Que Bustinduy es mala gente, lo sabe todo el mundo. Ahora sabe todo el mundo, también, que es sub- normal. Lo saben en Bruselas y en el bar de la esquina. El tonto de Bustinduy (¡Cómo no! en EL PAÍS) insiste en no entender lo que dice el artículo 128 de la Constitución y no para de decir estupideces.
Cuando este precepto dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y lo dice en el artículo 128, - Economía y Hacienda - no en la parte de la Constitución dedicada a los derechos fundamentales, lo que quiere decir es que, cuando el interés general así lo exija, el Estado puede expropiar a los particulares (art. 33 CE) con la correspondiente indemnización.
Por tanto, el artículo 128 CE no legitima al Estado para apropiarse de los bienes y derechos de los particulares, por muy ricos que sean. Y la instauración de nuevos impuestos está regulada en el artículo 31.1 CE que prohíbe explícitamente que el sistema fiscal sea confiscatorio. Y un impuesto sobre el patrimonio añadido al existente - que es lo que está proponiendo el sub-normal de Bustinduy - es confiscatorio porque se hace pagar, no por ingresos, sino por los bienes que uno tiene legítimamente y que, cuando fueron "ingresos", ya tributaron. Pero es confiscatorio porque si a uno le quitan el 2 % anual de sus bienes, le habrán quitado la mitad de sus bienes en menos de 34 años.
Y desde el punto de vista de la "justicia" del impuesto sobre los grandes patrimonios que propone el tonto del ministro, ¿cómo se justifica que deban pagarlo los que tienen 101 millones pero paguen cero los que tengan 99?
Una vez implementada, esta medida (quitarle el 2 % de su patrimonio a los que tengan uno de más de 100 millones cada año, además de los impuestos que esos bienes han pagado ya) no supondría una carga adicional, en términos proporcionales, sobre esos pocos centenares de compatriotas: sencillamente restablecería la progresividad del sistema fiscal, cerrando los agujeros por los que se escapan las grandes fortunas y poniendo fin a la situación vergonzante por la que las personas más ricas del país pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que cualquier trabajadora o trabajador asalariado.
Y añade
Con la recaudación estimada de la tasa Zucman (dice en España unos 5000 millones) bastaría para implementar los primeros tramos de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil,
un estudio del Institute for Policy Studies and State Revenue Alliance, realizado con datos de los estados de Massachusetts y Washington, muestra que la movilidad real de los más ricos tras aplicar subidas de impuestos es mínima.

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