Cada día que pasa nos ofrece una nueva muestra de la progresiva destrucción por la izquierda española en alianza con los nacionalistas del Estado de Derecho construido entre 1976 y 2004 . No me refiero sólo a la creciente discriminación de los no nacionalistas en las regiones de hegemonía nacionalista – que alcanza ya al acceso a la función pública y a la educación –; ni siquiera me refiero a la creciente expropiación de recursos por parte de los nacionalistas vascos del resto de los españoles. Tampoco me refiero solo a que las leyes han dejado de cumplirse y su cumplimiento depende de la voluntad de los gobiernos regionales. Ni siquiera me refiero solo a que las resoluciones del Tribunal Constitucional son papel mojado y las sentencias de los tribunales no se ejecutan. No me refiero tampoco a que la Ley ha sido sustituida por el Decreto-Ley como forma ‘normal’ de producción normativa. No me refiero tampoco a que estamos gobernados por una especie de coalición entre el gobierno central y los gobiernos regionales, a los que no elegimos para discutir de los asuntos que competen a la soberanía nacional. Tampoco me refiero a la degradación de la educación o a la irrelevancia de España en el plano internacional. A la desaparición de una política iberoamericana o al desastre de la política en relación con Marruecos. Ni a la vergüenza de saber que se ha espiado a medio gobierno sin que éste se enterase. Ni al ridículo espantoso de ministros y ministras que llenan el BOE de sandeces escritas en lenguaje cursi. Ni a que los medios de comunicación dediquen casi todo su tiempo a los cotilleos políticos o a discutir problemas inexistentes o muy menores.
Me refiero a que España es incapaz de hacer nada de lo que es capaz un país desarrollado. Nada que requiera ‘altas capacidades’ públicas se ejecuta eficazmente. ¿En qué ámbitos se necesitan ‘altas capacidades’ públicas? En la aplicación de reformas a la educación; en las políticas activas de empleo y en la inversión de decenas de miles de millones en un plan de dinamización de la actividad económica privada. En esos tres ámbitos, donde las empresas privadas tienen un papel subordinado, el Estado ha sido incapaz de hacer nada a derechas en los últimos 20 años. Al contrario. Su papel se ha limitado a hacer cada vez más difícil a los particulares resolver los problemas correspondientes mediante la cooperación entre ellos. La izquierda y los nacionalistas han llenado los Boletines Oficiales de reglas que impiden la cooperación entre los ciudadanos para mejorar sus vidas.
Ahora ha llegado el momento – en la degradación progresiva a la que asistimos – de lo que podríamos llamar ‘capacidades medias’. El Estado empezará a no ser capaz de prestar servicios públicos si no es a través de empresas privadas. La degradación de la Sanidad y la Educación o incluso de la Administración de Justicia sólo se contrarresta por el creciente papel de la iniciativa privada. Y la calidad de las prestaciones ‘regulatorias’ y de ‘supervisión’ de las administraciones públicas no ha hecho más que bajar desde, como mucho 2005. Ni el TC funciona, ni el CGPJ, ni el Tribunal de Cuentas, ni lo hacen, al nivel que se espera de un país desarrollado, las demás agencias e instituciones del Estado y de las regiones. La selección de los cargos públicos se degrada y cualquiera suficientemente próximo a los políticos los ocupa sin preocupación alguna por sus méritos, conocimientos o experiencia.
La tercera fase será la incapacidad del Estado para recaudar suficientes impuestos para pagar pensiones y salarios públicos cuando tengamos que pagar muchos miles de millones de euros más de intereses por la deuda pública.
El PSOE se cargó la Segunda República y el PSOE se va a cargar el experimento más exitoso de buen gobierno de la historia de España que se inició a la muerte de Franco. Porque los españoles, como país subdesarrollado que siempre hemos sido, votamos ideológica o identitariamente en lugar de hacerlo en función del desempeño del gobierno de turno y eso nos ha impedido históricamente tener buenos gobiernos. La maldición de España es el PSOE y los nacionalistas. Y ambos, convenientemente aliados, están a punto de lograr el objetivo declarado de estos últimos. Destruirnos.
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