¿Puede votar el administrador-socio en el acuerdo social por el que se le destituye?

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Sí, puede votar. No pesa sobre el socio-administrador una prohibición de votar porque sufre un conflicto posicional

La respuesta que se deduce de los artículos 228 y siguientes LSC en conexión con el 190 es afirmativa. El conflicto que sufre el socio-administrador en relación con la propuesta de su destitución es un conflicto posicional, no transaccional (v., en particular, art. 228 c) LSC).

El Tribunal Supremo alemán, en una sentencia de 4 de abril de 2017 ha confirmado esta conclusión cuando la destitución del administrador se produce ad nutum y en relación con la denuncia – terminación – del contrato de administración entre el administrador de una sociedad limitada y ésta.

Recuérdese que, entre el consejero-delegado y la sociedad existe una relación orgánica y una relación contractual (v., art. 249 LSC que ordena la documentación de esta segunda relación si el cargo es retribuido) y que la distinción entre ambas relaciones del administrador con la sociedad tiene sentido porque las reglas aplicables a una (las normas legales) y otra (los pactos incluidos en el contrato de administración) pueden ser distintas (por ejemplo, el contrato de administración contiene cláusulas que prevén que no será destituido en un determinado plazo – es un contrato de duración determinada - y que, si lo es, la sociedad le abonará una indemnización económica mientras que el administrador puede ser destituido ad nutum en cualquier momento de acuerdo con la regulación legal (art. 223 LSC).

Canción del viernes y nuevas entradas en Almacén de Derecho Anna Von Hausswolff - Above All

El Derecho de Sociedades y la sociedad unipersonal (I)

Sep 21, 2017 | Derecho Mercantil, Jesús Alfaro, Teoría del derecho

Por Jesús Alfaro Águila-Real Introducción: la teoría del Derecho de Sociedades En unas cuantas entradas (v., entradas relacionadas) hemos ido presentando distintas aplicaciones de una “teoría” del Derecho de Sociedades que hemos formulado – parcialmente – en algunos...

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Programas empresariales para graduados

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Por Jorge Benavides Ruiz   Es sorprendente que, entre los estudiantes universitarios españoles –sobre todo los que tienen una orientación hacia el mundo de la empresa–, no se hable más de los graduate programs cuando de salidas profesionales se trata. Los...

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El órgano de cumplimiento en la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Por Norberto J. de la Mata Barranco   La única alusión indirecta al órgano de cumplimiento, al que ya en la entrada de 3 de junio de 2016 se referían en este blog los profesores Lascuraín y Nieto, en el marco de lo que representa un “compliance penal”, la encontramos...

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¿Son lo mismo las penas y las adminisanciones? (I)

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Por Juan A. Lascuraín   Introducción ¿Es en esencia lo mismo un delito que una infracción administrativa? ¿Y una pena que una infracción administrativa? ¿Es solo una cuestión de tamaño: más lesivo el delito, más grave la pena? La inquietud por la respuesta a...

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La UAM cumple 50 años y está muy contenta de haberse conocido

Carta del flamante rector Rafael Garesse

Querida amiga, querido amigo,

Como ya anuncié en el acto de apertura del curso académico, a lo largo de 2017 y 2018 celebraremos una serie de actividades conmemorativas del 50 Aniversario de nuestra Universidad.

Daremos comienzo con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Pedro Halffter que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el Teatro Real. Este concierto será el punto de partida de una amplia programación de actividades de la UAM que nos van a permitir poner de relieve la importancia, la trayectoria y el futuro de nuestra universidad y que periódicamente se irá actualizando en nuestra página web.

Celebramos con orgullo el haber afrontado con éxito el enorme desafío de introducir en nuestro país un modelo de educación superior adaptado a los nuevos tiempos, centrado en el estudiantado, orientado hacia la investigación de vanguardia y profundamente enraizado en unos valores que se reflejan en el servicio y la responsabilidad social. Los excelentes resultados alcanzados en este primer medio siglo de vida de la UAM fortalecen la confianza en nuestro potencial para resolver los retos que nos plantea el mundo contemporáneo.

Nuestro quincuagésimo aniversario es, por tanto, un tiempo de justificada alegría y celebración, compatible con la reflexión y el espíritu crítico hacia las realidades actuales.

Te invito a ser protagonista de esta celebración que se extenderá durante los próximos meses para renovar la ilusión en un proyecto colectivo de gran alcance social.

El TJUE confirma las Conclusiones del AG en relación con la cláusula de pago en moneda extranjera en un préstamo a un consumidor

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De las Conclusiones del Abogado General nos ocupamos en esta entrada. El TJUE ha confirmado, básicamente, estas conclusiones. Haremos referencia, pues, a las cuestiones que el Tribunal analiza de forma diferente al AG. La primera es si – como nosotros discutíamos en la entrada citada – la cláusula que prevé que el préstamo es en una moneda extranjera (o sea, que el banco presta una cantidad de francos suizos y quiere que le devuelvan una cantidad de francos suizos) no es mas que un supuesto de los previstos en el art. 1170 CC, es decir, la “especie pactada” es el franco suizo.

Interpretación del artículo 1.2 de la Directiva 13/93

El TJUE comienza diciendo que, si fuera así, estaríamos ante un supuesto de aplicación del art. 1.2 de la Directiva que es el que deja fuera de su ámbito de aplicación las disposiciones legales del Derecho interno. No entendemos cómo puede decir el TJUE lo siguiente

28      El Tribunal de Justicia ha declarado que esa exclusión requiere la concurrencia de dos requisitos. La cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y ésta debe ser imperativa (sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, apartado 78).

Cuando había dicho previamente que

Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, del decimotercer considerando de la Directiva 93/13 resulta que la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de ésta se extiende a las disposiciones del Derecho nacional que se apliquen entre las partes contratantes con independencia de su elección, o aquellas de tales disposiciones aplicables por defecto, es decir, cuando las partes no llegan a un acuerdo diferente al respecto (véanse las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 26, de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartados 31 y 42, y de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79)

Gil no era sutil y Lopera tampoco lo era

Foto: ABC

El caso más famoso de nulidad de la constitución de una sociedad anónima mediante la comisión de un delito es, sin duda, el del Atlético de Madrid, asunto del que nos hemos ocupado en otras entradas de este blog. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla de 15 de septiembre de 2017 declara probado que idéntica estrategia se siguió por parte de Lopera en relación con la constitución del Betis, sociedad anónima deportiva: simular el desembolso de las acciones y generar de forma ficticia una deuda a cargo de la sociedad anónima deportiva con cuyo pago proceden los malhechores a suscribir las acciones.

Como hemos explicado en otro lugar, cuando la causa de la nulidad de una sociedad anónima es de orden público como ocurre cuando se comete un delito en la constitución, las consecuencias jurídicas propias de la sociedad de hecho o nula deben aplicarse garantizando no solo la protección de los terceros (que es la ratio de las normas sobre la nulidad de sociedades) sino la integridad de las normas infringidas por los malhechores que procedieron a la constitución de la sociedad. El caso es idéntico al del Atlético de Madrid y la sentencia explica con todo detalle cómo el Sr. Lopera, a través de persona interpuesta, fingió el desembolso de las acciones, al igual que hicieron Gil y Gil, su hijo y el Sr. Cerezo con ocasión de la constitución del Atlético de Madrid SAD.

El artículo 37.1 LSC y la prohibición de la exigencia de unanimidad para adoptar acuerdos sociales del art. 200 LSC

@thefromthetree

En esta entrada explicamos que, a nuestro juicio, la doctrina ha entendido mal la prohibición de someter los acuerdos sociales al requisito de su adopción por unanimidad que se encuentra en el art. 200 LSC. En este apunte queremos hacer referencia a un argumento extraído del art. 37.1 LSC que confirma la tesis sostenida en esa entrada. En ella decíamos que la prohibición del art. 200 LSC debe entenderse en el sentido de que si los socios desean que determinadas decisiones hayan de ser aprobadas por todos los socios para ser consideradas como la “voluntad” de la sociedad, han de añadir al acuerdo social (de la junta) correspondiente la exigencia de la “autorización” de los socios. Por tanto, cuando los socios escriben en los estatutos que los aumentos de capital requerirán que el acuerdo de la junta sea adoptado por unanimidad, en realidad, están diciendo que, para que la sociedad apruebe un aumento de capital es necesario, además del acuerdo de la junta la autorización individual de todos los socios. Esta autorización no es necesaria si el socio ha votado a favor del acuerdo, porque carece de sentido repetir la declaración de voluntad. Pero el voto contrario indica que hay socios que niegan su autorización. Decíamos por eso que, cuando los socios exigen la unanimidad para la adopción de determinadas decisiones sociales, en realidad, están limitando las facultades de la junta. En esa entrada decíamos

En consecuencia, cuando los socios dicen que para adoptar acuerdos que supongan endeudar a la sociedad más allá de X € o cuando dicen que la sociedad no podrá enajenar sus activos esenciales sin el consentimiento de todos los socios, lo que están diciendo es que, además del acuerdo social correspondiente, la eficacia del acuerdo social (Juste) requiere del consentimiento de los socios.

La autorización de los socios es una autorización simple, no una autorización en sentido estricto porque las decisiones sometidas a la autorización de los socios son decisiones que pertenecen “naturalmente” al ámbito del contrato de sociedad, esto es, a las materias que los socios aceptaron que quedaran sometidas al sistema de toma de decisiones en que consiste cualquier organización y también la que resulta del contrato de sociedad. 

Para reconocer el derecho de autodeterminación no basta reformar la Constitución: hay que abrir un proceso constituyente

En otras entradas (v., entradas relacionadas) hemos explicado que la Constitución española tiene como sujeto constituyente al “pueblo español” y a la “nación española”. Así se deduce con toda claridad del Preámbulo y de sus artículos 1º.2 y 2º.

En los últimos tiempos, se multiplican los “moderados” que afirman que la salida constitucional al golpe de Estado que han llevado a cabo las autoridades autonómicas de Cataluña pasa por reformar la Constitución. Los del PSOE no indican el sentido de la reforma más allá de vagas referencias al federalismo. Dado que “federal” significa muchas cosas – al menos cinco – mientras los que hacen estas propuestas no se aclaren, no podemos refutarlas.

A los efectos de reconocer derecho de autodeterminación para subconjuntos de la “nación española”, sin embargo, podemos considerar que los que proponen una Constitución federal pueden decir sólo dos cosas en función del sujeto constituyente al que se refieran.

Una Constitución federal a la alemana o a la norteamericana es una que tiene como sujeto constituyente al pueblo alemán o al pueblo norteamericano. No a los Estados – Länder – ni a las colonias inglesas de América. La ley fundamental de Bonn se la dictan “los alemanes”. En el caso de EE.UU., no sé si originariamente fue una federación de las 13 colonias o las referencias a “we, the people” implicaban ya que el sujeto constituyente eran los habitantes de dichas colonias y no éstas. En cualquier caso, hoy no hay duda de que los EE.UU. son un Estado federal semejante a Alemania ya que no reconocen derecho de autodeterminación a los Estados.

Manifiesto de profesores de universidades españolas sobre la situación en Cataluña

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En estos momentos graves para nuestro país y para todos aquellos que creemos en la vida civilizada, deseamos alzar nuestra voz en defensa de la democracia española y de la convivencia interna entre nuestros compatriotas de Cataluña y de toda España. Entendemos que una sociedad civilizada en la Europa del siglo XXI sólo puede basarse en el respeto a las normas que nos hemos dado democráticamente, empezando por la Constitución de 1978 (y siguiendo, en lo que a Cataluña respecta, por su Estatuto de Autonomía). Por desgracia, como podemos ver estos días, el Gobierno autonómico y los grupos separatistas representados en el Parlamento catalán, subvirtiendo las reglas más elementales del constitucionalismo y abusando del poder que las leyes les han conferido, no han dudado en traspasar todos los límites de la legalidad y de la decencia para, apelando al fundamentalismo de un inexistente “derecho a decidir”, dividir a la sociedad catalana e impedir el ejercicio de los derechos de las minorías parlamentarias, poniendo en riesgo la convivencia y la paz civil.

No es preciso ser especialistas en Derecho Constitucional o en Historia Contemporánea para saber que no hay democracia sin sujeción a la ley y que los nacionalismos del siglo XX llevaron al mundo a dos guerras apocalípticas y hundieron a Europa en la barbarie. Apelando a esas experiencia históricas, entre las que se incluyen las experiencias no menos dolorosas por las que atravesó nuestro país en el siglo pasado y sobre todo a la defensa de la democracia que tanto nos costó conquistar,

los abajo firmantes, profesores de diversas universidades españolas,

hacemos un llamamiento a los catalanes sensatos y a todos los españoles de buena voluntad para que rompan su silencio y no miren con distanciamiento o indiferencia una situación en la que nos jugamos el ser o no ser de la democracia española. En una coyuntura tan delicada como la que atravesamos no es el momento de partidismos ni de cálculos políticos a corto plazo. Es hora de que todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nos movilicemos para exigir al Gobierno de España, a todas sus instituciones y partidos democráticos, que actúen con la máxima celeridad, firmeza y determinación para proteger los derechos de todos. Para ello, les pedimos que no duden en recurrir a todos los medios constitucionales sin excepción para salvaguardar las instituciones democráticas y la unidad de la nación española consagrada en nuestra Constitución, impidiendo la celebración de un falso “referéndum” ilegítimo e ilegal, deteniendo a los responsables de este atropello a la democracia y haciendo que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.

17 de septiembre de 2017

Si quisierais adheriros a su firma colectiva, no tenéis más que enviar un correo electrónico con vuestro nombre y cargo a dospasoss@hotmail.com

Impugnación de acuerdo social sobre retribución del administrador por contrario al interés social

 

Ángel Cristobal

Se trata de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de septiembre de 2017

Macu y Leonardo, hermanos y socios de Vapor Sampere, S.L. (en lo sucesivo, Vapor), impugnaron los acuerdos adoptados en las juntas generales de socios de 4 de junio de 2013 y 14 de junio de 2014 que fijaban la retribución que debía percibir el administrador de la sociedad. La impugnación se funda en considerar que tales acuerdos son contrarios al interés social por cuanto las retribuciones aprobadas al administrador eran desproporcionadamente altas y no se correspondían con el valor de mercado de los servicios efectivamente prestados a la sociedad.

La sentencia de instancia desestimó la demanda porque

el cargo, según los estatutos sociales, es retribuido… las retribuciones se corresponden con las fijadas todos los años anteriores y… el sueldo es acorde al valor de mercado de los servicios prestados por el administrador.

Los demandantes dicen que el sueldo fijado

“supone aproximadamente un porcentaje próximo al 20 % de los ingresos de la sociedad y desacorde con el valor de los servicios prestados, ya que se trata de administrar un patrimonio inmobiliario que se encuentra en régimen de alquiler a terceros y el gasto que supone el sueldo del administrador no puede considerarse equivalente (por ser muy superior en su porcentaje sobre los ingresos) al costo que supondría que un tercero se ocupara de esa administración. También alega que los actores no tuvieron oportunidad hasta el año 2012 de tomar participación en las decisiones de la sociedad, ya que no fue hasta entonces cuando adquirieron la condición de accionistas, lo que fue decisión del administrador de pagarles la legítima hereditaria que les correspondía en la herencia del progenitor común a través de la entrega de participaciones sociales.

Entender a Polanyi

Dibujo de Humboldt

La idea de Polanyi es, básicamente, que, cada vez más, lo que recibimos a cambio de lo que tenemos o de lo que hacemos depende de la oferta y la demanda de lo que podamos dar o hacer y que, por tanto, su “valor” no se determina con arreglo a criterios sociales o políticos (necesidad, capacidad de ejercer la violencia, mutualidad etc). En definitiva, Polanyi habla sobre la extensión de los mercados en las relaciones entre los miembros de una sociedad o, si se quiere, en qué medida una sociedad defiere a los mecanismos de mercado la asignación de los recursos.

DeLong pone el ejemplo de la contratación por su parte (y de su mujer) de tres chicas para tareas relacionadas con su familia (dar clases de natación a sus hijos, niñera nocturna cuando los padres salen a cenar y echar un vistazo a la casa mientras DeLong está de vacaciones). El “salario” pagado a cada una de ellas era distinto y su cuantía no vino determinada por el mercado de profesoras de natación, niñeras o vigilantes sino por lo que, en cada situación, se consideraba “adecuado socialmente” pagar a cada una de ellas teniendo en cuenta que una era menor y sus padres no querían que se le pagase nada o que era su única fuente de ingresos o que los niños de DeLong la adoraban con independencia de su excelencia en el magisterio de la natación.

Canción del viernes y nuevas entradas en Almacén de Derecho: Katie Melua - No Fear of Heights

La responsabilidad

Sep 14, 2017 | Derecho Civil, Lecciones, Teoría del derecho

Por Fernando Pantaleón*   El término responsabilidad es utilizado por los juristas y los legisladores al menos en tres sentidos distintos (Larenz) Responsabilidad en el sentido de <> En un primer sentido – que expresa muy...

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Otra muestra de la persistente ampliación del derecho de marca: la STJUE de 26 de julio de 2017

Sep 13, 2017 | Aurea Suñol, Derecho Mercantil, Sentencias

Por Aurea Suñol Introducción Diversas han sido las ocasiones en las que hemos puesto de relieve que el actual Derecho de marcas tiende a ensanchar los lindes del monopolio que concede al titular su derecho de marca. Y varias han sido también las veces en las que hemos...

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Pactos parasociales para el consejo de administración

Sep 11, 2017 | Lecciones

The directors "must act on behalf of the corporation ... and cannot enter into agreements, either among themselves or with stockholders, by which they abdicate their independent judgment Jackson v. Hooper, 74 A. 130, 133 (N.J. Ch. 1909) Por Jesús Alfaro Águila-Real...

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Consumidor y relaciones de consumo
Sep 8, 2017 | Derecho Civil, Legislación
Por Miguel Ruiz Muñoz Introducción: personas físicas, personas jurídicas y finalidad no profesional o empresarial El Derecho europeo parte de una idea de consumidor delimitada por dos elementos, su carácter de persona física, con alguna excepción que veremos en el...

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Y hemos suprimido las tasas

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Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de junio de 2017

Don Ángel Jesús interpuso demanda contra la mercantil PROMOCIONES LUBANK MECO, S.L. (en adelante, PROMOCIONES) en reclamación de 100.000 €, cantidad correspondiente a la estimación del valor de una vivienda y una plaza de garaje de la edificación que la demandada promovió y que deberían haberle sido entregadas al demandante en cumplimiento de un contrato de permuta de 10 de mayo de 2006 por medio del cual este había transmitido a dicha sociedad la propiedad de una porción de terreno de 86,54 m2 a cambio de dichos inmuebles futuros. En la propia demanda acumuló el actor acción de responsabilidad por idéntica cantidad contra el liquidador de la aludida mercantil Don Dionisio . La sentencia de primera instancia, entendiendo que el contrato de permuta había quedado sin objeto por no pertenecer al actor la porción de terreno transmitida a la demandada, consideró que no existía la deuda reclamada ni, por ende, era necesario entrar a analizar la acción deducida contra el liquidador, por cuyo motivo desestimó la demanda.

En opinión de este tribunal, un documento en el que todos sus otorgantes se muestran conformes en declarar que el permutante Sr. Ángel Jesús nunca va a poder cumplir con la obligación que contrajo de entregar la mayor parte de los 86,54 metros cuadrados que comprometió y en el que todos consienten en que sean las verdaderas propietarias de esa porción -ciertamente muy considerable en términos porcentuales- quienes efectúen la transmisión, constituye un entramado de declaraciones de voluntad implícitamente equivalente a un mutuo disenso con respecto al contrato de permuta.

Manejaremos, sin embargo, a efectos meramente dialécticos, la idea que nos sugiere el apelante, a saber, la de que la falta de otorgamiento formal y explícito de un documento de mutuo disenso implica la plena vigencia del contrato de permuta. Porque, de ser ello así, el contrato de permuta subsistiría tal cual, es decir, con el mismo contenido con el que se otorgó. Para que ello no fuera de ese modo, sería necesario que el actor demostrase que alcanzó con PROMOCIONES algún tipo de acuerdo por el que esta entidad hubiera consentido en la novación objetiva de dicho contrato, es decir, en que estaba de acuerdo en recibir tan solo 27,54 m2 y no los 86,54 m2 comprometidos. En esta materia no cabe asumir, sin más, que quien está interesado en lo más, está interesado en lo menos: una promotora inmobiliaria puede estar interesada en adquirir la totalidad de un terreno de 86,54 m2 para utilizar de esa superficie la porción que precise para llevar a cabo la edificación proyectada, y, en cambio, no tener el menor interés en adquirir tan solo una superficie de 27,54 m2, insuficiente para satisfacer sus necesidades.

Responsabilidad personal del administrador por las deudas sociales (art. 367 LSC) contraídas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución

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Don Leovigildo fue administrador único de la sociedad deudora desde octubre de 2000 hasta principios de septiembre de 2009, y, como aprecia la sentencia apelada, su responsabilidad deriva del incumplimiento del deber de promover en plazo legal la disolución de la sociedad.

Sobre la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo que determina el nacimiento de la responsabilidad de los administradores, la jurisprudencia entiende que el plazo de dos meses para el cumplimiento del deber de convocar junta para acordar la disolución se computa desde que el administrador tiene conocimiento de la concurrencia de la causa de disolución en términos de normalidad económica y contable, según el principio de exigencia de intencionalidad o negligencia que, ceñido a la conducta de omisión de la convocatoria para la disolución de la sociedad, rige en este tipo de responsabilidad y conduce a la necesidad de tener en cuenta el conocimiento -o deber de conocimiento- por los administradores de la situación de pérdidas ( sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007 ).

En el supuesto de autos, la sociedad arrastró importantes pérdidas durante todo el ejercicio 2008… reflejadas en la contabilidad evidencia que el administrador conoció o, al menos, debió conocer la concurrencia de la causa de disolución al final del ejercicio 2008 y, en todo caso, durante el primer trimestre del 2009

…. No exime de responsabilidad al apelante que con fecha 9 de septiembre de 2009 presentara solicitud de concurso voluntario de la sociedad deudora, luego desistido por el codemandado que, tras el cese de don Leovigildo , había sido designado administrador único de la sociedad a principios de septiembre de 2009. La solicitud de concurso no libera al administrador de una responsabilidad ya contraída por no promover oportunamente la disolución de la sociedad.

La obligación nace al tiempo de la celebración del contrato, el día 27 de noviembre de 2008, encontrándose ya la sociedad en causa de disolución, sin perjuicio de que el pago se fraccionara en 30 pagarés mensuales..

En todo caso, ni es aplicable la doctrina de los actos propios por el hecho alegado por el recurrente ni ese hecho determinaría la exoneración de su responsabilidad en tanto que no cabe identificar sin más el mero conocimiento de las dificultades económica del deudor al tiempo de generarse la deuda con la libre y voluntaria asunción del riesgo de impago que es a lo que asocia la jurisprudencia del Tribunal Supremo la modulación del régimen de responsabilidad por deudas…

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio de 2017

Rescisión de actos de disposición a título gratuito dentro del período sospechoso

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Cuando “fabricas” un documento, se nota. ¿No debería darse parte al fiscal por si los testigos cometieron falso testimonio o incluso estafa?

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio de 2017

No es discutido que con fecha 4 de abril de 2006 los accionistas de la entidad "RELECO, S.A." vendieron a la entidad "COMAT AG" y a don Pio la totalidad de las acciones representativas del capital social de la referida sociedad,

… Declarado el concurso de la entidad "RELECO, S.A." el día 17 de mayo de 2013, la administración concursal pretende la rescisión de la transmisión de las marcas y del nombre comercial antes relacionados, al considerar que la transmisión se realizó a título gratuito en los dos años anteriores a la declaración de concurso, concurriendo, en consecuencia, la presunción iuris et de iure de perjuicio patrimonial del artículo 71.2 de la Ley Concursal .

La demandante y ahora apelante considera que la transmisión de la marca de la Unión Europea se efectuó en virtud del documento de transferencia suscrito el día 6 de junio de 2012 (folio 1000 de los autos, al Tomo II) y las marcas nacionales y el nombre comercial en virtud del documento de transferencia suscrito el día 20 de junio de 2012 (folio 1004 de los autos, al Tomo II), rechazando la eficacia probatoria del documento privado suscrito por "COMAT AG." el día 26 de septiembre de 2007 y por la concursada el día 4 de octubre de 2007 (documento nº 11 de la demanda y 1 de la contestación).

En la propia demanda ya se indicaba que se trataba de un documento privado creado ad hoc para eludir la rescisión,

Devolución de cantidades entregadas a cuenta del precio de un piso reclamadas vía acción individual de responsabilidad

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Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio de 2017. Lo interesante de la sentencia está en que fija adecuadamente la imputación del daño sufrido por el tercero (en este caso, los compradores de la vivienda cuyo precio adelantaron) a los administradores individualmente – porque era una pequeña promotora – y, sobre todo, temporalmente: el demandado era administrador cuando se hicieron los pagos adelantados y cuando se debió constituir el aval (por tanto, cuando se infringió el deber de cuidado que el ordenamiento impone al administrador para proteger el interés del tercero, esto es, del acreedor de la sociedad, no el deber de diligencia que “debe” el administrador a la sociedad a la que administra)

Es cierto que al tiempo de producirse el incumplimiento de la obligación de entrega de las viviendas el apelante ya no estaba al frente de la administración social. Ahora bien, no puede éste permitirse tratar de centrar el debate exclusivamente en ese momento, si a tenor de la causa de pedir que sustenta la promoción de este litigio la génesis del daño ocasionado a los demandantes puede estar en un hecho anterior a ello. El recurrente no ha aducido ninguna razón de descargo frente al motivo de responsabilidad que estaba explicitado en la demanda, como se recuerda en el escrito de oposición a la apelación, que consistía en no haber constituido la cuenta especial que estaba prevista en el contrato para que fueran a parar a ella todos los pagos anticipados que fueran realizando los compradores. Se trataba de una previsión contractual que debía operar, según se deriva de lo contratado, para dar satisfacción, a su vez, a la obligación impuesta por la Ley 57/1968, de 27 de julio y por la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (posteriormente modificada por Ley 20/2915, si bien esto último sería de efectos posteriores a la normativa aplicable para resolver este litigio) de establecer las garantías que deberían haber permitido a los adquirentes de viviendas, con los que se contrató en nombre de WESTMINJTER DEVELOPS SL, el que pudieran recuperar las cantidades que satisficieron a cuenta del precio de compra de la mismas…

El apelante no puede eludir su responsabilidad, pues al tiempo en el que todavía desempeñaba el cargo de administrador social de WESTMINJTER DEVELOPS SL es cuando se contrató con la parte demandante en nombre de esta entidad y aquél, como administrador único de la misma, se desentendió, sin embargo, de concertar seguro o aval y de constituir la cuenta especial donde deberían ir a parar los anticipos que fueran pagando los adquirentes. A ello debe añadirse que bajo su mandato se produjo también el desembolso por parte de los compradores de la casi totalidad de las cantidades que anticiparon a cuenta del precio final, sin que estuviera garantizada la posibilidad de su devolución por parte de la promotora en los términos previstos en la ley.

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