Por Marta Soto-Yarritu
Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 944/2023, de 13 de junio de 2023
Desde el año 2002 la sociedad Caseware Idea INC (en adelante, Caseware) y la compañía mercantil Safe Consulting Group S.L. (en adelante, Safe) mantuvieron una relación de colaboración mercantil por la que Safe comercializaría en España licencias de software de Caseware. El 1 de junio de 2009 las partes formalizaron por escrito un contrato, denominado Memorando de entendimiento, con una duración de cinco años prorrogables. En el documento, las partes se denominan licenciante (Caseware) y distribuidor (Safe). Transcurrido dicho plazo, el contrato no se prorrogó, por desavenencias entre las partes.
Safe formuló una demanda contra Caseware, en la que, alegando que la relación jurídica entre las partes era un contrato de agencia, solicitó que se condenara a la demandada a indemnizarla conforme a lo previsto en el art. 28 de la Ley de Contrato de Agencia (LCA). Caseware se opuso a la demanda, entre otros motivos, por considerar que el contrato que ligaba a las partes no era de agencia, sino de distribución, porque Safe asumía un riesgo al comprar las licencias para después venderlas a los clientes, por lo que Caseware le facturaba descontando previamente el beneficio o margen comercial en concepto de comisión.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por considerar, resumidamente, que la relación entre las partes consistía en un contrato mixto de distribución/agencia y que aunque teóricamente procedieran las indemnizaciones solicitadas, no se había justificado su cuantía, aparte de que la reclamación debía haberse calculado conforme a las comisiones netas, es decir deducidos los gastos, y no sobre los importes brutos.
La AP de Barcelona estimó el recurso de Safe, condenando a Caseware al pago de la indemnización por clientela solicitada (la media de las comisiones de los últimos cinco años). Consideró que no era preciso calificar el contrato como de distribución o de agencia, puesto que la jurisprudencia también admite la indemnización por clientela en los contratos de distribución mediante una aplicación analógica del art. 28 LCA, y en este caso el contrato participa de ambas figuras.
Caseware interpuso recurso e casación por no calificar la sentencia recurrida el contrato litigioso como contrato de distribución, alegando que resultaba imprescindible su calificación jurídica para poder cuantificar la indemnización por clientela.
El TS señala que la calificación como contrato de agencia o como contrato de distribución es relevante porque, si bien se considera aplicable la indemnización por clientela del art. 28 LCA a los contratos de distribución, siempre y cuando se cumplan los requisitos, el modo de cálculo de la indemnización no es el mismo, porque el distribuidor no percibe una remuneración, sino que su beneficio lo obtiene a través del margen comercial que aplica en la reventa de los productos. En consecuencia, la AP de Barcelona debería haber calificado expresamente el contrato como de agencia o distribución, o si considerase que tenía rasgos mixtos, determinar cuáles eran más relevantes o prominentes de una u otra figura, a fin de realizar el cálculo de la indemnización por clientela.
En este caso, el TS concluye que se trataba de un contrato de distribución:
aparte de que se utiliza expresamente el término distribuidor para definir la intervención de Safe, se establecen unas condiciones que van más allá de la mera promoción comercial, propia del contrato de agencia, puesto que el distribuidor se compromete a vender, facturar, aplicar los precios mínimos establecidos por el concedente y prestar asistencia post venta a los clientes
En cuanto al cálculo de la indemnización por clientela, señala que en los contratos de distribución la indemnización debe tomar como base el margen neto (esto es, el porcentaje de beneficio que le queda al distribuidor una vez descontados los gastos e impuestos) y no el margen bruto (es decir, la diferencia entre el precio de adquisición y el de reventa). Por tanto, también estima el recurso en este punto, estableciendo que la indemnización por clientela se calcule conforme a la media de los beneficios netos obtenidos por el distribuidor en los últimos cinco años (y no sobre la media de las comisiones de los últimos cinco años, como había establecido la AP).
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