Más sobre Valdecantos y el Informe sobre Universidades

Por Albert Lamarca

El prof. Alfaro comentaba en este su blog el artículo del prof. Antonio Valdecantos publicado en El País del sábado 16 de febrero Esta publicación, una entre tantas sobre lo que debería hacerse en y con la Universidad coincidía con la publicación del Informe de los expertos -no socialistas se dice- sobre propuestas para la mejora de la Universidad, uno de tantos también, aquí y allí.

La noticia sobre el artículo del prof. Valdecantos me llegó a través del magnifico blog sobre investigación y universidades del prof. Canela. El informe de los expertos comentado, a través del correo de un colega. Y con ellos intercambié opinión electrónica que el prof. Alfaro me pide comparta aquí en abierto, unas modestas notas personales.

Ni el artículo ni el Informe me han despertado un especial interés. Son tantas las propuestas de mejora de sabios de un color u otro, como si todo fuera un desastre y la culpa siempre la tuvieran los demás, que la cosa -naif- aburre. Ha habido cosas muy bien hechas en la últimas décadas en la Universidad, muy bien hechas. Tenemos -en Derecho- una generación de investigadores muy bien formada, sólo equiparable a la mejor de antes de la guerra civil que se fue a Alemania. Sobre el Informe, me detengo especialmente en lo relativo al profesorado, pues yo, acreditado vitalicio para catedrático me entretengo en coleccionar propuestas de salvación del sistema, e intento compararlas con la trayectoria personal de quien las hace.

La verdad es que en el Informe hay pocas novedades destacables, vistas con perspectiva de ciclo largo, salvo el retorno a un sistema “nacional” de control de acceso a puestos de investigador permanentes. Asoma una obsesión con el uso de “nacional”. ¡Cuidado, que vienen los nacionales!, diría alguno desde Cataluña. En una traducción moderna e internacional ello quiere decir un sistema centralizado y presencial de selección de profesorado, con dispersión y centralización contrastadas. Nada nuevo, otra vez. De la posible libertad de criterio, o independencia, que podría salvaguardarse con un sistema documental sin puerta abierta en la toma de decisiones, se pasaría a un sistema de puerta abierta centralizado, con ojos mirando a quien toma las decisiones, ¡y a saber qué ojos y con qué mirada!

En todo caso, sorprende que aún se mantenga lo del proyecto docente e investigador, ¡qué cosas! ¿Para qué sirve? Un país en permanente reforma, en que ya se ha intentado todo, con el infantilismo de pensar que cuando uno llega al poder todo recomienza.

En el fondo, el Informe propone remodelar lo que hay. Pero con algunos apuntes interesantes, medio escondidos en nota al pie. Así, cómo se combina la formación de equipos de investigación estables y dimensionados con la política de desvinculación, dos directrices de las políticas públicas en investigación en una clara contradicción. No es lo mismo exigir estancias largas de investigación pre y postdoctorales en el extranjero bien financiadas -y por qué no también una vez se es permanente- con exigir no ser doctor de la casa para llegar a ser contratado por ésta. Muchas veces se importa mal, y sin contar con lo bueno que aquí se tiene.

También algún apunte risible. No parece razonable cobrar a la vez complementos por méritos de docencia, gestión e investigación para un mismo período de tiempo.

Sobre las cátedras, sigue sin admitirse que a día de hoy no son nada más que un escalón superior y último en la trayectoria investigadora y docente. Llegar a catedrático supone reconocer que se han hecho las cosas como se debían y cuando se debían por el investigador, nada más. Algo de esto quiso hacer con el sistema de acreditación: un cambio de nivel 27 a nivel 30 en el grupo A1 y 600 euros brutos más a al mes, pues la cátedra o chair como tal ya no existe. De esto estamos hablando a día de hoy. Pero los hay que siguen añorando un sistema de oposición centralizada en que se cantan temas, se humillan candidatos, se generan enemistades insuperables, y se expone un plúmbeo proyecto docente, mientras en privado se dice “aquello sí que eran oposiciones, las mías”, y se añade “qué presiones había sobre los miembros del tribunal...”.

En todo caso, España es un Estado arruinado, moral y económicamente, por lo tanto, no habrá cambios efectivos en una larga década, como mínimo, por mucho informe que se haga, siempre que no sean, como tan de moda está, a coste cero, como mínimo para uno mismo, como suele ser.

Sobre el artículo del prof. Valdecantos, (“La burbuja universitaria”), ignoro cuál ha sido la trayectoria de dicho profesor; qué ha hecho él en cada caso concreto, en concursos, tribunales de tesis y evaluaciones, y si nunca ha caído en lo que denuncia, pero el artículo tiene ciertas ocurrencias que hacen pasar el rato.

Ridiculiza el uso del término excelencia por los gestores universitarios. Término que sustituyó o se acumuló al de calidad. La cosa tiene una cierta gracia de leer. A mí me generaba malestar cada vez que veía a un gestor empachado sobre la moqueta, después de atracarse con un buen catering, hablando de excelencia y calidad,:  ¡  qué pesadez, e insensible a la realidad y sufrimiento circundante, ¡que tanto hay!. El artículo de Valdecantos -apellido que desde Barcelona resuena a campus metropolitano- está lleno de afirmaciones que generan perplejidad, algunas risibles, con premio a la frase “Ya se sabe que un poco de progresismo contestatario en la juventud es la mejor formación para el mandarín tecnócrata”. En su favor cabe decir que parece escribir con libertad, sin importarle lo que puedan llegar a decir de él, mucho mejor que los cínicos que van dando lecciones por ahí: España país de doble contabilidad y de doble moral.

Son tiempos en que para pedir sacrificios antes hay que haberse sacrificado; en que para proponer nuevos modelos hay que ser modélico; en que para pedir ejemplo hay que haber sido ejemplar. En que para pedir rigor, honestidad, compromiso, es necesario haber gestionado con rigor y honestidad y haberse comprometido. Lo contrario no sirve. En un blog de derecho mercantil como éste, cabe recordar que muy a menudo se confunden los derechos de voto en sociedades de capital y en órganos de gestión y decisión no representativos, con el derecho de voto en la sociedad democrática. Y esto cambiará el escenario en los próximos tiempos. Lo que vivimos ahora es excepcional, una situación que se da sólo cada muchas décadas, y ahora estamos de lleno en ella.

A raíz de los dos textos precedentes, y en conversación con el prof. Alfaro y otros colegas, hice memoria de algunas cosas que han pasado recientemente en nuestras Universidades. Decisiones que son públicas y que se pueden consultar en las actas de los distintos consejos y comisiones que las tomaban, a veces un poco disimuladas al final del orden del día, pero públicas y publicadas al fin, aunque sea en intranet. Decisiones sobre las que manifesté mi sorpresa y opinión contraria en los años pasados, pensando que con ello contribuya a una Universidad mejor. Pero me equivoqué, pues los hay que confunden discrepancia con disidencia, y consideran esta última como causa de destrucción a la que hay que silenciar y eliminar. Así ha sido. Pero no por ello dejamos de pensar diferente, quizás callamos, pero no dejamos de pensar.

Por ejemplo, y siguiendo con la excelencia, la retención y la atracción del talento, y tantos otros mantras repetidos en cada folleto de propaganda institucional hasta la extenuación. Con cierta vergüenza, los de Derecho hemos tenido que sufrir ver como las Universidades edificaban un sistema normativo que alternaba un alambicado sistema de régimen ordinario y otro extraordinario o “excepcional”, y asistir a cómo, en la práctica, una gran parte de las decisiones respondían al criterio “excepcional”. Y mientras, aquello de que “al indiferente, que se le aplique la legislación vigente”, que solían ser los de siempre. El paroxismo llegaba al comparar las decisiones rigurosas, frías, duras, y con un punto de displicencia, sobre la progresión de jóvenes becarios y ayudantes, abandonados a su suerte, con el entusiasmo mostrado hacia las incalificables políticas de jubilaciones anticipadas con reserva de los mejores despachos. La cosa tenía un punto de cómico o patético, pero evidenciaba la ruina moral del sistema. Mientras se reducía la dotación económica de los contratos para los jóvenes investigadores, a los que se subía la docencia, o se expulsaba a magníficos asociados, las Universidades aprobaban pagar el 100% del sueldo (una parte a cargo de la Seguridad Social, claro) a profesores que prácticamente dejaban de dar clases con poco más de sesenta años.

Los acuerdos siempre reconocían el carácter excepcional o extraordinario del agraciado con estos 70 o 80.000 euros al año sin dar clase, mientras se endurecían las condiciones de los más jóvenes, a los que se bajaba el sueldo y se incrementaban las horas de clase en aula. Esto ocurría en los años 2011 y 2012 en España: “Justicia, Señor, pero no por mi causa”.

Sobre el modelo centralizado de decisión, en Cataluña se aprobó a finales de 2011 el Plan Serra Hunter -catedrático de Filosofía y rector de la UB durante la República, que todavía no se ha implementado. Está en largo trámite. El Gobierno monitoriza la convocatoria de plazas, las financia directamente y cotutela las comisiones evaluadoras: autonomía intervenida, como desconfío de ti confía en mí. Los candidatos seleccionados no necesitan tener ninguna acreditación, singular. La convocatoria no ha generado mucho debate, que digamos, entre los que hace poco suspiraban por “su” cátedra y decían a los demás que eran demasiado jóvenes y que ya tendrían tiempo. Recordaban más de uno a los personajes del Conde de Montecristo, no sé muy bien en qué fase de la novela. Quizá porque ignoraban que la crisis se llevaría por delante las cátedras para décadas. Cuando uno llega arriba es para preocuparse por los que tiene debajo y no para continuar de arribista medrando y adulando a los poderosos, como tanto vemos en nuestros gestores.

En las Universidades -algunas- se hablaba y habla del “problema de los acreditados”, ¡cuando el problema sería no tener acreditados! Qué desastre para el sistema sería que los que empezaron en los noventa e hicieron muy bien las cosas, no recibieran un reconocimiento a su trayectoria dos décadas después. Esto sí que hubiera sido desastroso, no tener acreditados. Que haya cosas que no se hagan bien no lo pongo en duda, pero no hagamos pagar a justos y a pecadores a la vez, y siempre juzgando los mismos.

Mientras todo lo anterior sucede, anécdotas del sistema, la Ley de Presupuestos condena a los que no accedimos al poder a principios de los ochenta, cuando todavía íbamos a la escuela, a esperar a que los que sí lo hicieron, y que han tenido posiciones vitalicias y con un poder concentrado durante más de treinta años, que ya es decir, se mueran o decidan jubilarse, con una ratio de 1/10, uno de nuevo por cada diez de los anteriores. Sorprendente, pero es así, ritmo vital, cadencia biológica, como un peaje a la sombra. Pero no podemos lamentarnos demasiado, nos consideran jóvenes, y los hay que lo están pasando mucho peor, pues hasta les niegan el derecho a la compasión.