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lunes, 28 de julio de 2014

Sansón Carrasco. ¿Hay Derecho?


Más panfletos, por favor
Cuando Elisa de la Nuez me regaló el libro (subtitulado “La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España”) - debo confesarlo –, desconté fuertemente su interés. Ella lo debió de prever porque en el correo en el que me solicitaba la dirección de envío añadía “pero para que lo leas ¿eh?” (supongo que había leído esta entrada en el blog y se temía lo peor).

Como seguidor habitual del blog del mismo nombre que el título del libro, no esperaba encontrar en él ni cosas que no conociera, ni ideas que me resultaran novedosas ni una forma de contarlas que me enganchara. Soy de los que creen que no hay que escribir un libro cada vez que uno tiene una idea, aunque la idea sea potente, pertinente y justa y que no hay, necesariamente, que poner junto lo que ya contaste por separado. Este prejuicio se reforzó porque he intentado leer otros libros escritos aquí sobre la gran recesión y la hecatombe institucional española y no he conseguido acabarlos. Por último, no me consideraba un destinatario natural del libro. Como se verá por los enlaces que pondré a continuación, mi acuerdo con los autores es prácticamente total y, no solo eso, mi formación es semejante a la suya, de manera que presumí que el libro no me interesaría demasiado. Acababa de dejar a medias el libro de Lord Bingham sobre el Estado de Derecho por razones semejantes. Legítimamente – el juez inglés y Sansón Carrasco – escriben un libro de divulgación jurídica, un género que, en lengua española, es una especie con muy pocos ejemplares. Y, tras más de treinta años leyendo cosas jurídicas, la verdad, es una conducta racional por mi parte no leerlos.
Todos estos prejuicios se vieron refutados tras la lectura del libro. Se lee de un tirón; está muy bien escrito; no emplea lenguaje falsamente técnico-jurídico; utiliza español llano sin merma de la precisión en el uso de los conceptos; refleja una gran coherencia entre los distintos capítulos y hay muy escasas repeticiones lo que, cuando se ha escrito a cinco manos, resulta llamativo. Si se me permite la broma, era lo que cabía esperar: (i) dada la relación familiar de algunos de los autores y el trabajo en equipo que vienen desarrollando en torno al blog y (ii) dado que los cinco autores tienen una oposición de prestigio. Lo siento, Lapuente y amigos de Politikon, pero las oposiciones son imprescindibles en España, por lo menos, hasta que alcancemos los 50.000 euros de renta per cápita.
Pero lo que hace interesante la lectura del libro para cualquier ciudadano es que los autores logran darle un tono intermedio entre el análisis técnico y el manifiesto. Hay discusión de cuestiones técnicas sin abrumar al lector con detalles que solo interesan al experto. Por ejemplo, se discute brevemente pero con gran claridad, el gobierno de los jueces y se proponen alternativas a nuestro malhadado Consejo General. Se aceptan las tasas judiciales pero se discute la eficiencia de su configuración. Se sugieren reformas legales para evitar una repetición de lesiones masivas de los derechos de los consumidores financieros y se hacen propuestas en torno a la reforma del régimen jurídico de los partidos políticos. También son muy razonables las propuestas para mejorar la producción de normas. El tratamiento de la función constitucional de los indultos y aforamientos está muy conseguido. Los autores, con acierto, intercalan casos concretos de abuso de poder, corrupción política, aplicación selectiva de la Ley etc en un tono, de nuevo, a medio camino entre el periodístico y el jurídico-técnico.
El libro es un panfleto, en el sentido de una exposición no sistemática pero razonada que pretende provocar la movilización de los lectores. Lo decía The Economist en 2004 y hay que repetirlo. España necesita que los expertos en cualquier ámbito alcen la voz y se expliquen con claridad e independencia (que no quiere decir apoliticismo). Y esto es lo que hacen los cinco juristas que firman bajo el nombre de Sansón Carrasco.
El libro tiene dos temas: la relación entre democracia y Estado de Derecho y el necesario reforzamiento de la sociedad civil española.
El primero es un tema de una actualidad extraordinaria que explica por qué la caída de las dictaduras en buena parte del mundo no ha venido seguida de paz social y desarrollo económico. Es mucho más fácil celebrar elecciones que tener un Estado de Derecho. El acierto de los autores consiste en no caer en el vicio leguleyo de soltar al lector un ladrillo de ideas generales. Han sido piadosos y cariñosos con los lectores y entran directamente a explicar de qué modo se ha degradado el Estado de Derecho y cómo ha afectado al bienestar de los españoles. Lo hacen a partir de los que se consideran las principales instituciones o bloques del Estado de Derecho: la generalidad de la Ley, la igualdad ante la Ley; el sometimiento de todos los poderes públicos a la Ley, la imparcialidad de la Administración, la independencia de los jueces; la función de control del gasto público por parte de los funcionarios y el papel de las agencias independientes encargadas de vigilar que las grandes empresas actúan de conformidad con las normas legales; la distribución territorial del poder; la separación entre Estado y sociedad civil y el papel de árbitro del Tribunal Constitucional.
El principal culpable, a su juicio, es el sistema de partidos. Los partidos políticos – rectius, sus cúpulas cuando han ganado las elecciones – se han apoderado de todas las instituciones que debían controlar el ejercicio del poder bajo el manto de la democratización. Urge recuperar la independencia de la sociedad civil.
El análisis es de lo mejor que se puede encontrar en un libro con las pretensiones de éste. Se explica brevemente el sentido de cada institución y se utilizan ejemplos concretos de la práctica española para demostrar cuán degradado se encuentra el Estado de Derecho en nuestro país. Especialmente conseguido está el apartado dedicado al Consejo General del Poder Judicial, a la Administración de Justicia y al Tribunal Constitucional. Incluso se ríe uno leyendo los capítulos 4 y 5 sobre los efectos devastadores de la proliferación y mala calidad de las Leyes no sólo en términos de ineficiencia sino de injusticia y sobre la convicción de nuestros políticos (¡ay Pujol!) de estar por encima de la Ley. Cuando crece la creencia de que si estás bien conectado te caerán favores, la corrupción se extiende. Pero si crece – como ha ocurrido en España – la de que la Ley se dicta y se aplica selectivamente, será un hipócrita el que advierta de los riesgos de la aparición de partidos antisistema, desórdenes públicos y héroes populistas que proponen – como en Italia – mandar a todos a la cárcel.
El análisis de la destrucción sistemática por parte del PP y del PSOE – con ayuda de los nacionalistas – de todas las instituciones constitucionales puede suscribirse de cabo a rabo. Especialmente incisivo es el del CGPJ y Tribunal Constitucional, cuyo bochornoso estado actual atribuyen los autores a la designación de “superobedientes” para ocupar los puestos de Vocales y  Magistrados, a la voluntad de los políticos de cobrarse los favores en que han consistido los nombramientos y a la falta de voluntad, por parte de los elegidos, de comportarse de forma independiente. La crítica es igualmente feroz – y justificada – en relación con las agencias independientes, especialmente con el Banco de España y la CNMV o el Consejo de Seguridad Nuclear o la CNMC.
En cuanto a la reforma de la Constitución, es difícil estar en desacuerdo con la del Título VIII. Otras cuestiones son más discutibles políticamente.  También me he enterado de que, en el famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre el derecho de secesión, además de la claridad de la pregunta y la claridad de la mayoría, se exige que, en la negociación entre Canadá y Quebec se discutiera acerca de una “posible nueva definición de las fronteras. Porque en el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense”.
Las mismas consecuencias negativas amplificadas que tiene la mala legislación, las tiene el nepotismo del que el PP (no solo pero especialmente) ha hecho su seña de identidad en los nombramientos para los cargos de libre designación que requieren conocimientos técnicos. Porque esos nepotes (i) son incapaces de resistir la presión de los políticos y (ii) acaban con los restos de reputación que pudiera tener el organismo al que son enviados, simplemente porque las oportunidades de hacerlo mal crecen cuando se encargan las tareas a alguien que carece de la competencia técnica para desempeñarlas. El caso de la CNMV es espectacular. Los autores narran que el actual secretario general proviene de la asamblea regional de la Comunidad de Madrid donde hizo un gran favor a Elvira Rodríguez emitiendo un informe según el cual Madrid carecía de competencias sobre las Cajas de Ahorro. Pero el de la CNMC o el Tribunal de Cuentas no quedan atrás. El problema del gobierno de Rajoy es que ha convertido la excepción en regla: los puestos de libre designación son para devolver favores a los amigos (“family first”) y sólo excepcionalmente se cuela alguien por su prestigio profesional.
La parte final está dedicada al papel de los partidos y sindicatos y a cómo deberían regularse, y a lo que los ciudadanos y la sociedad civil deberían aportar a la regeneración del Estado de Derecho en España. Hay un llamamiento a la autodefensa, esto es, a que los ciudadanos nos informemos más y mejor y seamos más desconfiados con los que nos han engañado (bancos y políticos, básicamente) y a que nos organicemos. El libro acaba con la historia de Caja Segovia que nos contaron en el blog. Es fascinante. No se la pierdan.
El gusto amargo que queda al lector del lamentable estado de nuestras instituciones se ve compensado por la sensación confortadora de que, afortunadamente, algunas de las estructuras esenciales del Estado de Derecho gozan en España de una relativa buena salud. Me refiero a la libertad de expresión (protegida por el suficiente pluralismo de grupos sociales y políticos y el nacimiento de partidos políticos y medios de comunicación on-line que han logrado hacerse un hueco en el panorama hasta ahora dominado por el PP y el PSOE y los medios controlados o afines a ambos partidos), a la independencia judicial y a la función pública estatal. Sin la buena salud relativa de estos tres pilares del Estado de Derecho, el panorama que describe el libro sería mucho más tenebroso.
Aunque los autores ponen el acento en los efectos devastadores de la partitocracia y del control de las cúpulas sobre las listas electorales, sobre las instituciones y sobre la Economía a través de la coalición con los directivos de las empresas más reguladas, no debe olvidarse que este poder omnímodo de las cúpulas exige ganar las elecciones (véase lo que está sucediendo en el PSOE y las tribulaciones de Rajoy tras perder las elecciones de 2008) y, aunque sea cierto que los votantes no han castigado suficientemente a los políticos corruptos, hay que dar tiempo al tiempo. Los resultados de las últimas elecciones europeas – que los autores no han podido incluir – indican que hay más competencia en el mercado político y, en consecuencia, menos poder de mercado por parte de los que dirigen el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas que gobiernan en sus regiones. Tal vez el PP ganara las elecciones en Valencia aún después de descubrirse la trama Gürtel. Pero dudo mucho que lo vuelva a hacer tras el rosario de procesamientos de prácticamente toda la cúpula del partido y los pésimos efectos que, sobre el bienestar de los valencianos, ha tenido poner en manos de gente tan desalmada el gobierno de una región. No se puede engañar a todos todo el tiempo.
Mantengo unas discrepancias mínimas en casi todos los temas. Y algunas de más porte en relación con temas concretos en los que creo que el análisis es más de brocha gorda (por ejemplo, en relación con el gobierno corporativo de las empresas). Estas discrepancias no deben llamar a engaño. Estoy en el mismo barco que los autores (el del regeneracionismo) y la travesía es muy larga de modo que tendremos muchas ocasiones de debatir sobre ellas.
















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