Entrada en vigor vs. Aplicación: Una interesante distinción al hilo del nuevo Reglamento de Protección de Datos

Por José María Baño Fos

Para aquellos interesados en el derecho de protección de datos, la publicación del Reglamento de Protección de Datos en el DOUE no supone una gran novedad pues ya estaban al tanto del contenido del mismo desde las negociaciones por codecisión en Bruselas. Sin embargo, he de confesar que he preferido esperar a verlo publicado para darle una lectura más sosegada, temeroso de que no se llegase a publicar o que se modificase por cualquier pacto última hora en Bruselas. Como lector “vago” no he podido evitar irme directamente a la entrada en vigor de la norma y de ahí mi sorpresa cuando me encuentro con esta aparente contradicción:

“1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.”

Y ha llamado mi atención pues en un caso profesional me encontré con una contradicción similar en la Directiva de Concesiones

“La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La presente Directiva no se aplicará a la adjudicación de concesiones ofrecidas o adjudicadas antes del 17 de abril de 2014.”

Quizá en mi ignorancia desconozca que se trata de un método habitual de desarrollo transitorio en el Derecho Comunitario, si es así, estaré muy agradecido de cualquier comentario que me lleve hacia jurisprudencia en la cuestión. Mientras tanto, lanzo aquí, a la nebulosa de los potenciales lectores, mi interpretación: Aunque pueda parecer más lógico decir que el presente reglamento entrará en vigor en 2018, la realidad es que técnicamente (entrada en vigor y aplicación) no son la misma cosa. De hecho, no parece descabellado pensar que aunque el Reglamento no sea de aplicación hasta el 2018, por lo que no podrán imponerse sanciones conforme a lo dispuesto en el mismo (cosa lógica conforme al principio de irretroactividad de la ley penal menos favorable), ello no obsta a que el derecho nacional se interprete a la luz del Reglamento siempre que no sea contra legem (es decir contra la ley nacional), en cuyo caso, sí estaríamos utilizando el Reglamento aunque no aplicándolo.

En otras palabras, que la norma entre en el ordenamiento jurídico la hace necesariamente parte de un sistema en el que debe “encajar” aunque no se deriven consecuencias jurídicas directas del mismo todavía. Dicho de otra manera y para mis compañeros letrados, hay campo para plantear ya cuestiones prejudiciales al hilo del Reglamento, de hecho, hay que plantearlas, sólo así lograremos llegar a 2018 sabiendo con cierta seguridad jurídica como aplicarlo en 2018. Esta mi apresurada y aventurada opinión que quizá tenga que corregir más adelante, pero para eso está el debate académico y los blogs cómo el que utilizo de lanzadera, ¿no creen?