Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12508/2026, ECLI:ES:APM:2026:12508 (resumen con IA)
La sentencia resuelve el litigio entre AUTOMNIBUS INTERURBANOS, S.A. (AISA), socio titular del 11,5 % del capital de Estación Sur de Autobuses de Madrid, S.A. (ESAMSA), y esta última sociedad. El objeto del proceso es la impugnación, por abuso de mayoría, del acuerdo adoptado en la junta de 28 de enero de 2019 por el que se aplicó el resultado del ejercicio 2017 destinando aproximadamente un tercio del beneficio a dividendos y dos tercios a reservas voluntarias.
Los hechos relevantes son los siguientes. ESAMSA explota la concesión administrativa de la Estación Sur de Autobuses de Madrid hasta 2034. Su capital está repartido entre AISA y varias sociedades integradas en el Grupo Avanza. Además, ESAMSA es socio único de dos filiales, ECESA y RESA. En el ejercicio 2017 obtuvo un beneficio neto de 329.499 euros. La junta acordó distribuir 109.822 euros como dividendo y destinar 219.677 euros a reservas voluntarias. AISA impugnó el acuerdo alegando que la acumulación de reservas era injustificada y que, en realidad, la estructura societaria permitía que los beneficios generados por las filiales quedaran fuera de su alcance económico y terminaran financiando al Grupo Avanza mediante mecanismos de tesorería centralizada.
La tesis principal de AISA era que para valorar si existía abuso debía atenderse no solo a las cuentas individuales de ESAMSA, sino también a los beneficios obtenidos por sus filiales. Según la apelante, una visión consolidada del grupo revelaba una situación económica extremadamente solvente, incompatible con la necesidad de seguir incrementando reservas. Invocaba además la doctrina desarrollada en torno al derecho de separación por falta de distribución de dividendos, sosteniendo que ignorar la realidad económica del grupo perjudicaba al socio minoritario que no estaba integrado en él.
En cualquier caso, no era objeto del litigio el ejercicio del derecho de separación ex art. 348 bis LSC, sino la impugnación del acuerdo de aplicación del resultado. Y dice la Audiencia que ha de partirse del beneficio reflejado en las cuentas anuales aprobadas, cuya aprobación no fue impugnada. La sentencia afirma expresamente que «no puede constituirse, para examinar si hay o no abuso de mayoría en el acuerdo de aplicación del resultado, una especie de resultado virtual del ejercicio no recogido en las cuentas aprobadas». El tribunal añade que el acuerdo de aplicación del resultado es independiente del acuerdo de aprobación de cuentas y que la valoración del abuso debe hacerse sobre la magnitud real del beneficio contabilizado, no sobre una hipótesis que acumule los beneficios de las filiales y presuponga que éstas hubieran distribuido íntegramente dividendos a la matriz.
Yo creo que el tribunal se equivoca. Precisamente, a efectos del abuso, es fundamental comprobar si la mayoría ha actuado con lealtad al interés común. Si se ha producido un embalsado de los beneficios en las filiales simplemente para evitar que el socio minoritario pueda ejercer el derecho de separación o, en general, su derecho a participar en las ganancias, la conducta del mayoritario ha de calificarse de abusiva en el sentido del artículo 204.1 II LSC y no solo como realizadora del supuesto de hecho del artículo 348 bis LSC. Resulta que, en el ejercicio 2017, la filial Ecesa SA (Explotaciones Comerciales de la Estación Sur de Autobuses) obtuvo 1,38 millones de euros de beneficio y Resa SL (Restauración de Estación Sur de Autobuses): 0,527 millones de euros. Si esas filiales hubieran distribuido íntegramente esos beneficios a su matriz, en lugar de destinarlos a reservas, la situación financiera de ESAMSA habría sido todavía más sólida. Además, señala que las reservas acumuladas en las filiales ascendían aproximadamente a 4,7 millones de euros en Ecesa y 2,4 millones de euros en Resa. En comparación, el beneficio de ESAMSA en 2017 fue únicamente de 329.499 euros. Es decir, las filiales generaron conjuntamente unos 1,907 millones de euros, casi seis veces más que la matriz
La Audiencia analiza si existía una “necesidad razonable” que justificara la decisión de reforzar las reservas. Este es el núcleo de la sentencia. El tribunal considera acreditadas tres circunstancias relevantes. La primera es la reversión obligatoria de la concesión de la estación en 2034 y la consiguiente obligación de devolver las instalaciones en perfecto estado de conservación, lo que previsiblemente exigirá importantes desembolsos futuros. La segunda es la declaración de la estación como infraestructura crítica, circunstancia que puede generar gastos urgentes y significativos de adaptación, seguridad y conservación. La tercera es el deterioro progresivo de las perspectivas de negocio provocado por la competencia del ferrocarril de alta velocidad, acompañada de una reducción de precios que ha restado viajeros al transporte por carretera. La sentencia destaca además que las cuentas de ejercicios posteriores llegaron a arrojar pérdidas.
Frente al informe pericial aportado por AISA, que mostraba elevados niveles de solvencia y liquidez, la Audiencia sostiene que los ratios financieros generales no son decisivos para apreciar la racionalidad de una decisión empresarial. Lo determinante son las concretas circunstancias de la sociedad afectada y los riesgos a los que se enfrenta. Por ello afirma que las referencias económicas generales constituyen únicamente «un punto de partida o base para el citado juicio, en ningún caso su final y conclusión».
La Audiencia recuerda que el control judicial debe respetar la libertad de autoorganización de la sociedad y la discrecionalidad empresarial. Según la sentencia, para apreciar abuso de mayoría deben concurrir cumulativamente tres requisitos: que el acuerdo no responda a una necesidad razonable de la sociedad; que haya sido adoptado para satisfacer el interés particular de la mayoría; y que cause un perjuicio injustificado a la minoría. La ausencia de cualquiera de ellos excluye la impugnación.
Aplicando ese criterio, la Audiencia entiende que el primer requisito falta claramente. Existía una necesidad razonable de reforzar la solvencia y la liquidez de ESAMSA ante riesgos ciertos futuros. Además, la junta no suprimió completamente el reparto de beneficios, sino que distribuyó aproximadamente un tercio del beneficio obtenido. La sentencia subraya que «no es una proporción meramente simbólica» y que la junta realizó una ponderación razonable entre los intereses de la sociedad y los de los socios. Una vez que la decisión entra dentro del ámbito de lo razonable, el tribunal no puede sustituir el juicio empresarial de la mayoría por su propia valoración.
Respecto del argumento relativo al sistema de caja común del Grupo Avanza y a la posible utilización futura de la liquidez acumulada en beneficio del grupo, la Audiencia considera que, aun suponiendo ciertas esas alegaciones, no alteran la conclusión. La eventual existencia de otros propósitos por parte de la mayoría no basta para invalidar un acuerdo que responde por sí mismo a una necesidad razonable de la sociedad. La sentencia afirma que el riesgo de que las reservas sean posteriormente utilizadas por la matriz «no otorga base, por sí mismo, para invalidar jurídicamente el señalado acuerdo». Si en el futuro ese riesgo llegara a materializarse podrían plantearse otras acciones o controversias, pero no la nulidad del acuerdo de aplicación del resultado impugnado en este proceso.
En consecuencia, la Audiencia desestima íntegramente el recurso de apelación, confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid e impone a AISA las costas de la segunda instancia.




