Doña Amelia alegó en la demanda que vendió a don Sixto y don Landelino, que habían sido socios de su difunto cónyuge - las acciones y participaciones en que se dividía el capital de diversas sociedades, de las que el fallecido había sido titular. También alegó que, en dicho contrato, las dos partes convinieron en que el precio debido por los demandados sería " determinado por el auditor designado por ambas partes, Don Victoriano , de conformidad con el artículo 29.2.d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ". Concluyó afirmando que, como dicho auditor había emitido su decisión, conforme a la que la contraprestación a que tenía derecho ascendía a seiscientos veintidós mil doscientos euros (622.200 #), dedujo pretensión de condena de los demandados en tal medida.
Los demandados presentaron otro dictamen pericial. El JPI estimó parcialmente y la AP totalmente la demanda. El Supremo, en la Sentencia de 25 de noviembre de 2011 desestima los recursos. La Sentencia solo merece un comentario por el hecho de que se califica al auditor de arbitrador. Y no lo es. Es un dictaminador arbitral. El auditor al que se le encarga que determine el valor razonable de unas participaciones, es un experto al que se llama en su condición de tal para que, aplicando su lex artis determine el valor real (razonable es sinónimo de real) de las participaciones. No ha de ejercer ningún arbitrio de ninguna clase (el arbitrador integra o completa el contrato art. 1447 CC, el árbitro resuelve un conflicto) y su enjuiciamiento no consiste en decidir si ha sido razonable o irrazonable, sino si el informe es correcto o incorrecto.
El caso parece estar bien resuelto salvo que el auditor hubiera cometido errores en su informe de valoración. Como hemos explicado en otro lugar, corresponde a los jueces revisar tales dictámenes periciales y verificar que el auditor ha respetado las normas que regulan su trabajo y ha seguido, en su caso, las instrucciones de las partes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario