La sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala del Supremo debería llevar Álvaro García Ortiz a dimitir si tuviera dignidad. Pero si tuviera dignidad, no habría aceptado el cargo en primer lugar. Y, por supuesto, no hubiera aceptado la renovación a la vista de las numerosas decisiones prevaricadoras que ha tomado en materia de nombramientos discrecionales.
Los progresistas españoles tienen un problema gravísimo con los conflictos de interés. No creen que deban abstenerse de tomar decisiones cuando éstas afectan o benefician a personas vinculadas a ellos. Por ejemplo, Nadia Calviño no se abstiene cuando se trata de proponer a alguien para ocupar el cargo de vocal del Consejo del Banco de España y propone a Judith Arnal, que había sido jefa de su gabinete. No es que la señora Arnal no pueda ocupar ese cargo por haber ocupado el otro (como ha contestado diplomática pero hipócritamente la Presidenta del BCE, sabiendo que esa no era la cuestión), es que hay sospechas fundadas de que la propuesta de la señora Calviño estaba teñida por un conflicto de interés que puso en peligro el acierto y la conformidad con el interés general de la decisión. Calviño no tiene problema alguno en tomar decisiones que benefician directamente a parientes y amigos. Ha ido "colocando" a TECOs que habían trabajado para ella en puestos excelentemente remunerados. Pero lo de Calviño no es lo peor del gobierno (aunque lo de intentar colocar a su marido en Patrimonio es de traca).
En un país civilizado, en un Estado de Derecho, todos esos nombramientos habrían sido anulados si la persona conflictuada - Calviño, Sánchez - no se abstuvo de intervenir en el proceso de selección y designación del cargo público. No hace falta que ninguna norma lo diga expresamente. Es, como se diría en Europa, una exigencia de "buena administración". Salvo que se trate de un cargo estrictamente político (y no lo es, por ejemplo, el de vocal de la CNMV o el de Directora de Patrimonio del Estado o el de vocal del Banco de España o el de la presidencia de la SEPI o AENA o Renfe o Correos etc), es una exigencia de "buena administración" que debería considerarse incluida en el art. 23 de la Constitución (en relación con el 103 CE) que la "autoridad designadora" diseñe un procedimiento de selección y nombramiento que garantice la ausencia de conflictos de interés.
Hay una oficina de conflictos de interés. Pero entre sus competencias no está, no se preocupen, advertir a las autoridades designadoras del conflicto de interés en que incurren cuando designan a alguien relacionado con ellas para un alto cargo.
Pero lo de Álvaro García Ortiz destaca especialmente: intervenir en el nombramiento de su antigua jefa y patrocinadora como fiscal de sala del Supremo es un caso evidente de actuación realizada en conflicto de interés, conflicto de interés que le debería haber llevado a abstenerse y, sobre todo, ¡a seguir la recomendación del Consejo Fiscal!
Sánchez y el PSOE se quejan mucho de que la derecha no reconoce legitimidad a su gobierno. Muñoz Molina también. No hay duda de que el gobierno de Sánchez tiene legitimidad de origen. Pero no de ejercicio. Un gobierno que adopta, una y otra vez, decisiones públicas - que deben orientarse a avanzar el bienestar general de los españoles - en interés particular de un individuo o un grupo vinculados a los socialistas que toman la decisión no es un gobierno que ejercite los poderes que le otorga la Constitución legítimamente.
Así que, no se ofendan, progresistas. Nombrar para los cargos públicos que exigen conocimientos, formación y experiencia en conflicto de interés a tus parientes o lacayos y amnistiar a tus aliados políticos convierte al gobierno que así actúa en un gobierno que actúa ilegítimamente.
PS. Es peor para el interés general: como Pedro Sánchez es un sujeto indecente (alguien que falsifica su tesis doctoral ha de ser calificado así) y se ha comportado de manera indecente (ya ni siquiera se defiende de las acusaciones de mentiroso empedernido), el 'coste' reputacional de trabajar para Sánchez es cada vez más alto. Eso se traduce en que la gente con reputación rechaza los nombramientos y la gente que acepta ser nombrada para trabajar en el Estado bajo el gobierno de Sánchez tiene, progresivamente, cada vez menos cualificación profesional y moral. Para Sumar, eso no es un problema: todos sus cargos públicos tienen méritos en el activismo político y este tipo de méritos son suficientes para ocupar cualquier posición. Pero para alguien con reputación, aceptar un cargo con este Gobierno supone un elevado coste de oportunidad. Así que sólo aceptan aquellos cuyo coste de oportunidad es bajo. Dicho vulgarmente, los que no tienen dónde caerse muertos. Se comprenden así las crecientes dificultades de los socialistas para cubrir cargos que requieren haber superado una oposición especialmente difícil o haber alcanzado determinados niveles en la carrera profesional previa.
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