Spenkuch, Jörg and Tillmann, Philipp, Elite Influence? Religion, Economics, and the Rise of the Nazis,2014
Los niveles de desempleo y la proporción de personas de bajos ingresos no están fuertemente correlacionados con el voto a la extrema derecha alemana (AfD). Un mayor número de votos de AfD se correlaciona con: 1. niveles más bajos de educación universitaria; 2. menor participación electoral; 3. Menor proporción de católicos; 4. Disminución de la población; 5. Apoyo al partido de extrema derecha NPD en 2009.
"A raíz de la reforma arancelaria de 1892 cobró nuevos bríos la industria catalana que, al amparo de las nuevas tarifas se sintió segura, verdaderamente protegida y amplió su consumo de materias primas, productos químicos y carbón. Justamente, a partir de estas reformas adquiere tremendo impulso el movimiento separatista... En 1892 se presentan los primeros síntomas realmente graves de la desmembración nacional.
En resolución, el vicioso apoyo que el Estado oligárquico español otorgaba a las industrias de las regiones resentidas se convertía a la postre en un aumento del poder político de estas regiones; y a medida que se desarrollaban las economías de Castilla y Cataluña en sentido divergente - Castilla más cerealista, Cataluña más industrial y mercantil cada día - se acentuaba la diferenciación y se agravaba el conflicto. La política canovista del compromiso inmoral con las fuerzas disidentes no fue menos funesta en este asunto que en los demás"
Sánchez es muy, pero que muy de fiar: el que no cree en nada, el que no tiene principios ni escrúpulos es imprevisible y, por esa razón un enemigo temible pero fácilmente ridículo
El presidente español, Pedro Sánchez, pide a la UE que "reconsidere" los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. El líder español respondía así a una pregunta sobre una votación de la UE para aprobar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que se espera para octubre. España fue uno de los 11 países que votaron a favor de aumentar los aranceles en una encuesta consultiva en julio. Solo cuatro países votaron en contra de la medida y nueve se abstuvieron (Financial Times)
Las bobadas (y desfachatez) de Joan Ridao (el más excelso jurista nacionalista catalán) explicadas por los profesores Monasterio y Zubiri
Ridao afirma que es falso que, como nosotros dijimos, el pacto vaya a generar inequidades entre comunidades autónomas. Dado que está fuera de cualquier duda que tras el pacto Cataluña va a tener más recursos (puede que muchos más), la única vía para que no haya desigualdad entre comunidades autónomas es que el gobierno central ponga el dinero para que las demás, primero, no pierdan lo que Cataluña deja de aportar y, segundo, reciban más para aproximarse a Cataluña. Pero cualquier dinero que ponga el Gobierno se obtendrá subiendo los impuestos o reduciendo otros gastos. De hecho, el Gobierno ya ha dicho que subirá los impuestos a los ricos. Pero, eso no va a ser suficiente y la clase media también va a tener que pagar. Eso sí, estos impuestos adicionales nos los van a pagar ni vascos, ni navarros ni, si se cumple lo pactado, catalanes. Los pagarán los residentes en las demás autonomías que, de esta forma, tendrán más gasto autonómico, pero menos renta disponible. Es verdad que, como señala Ridao, aunque el propio acuerdo denomina singular al modelo que se propone para Cataluña, en ningún momento se dice que no se pueda aplicar a nadie más. El problema es que, salvo que desaparezca el gobierno central como agente económico, no se puede aplicar a todas las comunidades autónomas. De hecho, ni siquiera a las más ricas. ¿O acaso debemos creer que el Gobierno está dispuesto a firmar ya mismo un acuerdo como el de Cataluña con, por ejemplo, Madrid?
Y luego que si la extrema derecha criminaliza a los inmigrantes: Camile Kouchner en EL PAÍS se permite criminalizar a los hombres en general por las bestialidades que hicieron a Gisèle Pelicot
Un mundo en el que los hombres siguen prefiriendo creer que un marido puede disponer del cuerpo de su mujer. Un mundo en el que algunos de ellos siguen pensando que son dueños del cuerpo de las mujeres. Un mundo en el que se permiten buscar en internet cómo violar a una mujer. Un mundo en el que ninguno de ellos siente la responsabilidad de denunciar a la policía lo que está sufriendo la mujer. Un mundo que les permite volver a cometer su delito sin ningún tipo de protección. Un mundo en el que los hombres, después de violar varias veces a una mujer dormida por la noche, vuelven tranquilamente por la mañana a sus actividades. Un mundo, también, que da pie a toda una colección de comentarios nauseabundos en internet de este tipo: “Está mintiendo. Es imposible que no lo supiera”. “¿Y la víctima no se hizo ninguna pregunta? ¿Por qué tardó tanto en reaccionar?” Un mundo ancestral de dominación. La violencia de la norma de los hombres, hecha por los hombres y para los hombres.
Y termina
Es evidente que lo que está en juego en este proceso, para todas nosotras, se encuentra fuera de la sala. Si queremos provocar un cambio, debemos luchar en el terreno de la representación y el lenguaje. Porque lo que hay que interpelar, además de la monstruosa violencia sufrida por la víctima, es la violencia de los hombres, su forma de estar seguros de sus derechos, de no cuestionar su conciencia.
Se llama Gisèle Pélicot y, en esta sociedad francesa, donde el movimiento Me Too tiene poca o ninguna repercusión, no debe ser ya la única valiente. Con la misma fuerza de las mujeres españolas que promovieron los cambios legales tras los crímenes de la manada, ha llegado la hora de que todos y todas nos unamos.
Porque no son lobos ni monstruos, sino simplemente hombres.
Lean la voz de Wikipedia dedicada a esta señora. Acusó, al parecer, con pruebas, a su padrastro, un politólogo y político socialista de haber violado durante años a su hermano gemelo y a su madre de haberse puesto del lado del padrastro (como en el caso de Alice Munro). Al parecer, que la víctima, en el caso de su familia fuera un hombre es irrelevante. Su tesis doctoral es de Derecho Privado. No he conseguido entender una palabra del abstract.
Las bobadas de Francesca Bria: una BBC digital controlada por los políticos de Bruselas
Para ello, Europa debe crear sus propias infraestructuras digitales públicas, unos espacios sujetos al control democrático y que sirvan al interés público, una especie de BBC de la era digital. Igual que las instituciones públicas tradicionales, como la BBC, se crearon para ofrecer una información imparcial y proteger los intereses públicos, Europa necesita hoy equivalentes digitales capaces de funcionar sin el ánimo de lucro de las empresas ni el intervencionismo excesivo de los gobiernos. Estas nuevas esferas públicas digitales garantizarían que los ciudadanos puedan participar en los procesos democráticos, tener acceso a informaciones fiables e intervenir en el discurso público al mismo tiempo que se respetan los valores de transparencia, responsabilidad y servicio público.
¿Y si en vez de una BBC nos sale un minitel? O peor, ¿y si nos sale una Televisión Española o una RAI o, peor, una TV3 que lanzan mensajes fascistoides y xenófobos? ¿Y si la gente, la misma que vota a la extrema derecha, establece democráticamente las reglas de juego en esa "infraestructura digital pública" (whatever it means) como democráticamente van a cambiar el sistema de nombramiento de los jueces en México? ¿Acaso Bria cree que el problema de las plataformas es el "ánimo de lucro"? Francamente, me fío más de Elon Musk que de Thierry Breton. Cuando Draghi dice que Europa tiene que invertir más en bienes públicos no está pensando en tener un Twitter o un Wassap europeos. Sino en infraestructuras físicas que puedan ser utilizadas sin barreras a lo largo y ancho de Europa por todos los europeos
(Del resumen de prensa)
Un asistente parlamentario acreditado (APA) del Parlamento Europeo denunció casos de acoso e irregularidades financieras relacionados con una eurodiputada. Fue trasladado bajo la responsabilidad de otro eurodiputado y posteriormente, a raíz de supuestas represalias, fue relevado de sus funciones. Sin embargo, su contrato no fue renovado. Impugnó esta decisión, así como la negativa implícita a reconocer su condición de informante y a tomar medidas de protección adicionales a la de relevarlo de sus funciones. El interesado también solicitó una indemnización de 200 000 euros por incumplimiento de las normas de protección de los informantes y de la confidencialidad de su identidad. El Parlamento rechazó dichas solicitudes. A raíz de ello, el interesado llevó el caso ante el Tribunal General de la Unión Europea.
El Tribunal General estima parcialmente el recurso del antiguo asistente parlamentario y anula la decisión implícita del Parlamento de no tomar medidas adicionales de protección. Condena al Parlamento a abonar 10 000 euros al interesado.
Dice el TG que la protección del informante se aplica automáticamente a toda persona que denuncie actividades que puedan ser ilegales sin necesidad de una resolución del órgano administrativo que conceda al individuo la condición de informante.
El Parlamento europeo desprotegió al informante. Primero, no le informó de la evolución de su denuncia en plazo. Cuando el informante
"aporta indicios verosímiles de haber sufrido un perjuicio a raíz de la adopción de una medida de traslado, corresponde a la institución demostrar que ha cumplido con su deber de protección hacia él con la toma de medidas suficientes a este respecto"
Lo más interesante es que el contrato del informante como asistente parlamentario no fue renovado. Y el "remedy" que da el Tribunal General no es, naturalmente, como haría un juez laboral español, el de declarar la "nulidad" de la no renovación y obligar al Parlamento europeo a "readmitirlo" o a volverlo a contratar, sino, simplemente una indemnización. El argumento del TG es que, dado que no hubo parlamentarios que quisieran al informante como asistente parlamentario, "la no renovación del contrato del interesado era conforme a las normas vigentes, ya que un asistente mantiene, con el diputado o los diputados a los que asiste, una relación laboral caracterizada por la existencia de un vínculo de confianza". De manera que, dado que el Parlamento cometió otras infracciones (reveló la identidad del informante sin su consentimiento, entre otras lindezas) "el Tribunal General reconoce el daño moral sufrido por el interesado y le concede una indemnización de 10 000 euros".
Si la relación laboral se basa en un "vínculo de confianza", deberíamos admitir la legitimidad de la denuncia ad nutum del contrato de trabajo en las pequeñas empresas por parte del empresario cuando haya perdido la confianza en el empleado aunque éste no haya incumplido en forma alguna su contrato si éste tiene duración indefinida.
Cómo se trata en Europa a los que abusan de sus cargos (de la nota de prensa)
CQ, en su calidad de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, recibió el reembolso de diversos gastos y se benefició de un automóvil oficial y de un conductor. A raíz de la información obtenida por el Tribunal de Cuentas sobre varias irregularidades graves atribuidas a dicho diputado que habían dado lugar a gastos potencialmente indebidos con cargo al presupuesto de la UE, se informó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). A raíz de una investigación, la OLAF llegó a la conclusión de que se habían producido algunos abusos de los recursos del Tribunal de Cuentas en el contexto de actividades no relacionadas con las funciones de CQ, que se había transmitido información confidencial y que se había producido un conflicto de intereses. A raíz de la investigación de la OLAF, el Tribunal de Cuentas adoptó una decisión por la que se establecía un crédito económico frente a CQ y se ordenaba la recuperación de dicho importe. CQ abonó el importe reclamado por el Tribunal de Cuentas, al tiempo que interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación de dicha Decisión y una demanda de indemnización por el daño moral que alegaba haber sufrido
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General considera que la investigación llevada a cabo por la OLAF no adoleció de ninguna irregularidad y que la decisión del Tribunal de Cuentas de recuperar determinados importes estaba suficientemente motivada y en gran medida fundada. Por lo que se refiere a la fundamentación de la Decisión de recuperación, el Tribunal General concluye que, a pesar de que transcurrieron cinco años entre los hechos y la declaración de la existencia de un crédito económico, la mayoría de los créditos no habían prescrito, ya que, por lo que respecta a dichos créditos, el Tribunal de Cuentas no pudo declararlos hasta una vez finalizada la investigación de la OLAF. El Tribunal General confirma asimismo que una parte significativa de las reuniones de CQ con políticos no guardaban relación alguna con sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas, por lo que considera que los gastos ocasionados por dichas reuniones fueron irregulares.
Sin embargo, el Tribunal General anula la Decisión de recuperación, declarando, por una parte, que un número muy limitado de créditos habían prescrito y, por otra parte, que determinados gastos de misión y representación, así como los gastos relacionados con el conductor, eran legítimos.
El Tribunal General desestima la pretensión de indemnización por el daño moral que CQ alega haber sufrido. Según el Tribunal General, CQ no ha demostrado que el perjuicio alegado fuera consecuencia directa de un acto imputable al Tribunal de Cuentas, de modo que uno de los requisitos para que la Unión genere la responsabilidad extracontractual, a saber, la ilegalidad de los comportamientos reprochados a la institución de la Unión 3, no estaba satisfecho. Dirección de Comunicaciones
Recordamos: La guerra hace que odies a tu enemigo, no que quieras más a los tuyos
