que establece que la importación de sangre o de componentes sanguíneos procedentes de otro Estado miembro sólo es lícita si se cumple el requisito, también aplicable a los productos nacionales, de que las donaciones de sangre de las que proceden dichos productos hayan sido efectuadas no sólo sin que los donantes hayan recibido una remuneración, sino también sin que hayan obtenido el reembolso de los gastos en que han incurrido para efectuar estas donaciones.
Es gracioso que se hable de “donantes (que) hayan recibido una remuneración”. Si son donantes, es que no han vendido su sangre. Pero no hay palabra en castellano para describir esa acción sin hacer referencia a la existencia o no de contraprestación. La donación remuneratoria (art. 619 CC) es otra cosa. El TJ dice que es adecuado, para garantizar la “calidad” y la “seguridad” de la sangre que se prohíba el comercio de sangre, pero dice que es desproporcionado prohibir que se reembolse a los donantes de los gastos, por ejemplo de desplazamiento, en que hubieran incurrido para donar sangre.
En cuanto al juicio de proporcionalidad, como estamos en el ámbito de la salud pública, el TJ deja a los Estados hacer casi lo que quieran. Sin embargo, en este caso, el TJ le dice a Austria, por un lado, que la mayor parte de los Estados miembro permiten la importación de sangre donada con reembolso de los gastos y, por otro, que existen normas europeas estrictas para controlar la calidad de la sangre que se transfunde por lo que la normativa austriaca es desproporcionadamente restrictiva de la libre circulación de mercancías.
Pero si existen normas que garantizan la calidad y seguridad de la sangre destinada a transfusiones (medidas que se toman y se aplican “sí o si” lo que implica que la prohibición de vender sangre es una restricción añadida e innecesaria para el fin declarado), lo más probable es que estas normas restrictivas no traten de proteger la salud pública sino que tengan una finalidad moral. No nos gusta que la gente venda su sangre. Y, desde este punto de vista, la apelación a la salud pública es una “causa falsa”. El Tribunal de Justicia, como casi siempre, se queda en la argumentación formal.
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