El Informe de la Autoridad Catalana de Competencia sobre la regulación del comercio en Cataluña

La primera crítica que dirige el Informe de la Autoridad Catalana de la Competencia a la regulación comercial autonómica es que se ha sacrificado la eficiencia en aras de mantener un "modelo catalán" de ordenación del comercio. Justificar el contenido de una regulación - como han hecho los gobiernos catalanes de distinto signo desde hace más de 25 años - admitiendo, al mismo tiempo, que es ineficiente, solo porque es "nuestro modelo", solo puede calificarse como un ejercicio de irracionalidad. La diferencia, por la diferencia.

Pero la conducta de los gobiernos catalanes es todavía más reprochable ya que hay ganadores y perdedores en la regulación comercial y los primeros han sido los "clientes" de los partidos nacionalistas y los propios políticos que han utilizado la ordenación comercial para incrementar su poder y su capacidad de extraer y repartir rentas monopolísticas, lo que, sin duda y objetivamente, ha aumentado el potencial de corrupción. Los segundos han sido los consumidores catalanes que han pagado su comida más cara y han disfrutado de menor libertad de elección.

La historia comienza con la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley de 1997, que suponía prácticamente, la supresión de la libertad de comercio en su contenido - esencial - de derecho a abrir un establecimiento comercial. El comerciante se convertía en un funcionario. No era alguien con derecho a abrir un establecimiento sino alguien que servía a la cobertura de las necesidades de consumo de la población en los términos que dictasen los políticos de turno, quienes determinaban si las necesidades de la población estaban suficientemente cubiertas o no. No estoy exagerando:

A estos efectos, el Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales comparaba oferta y demanda, por cada categoría de producto, y establecía las dimensiones máximas (m2 de superficie de venta) para la oferta comercial, municipio por municipio. Las nuevas implantaciones sólo eran permitidas si no se había alcanzado este umbral máximo.... deben implantarse dentro de la trama urbana consolidada y sólo en municipios de determinada población.

El delirio del tripartito convirtió la regulación del comercio en dirección urbanística y, en 2005, señaló que la primera debería servir a los fines de lograr "la ciudad compacta, compleja y socialmente cohesionada en la que el comercio tiene una función determinante" (¿cómo puede alguien ser tan arrogante y tan ignorante a la vez como para pretender que puede limitar la libertad de la gente para abrir una tienda en función de que contribuya o no a cohesionar la ciudad, a hacerla más o menos compacta o más o menos compleja?).

Cuando se incorpora al Derecho español la Directiva de servicios, el Parlamento de Cataluña cambia de verborrea pero mantiene el discurso de fondo. Ahora se trata de limitar la libertad de comercio justificándolo por necesidades imperiosas del interés general (es lo que dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Directiva de Servicios) "de tipo urbanístico, medioambiental y de preservación del patrimonio histórico-artístico". El resultado es que prosiguen las mismas trabas - y posibilidades de intervención administrativa - que antes de la promulgación de la Ley de incorporación de la Directiva de Servicios (Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio) hasta el punto que el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última versión de la regulación catalana, lo que ha determinado, de acuerdo con la Constitución y la LOTC, la suspensión de la misma.

Lo más grave es la idea de "plan" de equipamientos comerciales. Porque, por un lado, ha generado sucesivas "moratorias" a la concesión de licencias de apertura de grandes superficies (5-6 años en los últimos 15) y, por otro, expresa el escaso respeto por la libertad y el elevado gusto por el control político de las decisiones económicas que han tenido los políticos catalanes.

De nuevo, hay que recordar que es inevitable que, a mayor control político de las decisiones económicas, mayor nivel de corrupción. Cada permiso que se solicita, sobre todo cuando los permisos son "escasos", es una ocasión para la corrupción, el favoritismo, la protección del incumbente (el hipermercado de la zona) y el daño para los consumidores. Las licencias de apertura se convierten en objeto de intercambio, lo que multiplica la corrupción potencial. Ya no hay que dar la licencia a la empresa de distribución. Se puede dar, directamente, a un "amigo" que, a continuación, se la venderá a la empresa de distribución.

Si las restricciones no se limitan a la "entrada", sino que afectan también al ejercicio del comercio (rótulos, horarios, rebajas, liquidaciones, requisitos físicos de los establecimientos), los efectos anteriores se multiplican. Cada inspección, cada procedimiento sancionador es una ocasión para la corrupción, para la protección de los incumbentes y para dañar a los consumidores.

¿Ha logrado esta regulación tan restrictiva paliar la decadencia (inevitable para cualquiera que no sea imbécil o que no crea que los demás somos imbéciles) del comercio tradicional? Ni un poquito. La evolución de este comercio en Cataluña ha sido semejante a la sufrida en el resto de España. Incluso peor en términos de comerciantes autónomos.

Como los políticos no pueden cambiar las preferencias de la gente, el otro gran objetivo de reducir la distancia que hay que recorrer para hacer la compra y fomentar el uso del "comercio de proximidad" tampoco se ha logrado. Sólo se ha logrado que la gente tenga que desplazarse más lejos para encontrar la variedad y precios que prefiere. Parafraseando el chiste sobre los cigarrillos Camel y la adicción al tabaco, "Solo un catalán se pasa media hora en coche (¡por autopistas de peaje!) para ir a comprar a Mercadona".

Lo bueno es que la Autoridad de Competencia Catalana ha demostrado un nivel de independencia superior al de otras autoridades regionales de la competencia al publicar este Informe.