En la entrada correspondiente decía que no entendía bien lo que Errejón quería decir en este párrafo
“(las clases medias)… se ven en la posibilidad… de abandonar las opciones políticas a las que apoyaron en un inicio y que les facilitaron un cierto ascenso social (normalmente por la vía de liberar renta por la consolidación de derechos, para los que ya no hay que dedicar renta de las familias, que permite por ejemplo la democratización del consumo)”.
Creo que ya lo entiendo y, aunque no tengo que cambiar lo que expliqué en esa entrada, creo que la buena fe en la conversación me obliga a añadir algo al respecto.
De ese párrafo se deduce que en la transformación del Estado que anuncia Errejón, los beneficiados del mayor gasto público propio de un gobierno populista no serían exclusivamente las clases populares sino también las clases medias (si aceptamos que no se identifican unas con otras) o, quizá más exactamente, las “nuevas” clases medias, esto es, las clases populares que, gracias al maná del Estado, tienen ahora más capacidad de consumo. Esa mayor capacidad de consumo deriva, no de que hayan aumentado sus ingresos, porque sus salarios u otras fuentes de renta hayan crecido (eso es lo que ocurriría si hay crecimiento económico), sino de que el Estado les presta gratuitamente servicios públicos que, hasta la llegada de los populistas al poder tenían que ser financiados por las familias. En otros términos, si, con el gobierno liberal, las familias tenían que dedicar una parte de su renta a pagar la educación y la sanidad, con el gobierno populista, las familias se ahorrarán dichos gastos y podrán destinarlos a consumir otros bienes y servicios.
El problema es que la afirmación de Errejón tiene sentido para países como los latinoamericanos en los que el gasto público representa una proporción pequeña de la producción total del país. No para países como España o cualquier otro europeo donde el gasto público representa proporciones cercanas al 50 % del PIB. Es verdad que en España es más bajo que en otros países de Europa, pero no significativamente más bajo y ha crecido más que en otros países en los últimos tiempos. España, por lo demás, tiene enormes dificultades para aumentar la recaudación fiscal que pudiera sostener un aumento significativo del gasto público y éste es bastante ineficiente, de modo que no hay ninguna garantía que un incremento del gasto se traduzca en una mejora significativa de los servicios públicos y de la equidad en su distribución (véase el caso de Italia que tiene una educación y una sanidad peores que las españolas y, sin embargo, un gasto público que supera el 50 % de su PIB. Recuérdese: cuando pensemos en cómo podrían resultar las cosas en España, el “espejo” debe ser Italia y Portugal, no Dinamarca y Suecia. Nos parecemos mucho más a Italia o Portugal que a Dinamarca o Suecia – Tortella –). Por no hablar de que, a menudo, son las clases medias y altas las que más se benefician del gasto público (por ejemplo, en becas universitarias, ya que, con un nivel de abandono escolar espeluznante, sólo los miembros de los deciles más altos de renta llegan a la Universidad).
La crítica, no obstante, se puede mantener: las familias de clase media no destinarán esos ahorros a otros consumos. Si pueden (porque no se cierran los colegios privados o los hospitales privados) destinarán esos ahorros a mejorar la educación y la sanidad que obtienen para sí y para sus familias.
Es decir, que las clases medias que vienen a mejor fortuna no se comportan al respecto de forma altruista. En otra ocasión recordamos una frase de Jon Elster que me impactó profundamente. Le preguntaron por un ejemplo de conducta altruista “pura”. Y él dijo: “Mandar a mis hijos a estudiar a la escuela pública”. Porque sus hijos contribuirían a mejorar la educación que recibirían sus compañeros de clase. No en vano, el principal criterio de los padres para seleccionar el colegio de sus hijos es el de averiguar quiénes serán los compañeros de pupitre de sus hijos.
Los vascos, por ejemplo, se han pasado a la inmersión lingüística en euskera (como lengua vehicular) porque los colegios en los que la lengua vehicular es el castellano se han llenado, lógicamente, de inmigrantes. la crítica que se hace a los colegios concertados es que no acogen alumnos de entornos culturales y económicos desfavorecidos en la misma proporción que los colegios públicos.
Las inversiones privadas en educación y en sanidad son juegos de suma positiva cuando no existen los servicios públicos correspondientes de una mínima calidad. Pero son un juego suma cero – una arms’ race – cuando se convierten en puro consumo conspicuo, destinado a señalar el estatus relativamente más alto de unos en relación con otros. En los EE.UU., la cosa ha llegado al ridículo de que los bebés van a clases preparatorias para poder acceder a los centros de preescolar más reputados. Del mismo modo, en los EE.UU., el gasto público y privado en atención sanitaria es un “outlier” respecto del resto del mundo desarrollado. Gastan una proporción mucho mayor de lo que producen en atención sanitaria que otros países occidentales.
Pero también en este aspecto, la situación en España no tiene mucho que ver con la de los países latinoamericanos o la de Estados Unidos. La enseñanza pública es de mayor calidad que la privada en la secundaria y el bachillerato y es más cara, por alumno, en la primaria (aunque la crisis ha reducido la diferencia en términos de gasto por alumno). Cuando se extendió la enseñanza privada (en manos de la Iglesia), el Estado no estaba en condiciones de proporcionarla y el despliegue de colegios públicos se hizo, sobre todo, en las zonas de menor renta. El que podía pagarse – estoy hablando del franquismo – un colegio “de pago” se lo pagaba, de modo que la segmentación social se produjo. Con la democracia y en los años ochenta, la gratuidad se extendió a los colegios de “pago” vía conciertos. De modo que tampoco en este sentido, puede producirse en España algo como lo que barrunta Errejón: las clases medias no pagan significativamente ni por la educación ni por la sanidad aunque utilicen colegios y hospitales privados (el 85 % de la financiación de la educación es pública) pero, si disponen de los fondos, incrementarán su gasto en educación y salud.
Por esta razón, podemos concluir que los planteamientos de Errejón exigen de un grado de dirigismo estatal de la vida de los particulares muy superior al actual. Las “manías” del consejero de educación valenciano son un buen ejemplo: las clases medias no quieren que el Estado dirija la educación de sus hijos ni les comprima lo que gastan en eso y en cuidar de su salud. De ahí que haya que manipularlas para convencerlas. Lo que debería proponer un buen populista (a la Roosevelt) es mejorar sistemáticamente la calidad de la enseñanza pública y de la sanidad pública para que mandar a tus hijos a la escuela pública no sea un acto de altruismo, sino un acto de egoísmo (y de amor a tus hijos). Hacerlo manu militari solo es posible en épocas “constitucionales” (se explica así el modelo francés o por qué el belga es mucho más parecido al español).
Y, está demostrado, la mejora de la enseñanza y la sanidad públicas no pasan por aumentar (aunque es necesario “estabilizar”) el gasto público en países desarrollados, sino por dar autonomía a los centros, de manera que puedan experimentar; mayor protagonismo a padres y profesores que a políticos (lo que ha ocurrido en España con las lenguas vernáculas ha sido terrible, porque ha condicionado toda la intervención pública en la educación por parte de las autonomías) y exigir a los centros que compitan por atraer a los mejores maestros y alumnos y rindan cuentas a la Sociedad. El aumento del gasto público, dicen los expertos, ha de concentrarse en el preescolar y en la educación primaria.
En definitiva, la propuesta de Errejón tiene un tufo totalitario que sólo puede considerarse paternalista en el buen sentido de la palabra en países en vías de desarrollo. No es una buena receta para países desarrollados con amplísimas clases medias y donde los mercados funcionan razonablemente bien. En nuestro país, necesitamos menos recetas de chamanes y más exploradores.
2 comentarios:
Pero Errejón habla en pasado: clases medias que habían accedido a prestaciones públicas que por tanto no debían pagar con sus ingresos. Imagino que su desafección por los partidos tradicionales la refiere al deterioro, merma o supresión de tales prestaciones (recortes), y que lo que propone es una restitución. La diferencia entre Estado social y Estado totalitario es importante, a menos que partamos de la premisa de que toda forma de diseño desde lo público del contenido de las prestaciones sociales tenga un componente totalitario. Pero creo que en ese punto volvemos al legítimo debate entre liberalismo y socialismo (decentes), y no necesariamente al debate entre democracia y totalitarismo. En un contexto de pleno empleo (o casi), el debate es ideológico e interesante; en cambio, en un contexto de pobreza de la masa de trabajadores y enorme contingente de paro estructural, debe seguir combinándose crecimiento con imposición fiscal para transferir renta a la población desfavorecida en forma de prestaciones. O la renta básica universal, claro, que permitiría a cada consumidor decidir cómo se procura su seguridad y mínimo vital y haría innecesaria buena parte de la Administración dedicada a subvenciones, prestaciones causales, etc.
Habla en pasado hipotético. Antes y después de la irreversibilidad. O lo aplicamos a países en vías de desarrollo, o lo aplicamos a España. Si todo el discurso va dirigido a América Latina, tienes razón. Pero si lo dirigimos a España, está proponiendo una mutación constitucional como decía en mi entrada original. Porque, simplemente, no es cierto que se haya privado a las clases medias de ningún entitlement como consecuencia de la crisis. Todos los estudios indican que los q la han sufrido han sido los dos deciles más pobres.
En ninguna de mis dos entradas se discute el Estado del Bienestar ni se discute la conveniencia de impuestos progresivos. Se da por supuesto sobre todo con las referencias al porcentaje del PIB que representa el gasto público. La discusión es mucho más concreta: cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar a cambio de ???? Mi crítica a Errejón es que sacrifica libertad a cambio de nada, o, en el mejor de los casos, a cambio de control de la vida de los individuos por parte de los representantes de la mayoría o grupo hegemónico.
La renta básica universal, en fin, la apoyan hasta los más liberales si el país es suficientemente rico. Ciudadanos, en forma de impuesto negativo que parece es más eficiente a juzgar por lo ocurrido en USA y UK para reducir la pobreza.
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