martes, 3 de febrero de 2026

No hay obstaculización desleal en la introducción de una comisión bancaria por transformar un activo físico en un activo anotado en cuenta

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Hechos

Es la SAP Barcelona, Sección 15, 3/2026, 7 de enero de 2026

Hechos y contexto. MACCORP es una entidad de pago especializada en compra‑venta de billetes extranjeros, cheques de viajero y pagos al exterior; la UTE EXACT CHANGE 2, integrada por Airport Change, S.A. y MACCORP, gestiona locales de cambio en el aeropuerto de Madrid adjudicados por AENA. En su operativa, MACCORP compra billetes a bancos extranjeros, los introduce en España con los trámites aduaneros, y los traslada a las bóvedas de LOOMIS, donde se cuentan, verifican y se abonan en su posición en esa empresa. Luego instruye a LOOMIS para que el ingreso se refleje en cuentas en divisa de su titularidad en Caixabank, operación que el banco contabiliza como “compra billetes”. Cuando los billetes provienen de los establecimientos en España, el circuito es análogo: ingreso en oficina de Caixabank o transporte a LOOMIS y posterior abono. 

Hasta septiembre de 2019 Caixabank no había cargado comisión por esta operativa. El 30 de septiembre de 2019 comunicó que, desde el 2 de febrero de 2020, aplicaría un 0,9% por los “costes del traslado físico de billetes”, precisión que en carta de 10 de diciembre de 2019 reformuló como comisión por ingresar o reintegrar billetes físicos extranjeros. Publicó en su web una tarifa general “Manipulación de billetes. Ingreso o reintegro en cuenta denominada en la misma divisa”, con estándar del 2,5% (mínimo 6 euros) y “tarifa mínima” del 0,9%. 

Las actoras protestaron por burofax de 4 de diciembre de 2019. En el período 2014–2019 Caixabank incrementó un 312% su volumen anual de ventas de billetes USD; MACCORP pasó de ingresar 120 millones (USD) en 2013 a más de 1.000 millones en 2019. 

¿Cosa juzgada?

MACCORP pretendía aplicar el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Su argumento era que, dado que en 2011 la misma Sección de la Audiencia ya había fallado a su favor en un conflicto idéntico contra Caixabank por otra comisión, aquel pronunciamiento debía actuar como antecedente lógico obligatorio. En esencia, buscaban que el tribunal no volviera a entrar en el fondo del asunto: si en 2011 se consideró "obstaculización desleal" cobrar por ciertos servicios, en 2026 debía sentenciarse igual.

La Audiencia utiliza la jurisprudencia más reciente (STS 57/2024) para desmontar esta pretensión. No se dan los presupuestos de la cosa juzgada porque los hechos que se enjuician no son los mismos. La sentencia de 2011 es un precedente del que la Audiencia puede y debe apartarse cuando las circunstancias han cambiado. 

El problema jurídico es similar (¿es desleal cobrar por manipular billetes?) pero los hechos han mutado  En 2011, la operativa era residual. En 2019, MACCORP mueve más de 1.000 millones de dólares. El impacto del coste operativo para el banco ha escalado de forma masiva. Mientras que en el proceso anterior el banco no pudo probar la onerosidad del servicio, en este litigio ha acreditado la existencia de una red de contrapartes extranjeras, gestión de remesas y cumplimiento normativo (Modelo B3) que antes no se valoraron o no existían con tal intensidad. En fin, el Real Decreto-ley 19/2018 introdujo un marco de transparencia y modificación de condiciones que dota al banco de una base legal para alterar sus comisiones que no estaba tan definida en el proceso anterior.

¿Una comisión desleal?

Las demandantes invocaron el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal alegando actos de obstaculización: Caixabank pretendía cobrar por un servicio inexistente, pues, a su juicio, en ingresos en cuentas en la misma divisa el banco solo presta “servicio de caja” y la manipulación material la realiza LOOMIS. Añadieron que no había cambiado el mercado para justificar un giro en condiciones históricas de gratuidad. Caixabank sostuvo que la comisión responde a costes internos (0,3%) y externos (0,6%), y a una actividad bancaria propia imprescindible tras la recepción de los billetes: verificación de remesas (modelo B3 del Banco de España), venta de los billetes a entidades del país de la divisa, compra de la divisa correspondiente para abono en cuenta, emisión de justificantes para firma de MACCORP y remisión de originales al Banco de España. 

Calificación de la conducta como obstaculización desleal. La Sala parte de su propia formulación previa: hay obstaculización cuando concurren actos sin justificación objetiva que afecten negativamente la posición concurrencial del actor, valorando conjunto de actos y contexto de mercado. Sobre esa base, descarta la premisa fáctica de las demandantes. No se trata de un “mero servicio de caja”. Tras el ingreso físico en la misma divisa, la entidad que admite cuentas en divisas asume operaciones necesarias y onerosas para “transformar” billetes en saldo en cuenta, con intervención de contrapartes en el país de la divisa y con cargas operativas y regulatorias (incluida la gestión del modelo B3). O sea, de un activo físico en activo anotado en cuenta.

La Sentencia cita la Memoria de Reclamaciones del Banco de España en el sentido de que, en cuentas en divisas, no procede un tipo de cambio cuando el reembolso es en la misma moneda, pero sí “exclusivamente, una comisión por la manipulación de billetes extranjeros” por los gastos que la entidad soporta al enviar/recibir billetes y transformar billetes/divisas. Esta actividad, omitida en la demanda, justifica en abstracto la existencia de una comisión. 

La Sala destaca que la comisión no se introdujo ad personam contra MACCORP, sino con carácter general para todos los clientes que usaban el mismo servicio, y que en el caso de las actoras se aplicó el mínimo del 0,9%, frente al estándar del 2,5%. Además, obran en autos indicios de que otras entidades prestan el mismo servicio y, en algunos casos, con condiciones incluso más favorables, lo que disipa la idea de cierre del mercado o de una estrategia dirigida a expulsar a las actoras. Si el nivel de comisión impacta la rentabilidad de MACCORP, ello pertenece a su esfera empresarial, no a una disfunción del mercado imputable a Caixabank. 

El informe del economista Prosper Lamothe, aportado por las actoras, se centra en costes de estructura y margen de explotación de Caixabank en 2017–2019, y concluye que no hay justificación por incremento de costes generales. La Audiencia considera que ese análisis es irrelevante para el punto controvertido, porque examina el conjunto de servicios bancarios y no el servicio específico de “manipulación de billetes” vinculado a ingresos/reintegros en divisa, que —según el tribunal— operaba con pérdidas, especialmente con clientes bonificados como MACCORP durante años. Por tanto, las conclusiones periciales decaen al no capturar la actividad posterior que el banco debe realizar tras el ingreso físico ni su estructura de costes específica. 

La Sala recuerda que el régimen de servicios de pago permite modificar condiciones contractuales, con apoyo en el artículo 33 del Real Decreto‑ley 19/2018, sin perjuicio de la negociación con determinados clientes para evitar costes excesivos. En coherencia con ello, y dado el incremento de la actividad en los últimos años, Caixabank podía introducir la comisión general, como también hacen otras entidades del mercado. Todo ello refuerza la conclusión de que no hay un acto objetivamente injustificado dirigido a obstaculizar la actividad de las actoras. 

¿Es razonable que la comisión sea proporcional a la cuantía de las operaciones?

La clave es el riesgo de la contraparte. En banca, cuando el servicio implica un activo físico (billetes), el riesgo de transporte, seguro, volatilidad de la divisa y verificación de blanqueo de capitales no es "plano". Si el banco cobrase una tarifa fija de, por ejemplo, 50 euros por ingreso, el riesgo asumido al procesar 100 dólares sería el mismo que al procesar 1.000.000 de dólares, lo cual sería económicamente irracional para la entidad. Al ser un porcentaje, la comisión actúa como una prima de riesgo y servicio que se ajusta automáticamente al valor del activo gestionado. La Audiencia considera que esto es una "práctica de mercado legítima" y no una estrategia de obstaculización, especialmente cuando el banco ofrece un tipo reducido (0,9%) frente al estándar (2,5%).

La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de MACCORP y de la UTE

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