Hemos dicho que los jueces formalistas son buenos jueces, en general. Que los jueces sufren unos límites severos en la información de la que disponen para decidir y, con información limitada y una elevada posibilidad de error, la aplicación formal de la norma y, cuando se trata de contratos, la interpretación literal de las cláusulas es no solo el mandato legal (art. 3 CC y art. 1281 CC) sino una buena regla por defecto. En el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2011, sin embargo, el Supremo corrige la interpretación de la Audiencia de un contrato de opción en el que el precio del inmueble.
El caso es llamativo porque el Supremo no podía aceptar la argumentación del recurrente en cuanto implicaba afirmar que la aportación de un inmueble a una sociedad no constituye un acto de enajenación (lo cual es harto discutible, aunque divisible, en el sentido de que habrá que afirmar que es una enajenación o transmisión en unos casos y no en otros). El Supremo no entra a ese trapo y resuelve – estimando el recurso – con la siguiente argumentación
Aunque como tenemos declarado en reiteradas ocasiones la función de interpretación de los contratos corresponde a los Tribunales de instancia y tal interpretación ha de ser mantenida en casación salvo que su resultado se muestre ilógico, absurdo o manifiestamente contrario a las normas que la disciplinan, en el caso enjuiciado debe concluirse que resulta absurda la interpretación seguida por la Sala conforme a la cual el "precio" a que se refiere en pacto contenido en el contrato de 31 de octubre de 2002 para el caso de aportación de la finca a una sociedad, debía identificarse con el valor "formal" dado a la aportación, que resulta menos de la mitad del precio fijado en la venta que tuvo entre las mismas partes el 10 de marzo de 2005.
Para que se entienda: Don Romualdo (los nombres se los inventan los del CENDOJ) vendió a QUER – una sociedad – unas fincas en 2002 y otras en 2005 incluyendo, en ambos contratos, un derecho de adquisición preferente sobre otras fincas a favor de QUER. En 2006, Don Romualdo aporta una de las fincas sobre las que pesaba el derecho de adquisición preferente a una sociedad de la que él resultaba socio mayoritario (IRALMIJA SL). Hecha la aportación, QUER demanda a Don Romualdo para obligarle a cumplir con el derecho de adquisición preferente.
Claro, había una diferencia notable entre el valor atribuido a los inmuebles en la aportación social (mucho más bajo) y el valor real de las fincas como resultaba, entre otros datos, del precio al que Don Romualdo había vendido a QUER en 2005 las otras fincas adyacentes a la aportada a la sociedad. También es claro que, tratándose de una SL y de una SL familiar donde Don Romualdo iba a ser el socio mayoritario, se atribuyó un valor de aportación muy inferior al valor de mercado porque – supongo – así se pagaban menos impuestos (ITP y AJD en la modalidad de operaciones societarias). Desde el punto de vista del Derecho de sociedades, la conducta de Don Romualdo es irreprochable. Las normas sobre valoración de aportaciones (íntegra suscripción del capital) prohíben a los socios sobrevalorar las aportaciones, no infravalorarlas. Y, en cuanto al hecho de que recibiera menos participaciones que en el caso de que hubiera valorado las fincas aportadas por su valor real, volenti non fit iniuria.
El Supremo da la razón a Don Romualdo. Que el derecho de adquisición preferente pueda ejercerse al precio al que el que había otorgado el derecho procede a vender el bien sobre el que pesa tal derecho no puede significar que el beneficiario del derecho de adquisición pueda ejercerlo al valor atribuido a la finca en la aportación. Porque es impensable que Don Romualdo quisiera regalar al beneficiario la diferencia entre el valor de mercado de los inmuebles y el valor reseñado a efectos de la aportación a la sociedad. ¿Por qué está justificado no ser formalista en un caso como éste? Porque el comportamiento del beneficiario es oportunista. Quería comprar duros a peseta.
