias, sin decidir de plano el archivo de las mismas en atención a la edad del menor. La actora, pues, confió en las instituciones, a la espera de que decidiesen sobre el hecho denunciado. No puede predicarse de ella que obrase de modo negligente o con falta de lealtad procesal. Si ha visto retrasado el ejercicio de la acción no se ha debido ni a su dejadez ni a su ausencia de voluntad en la conservación de la misma sino a la tardía respuesta que recibió sobre su denuncia.

El “repaso” a la Fiscalía podia haber sido más duro. Esta no contestó diligentemente a la madre que, dada la edad del niñó cuando se produjo el accidente, no procedía tramitar la denuncia ante la jurisdicción de menores. O sea que la Fiscalía de menores de Toledo tardó casi un año en decirle a la madre que archivaba su denuncia y que ejercitara acciones civiles porque el niño tenía 10 años. Según se narra en la sentencia del Supremo:

El siniestro tuvo lugar el 24 de julio 2008, las lesiones se estabilizaron a los 37 días y la demanda no se interpuso hasta el 10 de junio de 2010. No obstante, partiendo de que la prescripción ha de aplicarse con criterio restrictivo y que al formular la actora denuncia puso de manifiesto su interés por reclamar por los hechos ocurridos, se desestima la prescripción excepcionada, pues la Fiscalía de Menores de Toledo siguió diligencias preliminares número 2060/2008 en las que recayó decreto, con fecha 14 septiembre 2009, en el que se acordaba el archivo por ser menor de 14 años el autor del disparo a la par que se le informaba a la denunciante que puede ejercer acciones civiles contra el representante legal del menor. Por tanto hasta que recayó tal resolución la actora no tuvo conocimiento de que la reclamación debía hacerla por vía civil.

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Deber de declaración del riesgo: es un deber de contestar verazmente a preguntas

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2016

Se trata de aplicar el art. 10 LCS en un caso en que el asegurado firmó una declaración en la que decía no padecer enfermedades graves. Quedó inválido permanente como consecuencia de patologías vasculares y respiratorias que sufría cuando se celebró el contrato de seguro. Era un seguro de esos que se firman junto con la concesión de un préstamo y en los que aparece como beneficiario – en el caso de muerte – el propio banco que ha dado el préstamo. El asegurado quedó inválido. El Supremo rechaza su reclamación porque ocultó dolosamente sus enfermedades

Según el Supremo, el art. 10 LCS ha configurado,

“más que un deber de declaración, un deber de contestación o respuesta del tomador a lo que se le pregunte por el asegurador, ya que este, por su mayor conocimiento de la relevancia de los hechos a los efectos de la adecuada valoración del riesgo, debe preguntar al contratante aquellos datos que estime oportunos. Esta configuración se aclaró y reforzó, si cabe, con la modificación del párrafo primero de este art. 10, al añadirse un último inciso según el cual "[q]uedará exonerado de tal deber (el tomador del seguro) si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él" ( STS de 2 de diciembre de 2014 ).

En consecuencia, para la jurisprudencia la obligación del tomador del seguro de declarar a la aseguradora, antes de la conclusión del contrato y de acuerdo con el cuestionario que esta le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, se cumple "contestando el cuestionario que le presenta el asegurador, el cual asume el riesgo en caso de no presentarlo o hacerlo de manera incompleta ( SSTS 25 de octubre de 1995 ; 21 de febrero de 2003 ; 27 de febrero de 2005 ; 29 de marzo de 2006 ; 17 de julio de 2007, rec. 3121/2000 )". ( STS de 4 de diciembre de 2014 )». »Configurado así este deber, según la STS de 4 de diciembre de 2014 las consecuencias de su incumplimiento son las establecidas en el artículo 10 II LCS y consisten en:

a) La facultad del asegurador de "rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitudes del tomador del seguro".

b) La reducción de la prestación del asegurador "proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo". Esta reducción se produce únicamente si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración de rescisión.

c) La liberación del asegurador del pago de la prestación. Este efecto solo se produce, según el artículo 10 II, último inciso, LCS , "[s]i medió dolo o culpa grave del tomador del seguro"».

La cuestión es si estas “preguntas” del asegurador han de ser concretas, esto es, preguntar por enfermedades concretas o pueden ser genéricas sobre el estado de salud del asegurado. El Supremo había dicho hace poco que, para afirmar dolo por reticencia por parte del asegurado hace falta que conteste falsamente a preguntas concretas, siendo insuficiente que el asegurador pregunte genéricamente por el estado de salud para que el asegurado venga obligado a revelar las enfermedades que conocidamente padece. Sin embargo, en el caso, desestima la reclamación del asegurado porque

es un hecho probado que en las condiciones particulares se incluyó una declaración de salud (cuyo contenido, como ya se ha puntualizado, no puede sostenerse ahora que no fuera conocido por el asegurado por más que se tratara de una cláusula impresa o que se firmara ante el personal de la entidad financiera que actuaba por cuenta de la aseguradora) según la cual, a diferencia del caso examinado por la sentencia 157/2016 , no se le preguntó tan solo de forma genérica si se encontraba en buen estado de salud o si había padecido o padecía en ese momento cualquier enfermedad o lesión, sino que se le preguntó específicamente acerca de patologías concretas (cardiacas, circulatorias, oncológicas, infecciosas del aparato digestivo o endocrinas -diabetes-) que además hubieran precisado tratamiento médico, constando igualmente acreditado que el asegurado sabía, al menos desde el año 1997, que sufría una patología cardiaca y respiratoria grave, para la que se le prescribió como tratamiento oxígeno domiciliario y que terminó siendo la causa de su invalidez.

En consecuencia, con independencia de la forma elegida por el asegurador para dar cumplimiento a su obligación de someter al tomador/asegurado a un cuestionario, lo relevante es que las cuestiones integrantes de la «Declaración de salud» fueron suficientemente claras para que el tomador pudiera razonablemente advertir, ser consciente y, por tanto, no ocultar la existencia de antecedentes médico- sanitarios relacionados con su estado de salud que debía percibir como objetivamente influyentes para poder identificar y valorar correctamente el riesgo asegurado con las coberturas de vida e invalidez contratadas, máxime cuando a continuación de la declaración sobre su salud, pero también como declaraciones del asegurado, se incluyeron las relativas al no ejercicio de determinadas profesiones y actividades de riesgo y, en último lugar, la relativa al no consumo de tabaco y/o bebidas alcohólicas, con una precisión para esta última («salvo uno o dos vasos de vino o cervezas al día») que apoya más la tesis del tribunal sentenciador -participación consciente del hoy recurrente en su declaración- que la del recurso.

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La mutualidad está muy bien para no morirnos de hambre, pero no nos permite salir de pobres

En sociedades con economías de subsistencia, el endeudamiento de las familias-hogares sólo tiene lugar para superar épocas de escasez o sea, en términos de las finanzas, es “crédito al consumo” para “suavizar” la curva de los niveles de consumo. Como he explicado en otros lugares, el grupo actúa como asegurador de los riesgos a los que está expuesto cada hogar o familia y le proporciona los bienes indispensables en épocas de vacas flacas. El contrato a través del cual se articula este tipo de asistencia recíproca no es propiamente el de préstamo en el sentido de que no hay obligaciones jurídicas de devolver el tantumdem de lo prestado con intereses en su caso, sino de asistir a las otras familias cuando sean ellas las que se encuentren en esa situación. Por eso he insistido también en que en economías de subsistencia y en el seno de los grupos no hay intercambios sino más bien puesta en común, producción en común y aseguramiento de riesgos con reparto más o menos igualitario de lao producido en común.

En una sociedad de ese tipo lo que no aparecen hasta tardíamente son intercambios sinalagmáticos de bienes y, tampoco, de dinero. Esos intercambios tienen lugar entre grupos, es decir, con terceros o extraños al grupo. Y cuando los grupos se hacen suficientemente grandes y crece la especialización, con particulares dedicados al préstamo.

Un registro es público hasta que lo gobierna la DGRN

La norma legal exige – increíblemente – que para poder acceder a la información recogida en el registro de la propiedad se aduzca un interés “conocido” (art. 221 LH). Pues bien, la DGRN transforma “conocido” en interés legítimo y añade que el registrador debe asegurar el cumplimiento de los “principios que inspiran” la legislación sobre protección de datos, es decir, que el registrador se erija en juez acerca de si unos datos registrados en un registro público pueden o no hacerse públicos en un caso concreto.

Si el legislador considera que el registro de la propiedad es público, no procede ponderación alguna por parte del funcionario que está al frente del registro. La ponderación ya la ha hecho el legislador al decir que el Registro de la Propiedad es público. Y si se considera que la ponderación del legislador entre el interés del público en conocer la titularidad de los inmuebles y las cargas que pesan sobre ellos y el interés de los particulares-propietarios en que no se sepa que son propietarios de inmuebles o que esos inmuebles están gravados con una hipoteca, debe procederse a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma legal que califica de público el Registro de la Propiedad. No dejar la decisión en manos de unos funcionarios públicos.

El legislador, en el art. 222.6 de la Ley Hipotecaria recoge la ponderación al establecer que, los registradores,

“al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal”

Entendido inocentemente, el precepto es una regla que ordena el trabajo del registrador cuando realiza una inscripción, “al calificar” dice el precepto. No una regla sobre el contenido de las notas simples.

Dudo mucho – aunque no soy experto – que la legislación de protección de datos tenga algo que decir al respecto. En primer lugar, los datos se aportan por el particular al Registro de la Propiedad voluntariamente. En segundo lugar, dado el sentido del registro, el que inscribe su propiedad o una hipoteca sobre su propiedad en el registro lo hace en la conciencia de que esos datos se incorporan a un fichero al que tiene acceso el público porque tal es el sentido de la existencia de un registro público. En fin, si el legislador hubiera querido que las inscripciones beneficiaran exclusivamente a los titulares, habría exigido el consentimiento de éstos para que pudiera darse información a terceros sobre el contenido del registro.

Observen la arrogancia de la DGRN al respecto

Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Contencioso-Administrativo- de 7 de junio de 2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista…

La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes».

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Decimos arrogancia porque la Sentencia del Tribunal Supremo que se cita, la de 7 de junio de 2001 dice justo lo contrario. Recuerda que el art. 332.6 RH es ilegal y añade:

Ni es cometido de los Registradores de la Propiedad exigir el cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos de carácter personal ni pueden negarse a atender solicitudes de publicidad en masa o indiscriminada, salvo que, en aplicación de las demás normas sobre publicidad e información, deban negarse a atenderlas, pero el mero hecho o la circunstancia de ser masivas o indiscriminadas no justifica su rechazo, de manera que la primera parte del precepto es contraria a lo establecido categóricamente por el artículo 222.6 de la Ley Hipotecaria, que limita el cometido de los Registradores, en relación con la normas aplicables sobre protección de datos de carácter personal, a informar y velar por su cumplimiento, muy distinto, como se dijo en el trámite parlamentario, a exigir su cumplimiento, lo que compete a otros órganos, y el segundo inciso del mismo precepto es contrario a lo establecido en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria en cuanto regulan la publicidad de los Registros y la información registral así como a los preceptos del propio Reglamento que desarrollan esa publicidad formal y la información registral, razón por la que, conforme a lo dispuesto por el artículo 62.2 de la Ley 3/1992, de 28 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debemos declarar la nulidad de pleno derecho del artículo 332.6, párrafo primero, del Reglamento Hipotecario, redactado por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de Septiembre, sin que sea cometido de esta Jurisdicción determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos anulados, según nos ordena el artículo 71.2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 5 Contencioso-Administrativa, aplicable al dictado de esta sentencia por imperativo de la Disposición Transitoria Segunda 2 de esta misma Ley. El recurso, por tanto, en este punto carece de contenido.

No es la primera vez que “pillamos” a la DGRN citando sentencias del Supremo que no dicen lo que se dice en las resoluciones. Esto es intolerable y no puede pasar.

Pero todo lo anterior es irrelevante para resolver el recurso. Estamos ante una ocasión más en la que nuestra DGRN mata moscas “prácticas” a “cañonazos dogmáticos” elevándose, cada vez que puede, sobre el problema concreto que tiene encima de la mesa.

Veamos ahora el caso:

El día 29 de agosto de 2016 doña E. R. D. envió solicitud telemática de nota simple informativa al Registro de la Propiedad de Bilbao número 2, señalándose dicha solicitud con el número identificador U75NZ12Z. En la misma, se indicaba que se solicitaba información sobre un inmueble de Bilbao, local que tiene 179,58 metros cuadrados, y su localizador parcelario es 020613100050001 UPB1L. Dicha información se solicitaba con el fin de conocer la propiedad del precitado inmueble, cuyo dato resulta esencial y necesario para formular a la misma en los términos debidos una «oferta de compra».

El Registrador no proporciona la nota simple porque dice que (art. 222 bis LH),

“La solicitud objeto de calificación no contiene dato alguno que permita conocer de manera directa ni indirecta a qué inmueble se estaba refiriendo ya que, por un lado no constan los datos del titular registral del inmueble objeto de la solicitud; y resulta que los datos aportados respecto del mismo, superficie y referencia catastral, no coinciden con la descripción de ninguna de las posibles fincas registrales. Efectivamente tanto la superficie del local respecto del que se solicita la información como su referencia catastral no corresponden con la de ninguno de los locales ubicados en el inmueble en cuestión. Así resulta al aportar el registrador a este expediente copia del historial registral de los mismos. Por tanto, debe concluirse que la actuación del registrador ha sido correcta ya que no queda identificado de manera alguna el inmueble objeto de la solicitud, por lo que haber calificado en otro sentido la misma habría conculcado tanto la normativa hipotecaria, como relativa a la protección de datos de carácter personal, trasgrediendo el deber de tratamiento profesional de la información recogido en el artículo 222 de la Ley Hipotecaria”.

Este asunto no tiene nada que ver con protección de datos de nadie. Tiene que ver con que el solicitante no identificó la finca respecto de la que quería información. Es la RDGRN 25 de noviembre de 2016

Agresión gratuita a los extraños

¿Por qué hay comportamientos aparentemente altruistas – cooperadores – con los miembros del propio grupo? Porque esperamos beneficiarnos de las ganancias de esa cooperación. Esta expectativa no está presente cuando cooperamos con quien no pertenece a nuestro grupo. Y explica por qué los intercambios (con extraños) y la producción en grupo tienen estructuras distintas. La producción en grupo requiere niveles mayores de integración entre los miembros que han de poder confiar en que la producción se repartirá equitativamente, reglas morales más estrictas.

Esta es la conclusión que se deriva de los llamados estudios sobre “grupos mínimos” es decir, grupos formados por razones nimias (“rojos” y “azules”). O sea, lo que une a los grupos es es la “expectativa de reciprocidad indirecta”. La contribución individual de cada miembro de un grupo a la “producción” del grupo no es altruista. Se basa en la expectativa de que el excedente común producido con la cooperación de los miembros se repartirá entre los miembros de modo que estarán individualmente mejor.

¿Y la agresión contra otros grupos? La agresión dirigida a apoderarse de los bienes de los otros grupos no necesita mayor explicación. Un cálculo coste-beneficio (coste de la agresión vs valor de los bienes de los que se apropia el agresor) es suficiente. Por tanto, lo que falta por explicar es la agresión a otros grupos de carácter no instrumental (no se trata de apoderarse de los bienes ajenos) y que no cumpla una función de retorsión (ataque dirigido a evitar futuros ataques por parte del otro grupo). A esta agresión contra otro grupo la denomina el autor NNC aggression, o sea “non instrumental” y “non retaliatory”. Parece que hay muy poca evidencia de que tal NNC aggression exista de forma significativa en el comportamiento de los individuos. Igualmente, no hay indicios significativos de que los “que cooperan más en el seno de los grupos sean también más agresivos en las relaciones con otros grupos”.

Es un argumento más a favor de los que explican el comportamiento (tan) cooperativo de los humanos desde bases racionales: cooperar con los de tu grupo, en la medida en que te permitirá participar en las ganancias de esa cooperación, es racional porque es la única forma de obtener esos beneficios, esto es, indirectamente mediante la actuación coordinada y no aisladamente.

Toshio Yamagishi/Nobuhiro Mifune Parochial Altruism: Does It Explain Modern Human Group Psychology?

Más sobre reglas heurísticas y cooperación

@thefromthetree

Cuando percibimos una amenaza repentina a nuestra integridad física, la reacción de nuestro cuerpo es alejarnos de la fuente de peligro. Es una respuesta de nuestro cuerpo, no una decisión. Y una respuesta seleccionada por la evolución ya que aportaba una ventaja a los que así se reaccionaban frente a los que no lo hacían. La reacción física sustituye a la decisión. Sólo algunas circunstancias provocan una reacción física semejante. Muchas otras son producto del aprendizaje, de experiencias pasadas. Nos fue bien reaccionando así, de forma que repetimos la respuesta sin elaborarla, sin ponderar los pros y los contras de actuar de esa manera en estas circunstancias concretas, simplemente porque decidir es costoso y minimizar los costes es siempre bueno. En fin, cuando las circunstancias son diferentes de las dos anteriores, tomar una decisión pensada, elaborada, en definitiva, deliberar internamente antes de tomar la decisión permite maximizar nuestro bienestar.

Cuando se trata de cooperar – es decir, de llevar a cabo conductas que nos suponen un coste en tiempo, en esfuerzo o en dinero en beneficio de otros – el proceso de decisión debería ser semejante. No es probable que haya muchas circunstancias en las que actos de cooperación se hayan convertido en puras reacciones físicas (como cuando se constriñen nuestros vasos sanguíneos al tener que golpear, herir o matar a otra persona), pero es muy probable que determinados actos cooperativos los realicemos intuitivamente porque, de nuestras pasadas experiencias, deducimos que, en circunstancias como las que enfrentamos (alguien se ha caído delante nuestra en la calle), lo que nos conviene es cooperar (ayudar al que se ha caído a levantarse y recoger sus pertenencias).

Canción del viernes y nuevas entradas en Almacén de Derecho: Dance of the Diaper Fairy

Guía práctica de la prescripción

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Por Santiago Cavanillas Múgica 12 preguntas (y 1 advertencia final) para averiguar si estás a tiempo y de cuánto tiempo dispones para ejercitar una acción Presentación: m, s y… t El análisis de la prosperabilidad de una demanda debe ser, al menos,...leer más

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A propósito de un artículo de Bala Iyer en la HBR Bala Iyer ha publicado un excelente análisis del caso Google en la Revista Harvard Business Review. Lo resumimos a continuación y añadiremos alguna observación que, quizá, sea de interés. Básicamente, no creemos que la...leer más

Venimos equipados genéticamente para ser egoístas pero la evolución cultural nos volvió intuitivamente cooperativos

It's a good baseline to be cooperative; human cooperation can be very uncalculating

Foto: David Rand, en Edge.org

 

El “modo cooperativo” es intuitivo si el entorno permite predecir ganancias de la cooperación

Si los seres humanos han vivido durante cientos de miles, quizá millones de años, en grupos y, por tanto, en entornos en los que ser cooperativo era una estrategia más eficaz que ser egoísta, ¿qué tiene de extraño que hayamos desarrollado la respuesta cooperativa como la intuitiva o por defecto en una situación de interacción con cualquier otro individuo? Y, sobre todo, ¿qué tiene de raro que esa intuición sea más poderosa cuando interactuamos organizadamente con otros individuos, es decir, en el seno de los grupos? Pero si nos enfrentamos, también muy frecuentemente a situaciones en las que ser egoísta – no cooperar – te salva la vida porque el entorno está formado no sólo por individuos próximos genéticamente sino por fenómenos naturales y por otras especies, los individuos humanos no deberían venir equipados genéticamente para comportarse en cualquier situación de forma cooperativa, sino equipados para comprender – para interpretar las señales que envía – el entorno y ajustar su conducta a ese entorno, comportándose de forma cooperativa o de forma egoísta de acuerdo con la que resulte preferible desde el punto de vista de los resultados esperados. Al fin y al cabo, si la mente humana es flexible eso quiere decir que se adapta a su entorno y a los cambios en el entorno que percibe lo que implica que puede percibir los cambios en el entorno y reaccionar a dichos cambios alterando su respuesta/conducta. Para lo cual, es imprescindible disponer de sentidos y de control del movimiento.

En el caso de las organizaciones – compañías, fundaciones, departamentos ministeriales –

The Value of Trust | Professor Dan Ariely | TEDxEast

J.P. Morgan o la reputación

The balance of the evidence is that Morgan and his partners did create value—for shareholders at least—through their oversight of managers and their ease of access to investors.

En tres entradas anteriores resumimos trabajos sobre el desarrollo del capitalismo financiero en Gran Bretaña, en Alemania y en Japón, es decir, cómo lograban los que tenían un proyecto de inversión, el capital necesario para desarrollarlo cuando tenían que recurrir al público para acumular cantidades importantes. En los tres casos, la reputación de los que intermediaban entre los inversores y los gestores de las empresas fue el “activo” clave que permitió que los grandes proyectos y sectores industriales que se desarrollaron en todo el mundo entre finales del siglo XIX y la 2ª Guerra Mundial consiguieran financiación apelando al público inversor.

Otra curiosa coincidencia es la centralización de las decisiones. Unos pocos personajes controlaban la conducta (los costes de agencia diríamos hoy) de los gestores de las empresas que habían contribuido a financiar. Los accionistas dispersos confiaban en J.P. Morgan, no en los gestores y en su reputación como para asegurarse de que los gestores de las empresas no las desvalijarían, amén de seleccionar a los directívos más capaces.

Rectores magníficos e impecables

El honor de los rectores

Los rectores de las universidades madrileñas han emitido un comunicado sobre su colega y notorio plagiador Fernando Suárez Bilbao. Nuestros rectores manifiestan su

“profunda preocupación por los presuntos plagios académicos del rector de la Universidad Rey Juan Carlos”

Y, a continuación, como si el plagio fuera violencia, dicen

… queremos señalar nuestro rechazo ante cualquier forma de plagio.

Luego añaden algo obvio (he añadido unas cuantas negaciones al texto para que se pueda comprobar lo ridículo del comunicado)

El trabajo académico (no) se basa en un escrupuloso respeto y reconocimiento de la autoría intelectual, principio que (no) debe ser en todo momento inquebrantable y (no) de aplicación a cualquier miembro de la comunidad académica. 

‪La ciencia y el conocimiento avanzan gracias a la socialización y puesta en común de las ideas y trabajos, para que puedan ser utilizados por otros, pero su uso (no) debe ser adecuadamente citado y reconocido.

Procesos de decisión, intuición razonada y behavioural economics

                                                                                             

We tend to observe patterns in nature, where indeed there are patterns… It is evidence coupled with intuition and judgement that gives us knowledge… If human intuition were completely out of line with nature and read patterns wrongly, presumably it would have been weeded out by the process of natural selection… s. What Randomized Controlled Trials do usefully and well is to describe… What human beings know comes from many sources, and to deem only one method valid and all others invalid is to slow the process of knowledge acquisition.

K. Basu

En un artículo publicado en 2010, Berg y Gigerenzer despliegan un crítica contra la llamada Psicología económica. Su punto de partida es que los modelos que utiliza la Psicología Económica no describen los procesos psicológicos que tienen lugar en los cerebros humanos cuando adoptan decisiones económicas. Por tanto, al igual que Friedman, son modelos que parten de la base de que los individuos actúan “como si” resolvieran problemas de optimización complejos (maximizar la utilidad que extraen de los bienes que pueden comprar con su presupuesto).

Más en concreto, lo que esta corriente económica asume es que “todos los inputs que se introducen en la función de utilidad son conmensurables” y, por tanto, intercambiables. Es decir que hay una cantidad de zapatos que proporciona igual utilidad que una cantidad de mandarinas o, peor aún

“que existe una cantidad de helado tal que puede compensar por la pérdida de cualquier tiempo de la compañía de una abuela”.

Y es obvio que los individuos reales no realizan esas comparaciones con gran parte de lo que los individuos consideran “bienes” que aumentan su bienestar.

Canción del viernes en lunes y nuevas entradas en Almacén de Derecho. Max Richter Dream 8

Lección. Tener o no tener legitimación. De eso se trata

Dic 12, 2016 | Derecho Procesal, Lecciones

Por Juan Damián Moreno. Aunque en sí mismo, el proceso es un instrumento que proporciona certeza a las relaciones controvertidas, el juez no puede adivinar, al inicio del proceso, si quien demanda es quién afirma ser titular del derecho que se pretende hacer valer. En...leer más

Caso: terminación ad nutum de un contrato de comisión sin duración expresa

 

A asumió en un contrato de intermediación en exclusiva el encargo de realizar todo lo posible para que la empresa B consiguiese adjudicaciones de obra en un país X en el que B carecía de clientes. El contrato duraría hasta la disolución de la empresa B´ (filial de B) que se constituiría en el país X con tal finalidad. El pacto de exclusiva y la duración indefinida se hizo con la finalidad de evitar, justamente, lo que ha pasado, es decir, que B-B´ una vez introducidos por A en el mercado X, pretendan evitar el pago de la comisión de A y, en su lugar, prefieran pagar a otros intermediarios. 

B-B´ han denunciado el contrato de intermediación con A “ad nutum”. Ante ello, A no reclama indemnización de ningún tipo, sino el cumplimiento del contrato y se ampara en que dicha denuncia unilateral constituye un fraude de los derechos de A y se ha producido de mala fe, de forma abusiva y fraudulenta, ya que B-B´ lo único que persiguen es evitar tener que pagar a A la comisión por varias obras en trámite de adjudicarse (la comisión de A se devengará cuando se produzca el pago de las obras adjudicadas. Por tanto, B-B´, han denunciado el contrato mucho antes de que surja el derecho de A a cobrar algo por estas 11 obras).  

Rescisoria y modificaciones estructurales

Vista aérea de La Coruña

No se puede separar la aportación a la sociedad beneficiaria de una escisión parcial y la escisión misma a efectos de ejercer una acción rescisoria concursal

Es claro, en atención a la propia terminología empleada por el legislador, que la acción de reintegración propiamente concursal introducida en el art. 71.1 LC , la rescisión concursal, tiene naturaleza rescisoria. Se trata de una acción de ineficacia funcional, en cuanto que presupone que el acto impugnado es válido, pero puede impugnarse en atención a los efectos perjudiciales para terceros, en este caso los acreedores en el posterior concurso de acreedores del disponente. 

En atención a la previsión contenida en el art. 71.1 LC , que permite la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor (concursado) dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración (de concurso), es importante identificar el acto de disposición que es objeto de impugnación a través de esta acción rescisoria concursal. De tal forma que, como advertimos en la sentencia 629/2012, de 26 de octubre , cabe impugnar un contrato sinalagmático, cuya estimación traerá consigo la restitución recíproca de las prestaciones realizadas, o puede también impugnarse sólo el pago o cumplimiento de una de las obligaciones generadas por ese contrato. En este segundo caso, mientras no se impugne el contrato, debemos partir de su validez y eficacia, y del carácter debido de la obligación satisfecha con el pago impugnado, por lo que las razones de la rescisión concursal del pago deberán ser las propias de este acto de disposición, tal y como expusimos con detalle en la reseñada sentencia 629/2012, de 26 de octubre .