Una anécdota muy conocida refiere la historia de un banderillero del famoso matador Juan Belmonte que, después de la Guerra Civil, se metió en política y pronto fue alcalde de Huelva. Un amigo del torero le preguntó cómo había llegado su banderillero a un puesto tan señalado en tan poco tiempo, a lo que Belmonte contestó: «Pué ya ve usté: degenerando, degenerando».
El esperpento de la aprobación por las Cortes del acortamiento de las penas de prisión de los etarras más sanguinarios (los únicos que siguen en la cárcel) por iniciativa de Pedro Sánchez, Bolaños y la extrema izquierda española doblegados a Bildu ha puesto el foco en el 'papelón' de la oposición. Esto, naturalmente, es una maniobra de distracción del Gobierno. El foco hay que ponerlo en los letrados de las Cortes, la presidenta de las Cortes y el Tribunal Constitucional.
Los diputados y senadores pueden votar a favor de cualquier barbaridad, cualquier disparate porque los diputados y senadores son irresponsables. Y, mientras eso no cambie, seguiremos eligiendo para ser diputado o senador al más tonto de la clase o al que tiene los testículos o las glándulas mamarias más voluminosos. Son intercambiables. No es extraño que el de la foto, un chaval de apenas 35 años que sólo ha trabajado en su vida durante 5 como "abogado ejerciente por cuenta propia" presida la Comisión más importante del Congreso de los Diputados, la más técnica. La que exige de más conocimientos, formación y experiencia en asuntos jurídicos (sobre por qué el señor Lucas Ayala no debería haber aceptado el nombramiento como presidente de la Comisión, v., aquí).
Pero los que ocupan los órganos de una corporación no son irresponsables. Responden ante ésta de los daños que causen con su conducta (activa u omisiva). Y, en este asunto, la presidenta del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia y los letrados del Congreso han incumplido, una vez más, sus obligaciones. Pero en el caso de la primera y del segundo, lo han hecho, además, dolosamente.
Imaginen que Florentino Pérez, aprovechando la desidia - racional - de los miembros de la corporación que es el Real Madrid, hiciera aprobar por la Asamblea de socios, una disposición por la que el Real Madrid regala a sus sobrinos dos palcos en el estadio para toda la vida de los sobrinos y de los sobrinos nietos. ¿Alguien duda de que ese acuerdo social sería impugnable?
Pero imaginen más: ¿no creen ustedes que los miembros de la junta directiva del Real Madrid deberían oponerse a incluir en el orden del día de la Asamblea una propuesta semejante? ¿no creen que tendrían la obligación de advertir a los socios de la barrabasada que pretendía perpetrar Florentino Pérez? ¿No creen que los miembros de la junta directiva tendrían el deber de impugnar el acuerdo de la Asamblea?
Pues lo que han hecho nuestros diputados y senadores es algo parecido. Sustituyan a Florentino por Pedro Sánchez, el PSOE, Sumar y Bildu y a los miembros de la Junta Directiva del Real Madrid por la Mesa del Congreso y los letrados de las Cortes.
El Tribunal Constitucional debería declarar esta ley inconstitucional dado el procedimiento que se ha seguido para su aprobación. Y la cámara debería deducir la responsabilidad correspondiente de los letrados de la comisión de justicia, de la presidenta de la cámara y del presidente de la comisión de justicia del Congreso. Porque han infringido su deber fiduciario hacia los diputados y senadores de advertirles sobre el contenido de la ley que iban a aprobar. Incluso después de aprobada, la muy mentirosa portavoz del gobierno, la señora Alegría, insistía en que lo que se había aprobado era lo mismo que había aprobado un congreso dominado por el PP diez años antes.
Decía el Tribunal Supremo en una antigua sentencia que nunca puede justificarse el dolo apelando a la negligencia del que lo ha sufrido. Es evidente que el voto de la oposición en el Congreso y de la mayoría del Senado es un voto viciado y es evidente que, aplicando la regla de la resistencia, (o la de la relevancia) ese vicio es relevante: anula la votación. Las votaciones correspondientes han de repetirse y, de no repetirse, el Tribunal Constitucional debería declarar inconstitucional la ley así aprobada.
¿Habrá aprendido el PP que con esta coalición en el Gobierno no puede votar nunca como vote el PSOE?
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