El informe de la Comisión de expertos sobre la Universidad Española

El Grupo de Expertos encargado por el Ministerio ha producido su informe, que se ha publicado aquí. Mariola Urrea y Oscar Alzaga (¡los de Derecho!) han publicado una especie de voto particular (dicen q el nivel de los profes universitarios es alto aunque el 60 % no tiene más de un sexenio de investigación y son todavía mucho más conservadores que la mayoría en sus propuestas. En fin, no diré más al respecto). Lo que expongo a continuación son comentarios que me ha sugerido la lectura del informe, esto es, esta entrada no reproduce el contenido del informe. Un buen resumen, aquí

En general, el Informe decepciona porque es muy modesto y no propone estrategias de ejecución creíbles. Pero está lleno de propuestas sensatas – en materia de profesorado – a las que deberían atender las universidades. Sin embargo, los órganos que gobiernan la Universidad no tienen incentivos para atender tales recomendaciones porque no benefician a la clientela que elige a los rectores (al margen de que ya no hay un duro para poner en marcha ninguna política de profesorado). El cambio en el sistema de gobierno es un requisito previo e imprescindible del cambio en las dinámicas de contratación del profesorado, enfoque de cada universidad, selección del alumnado, política de tasas, orientación a la investigación etc y, en este ámbito, las propuestas no son suficientemente revolucionarias.

1. Es posible que la calidad media de las universidades españolas sea aceptable y hay que reconocer que han contribuido a reducir la desigualdad social y a generalizar, a bajo coste, el acceso a la enseñanza superior a amplias capas de la población.

2. España carece de universidades excelentes. La uniformidad y la preocupación por la igualdad ha impedido que haya universidades españolas que se codeen con las mejores del mundo con consecuencias muy negativas en el plano de la innovación y de la creación de empleo.

3. Los universitarios españoles están subempleados. Eso, a mí no me preocupa mucho. Si la Universidad suple a la formación profesional, es lógico que graduados universitarios ocupen puestos que deberían cubrirse con personas con educación secundaria. Además, hemos convertido en carreras universitarias muchos estudios profesionales (turismo, gestión empresarial, enfermería, fisioterapia, graduado social, trabajo social, alimentos, muchas ingenierías técnicas y diplomaturas incluyendo la de detective, traducción e interpretación, documentación…) y, en otras, se ha bajado tanto el nivel, que las cursan personas que deberían haber optado por una formación post-secundaria mucho más corta (Derecho, Diplomatura en empresariales, algunas de las carreras de Letras…) Lo que no es malo en sí (la Universidad americana es la que más títulos de post-secundaria ofrece que no merecen la calificación de estudios universitarios en una universidad europea del siglo XIX), pero no podemos pretender equiparar título universitario y trabajos superiores en el mercado.

4. La estructura de nuestra Universidad es demasiado homogénea. Estoy de acuerdo. Hay que concentrar la investigación en aquellos lugares donde haya masa crítica (nº suficiente de investigadores reputados). La financiación de la docencia y la de la investigación deben separarse y concentrarse ésta en los grupos de mayor calidad y que estén orientados a ciencias e ingenierías. Todo el dinero para financiar la investigación debe concentrarse en unos pocos grupos y las becas o ayudas deben ser de mayor tamaño individual. Los investigadores deben formarse en el seno de esos grupos. Una Universidad que carezca de ayudas a la investigación obtenida en procedimientos competitivos en cantidad suficiente no debería poder ofrecer programas de doctorado ni formar profesores. La investigación en ciencias sociales y humanidades debe financiarse por el sector privado o mediante la prestación de servicios al sector privado o mediante el dinero de las tasas. No hay grandes ganancias para el bienestar social en la investigación que hacen nuestras Universidades en Derecho, Economía y Empresa y en Humanidades (marginalmente hablando, ya que en el salario de los profesores se incluye la labor de investigación).

5. La financiación de la enseñanza debe dirigirse a premiar a las universidades que mejoren la calidad de la enseñanza que dan. Bastaría con dar 1 punto (= 3000 €/año) x alumno a las facultades/grados que se consideren de mayor calidad (encuestas a alumnos, a profesionales del sector y a profesores de otras universidades) y, de ahí para abajo, dar 0,9 puntos, 0,8… hasta el mínimo que “obligue” a las peores universidades a cerrar los estudios en los que destacan por ser especialmente malos.

6.Internacionalizar la Universidad más allá del programa Erasmus. Eso solo pueden hacerlo las universidades excelentes si disponen de libertad para contratar a los profesores en cualquier parte del mundo.

7. El Gobierno de la Universidad. Completamente de acuerdo en que hace falta un Rector con los más amplios poderes (debe poder elegir su “comisión ejecutiva” dentro del Consejo de Administración de la Universidad eligiéndose el resto de los miembros del consejo también por el Rector entre profesores especialmente destacados de la Universidad y personas ajenas a la Universidad). Para los que crean que es un sistema demasiado presidencialista, les recuerdo que es como funciona el nombramiento de los miembros de un Consejo de Administración de una sociedad cotizada de capital disperso. Lo que garantiza que “lo harán bien” es la competencia en el mercado de producto. Por tanto, lo que hay que asegurar es que las Universidades competirán entre sí ferozmente por atraer a los mejores alumnos y a los mejores profesores porque, con ellos, vendrán los fondos (tasas y ayudas a la investigación). Las Universidades que quieran seguir como hasta ahora, esto es, siendo clientelares, endogámicas y “democráticas”, acabarán por desaparecer.

El Rector debe ser nombrado por un período largo – 6 años – mediante concurso internacional publicado en revistas internacionales. La Universidad debe designar una Comisión ad hoc cada vez que se aproxime la fecha de renovación que haga una propuesta al Consejo de Administración y el Rector saliente tiene que tener cierta voz en la elección de su sucesor. El candidato a Rector debería presentar a la Comisión una propuesta de largo plazo para la Universidad. Su salario debería equipararse al del Presidente del Tribunal Supremo y dotarse de un complemento variable en función de su éxito como fund raiser.

El Rector debe nombrar a los decanos y directores de departamentos. Los profesores deben limitarse a votar una vez cada 6 años para elegir un % de los miembros del consejo de administración y los alumnos, lo propio. El Claustro debe suprimirse y los consejos de Facultad, de Departamento etc, también. Los profesores de una misma área pueden organizarse como quieran pero hay que suprimir los órganos administrativos que consumen mucho más tiempo de los profesores del que merecen.

Debe derogarse toda la legislación universitaria o, mejor, convertirla en legislación supletoria de las reglas que se den a sí mismas las Universidades.

8 Selección del profesorado. Nada cambia sustancialmente respecto de titulares y catedráticos y se pretende que se dé libertad a cada Universidad para contratar a – casi la mitad – profesores contratados doctores. Nos tememos que no es un cambio suficientemente ambicioso. La inercia hará que nada cambie. Se seguirán “colocando” en cada universidad los acreditados para TU o Catedrático que ya estuvieran trabajando en esa universidad y se convertirán en profesores contratados doctores a los que vinieran desarrollando su actividad previa en esa universidad.

El cambio tiene que ser revolucionario y dar absoluta libertad a las universidades para contratar a quien quieran y como quieran (fijación de salarios). Los empleados con tenure de una Universidad son empleados públicos pero no, necesariamente, funcionarios. Debe impedirse exigir requisitos de nacionalidad o de relación previa con la Universidad. Para incentivar a las Universidades a contratar a los mejores, podría establecerse un sistema a posteriori (cuando esa universidad pide dinero para financiar investigación o pretenda “subir” en el escalafón de puntos por alumno que recibe como financiación de la enseñanza) en el que se revise su práctica de contratación con un programa informático que determine si la Universidad contrata sistemáticamente a los mejores o a los más próximos. De este modo, las Universidades más corruptas o endogámicas no accederán a dinero para investigación y a poco para docencia y se convertirán, con el tiempo, en colegios de mala muerte donde los estudiantes no querrán cursar sus estudios. Las que organicen bien la contratación de su profesorado, atraerán fondos de investigación, podrán cobrar tasas más elevadas, mejorarán la calidad de su alumnado y entrarán en un círculo virtuoso. Si ninguna Universidad lo hace, el Estado estará legitimado para reducir progresivamente la financiación pública. Por tanto, las recomendaciones que se contienen en el Informe deberían ir dirigidas a las Universidades, no al Ministerio o a las CC.AA.

De nuevo, las Universidades deben poder fijar libremente sus procedimientos de contratación que solo estarán sometidos a los principios de la contratación del sector público (transparencia, competencia y mérito y capacidad), principios que se podrían formular en un artículo de una norma con rango legal para dar cobertura suficiente.

9.El Informe se ocupa demasiado de la ANECA y de los criterios de acreditación. Si se proporciona autonomía a las Universidades para seleccionar a su profesorado, lo que hay que hacer es suprimir la ANECA, las Anecas y acabar con el proceso de acreditación. A los profesores han de seleccionarlos las Universidades individualmente. Si se suprimen los títulos oficiales, no necesitamos a la ANECA para nada. Puede fusionarse con los organismos que se encargan de la gestión de la financiación de la investigación.

10. No compartimos en absoluto las preocupaciones de la minoría sobre la eventual inconstitucionalidad de cualquier modelo de Universidad que se pretenda instalar. Que la Universidad sea autónoma es una garantía institucional, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Un organismo público no puede ser titular de Derechos Fundamentales. Y, como garantía institucional, lo que hay que asegurar es que la Universidad toma sus decisiones y que los profesores disfrutan de libertad de cátedra. Pero la composición y elección de los órganos que toman esas decisiones queda a la disponibilidad del legislador. Y que la libertad de cátedra exija el carácter funcionarial de la carrera docente...