foto: JJBose
A través de la siempre interesante “Actualidad Jurídica” de Cuatrecasas, tengo noticia de la Resolución de la Dirección General de la cosa y de otras cosas de 4 de junio de 2020 según la cual, pueden inscribirse las clausulas estatutarias que prevean sistemas alternativos de retribución para los consejeros ejecutivos. El art. 217 LSC sólo exige que se determine estatutariamente el sistema de retribución y que la junta apruebe la cuantía máxima de la retribución de los administradores en su conjunto y el art. 249 LSC recoge la obligación de celebrar un contrato con el consejero-ejecutivo.
La DG – indebidamente a nuestro juicio, porque la sentencia del TS de 26 de febrero de 2018 es errónea y no “complementa” el ordenamiento porque se trata de un pronunciamiento aislado – dice que “la retribución de los consejeros ejecutivos además de en su contrato (ex art. 249.3 y 4 LSC) debe fijarse en los estatutos y su cuantía ser aprobada por la junta general (ex art. 217 LSC), pero en la línea de flexibilidad que patrocinaba el TS en su sentencia afirma que «debe admitirse que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos».
La resolución proporciona seguridad jurídica pero lo hace, una vez más, a base de engordar la redacción de los estatutos sin ganancia para nadie. Lo que harán las sociedades es incluir en la cláusula estatutaria sobre la retribución de los administradores un párrafo como el que fue objeto de la Resolución:
La remuneración de los consejeros ejecutivos podrá consistir en: una retribución fija, sistemas de previsión social, planes de ahorro, retribución en especie (utilización de vivienda habitual, de vehículo, suscripción de seguros), indemnizaciones por cese conforme a las causas previstas en sus contratos y pactos de exclusividad, de no competencia post-contractual o de permanencia.
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