Claudio Coello, Adoración de la Sagrada Forma
La campaña mediática para salvar al soldado Sánchez de una derrota electoral que acabaría con una mayoría absoluta a PP, Ciudadanos y, probablemente, Vox se centra en la idea de presentar a esos partidos como fomentadores de la crispación y al PSOE (ayudado por Podemos) como promotores de un “diálogo” entre el Gobierno español y el Gobierno catalán. Sin embargo, si se observa lo que ha ocurrido en los últimos días, nada más lejos de la realidad. El Gobierno de España no está negociando nada con el Govern de Cataluña. Está, simplemente, engañándolo y engañando a los españoles al respecto. El único objetivo real es el mismo que persigue el Gobierno a través de los innumerables gestos que ha realizado desde que Sánchez llegó al poder: continuar en el Gobierno, si es posible, con unos presupuestos del Estado que no sean los de Rajoy para lo que necesita los votos de los separatistas.
Que es un objetivo legítimo, no hay duda. Que no cualquier medio es legítimo para alcanzar ese objetivo, también. Que Sánchez está empleando medios ilegítimos para lograr el objetivo, también. En el último mes ha pasado de los gestos puramente simbólicos a los gestos con un coste económico enorme y está tomando decisiones de gasto que superan los 10 mil millones de euros a base de decretos y decretos-ley. Si en 2019 el mundo entra en recesión, lo que no es descartable, la situación de España puede ser enormemente grave, hasta el punto de que el Gobierno se vea obligado a reducir las pensiones y los salarios públicos que tan alegremente ha incrementado.
Pero eso quedará para enero. Lo de esta semana es el diálogo con el gobierno catalán. Mi tesis es que Sánchez está engañando simultáneamente al Govern y a los españoles. Al primero le está dando baratijas declamatorias y a los segundos, promesas de resolver el problema de Cataluña sin daño para nadie (Ya he explicado en otro lugar que los problemas políticos no han de ser resueltos necesariamente y el catalán, tal como lo plantean los separatismos es un problema que no ha de resolverse). De los primeros quiere sus votos en el Congreso para sacar los presupuestos y del pueblo español pretende que le sigan en este juego de abalorios en el que los españoles no perdemos nada. Solo ganamos unos presupuestos. Ya veremos que no es así, como ha notado la diputada de Coalición Canaria.
Esta conclusión se extrae de una lectura cuidadosa del Comunicado conjunto. Su contenido está ultra vires de las competencias del Gobierno de España y del Govern de Cataluña. De modo que, efectivamente, es un indicio serio de que Sánchez le está tomando el pelo a Torra. Porque los Gobiernos no tienen nada que negociar en relación con la Constitución. Esta negociación se debe llevar a cabo por los partidos en las Cortes y, en relación con el Estatuto de Autonomía, en el Parlament.
Por tanto, el mensaje de que se trata de encontrar una solución al conflicto “sobre el futuro de Cataluña” no explica por qué y de qué están negociando el Gobierno y el Govern. El objetivo de ese diálogo es “vehicular” (no encontraron una palabra más fea) “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.
(i) No se entiende qué propuesta podría ofrecer un gobierno de España con 84 diputados en nombre del Estado. Es obvio que Sánchez y su gobierno carecen de un mandato de las Cortes para realizar tal oferta y es obvio que un gobierno que se apoya en 84 diputados carece del poder de representación necesario incluso para ocuparse de la gestión de un negocio ajeno sin mandato.
(ii) No se entiende por qué el Gobierno de España se refiere a un “amplio apoyo en la sociedad catalana” y no hace referencia a que la propuesta tenga también un “amplio apoyo en la sociedad española en su conjunto”. De nuevo, parece que Sánchez está negociando “sin poder” y “sin mandato”. Los españoles, ni por amplia ni por estrecha mayoría hemos dado al gobierno de Sánchez un mandato para que haga una propuesta semejante. Repito, esas propuestas han de negociarse entre los partidos políticos en el seno del Parlament y de las Cortes.
Así pues, Sánchez está negociando en nombre de los españoles sin haber preguntado a éstos al respecto. Ni a los españoles ni a los representantes de los españoles en las Cortes.
El siguiente párrafo se entiende todavía menos pero nos da una pista acerca del verdadero objetivo del “diálogo” en lo que al gobierno español se refiere. Se reitera que el objetivo del diálogo es “garantizar una solución” (será “encontrar una solución”, las soluciones como objetivos de una acción humana no se garantizan, se encuentran) y se añade que van a seguir hablando para “atender a las necesidades de la sociedad” (lo que sólo se me ocurre que significa que el Gobierno va a seguir haciendo concesiones) “y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”.
Esta frase es la más peligrosa. Son la Constitución y el Estatuto de Autonomía los textos normativos que, en su caso, deberán recoger las “respuestas” a las pretensiones que puedan tener los ciudadanos españoles que viven en Cataluña y, al respecto, el Gobierno – repito – carece de competencias. La referencia a que la “respuesta” del Gobierno ha de ser “democrática” no se entiende salvo que uno la lea en clave batasuna o en el contexto del intento de golpe de Estado del año pasado: Puigdemont y sus secuaces se hartaron de utilizar la expresión “respuesta democrática” para referirse a que quieren que el Estado permita la celebración de un referéndum de independencia. Por ejemplo, aquí. Si, a continuación, el Gobierno de España hubiera añadido que no hay más propuestas viables que las que quepan en la Constitución, diríamos que el Comunicado sería contradictorio en sus propios términos puesto que estaría prometiendo un referéndum pero sólo en la medida en que fuera constitucionalmente posible y es obvio y ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional que no cabe un referéndum de independencia en nuestra Constitución. De manera que para que el texto no fuera contradictorio en sus propios términos, los del Govern tacharon la referencia a la Constitución y la sustituyeron por una referencia realmente misteriosa a la “seguridad jurídica”. Algunas profesoras de Derecho han pretendido que donde pone “seguridad jurídica” hay que leer “en el marco de la Constitución y el Estatut”. Pero eso no pueden creerlo seriamente. La seguridad jurídica está en el art. 9.3 y el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en el art. 9.1 de la Constitución. Es más: no cabe en el campo semántico de “seguridad jurídica” el sometimiento a la Constitución y las leyes.
¿Qué cabe, por el contrario, en el campo semántico de “seguridad jurídica”? Cabe perfectamente un referéndum pactado. El carácter pactado del referéndum de independencia daría seguridad jurídica al proceso de independencia porque España se vería obligada a aceptar el resultado. Los de Podemos, que son los principales valedores del referéndum pactado, insisten en ello frecuentemente. Esa es, además, la interpretación de Artadi.
Si tuviéramos que dar algún valor jurídico al comunicado, diríamos que el Govern ha ganado al Gobierno por 3 a 0.
No se mencionan límites al diálogo. No se menciona a la sociedad española como partícipe en ese diálogo y no se menciona a los catalanoespañoles como sujetos cuyas preferencias deban ser tenidas en consideración. Y, por el contrario, se recoge el vocabulario preferido por los separatistas (conflicto, diálogo, respuesta democrática, “amplio apoyo de la sociedad catalana”) y se hace una velada referencia a un referéndum de independencia. Además, los separatistas cuentan con la mejor disposición del Gobierno para dar más y más dinero al Govern, disposición de la que ya han dado una prueba aprobando improvisadamente un plan de carreteras para Cataluña a costa de recortar otros planes en otras regiones de España.
¿Qué precio han pagado los separatistas a cambio del gesto del Gobierno?
No han rebajado el tono ni han mostrado la más mínima voluntad de rectificación. Las declaraciones de Artadi serían consideradas insultantes si las hubiera hecho cualquier autoridad extranjera. Pero sí, han pagado un precio: votar los presupuestos de Sánchez en las Cortes.
Quod erat demostrandum. La oposición tiene razón cuando dice que Sánchez carece de escrúpulos y que está dispuesto a firmar lo que sea con tal de permanecer un día más en el poder. ¿Es Sánchez un traidor? Sí, en el sentido del diccionario, no en el sentido del delito de “alta traición”. Sánchez se ha comportado deslealmente con los españoles porque los españoles no le hemos mandatado – ni siquiera – para dar alas a los separatistas de que un referéndum de independencia es posible y tampoco para que compre los votos de los diputados separatistas en las Cortes con concesiones simbólicas y económicas. Ese cambalache con los nacionalistas tiene que terminar. ¿Tiene importancia material su traición? No en el sentido de que no ha tomado ninguna decisión que afecte negativa e irreversiblemente a los españoles aunque lo de Companys resulta especialmente repugnante. Pero es un signo más de que preside un gobierno que se sustenta en el bulo sistemático y, conforme más gente descubra que es un trilero – y los separatistas lo descubrirán inmediatamente cuando no pueda entregar la mercancía prometida – más probable es que el PSOE resulte abultadamente derrotado en las elecciones.
Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo del diálogo es un cuento chino.
