El caso tiene su origen en Chinácota, un pequeño pueblo a una hora en coche de la ciudad fronteriza de Cúcuta. El año pasado el alcalde de la ciudad cerró la Taberna Barlovento, un bar que también sirve como burdel, diciendo que violaba las reglas urbanísticas. Junto con las bebidas, el bar ofrece cuatro dormitorios lo suficientemente grandes para que quepa un colchón o dos.
Cuando el alcalde cerró (el burdel), la dueña se fue a los tribunales alegando que ni ella ni las prostitutas venezolanas que trabajaban en él tenían otro ingreso y, por tanto, que la clausura de la Taberna infringía su derecho al trabajo. Y ganó
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