Responsabilidad penal, responsabilidad jurídica y responsabilidad política

Los más importantes escándalos de corrupción que han afectado a los partidos políticos (no hablo de la corrupción personal de personas que ocupan cargos públicos) tienen en común la estricta separación que pretenden los dirigentes de esos partidos políticos entre la conducta del funcionario/empleado del partido que cometió las conductas delictivas y los dirigentes del partido. Así, el Sr. Mas ha explicado que se equivocó al confiar en el tesorero de su partido – el Sr. Osacar - que habría obtenido fondos de Ferrovial a través del Palau de la Música, fondos procedentes, por tanto, de la comisión de un delito (cohecho propio o impropio) ya que Ferrovial entregó las cantidades correspondientes “a cambio” o, al menos, “con ocasión de” la concesión de obras públicas por parte del Gobierno de la Generalitat y fondos que, en parte al menos, beneficiaron a Convergencia i Unió. El Sr. Mas explica que se equivocó al confiar en el Sr. Osacar pero rechaza dimitir porque – cito literalmente – “Yo nunca he tenido ninguna responsabilidad en el control de la finanzas de CDC. Lo encuentro absolutamente exagerado, desproporcionado y partidario".

El Sr. Rajoy ha empleado exactamente la misma argumentación para defenderse del escándalo Bárcenas. Bárcenas había recibido donaciones para el PP por parte de empresarios (cohecho impropio) que habría desviado a cuentas particulares y, en parte, había destinado a pagar gastos del PP incluidos los sobresueldos o pagos complementarios – en “blanco” – a los dirigentes del partido. Cuando se descubre la conducta delictiva de Bárcenas, el Sr. Rajoy dice, igual que el Sr. Mas, que confió en su empleado y que se equivocó, pero que no encubrió a ningún delincuente. "No me declararé culpable (y no dimitiré) porque no tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente; porque siempre he cumplido mis obligaciones con la Hacienda Pública…"aunque no soy un compendio de virtudes, soy una persona recta y honrada".

El Sr. Griñán ha hecho exactamente lo mismo en relación con los EREs. Un “empleado” de la Junta – el Director General de Trabajo tiene las labores de “tesorero” de los fondos públicos destinados a ser repartidos entre empresas y trabajadores y desvía los fondos a favor de terceros vinculados al PSOE y a cuentas particulares o a gastos personales.

La Sra Mato dice exactamente lo mismo de la conducta de su marido. Se equivocó al confiar en la honradez de su marido. Y lo propio el Sr. Durán.

En común tienen todos los casos que ni Rajoy, ni Mas, ni Griñán ni Mato se han enriquecido personalmente con los fondos desviados por sus “tesoreros” o, al menos, no lo han hecho con la conciencia del origen ilícito de los fondos. Aceptemos que, en consecuencia, no se puede imputar a Rajoy, Mas, Griñán o Mato responsabilidad penal como autores, coautores ni incluso encubridores de los delitos cometidos por sus respectivos tesoreros.

Pero la responsabilidad penal no agota la responsabilidad jurídica. Lo que tienen en común el caso Bárcenas, Palau, EREs y Gürtel es que los delincuentes (Bárcenas, Osacar, Guerrero, Sepúlveda) cometieron sus delitos en el ejercicio de su “cargo”, con ocasión del cumplimiento de sus funciones y en el seno de las organizaciones para las que trabajaban y que las organizaciones (PP, Convergencia, PSOE, PP) se beneficiaron de la actuación de los delincuentes.

La responsabilidad jurídica de los órganos directivos de las organizaciones en las que uno de sus empleados comete un delito o una infracción administrativa o un incumplimiento de contrato es indudable pero se articula con arreglo a otros criterios distintos – a veces – a la responsabilidad penal. Normalmente, no hay duda de que la organización responde frente a los terceros dañados por la conducta delictiva. Pero tampoco hay duda de que los que dirigen la organización responden frente a la propia organización de las conductas de los miembros de ésta porque tienen un deber de garante, es decir, han de establecer, ejecutar y hacer cumplir las reglas adecuadas, necesarias y proporcionadas para que el resultado dañoso – la comisión de delitos por parte de miembros de la organización – no se produzca.

Ninguno de los políticos mencionados cumplió con tales deberes. El Sr. Mas ha reconocido explícitamente que el puesto de tesorero estaba diseñado en Convergencia para que si el Sr. Osacar se dedicaba a atracar gasolineras “por cuenta del partido”, no existiera la mas mínima posibilidad de que tal conducta fuera detectada por los directivos del partido y, por tanto, pudiera reprimirse inmediatamente. El PP estaba organizado de manera que el Sr. Bárcenas pudo cometer los delitos que cometió durante décadas sin que su comportamiento ilícito fuera descubierto. Rajoy, Mas, Griñán y Durán “diseñaron” la organización, delegando la “gestión económica”, de tal forma que se hacía imposible para la propia organización descubrir y reprimir  la comisión de los delitos por los “delegados”.

Una de las reglas más llamativas de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las cuentas sociales es la de que el Consejo de Administración no puede delegar la formulación de las cuentas y la de que todos los administradores han de firmarlas. Si las cuentas han sido manipuladas, son falsas, encubren la comisión de delitos, todos los administradores se la juegan, porque su firma está estampada al pie y no pueden delegar la tarea a un tercero y, con ello, liberarse de responsabilidad.

Así pues, la conducta de los dirigentes de los partidos políticos es más grave que la del “no tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente”. No es ya que ni Convergencia, ni el PP, ni el Gobierno andaluz, pusieran en marcha un programa de cumplimiento normativo que garantizara, razonablemente, que conductas como las del Osacar o Barcenas o Guerrero no se producirían o que si se producían serían detectadas rápidamente y podrían ser atajadas. Es que eligieron a las personas que han resultado ser delincuentes y diseñaron su estructura organizativa (delegación sin rendición de cuentas y sin mecanismos de vigilancia y supervisión) para que esas conductas no fueran fácilmente detectadas y, por tanto, no pudieran ser reprimidas, eligieron a los delincuentes para los cargos (Osacar era, previamente, secretario personal de Mas, Bárcenas fue nombrado tesorero – ascendido – por Rajoy, Guerrero fue designado director general y otros consejeros a través de un Decreto del Gobierno de la Junta) y proporcionaron a los que tenían la ocasión y los incentivos para delinquir los instrumentos adecuados para facilitarles su “tarea”.

Por tanto, el pecado de Rajoy, Mas, Griñán y Durán no es un pecado de omisión. Es un pecado cometido por acción. Mas ha reconocido ingenuamente que el Sr. Osacar tenía atribuidos todos los poderes para disponer sobre el patrimonio de Convergencia. Y los empresarios que hicieron donaciones al PP sabían a quién tenían que dirigirse. Ninguno fue a ver a Rajoy o a Aznar a hacer las donaciones. Iban a ver a Bárcenas (“en quien tengo puestas todas mis complacencias”).

En consecuencia, no es un problema de una confianza defraudada. Es un problema de elección de las personas y de diseño de las reglas de funcionamiento de la organización para facilitar la comisión de los delitos. Y, siendo así, los responsables de que esas reglas estuvieran en vigor han de dimitir. Los “dueños” de la organización pueden perdonar a esos directivos como los accionistas de una sociedad anónima pueden disculpar las conductas inapropiadas de sus administradores. Pero, cuando se trata de cargos públicos designados por los partidos políticos y de partidos políticos, los dueños somos los ciudadanos y los ciudadanos no les hemos perdonado.