Lo que harían los partidos–especialmente el PP- si quisieran, sinceramente, acabar con la corrupción política

Las respuestas de los políticos a la última ola de indignación popular por la corrupción política han sido levemente diferentes a las de “olas” anteriores. Rajoy decía hace años y en campaña electoral, que la mayoría de los políticos son honrados y que unos pocos sinvergüenzas no pueden determinar una política de sospecha sistemática. En esta ocasión, el argumento del garbanzo negro resulta menos eficaz dado el elevado número de casos de corrupción desvelados, la profunda crisis económica que padecemos; el reducídisimo número de políticos que acaban en la cárcel por robar dinero público o, de cualquier forma, aprovecharse del cargo para enriquecerse y, en fin, que ningún partido tiene mecanismos internos que garanticen la limpieza de su funcionamiento.

De modo que el PSOE habla de un pacto contra la corrupción; el PP de que “cada palo aguante su vela” y que “el que la hace la paga” y Esperanza Aguirre, más astuta y más pegada a la calle, de montar una sección de “asuntos internos” en cada partido político.

Los orígenes de la corrupción política en España son bastante evidentes: el urbanismo en los años del boom inmobiliario que concentró los casos de corrupción en los Ayuntamientos; la financiación de los partidos políticos, que siempre pueden gastar más y, por tanto, traficar con su influencia sobre las decisiones de gasto público a cambio de una parte del botín y el caciquismo o reparto de favores entre la clientela de cada partido en forma de puestos en la Administración Pública o favoritismo en la adjudicación de ayudas y subvenciones públicas o de contratos públicos. Además, naturalmente, de la mediocre clase política que padecemos producto de las listas cerradas y de la ausencia de alternativas para ganarse la vida honradamente de muchos de los cuadros de los partidos políticos. Pero de esto no diremos nada.

El urbanismo ha dejado de ser preocupante porque ya no se construye nada. Pero la lección debería aprenderse: los ayuntamientos no pueden decidir sobre el urbanismo. Porque, como ocurrió, todos los concejales de urbanismo acabarán convirtiéndose en promotores inmobiliarios y los promotores inmobiliarios se presentarán a concejal de urbanismo. La solución para el futuro pasa porque los únicos ingresos de un Ayuntamiento procedan del impuesto sobre bienes inmuebles. Con ello se simplificaría radicalmente la hacienda municipal con las consiguientes ganancias en transparencia. Al mismo tiempo, si un Ayuntamiento no recauda lo suficiente con el IBI tendrá que reducir los gastos o subir el IBI con lo que sus vecinos tendrán un criterio de comparación a la hora de votar. Además, debería prohibirse a los Ayuntamientos la obtención de ingresos por cualquier otra vía y, por supuesto, tomar dinero a préstamo.

La financiación de los partidos políticos me parece un problema menor (los partidos lo usan como excusa). Bastaría con poner un interventor al que los partidos políticos tuvieran que ir a pedir el dinero y fijar una cantidad máxima a recibir por cada uno. A la vez, al igual que a los Ayuntamientos, habría que prohibirles tomar dinero a préstamo o recibir donaciones o ingresos de cualquier otro tipo que no fuese la subvención estatal. Si alguien quiere donar algo a un partido, que lo done al Estado y que éste lo destine a incrementar la subvención. Los que quieran entrar en el sistema, que empiecen como asociaciones políticas y, cuando empiecen a tocar “poder”, que se conviertan en partidos.

El problema más grave es, a mi juicio, el tercero, esto es el tremendo poder que hemos otorgado a los políticos para hacer favores. Para reducir el volumen de corrupción política hay que actuar reduciendo los incentivos de los políticos para corromperse e incrementando las sanciones efectivamente aplicadas a los corruptos: zanahoria y palo.

Lo primero se logra pagando decentemente los cargos políticos, lo que exige limitar estrictamente su número (véase el caso italiano como un ejemplo de la multiplicación de cargos públicos). El número de cargos públicos puede limitarse fácilmente en relación con los cargos electos (concejales, diputados provinciales, diputados regionales, diputados nacionales).

Pero es muy difícil limitar el número de cargos cuya designación depende de los políticos. Dejando al margen los puestos de libre designación dentro de la Administración Pública (directores generales, gabinetes de los ministros y secretarios de Estado…) y salvo que limitemos muy estrictamente y en la Constitución lo que pueden “hacer” los poderes públicos, resulta imposible impedir, por ejemplo, que la Generalitat de Catalunya haya creado centenares de fundaciones públicas para la gestión de servicios públicos y, por tanto, haya creado centenares o miles de cargos que se ocupan por personas designadas por o en cuya designación influyen los políticos.

Las Cajas de Ahorro han sido otro “filón” de puestos bien remunerados para políticos o para personas próximas a los políticos y ha incluido no solo los miembros de sus órganos de gobiernos cuyo número no ha parado de crecer, sino a los miembros de todas las organizaciones nacidas y crecidas al calor de las Cajas. Desde sus fundaciones hasta las empresas donde las cajas tenían participaciones significativas.

La autonomía de los Ayuntamientos ha llevado al paroxismo esta capacidad de los políticos para decidir sobre puestos financiados con dinero público ya que no tienen límites legales a la creación de instituciones, empresas, agencias etc donde colocan a personas próximas a los políticos (no me refiero a lo de Andalucía que es mucho peor porque todos los empleados de esas instituciones parecen haber sido elegidos por su proximidad al PSOE, sino a los directivos de todas esas entidades). Pero hay miles, si no decenas de miles, de organizaciones cuyos directivos son elegidos en función (o, al menos, también en función) de su proximidad a los políticos.

El caso de los jueces es un buen ejemplo de la contaminación que la influencia política puede generar. La desgracia nacional que es el Consejo General del Poder Judicial y la forma de elección de sus vocales ha inducido a los jueces a afiliarse a asociaciones, próximas todas ellas a partidos políticos, como única forma de ascender. Los jueces a los que esas cosas no les gustan temen verse postergados en los ascensos. La vocal Robles dijo públicamente que el reparto entre las asociaciones era el verdadero criterio de elección de los jueces en los tribunales de más alto rango. La prensa ha publicado y los vocales del CGPJ no lo han desmentido que eligieron al último magistrado de la Sala 1ª porque un banquero llamó al Ministro de Justicia y éste pasó el “recado” a los vocales. En un país civilizado el Ministro de Justicia y los vocales que votaron a favor de ese candidato habrían presentado una querella criminal y habrían demostrado que votaron por él porque, a su recto entender, era el mejor de los presentados y los vocales que no votaron a favor de ese candidato habrían dimitido “ruidosamente” explicando por qué no podían seguir ni un minuto más en una institución así. Pero, resulta que el acuerdo del CGPJ no está motivado, de manera que no podemos saber por qué les parecía un candidato mejor que cualquiera de los más de treinta que se habían presentado. Lo del art. 330.4 LOPJ es ya, de un descaro insoportable, puesto que son los diputados que han de ser juzgados por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ los que eligen a uno de cada tres magistrados de esa Sala (rectius, proponen a tres entre los que el CGPJ designa a uno).

Y, si quieren algún ejemplo reciente más, recuerden lo que ha pasado con el ex-Secretario de Estado de Seguridad. Lo han destituido – parece – pero Soraya ya le ha encontrado un puesto: se va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un juez del Tribunal de Justicia gana un sueldo realmente bueno (no he conseguido encontrarlo en internet, así que se lo he preguntado a europedirect). Es muy probable que el ex-secretario de Estado sea un buen jurista aunque por su edad, yo creo que yo estoy más capacitado que él para el puesto. Pero lo que dudo, sobre todo, es que el interés de España y del Derecho esté bien servido a través de un procedimiento tan poco transparente para seleccionar a los españoles que ocupan puestos en el Tribunal de Justicia. ¿Con quien ha competido por el puesto?

La lista podría engordarse con los puertos del Estado (donde el PP ha colocado al ex presidente de la Diputación Provincial de Alicante imputado por corrupción – not very much “que cada palo aguante su vela” y “el que la hace, la paga” señora Cospedal, al menos por ahora, ya que el PP mantiene a 9 diputados regionales valencianos en sus puestos a pesar de estar próximos al juicio oral), direcciones de aeropuertos, las televisiones autonómicas y nacional donde parece que, en el caso de Valencia y Madrid, el nivel de enchufe era estratosférico. No quiero imaginar lo que pasa en la gallega, la catalana, la andaluza o la vasca.

La solución pasa por volver al pasado cuando los poderes públicos solo podían actuar sometidos al Derecho Administrativo; cuando todos los puestos pagados con dinero público se cubrían mediante un concurso-oposición.

Si cualquier administración pública quiere desarrollar una actividad (gestionar un puerto, una televisión, un periódico, una universidad o un hospìtal) que sepa que tiene que cubrir todos los puestos mediante un concurso-oposición empezando por el director y terminando por el bedel. Como puede deducirse, una disposición así reduciría notabilísimamente el interés en “acercarse a los políticos” para conseguir una canonjía. “De la oposición no se libra ni Einstein” debería ser el nuevo lema. Una comisión nacional formada por funcionarios de cuerpos superiores del Estado jubilados velaría por la limpieza de las oposiciones convocadas.

Ya sé que esto introduce rigideces. Pero es un precio que merece la pena pagar en un país donde la corrupción ha alcanzado niveles tan escandalosos.

La otra gran decisión que deberían tomar los partidos políticos si fueran sinceros en sus afirmaciones sobre acabar con la corrupción tiene que ver con las agencias independientes y los organismos de control de la actuación de los políticos.

Nuestros políticos se han dedicado, sistemáticamente y con la excusa de la mayor “agilidad” a laminar la eficacia de las instituciones creadas históricamente para controlarlos. Desde la desaparición del cuerpo de los secretarios de Ayuntamiento como funcionarios de un cuerpo nacional – y, por tanto, que velaban por la legalidad de la actuación administrativa a la continua “reorganización” de las agencias independientes para poder sustituir a los del partido rival en sus cúpulas por otros más afines, pasando por la inocuidad del Tribunal de Cuentas donde se ha proporcionado, a menudo una jubilación decorosa a ex-políticos, hasta la huida del Derecho Administrativo a la que nos referíamos antes. Lo de los EREs en Andalucía no podría haber pasado si se hubiese seguido, para el otorgamiento de esas ayudas, el procedimiento general de concesión de ayudas públicas.

Todas las agencias independientes controlan a los poderes públicos aunque no lo parezca. La CNE, que apenas tiene poderes ejecutivos, debería ser la principal defensora del interés público frente a la presión de las compañías eléctricas sobre los políticos y, por lo tanto, su intervención debería evitar cualquier corrupción o favoritismo en la política del Ministerio de Industria. La CNC, aunque su función fundamental es garantizar que los particulares no acaban con la competencia en los mercados, es el principal valedor de la legalidad de la actuación administrativa en la vida económica a través del control del bid rigging en los contratos públicos y la posibilidad de impugnar las normas reglamentarias que favorezcan al incumbent o a empresas cercanas a los políticos. El Banco de España ha de garantizar que los bancos no capturan al regulador bancario y que las decisiones financieras del Gobierno se toman de acuerdo con la legalidad de manera que los bancos no estén interesados en usar sus fondos para adquirir influencia sobre los políticos. La CNMV debería ser la principal herramienta de control de la influencia de las grandes corporaciones sobre el gobierno. Lo propio con la CMT.

Nótese que no estoy diciendo que habría que encargar a estas agencias que hagan tal labor. Digo que esa labor es un efecto reflejo de la tarea que les encomienda la Ley. Por eso la Ley las configura como agencias independientes, independientes del Gobierno, naturalmente.

Por tanto, el pacto al que deberían llegar los partidos políticos si fueran sinceros cuando hablan de que quieren acabar con la corrupción es el de renunciar a la designación de los presidentes y consejos de todas esas agencias independientes. La elección debe realizarse a través de un proceso competitivo – con anuncios en la prensa internacional – y por una Comisión de notables encargada de velar por el proceso, Comisión que podría estar formada por los ex-presidentes de esas instituciones y Comisión que no ejecutaría el proceso, lo que se puede encargar a las empresas especializadas.

Si se tomaran estas tres medidas (Ayuntamientos financiados solo con el IBI; cobertura de todos los puestos pagados con cargo al erario público por oposición y designación a través de un proceso competitivo de los presidentes y consejos de las agencias independientes) se reduciría notablemente el “botín” que los políticos pueden repartirse con los particulares a costa del público. Los peores ciudadanos no se acercarían a los políticos porque no tendrían nada que ganar. Los ciudadanos más deshonestos no se meterían en la carrera política porque no podrían hacerse ricos. Y los que lo son y ya están sabrían que no tienen “donde caerse muertos” si caen en desgracia.

¿Por qué se lograrían estos resultados? Porque los políticos y los particulares que se acercan a ellos no podrían cometer las fechorías que venimos padeciendo sin la cooperación, o al menos la abstención activa, de los empleados públicos que están encargados de gestionar los dineros públicos. Y no hay empleado más obediente y agradecido que el que ha obtenido el puesto gracias al dedo del político. Un funcionario cuyo salario y carrera no depende del político no pondrá su firma en el enjuague de un concurso público ni visará que una ayuda pública ha sido concedida correctamente. Cuando los que gestionan el gasto público están muy próximos a los políticos, la corrupción florece porque se hace muy poco costosa.

A modo de coda : la carga de la prueba de la honradez de los políticos pesa sobre ellos. Por tanto, es de una elevada hipocresía incitar a los jueces a investigar la conducta de miembros de un partido político sin proceder, simultáneamente a hacer pública la investigación interna que han llevado a cabo, los resultados de la misma y las medidas adoptadas por el partido para evitar que pase lo que no debería pasar (Cospedal debería contar, como ha hecho Aguirre, cómo acabó Bárcenas saliendo del PP). Cuando se acusa a un político de corrupción, su obligación es poner a disposición del público todos los datos de los que disponga para demostrar su honradez. No escudarse en la presunción de inocencia, en el “chivo expiatorio” o en el ataque político. Los políticos llevan dando jarabe de pico a la honestidad de la clase política demasiado tiempo para que resulten creíbles. Obras son amores y no buenas razones.