Josep Martí Blanch es un nacionalista catalán que, sin embargo, tiene una columna periódica en un medio no nacionalista. En su currículum figura que desde febrero de 2011 a enero de 2016 ejerció de secretario de Comunicación del Gobierno de Cataluña. Asimismo, presidió la Agencia Catalana de Noticias, el Consejo Editorial de la Generalidad de Cataluña y la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional. O sea, que su trabajo fue defender públicamente a los nacionalistas durante buena parte del Procès. Y, en particular, cuando se produjo el simulacro de referéndum de 2014. Que le den una columna en La Vanguardia se explica porque no quedan medios no nacionalistas en Cataluña. Pero que El Confidencial haga lo mismo, no se entiende.
Por enésima vez, el columnista adopta una actitud equidistante entre el agresor y la víctima. Entre el que se salta la ley y el que intenta que se cumpla. La columna de hoy se refiere a la intervención europea en el asunto de la amnistía. Como es usual en él, empieza desprestigiando las iniciativas del PP para que las instituciones europeas impidan al PSOE y a Junts aprobar la amnistía de los golpistas nacionalistas catalanes. Dice que es lo mismo que hicieron los nacionalistas con el Procès. Nos debe tomar por tontos, claro, porque nadie puede creer que puedan equipararse la exigencia de que se cumplan la Ley y el Derecho con la pretensión de que a uno le permitan saltarse la Constitución.
Pero el nacionalista al que tenemos que aguantar los lectores de El Confidencial no se queda ahí. Completa su argumentación diciendo que si el PP hace todo esto es porque en junio del año que viene hay elecciones europeas. ¡Qué listos son los periodistas! Siempre tienen unas elecciones a la vista para explicar el comportamiento de los políticos. Lo justificado o injustificado de la iniciativa del PP no entra en su negociado. A él le basta con darnos la explicación – simplista e irrefutable – de que en el futuro hay elecciones.
Y el final:
cuál es el beneficio neto que puede obtener España en su conjunto, el interés de la cual todos aseguran defender, con un debate de estas características en el seno de las instituciones europeas. Básicamente, porque la ley de amnistía, ya sea con el redactado que conocemos o el que finalmente resulte tras su discusión en las Cortes, es una iniciativa política que se aprobará en un país con división de poderes que cuenta con mecanismos de garantía suficientes para hacer frente a cualquier teórico atropello jurídico proveniente del legislativo o del ejecutivo.
En cambio, el griterío político más allá de las fronteras españolas no aporta más que descrédito político e institucional al país entero. Es esta también una victoria póstuma del proceso, enfocado desde el primer día a la internacionalización de su causa. Una internacionalización que iba de bajada, pero que ahora coge aire a través de otros ropajes. Una victoria que, como todas las que ha obtenido, no deriva tanto de sus propios méritos como del aprovechamiento de la debilidad y falta del sentido de la mesura de los dos grandes partidos políticos españoles a la hora de abordar esta cuestión. Pero ya se sabe, en junio volvemos a las urnas. De modo que, ¿quién puede esperar otra cosa?
Observen la repugnante equidistancia del periodista. La culpa es del cha-cha-cha. La culpa no es del PSOE que ha aceptado aprobar una ley de amnistía a toda velocidad y sin intervención de los órganos constitucionales que participan normalmente en el proceso legislativo; la culpa no es del PSOE que consideraba inconstitucional el 22 de julio una amnistía; la culpa no es del PSOE que no puede dejar de saber que esta amnistía es inconstitucional; la culpa no es del PSOE que va a sacarla adelante con los votos de los amnistiados; la culpa no es del PSOE que va a gobernar con los votos de un asesino presunto (Otegi, jefe de Bildu); la culpa no es del PSOE que ha llenado el Tribunal Constitucional de militantes de estricta observancia etc etc. La culpa es del cha-cha-cha. Del griterío de la oposición a la que se excluye de cualquier decisión de Estado (¿se le ha olvidado al columnista que el presidente del Gobierno ha prometido levantar un muro frente a los votantes del PP y Vox? ¿que ha mandado una carta a sus ministros insistiendo en que al enemigo – los votantes del PP – ni agua? ¿que no ha contado con el PP ni siquiera para las cuestiones de política exterior? ¿que este gobierno se dedica a perseguir a funcionarios públicos que no le son afectos?).
¿No se le ha ocurrido al periodista que el “descrédito político e institucional” de España se evitaría si el PSOE retirara la proposición de ley de amnistía? ¿No le parece que ese descrédito lo ha producido que el Gobierno de España se avenga a negociar con un prófugo de la Justicia e interponer un mediador internacional?
Josep Martí Blanch se comporta como muchos jueces y políticos estatales del Sur de los Estados Unidos en la época de Martin Luther King: perfectamente equidistantes entre la niña con coletas que quería ir a la misma escuela que los niños blancos y los miembros del Ku-klux-klan que querían impedírselo.
Y este periodista es de los equidistantes moderados. ¿Se entiende por qué cada vez más españoles se vuelven extremistas?
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