Depósito de cuentas y auditor nombrado a instancias de la minoría

Como resulta de los hechos, al tiempo de la calificación negativa constan presentados dos solicitudes de inscripción de auditor: la primera, derivada del asiento que causó la solicitud de la minoría en aplicación de la previsión del artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital (asiento 6 del Libro Diario de Expertos y Auditores de fecha 23 de marzo de 2017); la segunda, derivada de la nueva presentación de la escritura pública de cese y nombramiento de cargos en fecha 22 de septiembre de 2017. Como consecuencia del expediente derivado de la primera presentación, el registrador resolvió la procedencia de la designación de auditor. Así las cosas, es evidente que el recurso no puede prosperar. Esta Dirección General ha reiterado (y muy recientemente, vid. Resolución de 14 de septiembre de 2017), que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta Dirección General, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil…

A los efectos de la presente lo único relevante es el estado del Registro a la hora de emitir la calificación recurrida (artículo 18 del Código de Comercio), y conforme al mismo, existe designado auditor para la verificación de las cuentas del ejercicio 2016 lo que conlleva inevitablemente la exigencia del informe de verificación para el depósito de las cuentas de la sociedad

Resolución DGRN 19 de diciembre de 2017

Fraccionamiento de la prima en seguro de vida, suspensión ex art. 15.2 y reducción ex art. 95 LCS

Zinaida Serebriakova

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2017

Simón concertó un seguro de vida con la compañía de seguros Winthertur Vida Sociedad Anónima de Seguros, el día 18 de abril de 2002. La cobertura del riesgo comenzaba el día 1 de mayo de 2002. El riesgo asegurado era el fallecimiento del tomador del seguro, el Sr. Simón , y la suma asegurada pactada era 60.101,21 euros. Los beneficiarios del seguro eran la esposa del Sr. Simón , Sacramento , y sus hijos, Valentina y Fernando. Para el pago de la prima se convino su domiciliación en la cuenta NUM000 , del BSCH, titularidad del Sr. Simón.

Se pactó el fraccionamiento de la prima en dos pagos semestrales, el primero antes del comienzo del primer semestre y el segundo antes del comienzo del segundo semestre. Para el pago de la primera prima, la del año 2002, la compañía de seguro pasó el recibo del primer fraccionamiento a la cuenta designada para su pago, el día 6 de mayo de 2002, y el segundo el día 4 de noviembre de 2002.

Los recibos correspondientes a los fraccionamientos de la prima del año 2003 se pasaron a la cuenta designada los días 5 de mayo de 2003 y 4 de noviembre de 2003. Este último recibo fue cargado en la cuenta, a pesar de que el saldo era negativo.

Por lo que respecta al año 2004, la aseguradora pasó al cobro el primer fraccionamiento de la prima el día 4 de mayo de 2004. Esta cantidad inicialmente fue cargada en la cuenta designada, a pesar de que el saldo era negativo. Pero unos días después, el 13 de mayo de 2004, fue anulado el pago. Más tarde, el día 5 de julio de 2004, falleció Simón.

A juicio del recurrente, no existe impago de la prima hasta que no se deja de pagar la última fracción

Esta cuestión relativa a la interpretación del art. 15.2 LCS ha sido resuelta por esta sala

En la sentencia núm. 357/2015, de 30 de junio , declaramos que cuando «se haya fraccionado el pago de la prima y se deja de pagar el primer fraccionamiento, a su vencimiento, desde ese momento opera la previsión contenida en el art. 15.2 LCS , sin que sea necesario esperar al vencimiento del último fraccionamiento (...). A los efectos del art. 15.2 LCS , la prima debe entenderse impagada, y por ello desde ese momento comienza el plazo de gracia de un mes, y a partir de entonces se suspende la cobertura del seguro, hasta la extinción del contrato a los seis meses del impago, siempre que en este tiempo no conste que la aseguradora ha optado por reclamar la prima».

Conforme a la jurisprudencia de esta sala, en casos como el presente, en que se domicilió en una cuenta corriente designada por el tomador del seguro el pago de los fraccionamientos de la prima anual, «basta la acreditación de que el recibo fue cargado a la cuenta en que se domicilió el pago y que fue devuelto, para que podamos entender como momento del impago el del vencimiento de la prima, sin que sea necesario exigir la acreditación de la culpa del deudor» ( sentencia 472/2015, de 10 de septiembre ).

El rechazo del cargo, acaecido el día 13 de mayo de 2004, determinó el impago de la prima.

Bajo la vigencia del art. 15.2 LCS , transcurrido un mes desde que debiera haberse pagado la prima, la cobertura del seguro quedó suspendida, sin que se cumplieran seis meses antes de que se produjera el siniestro, lo que hubiera determinado la extinción del seguro.

De este modo, bajo la lógica del art. 15.2 LCS , nos encontramos ante un siniestro acaecido cuando la cobertura del seguro estaba suspendida, con los consiguientes efectos, expuestos en la sentencia 357/2015, de 30 de junio : «A partir del mes siguiente al impago de la prima, y durante los cinco siguientes, mientras el tomador siga sin pagar la prima y el asegurador no haya resuelto el contrato, la cobertura del seguro queda suspendida. Esto significa que entre las partes no despliega efectos, en el sentido de que acaecido el siniestro en este tiempo, la aseguradora no lo cubre frente a su asegurada. Sin embargo, la suspensión de la cobertura del seguro no opera frente al tercero que ejercite la acción directa del art. 76 LCS , en la medida en que este mismo precepto prevé que "La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado"»

El artículo 95 LCS

3. La sala resuelve el recurso en los términos en los que ha sido planteado, esto es, en atención al concreto motivo de casación, sin que podamos tener en consideración otras razones que conllevarían la estimación parcial de la demanda, porque no se plantearon ni en la instancia, ni, lo que ahora importa, en casación. En concreto que, como el impago de la prima es posterior a la segunda anualidad, debía regir la norma especial contenida para el seguro de vida en el art. 95 LCS , conforme a la cual el impago más que suspender la vigencia de la cobertura lo que conllevaba era la reducción automática de la suma asegurada conforme a la tabla de valores inserta en la póliza: «Una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a dos años desde la vigencia del contrato, no se aplicará el párrafo dos del artículo quince sobre falta de pago de la prima. A partir de dicho plazo, la falta de pago de la prima producirá la reducción del seguro conforme a la tabla de valores inserta en la póliza». Pero insistimos que los términos en que fue planteado el recurso de casación, la sala no puede aplicar de oficio este precepto y su consecuencia, sino que debe limitarse a dar respuesta al único motivo de casación y reiterar la jurisprudencia sobre el art. 15.2 LCS .

Furayat y el levantamiento del velo de Ansa (asset stripping)

Adventario, @Guilm0, Guillermo Alfaro

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017

Un proveedor demanda a Ansa por incumplimiento de contrato de obra reclamándole algo más de medio millón de euros. Conjuntamente con Ansa, demanda a Furayat porque considera que ésta no es más que la pantalla creada por el socio mayoritario de Ansa para seguir con el negocio sin pagar a los acreedores. Los tribunales dan la razón a la demandante y el Supremo confirma las sentencias de instancia. Lo que no vemos suficientemente justificado es el grupo de casos de levantamiento del velo en que encajarían los hechos porque no se indica que hubiera confusión de esferas o patrimonios entre Ansa y Furayat o que el hecho de que Furayat “sucediera” a Ansa en la explotación del negocio fuera de por sí fraudulento. De hecho se habla de que Ansa estaba en liquidación.

La justificación podría encontrarse en que el Sr. Edemiro hubiera desviado activos o fondos desde Ansa a Furayat, de modo que los acreedores de la primera no pudieran cobrar sus créditos por esa razón (asset stripping). Algo de eso se deduce de, por ejemplo, la transmisión de la licencia municipal a favor de Furayat y que ostentaba Ansa o la sucesión en el contrato de arrendamiento del local donde se habían hecho las obras cuyo precio quedó impagado.

A la recurrente le asiste en parte la razón cuando cuestiona la corrección técnica de la fundamentación que desarrolla la sentencia recurrida. La ratio decidendi no puede descansar en la existencia de una subrogación en el crédito, pues ningún tercero o interesado en el cumplimiento de la obligación ha satisfecho el crédito reclamado ( artículo 1210 del Código Civil ), ni tampoco en la novación o modificación subjetiva de la relación obligatoria, pues no ha resultado acreditada la cesión del contrato de obra. Por lo que el hecho de que las obras de remodelación beneficien al actual arrendatario, por sí solo, no justifica la excepción al principio de la eficacia relativa de los contratos ( artículo 1257 del Código Civil ).

Sin embargo, pese a lo expuesto, el motivo planteado carece de efecto útil, esto es, de consecuencias prácticas, pues de los motivos invocados en la demanda, y de las circunstancias acreditadas en la instancia, sí que resulta de aplicación la doctrina del levantamiento del velo como excepción al principio de la eficacia relativa de los contratos y, con ello, el correcto fallo de la sentencia recurrida.

En esta línea, de acuerdo con la tipología de supuestos que justifican la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo (entre otras, STS 326/2012, de 30 de mayo ), procede la aplicación de dicha doctrina con relación al abuso de la personalidad mediante una sucesión de empresa destinada a defraudar o perjudicar el legítimo cobro de los acreedores. Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde el Sr. Edemiro , socio mayoritario de la originaria Ansa, persona que encargó directamente las obras de remodelación del local y se comprometió personalmente a pagarlas, impulsó, en apenas dos meses desde su cese como liquidador de Ansa, la constitución de una nueva sociedad (Furayat), de la que es administrador único y socio mayoritario. Todo ello con una clara finalidad de continuar con el objeto social y la actividad de explotación que venía ejerciendo en la sociedad objeto de liquidación, con la que comparte el mismo domicilio social. Continuidad en la explotación que ha sido constatada en la propia «transmisión» de la licencia que concedió el Ayuntamiento de Madrid para que la nueva sociedad continuara con la explotación de la sala «Alcalá 20» y que llevó, a su vez, a que el Sr. Edemiro realizara determinados pagos a antiguos proveedores y suministradores de Ansa con el objeto de poder continuar con la explotación económica del citado local, ahora bajo la personalidad societaria de Furayat. Por lo que cabe concluir, a los efectos que aquí interesan, de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, que Furayat ha sucedido, de forma fraudulenta, a la originaria Ansa en la explotación comercial de la citada sala, por lo que viene obligada al pago de la deuda reclamada.

Cláusula estatutaria devenida ilegal

foto: Emilio Gude

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 se ocupa de los siguientes

Hechos

1.- A finales de 2012, la entidad Hermanos Mena Gericó S.L. comunicó al órgano de administración de la sociedad Desarrollos Industriales Sora S.L. su decisión de vender las participaciones sociales de dicha compañía de las que era titular. Tras esa comunicación, la también socia UVE S.A. decidió ejercitar su derecho de adquisición preferente, pero mostró su disconformidad con el precio que se había acordado entre la vendedora y el tercero, por considerarlo excesivo. Conforme al art. 11 de los estatutos sociales de Desarrollos Industriales Sora S.L., se encomendó a la auditora de la sociedad la valoración de tales participaciones sociales. Pese a ello, UVE S.A. solicitó al Registro Mercantil el nombramiento de auditor, lo que fue denegado por el registrador mediante resolución de 19 de febrero de 2013, al considerar prioritaria la aplicación de la norma estatutaria, que permitía la valoración por parte del auditor de cuentas contratado por la sociedad.

2.- No obstante, la auditora nombrada por la sociedad se planteó su posible incompatibilidad para la realización de la valoración encomendada y elevó consulta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Dicho organismo consideró en resolución de 10 de abril de 2013 que existía incompatibilidad, por el menoscabo de la independencia, fiabilidad y confianza que exige la función de auditoría, para lo que se basó en el art. 13-e) de la ley de Auditoría de Cuentas . A resultas de lo cual, el 16 de abril de 2013 la auditora nombrada por la sociedad declinó el encargo.

3.- Tras la renuncia de la auditora de la sociedad, el 13 de mayo de 2013 UVE, S.A. instó nuevamente del Registro Mercantil el nombramiento de un auditor. A la vista del informe del ICAC, el registrador modificó su criterio y en resolución de 27 de mayo siguiente acordó el nombramiento de auditor para la valoración de las participaciones sociales.

4.- La resolución del registrador mercantil fue recurrida en alzada por Hermanos Mena Gericó S.L. ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN), que mediante Resolución de 4 de noviembre de 2013 confirmó la decisión adoptada por el registrador mercantil. Contra dicha RDGRN se formuló reclamación previa al ejercicio de la acción civil, que fue desestimada el 25 de marzo de 2014.

5.- Hermanos Mena Gericó S.L. interpuso una demanda de impugnación de la RDGRN de 4 de noviembre de 2013, al considerar, resumidamente y en lo que ahora interesa, que debía prevalecer lo previsto en los estatutos sociales frente a lo posteriormente dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, TRLSC o LSC), que no previó una adaptación obligatoria de los estatutos; y que, en todo caso, la refundición había introducido una norma que con anterioridad no se aplicaba a las sociedades de responsabilidad limitada, según su ley reguladora.

Sobre el control judicial de los Decretos legislativos

El Tribunal Constitucional ha acogido la posibilidad de un doble control tanto por los tribunales ordinarios, como por el propio TC ( SSTC 51/1982, de 19 de julio ; 47/1984, de 4 de abril ; 51/2004, de 5 de julio ; y 166/2007, de 4 de julio ). Así, establece que cuando los decretos legislativos incurren en excesos en el ejercicio de la potestad delegada (decretos legislativos ultra vires ), o en cualquier otro vicio, vulneran la Constitución, por lo que el TC sería el único competente para enjuiciar con tal criterio dichos decretos. Pero también permite que los excesos de la delegación legislativa achacables a los decretos legislativos puedan ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, por lo que correspondería al juez ordinario no aplicar los decretos legislativos en aquellos puntos en que la delegación hubiera sido excedida, o, para ser más precisos, el juez ordinario no debería conceder al exceso valor de ley, sino únicamente de reglamento, con lo cual podría entrar a valorarlo y proceder a su inaplicación, conforme a lo previsto legalmente. Es decir, un decreto legislativo, si es correcto, tiene fuerza de ley, pero cuando la delegación ha sido excedida en todo o parte, se trata de una norma que, en todo o parte de ella, no puede tener ya fuerza de ley, pero sigue siendo una norma jurídica emanada del Gobierno, es decir un decreto sin más, que tiene un valor reglamentario. Y las normas reglamentarias sí que pueden ser enjuiciadas directamente por los tribunales ordinarios. Esta jurisprudencia constitucional fue asumida legislativamente por el art. 1 de la Ley 29/1998 , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), al indicar que: «Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones de rango inferior a la ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación». Previsión que ha de ser complementada con lo dispuesto en el art. 6 LOPJ : «Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa».

Sobre si el Gobierno se excedió al promulgar el Texto Refundido de la ley de sociedades de capital

La sentencia de la Sala 3.ª, de lo Contencioso-Administrativo, de este Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 (recurso de casación 387/2010 ) declaró expresamente que la inclusión en el TRLSC de previsiones de la antes citada Ley 12/2010, de 30 de junio, no supuso extralimitación alguna en las facultades refundidoras del Gobierno, concedidas por la Disposición Final Séptima de la Ley 3/2009, de 3 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. En concreto, su fundamento jurídico octavo dice: «Podemos afirmar que la autorización de refundición de determinados cuerpos legales o materias no se limita, salvo que se diga otra cosa en la Ley de delegación, a aquellas normas que estén vigentes en el momento de autorizarse la delegación.

En consecuencia, debe considerarse ajustada a derecho la conclusión a la que llega la sentencia recurrida sobre la corrección de la aplicación al caso del art. 107.3 TRLSC por la DGRN.

El carácter imperativo del art. 107.3 LSC

… En este caso, es claro el carácter imperativo del art. 107.3 LSC y no hay óbice para su aplicación por el hecho de que los estatutos fueran anteriores a su vigencia, puesto que, precisamente porque no se previó en la Ley un plazo para su adaptación, debieron modificarse inmediatamente, so pena de incurrir en ilegalidad sobrevenida, como ha ocurrido. JURISPRUDENCIA 7 Las normas legales imperativas posteriores se imponen a las normas estatutarias contrarias a ellas, en virtud del conocido como principio de la adaptación legal. De lo contrario, transmutaríamos el citado carácter imperativo del precepto en una simple norma dispositiva

Cabría discutir si la entrada en vigor del art. 107.3 LSC y con independencia de que el Gobierno se hubiera extralimitado o no en la refundición ha de considerarse imperativo en el sentido de desplazar lo previsto en el art. 11 de los Estatutos de esa sociedad. El tenor literal del precepto legal es tan contundente que el Supremo no cree que deba dar muchas explicaciones. Dice el precepto que

3. En los estatutos no podrá atribuirse al auditor de cuentas de la sociedad la fijación del valor que tuviera que determinarse a los efectos de su transmisión.

¿Por qué establece el legislador que el auditor que valore las acciones ha de ser uno distinto del de la sociedad? La respuesta a la pregunta – y la que explica que la norma sea imperativa – se encuentra en la protección de la independencia del auditor, por tanto, un interés distinto del interés de los socios en que el valor de las acciones de determine por un tercero imparcial. Si el legislador estuviera protegiendo el interés de los socios a que el que auditor que determina el valor de las acciones sea alguien imparcial, no habría razón para que los socios pudieran decidir prescindir de tal protección porque confíen en la imparcialidad del auditor social. Pero si la finalidad de la norma, como lo demostró la resolución del ICAC es garantizar la independencia del auditor en su condición de auditor de la sociedad, evitando que reciba pagos adicionales por prestar servicios como el de valorar las acciones de la sociedad, entonces puede entenderse fácilmente que el art. 107.3 LSC sea imperativo y que la cláusula estatutaria deba considerarse derogada.

Los administradores no deben lealtad a los acreedores sociales, pero responden si dañan sus créditos

foto: Ana Gimeno

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017

Es una sentencia importante porque examina los deberes de los administradores de una sociedad filial cuando ésta se encuentra en situación de insolvencia. En tal situación, la sociedad “es” de los acreedores, de manera que los administradores pueden ser responsables frente a éstos, en el marco del concurso de la sociedad, por haber contribuido a (o agravado) la insolvencia de la sociedad (arts. 164 ss LC). Como ha señalado recientemente algún autor, no hace falta, para extraer estas consecuencias – responsabilidad de los administradores – distorsionar los deberes de lealtad de los administradores que, como se ha venido sosteniendo tradicionalmente, sólo se soportan frente a la sociedad, no frente a los terceros que se relacionan con ésta.

Los hechos relevantes se refieren a que una sociedad Factorías Juliana (filial) recibió un encargo de construcción de unos buques por parte de Factorías Vulcano (matriz). Vulcano desistió del contrato o lo terminó indebidamente y dejó a deber a Juliana 58 millones de euros. Tras estos hechos, Vulcano se convirtió en administrador de Juliana y tampoco procedió a liquidar el contrato. Juliana cayó en concurso y el juzgado y la audiencia de Oviedo declaran responsables del déficit concursal de Juliana a Vulcano. Parece que, cuando Vulcano desistió del contrato, estaba en condiciones de pagar en todo o en parte esa cantidad a Juliana.

Vulcano alegó que, como socio único de Juliana, no podría haber infringido el deber de lealtad hacia ésta, ya que no hay ningún interés social distinto del interés de los socios. El Supremo recuerda su doctrina sobre grupos y sobre a quién deben lealtad los administradores de la filial

el deber de lealtad del administrador de la sociedad filial viene referido al interés de la sociedad que administra, no al de otras, aunque pertenezcan al mismo grupo; en concreto, no viene referido al interés de la sociedad dominante, ni a otros intereses formalmente ajenos, como es el que se ha venido en llamar «interés del grupo».… Puede afirmarse también que el hecho de que la decisión del administrador beneficie a la mayoría social, incluida la sociedad matriz cuando esta es titular de la mayoría del capital social, no excluye la posibilidad de que haya infringido el interés social y, por tanto, su deber de lealtad. 

… Ahora bien, el supuesto de sociedad unipersonal en la que el socio único es la sociedad matriz del grupo y el administrador es también la propia sociedad matriz-socio único, es realmente singular en lo que respecta a la configuración del deber de lealtad del administrador. 

… No parece, por tanto, que el supuesto de sociedad unipersonal en que el administrador es el socio único sea el más adecuado para delimitar conceptualmente el deber de lealtad del administrador social, entendido como deber de obrar en el mejor interés de la sociedad, evitando intervenir en situaciones de conflicto e informando al resto de administradores o a la junta general de la existencia del conflicto de intereses. Menos aún para resolver la controversia entre la concepción contractualista y la institucionalista del interés social que determina el deber de lealtad del administrador social, que esta sala en sus últimas sentencias ha abordado con cautela ( sentencias 873/2011, de 10 de noviembre , y 991/2011, de 17 de enero de 2012 ).

Y, con prudencia y el mismo acierto que en la otra ocasión en que se ocupó del problema, el Supremo dice que hay que estar a la finalidad de las normas que han de aplicarse.

...- Pero para que la conducta del administrador social integre la causa de calificación del concurso como culpable, en concreto la del art. 164.1 de la Ley Concursal (que cause o agrave la insolvencia de la sociedad) no es indispensable que vulnere el deber de fidelidad… Lo que caracteriza la conducta del administrador prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal , que determina la calificación del concurso de la sociedad como culpable, es que en la generación o agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del administrador. Se trata de una norma de protección de los acreedores, no de protección de la propia sociedad deudora. Es más, en ocasiones, la salvaguarda del interés social pretende realizarse a costa de sacrificios de los acreedores que les son exigibles, por lo que no es necesario que la conducta del administrador social sea contraria al mejor interés de la sociedad para que el concurso pueda calificarse como culpable.

La interpretación del art. 172.3 LC

Factorías Juliana, tenía derecho a hacer efectivo un crédito contra Factorías Vulcano por más de cincuenta y ocho millones de euros. La insolvencia de Factorías Juliana se habría generado o, por lo menos, agravado, como consecuencia de esta conducta omisiva de los administradores sociales. La justificación añadida radica en la correlación que puede establecerse entre esta conducta y lo que no llegaran a cobrar los acreedores concursales con la liquidación concursal de la masa activa. 

.. la sentencia modera la responsabilidad concursal de los administradores respecto del total del déficit concursal, tanto por considerar que existieron otras causas que coadyuvaron a que Factorías Juliana entrara en una situación de insolvencia, como por la distinta gravedad y reprochabilidad que observa en la conducta de los diversos administradores.

Actualización

En la RdS 52(2018) hay un comentario a la sentencia realizado por González Cabrera. Creo que está completamente desenfocado ya que en el caso resuelto por el Supremo no hay un problema de adopción de acuerdos contrarios al interés social de Juliana dado que, como hemos explicado, Vulcano era socio único de Juliana. Lo que hay es un incumplimiento por parte del socio único de sus deberes - legales - frente a los acreedores de Juliana, deberes que no se rigen ni por el interés del grupo ni por el interés social, sino por las normas del Derecho Concursal. La autora sostiene que el hecho de que Vulcano fuera socio único de Juliana "no elude - supongo que quiere decir que no elimina - el conflicto de intereses y, en consecuencia, la infracción del deber de lealtad". Pero, unas páginas después, dice lo contrario: "en nuestra opinión, en efecto, falta el elemento de ajenidad... no ha existido infracción del deber de lealtad..." e inmediatamente, vuelve a decir lo contrario de lo contrario: "aún así, cabría defender que la actuación de... Vulcano... infringió el espíritu del (art.227)... así como... del art. 226 LSC". No sé qué es el espíritu de esos artículos que, simplemente, contienen las cláusulas generales con las que el legislador define los deberes fiduciarios de los administradores. Finalmente, la autora parece aclararnos su opinión: hay infracción del deber de lealtad pero es una infracción impune: "anteponiendo en su actuación los intereses propios a los de la sociedad representatada... parece claro que (hay transgresión)... pero parece claro que tal transgresión, tal y como ocurrió, no tiene una sanción específica en sede societaria". ¿Y por qué no la tiene? ¿Porque se le ha olvidado al legislador establecerla? No. Simplemente no la tiene porque no ha habido transgresión alguna del deber de lealtad ya que éste deber presupone que alguien está gestionando intereses de otro y en una sociedad con un socio único, los intereses de la sociedad y los del socio único se confunden. El socio único que designa y puede dar instrucciones al administrador, no gestiona intereses ajenos y, por lo tanto, no es sujeto pasivo del deber de lealtad. 

Esto es el típico error en el que incurre un sector de nuestra doctrina que insiste en que los deberes fiduciarios de administradores y, eventualmente, socios de control, se ostentan ante sujetos distintos de la propia sociedad. No entendemos los argumentos de la autora sobre los deberes de los administradores de la filial designados por la matriz. La autora no distingue sociedades filiales controladas mayoritariamente de sociedades filiales al 100 % y, como no tiene en cuenta esta distinción, tampoco se da cuenta de que el problema de Derecho de Sociedades - no de Derecho Concursal - es el de proteger a los socios externos de la filial, esto es, a los socios minoritarios distintos de la matriz. Y, cuando no hay socios externos en la filial, no hay ningún interés social que proteger. Sólo el de los acreedores de la filial frente a maniobras extractivas del socio único que provocan que su deudor - la sociedad filial - no pueda hacer frente al pago de sus créditos. 

La autora no distingue entre la infracción de los deberes frente a los socios y la sociedad - el deber de lealtad - y la infracción de los deberes de los administradores y socios cuando la sociedad está próxima a la insolvencia. Estos deberes los impone la ley - concursal - para proteger a los acreedores y no tienen nada que ver con el deber de lealtad de los administradores que, como venimos repitiendo, son deberes frente a la sociedad. Como hemos dicho más arriba, el razonamiento del Supremo es impecable. No resuelve la cuestión de si hubo infracción del deber de lealtad porque lo que está enjuiciando es si el socio único debe responder del déficit concursal porque su conducta, en la gestión de la sociedad ahora insolvente, provocó o agravó la insolvencia. Sobre esta cuestión he realizado algunos apuntes en esta entrada.

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Los (costes de los) contratos inteligentes (IV)

Adventario, @Guilm0 Guillermo Alfaro

“there is more to a contract than recordkeeping and rote performance”

Sklaroff

La tesis del trabajo es que, dadas las características del código informático que utilizan las cadenas de bloque y los elevados costes económicos de ejecutar las transacciones en dichas cadenas, los llamados contratos inteligentes “encarecerán las transacciones y las harán más ineficientes que los contratos tradicionales” en muchas circunstancias y entornos. Los smart contracts en blockchain, o sea, los contratos inteligentes en cadenas de bloques no deberían llamarse “contratos inteligentes” sino más bien, “contabilidad descentralizada” (DLT) porque esto es lo más característico de esta herramienta informática: que permite intercambiar y proteger datos – realizar transferencias y contabilizarlas – de forma segura y sin necesidad de un intermediario de confianza (como el heredero de confianza del Derecho foral). Es, como suele decirse, un gigantesco libro de contabilidad cuya llevanza no se confía a nadie en particular y a todos, en general, los que realizan las transacciones que se apuntan en el libro.

Numerus clausus, numerus apertus de derechos reales

Un sistema de numerus clausus de Derechos reales sirve a la estandarización y reducción de los costes de transacción de los propietarios y de la transmisión de la propiedad. Básicamente, al “publicar” el legislador la “lista” de los derechos con efectos erga omnes que pueden existir sobre un bien, se reducen los costes de información de los que desean adquirirlos. Merrill y Smith ponen un ejemplo muy gráfico de la eficiencia económica de la regla que limita los derechos reales reconocidos:

Sin estandarización, los individuos tendrían en ocasiones incentivos excesivos para crear nuevos derechos reales idiosincráticos porque retendrían los bneeficios pero no soportarían los costes que impondrían a los demás que quisieran adquirir el bien sobre el que <<pesa>> el derecho idiosincrático. Por ejemplo, el dueño de un reloj y un tercero pueden crear un derecho obligatorio por el cual el tercero tiene derecho a usar el reloj los lunes… pero no pueden crear un derecho real con tal contenido y que pueda ejercitarse por su titular frente a cualquier sucesivo titular del reloj. Hacerlo sería beneficioso para las partes en la transacción, pero aumentaría los costes de investigación de cualquier otro reloj en venta.

más exactamente, aumentaría los costes de circulación de los relojes (sin previsibilidad alguna porque los derechos idiosincráticos imaginables son infinitos, por tanto, como dicen los autores, “making the features of property a set of potential unknown unknowns”), lo que ya nos da una pista importante acerca de los ámbitos donde un sistema de numerus clausus de derechos reales proporciona los mayores beneficios: en relación con las cosas que son objeto del comercio. Con la codificación, sin embargo, todos los bienes – muebles e inmuebles – pueden ser objeto de comercio lo que obliga, si se quiere “constituir” un mercado universal, a aplicar generalizadamente la limitación de derechos reales.

Coevolución genes-cultura

Alfabeto etrusco, foto de Holland

No sé lo bastante pero la idea de que la evolución genética viene determinada, en parte, por los cambios culturales suena como una idea de gran potencia para avanzar en la ciencia de la conducta humana. Lo más sorprendente es la velocidad con la que un cambio cultural (un cambio en el entorno de flora y fauna al que se enfrentan los humanos y que les lleva a variar su dieta, la fabricación de herramientas, cocinar los alimentos, quemar hierbas para generar pastos o zonas agrícolas, alimentarse de productos lácteos etc) provoca cambios genéticos que, en función de los genes implicados (uno o muchos), de la fortaleza de las constricciones que impone la selección natural etc. A lo que se añade el descubrimiento, en los últimos tiempos, del hecho de que en los seres humanos el número de mutaciones genéticas es mayor de lo que se pensaba. Por ejemplo, ¿por qué la inmensa mayoría de los humanos son diestros – los zurdos son una minoría – y no se ha encontrado dexteridad en otros primates? Según un estudio al respecto, la coevolución de los genes y la cultura parecen responsables. Cuando nuestros ancestros fabricaban flechas y puntas de lanza de piedra tenían que golpear una piedra para hacer saltar “escamas” afiladas, haciendo girar continuamente la piedra base de la que extraían las escamas. Si el que enseñaba la técnica a los demás utilizaba la mano izquierda o la mano derecha para golpear o para hacer girar la piedra base y los demás aprendían por imitación o copia, es probable que, sin predisposición genética, el comportamiento manual diestro acabara predominando sobre todo si se tiene en cuenta la influencia paterna (demostrada también en los estudios) en la dexteridad de los hijos. Esta evolución cultural favoreció el reforzamiento del gen responsable de la dexteridad porque los diestros se beneficiaban de la especialización y, sobre todo, porque el entorno construido por los humanos favorecía la dexteridad, de manera que también se favoreció la extensión en la población de los genes responsables de la dexteridad. En este estudio se explica cómo el cultivo del maiz afectó a la extensión entre la población de un alelo concreto que, sin embargo, no se extendió en otra tribu que vivía en la misma región:

“el análisis demuestra… una correlación robusta entre la construcción de un nicho ecológico y un alelo autóctono nativo americano seleccionado. El alelo 230Cys , con un origen probable en el continente americano, parece haber sido el blanco de un barrido selectivo direccional continuo como resultado del origen y la propagación del cultivo de maíz en la antigua Mesoamérica”

Pero el caso de los músculos de la mandíbula es mucho más llamativo aunque, lógicamente, más antiguo:

Algunos genes humanos sujetos a una selección menos reciente se han extendido hasta fijarse en toda la población humana. Un caso interesante se conoce como el gen sarcomérico de la miosina MYH16, que se expresa principalmente en la mandíbula humana, y que se eliminó entre nuestros antepasados homínidos, por lo que se perdió una parte considerable del gen. Se cree que esta eliminación ha resultado en una reducción masiva en el músculo de la mandíbula, con un tiempo que coincide con la aparición del cocinado de los alimentos, hace más de dos millones de años. A diferencia de otros simios y homínidos primitivos, los humanos y la mayoría de los otros miembros del género Homo no poseen poderosos músculos para masticar. Aparentemente, un proceso cultural (cocinar) eliminó una restricción (el requisito de músculo mandibular para masticar carne cruda), lo que permitió que ocurriera un cambio genético que habría sido gravemente perjudicial en su ausencia ".

Kevin N. Laland, Darwin's Unfinished SymphonyHow Culture Made the Human Mind, 2017, capítulo 9

Canción del viernes y nuevas entradas en el Almacén de Derecho: C.Monteverdi - Zefiro Torna , oh di soavi accenti (N.Rial - P.Jaroussky) (L'arpeggiata Ensemble)

La propiedad, la corporación y la personalidad jurídica

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Por Jesús Alfaro Águila-Real El Derecho de Sociedades entre el Derecho de Obligaciones y Contratos y el Derecho de Cosas El Derecho de Cosas es básico para comprender adecuadamente el Derecho de Sociedades. Pero el punto de partida no son las sociedades de personas...

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Elogio de la defensa: el proceso como conversación

Ene 3, 2018 | Derecho Procesal, Juan Damián Moreno, Lecciones

  Por Juan Damián Moreno.   Goethe decía que un cuarteto de cuerda era como una conversación entre cuatro personas razonables. El proceso penal también lo es: una conversación fascinante, sobre todo llegado el plenario, en que por imperativo constitucional,...

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Las obras creadas con materiales ajenos: el art. 383 CC

Ene 2, 2018 | Derecho Civil, Jesús Alfaro, Legislación

Por Jesús Alfaro Águila-Real Introducción En las páginas que siguen examinamos la lógica económica de la especificación, esto es, de la atribución de la propiedad al que ha creado algo aunque haya empleado un material ajeno. La lógica es semejante a las reglas sobre...

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Un avance importante en Psicología Moral

Ene 1, 2018 | Teoría del derecho

Por José Luis Ricón   Introducción En el campo de la psicología, existe un área en particular que se ha hecho bastante famosa por su uso de peculiares dilemas morales, especialmente el llamado problema del tranvía o del trolebús. La psicología moral estudia cómo...

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Sobre la disolución de pleno derecho de las sociedades profesionales no adaptadas

Dic 29, 2017 | Derecho Mercantil, Sentencias

Por Aurora Campins Vargas De nuevo sobre la inconstitucionalidad de la disolución de pleno derecho de una supuesta sociedad profesional por aplicación de la DT1ª de la Ley 2/2007   Esta vez se trata de la RDGRN de 22 de noviembre de 2017. Los hechos son similares...

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Nacidos libres y racionales pero no para decidir sobre cualquier cosa

Dic 27, 2017 | Economía, Jesús Alfaro, Teoría del derecho

 Por Jesús Alfaro Águila-Real A propósito de Chetty, Raj. 2015. "Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective." American Economic Review,105(5): 1-33 En lo que sigue, y al hilo del trabajo de Chetty citado, trataremos de argumentar por qué la...

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La eficiencia de la propiedad

foto: @thefromthetree

Nadie mejor que Shavell ha explicado la utilidad de la propiedad para mejorar el bienestar de los individuos y grupos humanos.

Así, la propiedad proporciona a la gente incentivos para trabajar (si la gente extrae utilidad de consumir cosas (usarlas), la gente querrá trabajar una hora más si lo producido en esa hora le proporciona una utilidad al consumirlo superior a la desutilidad que experimenta esa persona por tener que trabajar (utilidad marginal del trabajo, bienestar individual), porque al decidir si trabaja una hora más o no, lo que compara es la desutilidad de trabajar con la utilidad del consumo de lo producido, lo que presupone que puede conservar para sí el producto de ese trabajo. Sin derechos de propiedad, esa persona no tiene ninguna garantía de poder consumir lo que ha producido. Por tanto, si todo o parte de lo producido se le arrebata, no se podrá lograr el volumen social óptimo de trabajo. Por el contrario, “el resultado óptimo desde el punto de vista social se puede alcanzar en un régimen de propiedad privada. Si cada individuo tiene todos los derechos sobre lo que produce, trabajará en la cantidad óptima socialmente y el bienestar social se maximiza” porque cada individuo maximiza la utilidad que extrae de su trabajo y porque, en principio, el bienestar social es la suma del bienestar de todos los individuos.

La propiedad también proporciona los incentivos para mantener y mejorar las cosas que son propiedad de uno, es decir, para llevar a cabo las inversiones que tengan un valor neto positivo porque aumenten el valor de la cosa en más de lo que cuesta la inversión. Y la razón es igualmente sencilla de explicar: si el propietario retiene el aumento de valor de la cosa, tendrá incentivos para invertir, en el margen, hasta igualar el coste y el beneficio de la inversión con lo que el nivel de inversión será el óptimo.

Ser propietario proporciona al individuo incentivos para transferir el activo, es decir, asignarlo a alguien que lo valora más que uno mismo lo que conduce a una asignación eficiente de los recursos. Si el que ostenta el control de un activo y decide sobre su transferencia no retiene los beneficios de dicha transferencia, es decir, no es propietario, carece de incentivos para asignarlo a aquél que lo valora más.

La propiedad, además, protege frente a los riesgos de la vida en general ya que permite obtener medios de subsistencia cuando no podemos trabajar para procurárnoslos, es decir, la propiedad actúa como seguro en cuanto se convierte en “ahorro”. Pero es probable que esta función de la propiedad individual sea limitadamente eficaz. Es mucho más eficiente cubrir los riesgos a los que están expuestos los individuos y que alcanzan a todos los miembros de un grupo a través de mecanismos colectivos, singularmente, a través de mecanismos mutualistas que suponen poner en común los riesgos y los medios para cubrir los siniestros.

Hemos dicho que la propiedad privada permite reducir los conflictos entre los miembros de un grupo por los recursos. Shavell lo expresa diciendo que se reducen los incentivos para apropiarse de las cosas ajenas y, por tanto, de los riesgos de conflictos y de captura de rentas en una sociedad (las sociedades en las que la gran mayoría de la población es propietaria son más estables) y es posible, a priori, cualquier distribución de la riqueza que se considere deseable: basta con redistribuirla en la seguridad de que la nueva asignación podrá ser mantenida gracias a que en esa sociedad se protegen los derechos de propiedad. 

Shavell, Steven, Economic Analysis of Property Law (December 2002)  

¿Darwin sólo trabajaba cuatro horas y media al día?

No hagan caso. Al igual que ocurre con las actividades peligrosas, que otros las hagan sin que les pase nada no significa que ustedes deban copiar su comportamiento. Lo que uno hace bien lo hace bien por alguna razón. Sin comprobar previamente que se dan las circunstancias y requisitos para que nosotros podamos hacerlo bien también simplemente imitando la conducta del otro, no deberíamos confiarnos. 

Darwin era extraordinariamente inteligente y capaz de pensar a un alto nivel de concentración cuando daba esos paseos por “el camino de arena”. También estaba pensando con un elevado grado de concentración en las varias horas al día que pasaba gestionando su correo, esto es, leyendo las cartas que le llegaban desde todas partes del mundo (en la biografía de Humboldt se da cuenta del intercambio epistolar con el sabio alemán). De modo que las 4 horas y media que resultan de sumar los períodos que pasaba sentado en su mesa o al microscopio, son en realidad 8 o 9 horas diarias cuando menos si incluimos todas aquellas en las que Darwin utilizaba su cerebro para pensar sobre la Naturaleza. 

Probablemente su aparentemente “ligera” jornada de trabajo no funcione en otras actividades, y el “no hacer nada a toda velocidad” y la falta de concentración nunca hicieron a nadie un triunfador, pero forma parte de la condición de un genio que parezca que producir grandes cosas se haga sin esfuerzo aparente.

Tras una caminata matutina y el desayuno, Darwin se metía en su estudio a las 8 de la mañana y trabajaba normalmente durante una hora y media. A las 9:30 leía el correo de la mañana y respondía a las cartas recibidas. A las 10:30, Darwin volvía al trabajo serio en el aviario o en el invernadero o en cualquiera de los edificios donde hacía sus experimentos. Para las doce de mediodía ya podía afirmar satisfecho "Hoy ha sido un buen día de trabajo". Entonces, daba una larga caminata por "el camino de arena", un camino que había trazado poco después de comprar Down House. (Parte del "camino de arena" atravesaba tierras arrendadas a Darwin por la familia Lubbock.) Cuando regresaba, tras una hora o más de paseo, Darwin almorzaba y continuaba contestando al correo. A las 3 se echaba una siesta; una hora más tarde se levantaba, daba otro paseo por el camino de arena, y regresaba a su estudio hasta las 5:30 de la tarde, momento en el que se juntaba con su esposa, Emma, y su familia para cenar. Con este horario, Darwin escribió 19 libros, incluidos volúmenes técnicos sobre plantas trepadoras, percebes y otras materias; el controvertido "El Origen del Hombre" y "El origen de las especies", probablemente el libro más famoso de la historia de la ciencia, y un libro que aún afecta la manera en que pensamos sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos.

Cualquiera que revise su agenda no puede dejar de notar la paradoja del creador. La vida de Darwin giró en torno a la ciencia. Desde sus días de estudiante, Darwin se dedicó a la recolección científica, la exploración y eventualmente la teorización. Él y Emma se mudaron al campo desde Londres para tener más espacio para formar una familia y tener más espacio -en más de un sentido de la palabra- para la ciencia. Down House le dio espacio para laboratorios e invernaderos, y el campo le dio la paz y la tranquilidad necesarias para trabajar. Pero al mismo tiempo, sus días no nos parecen muy ocupados. Los tiempos que clasificaríamos como "trabajo" consisten en tres períodos de 90 minutos. Si hubiera sido profesor hoy en una universidad, le habrían negado la cátedra. Si hubiera estado trabajando en una empresa, lo habrían despedido en una semana.

Alex SooJung-Kim Pang, Darwin Was a Slacker and You Should Be Too, Nautilus 46, 2017, marzo

Suicidio en clínica psiquiátrica: reclamación contra el titular de la clínica y contra la aseguradora

Adventario @Guilm0

La esposa y madre de los demandantes padecía un trastorno depresivo y un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. El día 12 de septiembre de 2007 acudió al Sanatorio del Doctor León, acompañada de su hermana y de su esposo, en el que quedó ingresada de forma voluntaria, y en el que permaneció hasta el día 14 de octubre 3 de 2007, cuando, al estar sola en el interior de su habitación, falleció, suicidándose mediante ahorcamiento con la cortina del baño. La clínica psiquiátrica, con el nombre comercial de Sanatorio del Doctor León, es de la propiedad de la persona jurídica denominada María Auxiliadora SA, y, tenía su responsabilidad civil derivada de la explotación económica de la clínica, cubierta por la aseguradora de nacionalidad gibraltareña denominada Millennium Insurance Company Limited.

No hay cosa juzgada cuando se pide la resolución por incumplimiento tras haber pedido la nulidad

@lecheconhiel

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017

La entidad Marina D'or Loger S.A., hoy Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra doña Gracia y don Salvador -que dio lugar a un proceso anterior al presente- en solicitud de declaración de nulidad de contrato de compraventa por falta de objeto y, subsidiariamente, por falta de determinación del objeto o, en su caso, de nulidad del mismo por vicio en el consentimiento y subsidiariamente por enriquecimiento injusto, siguiéndose en el Juzgado n.° 6 de Castellón, el cual concluyó con sentencia desestimatoria de 10 de junio de 2011 , luego confirmada por la Audiencia Provincial de Castellón en sentencia de 5 de junio de 2012 .

Se trataba de un contrato de fecha 3 de marzo de 2004 formalizado en escritura pública entre los cónyuges demandados -como parte vendedora- y la mercantil Construcciones Castellón 2000 SAU (posteriormente absorbida por Marina D'Or Loger S.A., hoy Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.A.,) que tenía por objeto la parcela catastral NUM000 del polígono NUM001 de Cabanes.

Créditos transmitidos a la SAREB en el concurso

La disposición final 3ª del RDL 6/2013, de 22 de marzo , incorporó la letra h) al art. 36.4 de la Ley 9/2012 , que prescribe lo siguiente: «h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora. No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la transmisión, conservará tal calificación».

La norma protege los créditos cedidos a Sareb de una eventual subordinación en el concurso de acreedores del deudor. Se pretende dejar sin efecto, en estos casos, la regla contenida en el apartado 3 del art. 93 LC que, después de enumerar en los dos primeros apartados qué personas pueden ser consideradas especialmente relacionadas con el deudor, para que opere la subordinación del art. 92.5º LC , dispone lo siguiente: «3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso».

Para que opere la excepción y se mantenga la calificación como subordinado del crédito cedido a la SAREB

lo verdaderamente relevante es que la administración concursal ya haya calificado el crédito como subordinado en la lista de acreedores incorporada como anexo al informe del art. 76 LC y que haya precluido la posibilidad de rectificar esta calificación, de acuerdo con las reglas concursales de reconocimiento y clasificación de créditos.

Y al respecto conviene advertir que, contrariamente a lo aducido en el recurso, la disposición final 3ª del RDL 6/2013, de 22 de marzo , no contiene ninguna norma especial respecto de la regla de preclusión derivada de la falta de impugnación de la lista de acreedores prevista del art. 97 LC , que permita instar la recalificación del crédito.

Esto explica que en el presente caso, pese a que cuando se hizo la cesión de créditos a Sareb todavía no había sido notificada la presentación del informe provisional con la lista de acreedores, y por lo tanto cabía su impugnación, luego no era definitiva la calificación de los créditos cedidos como subordinados, en aquel momento todavía no se había promulgado el RDL 6/2013, de 22 de marzo.

De tal forma que cuando quiso aplicarse la norma contenida en el art. 36.4.h) Ley 9/2012 , ya había precluido la posibilidad de modificar la calificación del crédito. En este sentido debe interpretarse la salvedad contenida en el último inciso de del art. 36.4.h) Ley 9/2012 : cuando ya no sea posible modificar la calificación de los créditos, por haber devenido firme la lista de  acreedores, si el crédito cedido aparece calificado como crédito subordinado, habrá que estar a esta calificación.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2017

El periodo medio de pago a proveedores

“A few seconds before happiness” (1955)

De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que se ha transcrito más arriba. Es cierto que, como consecuencia del sistema de cálculo, para que pueda existir un resultado en días, es preciso que exista una cifra de divisor de la ecuación y de dividendo distinta de cero. O lo que es lo mismo, el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de compras y gastos.

La cuestión es trascendental porque si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores.

No ocurre así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

No es óbice la afirmación que contiene el escrito de recurso relativa a que el sistema informático no ha producido error, pues no pueden confundirse aquellos supuestos en los que se entiende que el error o falta de información obligatoria debe impedir la generación de los ficheros informáticos para la presentación telemática (de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Orden y cuya definición viene contemplada en el Anexo III), con el cumplimiento y formalización de los requisitos legalmente exigibles que necesariamente deben constar cumplimentados en los modelos normalizados cualquiera que sea la forma en que se presenten a depósito. A lo anterior hay que añadir que, como recentísimamente ha afirmado este Centro Directivo (Resoluciones de 7 de noviembre de 2017), existen supuestos en los que las circunstancias resultantes de la memoria o del impreso oficial eximen de la constancia de determinados datos sin que por ello exista error alguno que deba detectar el sistema.

Es la RDGRN de 5 de diciembre de 2017 como muchas otras del mismo día. Estamos locos. Sin duda. Si la determinación del período de pago puede determinarse mediante una simple división a partir de los datos que ya figuran en las cuentas que se depositan, ¿qué sentido tiene denegar el depósito? Y si no es el caso, tampoco tiene sentido denegar el depósito ya que lo que estaremos es reduciendo el volumen de información sobre la situación financiera de las empresas que está disponible para el público. Lo que debería hacer el registrador es, en su caso, dar parte de las correspondientes infracciones de la normativa de que se trate a la autoridad administrativa encargada de velar por su aplicación. Pero no perturbar el tráfico jurídico impidiendo el depósito de las cuentas.

En una de ellas, sin embargo, - la RDGRN de 5 de diciembre de 2017, se estima el motivo consistente en que la Registradora había denegado el depósito porque no constaba el “estado de cambios en el patrimonio neto”

La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (cfr. artículos 326 y 327 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 29 de febrero de 2012 y 17 de febrero y 3 de abril de 2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso.

Rosas de Kenia y la reputación

@Guilm0

Que la reputación es valioso mecanismo para asegurar el cumplimiento de los contratos es de sobra conocido. Si alguien está labrándose una reputación, hará todos los esfuerzos – incluso por encima de lo que es coste eficiente – para cumplir porque espera recuperar esa inversión en ganancias futuras derivadas de la prolongación de los intercambios con otra parte y con otras similares que “observan” su comportamiento. Si alguien ya tiene una reputación de cumplidor, no necesitará hacer esfuerzos extraordinarios. Como saben que es cumplidor, las contrapartes no considerarán que “les ha fallado” cuando, por hechos ajenos a su esfera de riesgo, no pueda cumplir sus contratos. Y, en fin, si alguien carece de reputación, no invertirá ni mucho ni poco en asegurar el cumplimiento.

Los autores estudian el caso de la exportación de flores desde Kenia a Europa. Los contratos que articulan la venta de rosas son verbales porque se trata de bienes muy perecederos. Se examina qué pasó cuando, con ocasión de unas elecciones políticas, se desató la violencia en Kenia en unas zonas del país pero no en todas. Algunos exportadores se encontraron con que sus trabajadores no iban a trabajar y, por tanto, experimentaron una caída brutal en las ventas-exportaciones. La idea es que la violencia fue una causa de fuerza mayor que “hacía imposible entregar las rosas a menos que el vendedor realizara inversiones adicionales costosas y un esfuerzo inobservable añadido (por ejemplo, “acuartelar” a sus empleados para protegerlos de la violencia o contratar guardias de seguridad).

Su modelo, basado en la eficacia de la reputación para asegurar el cumplimiento de los contratos predecía que, dado que los vendedores se labran una reputación de fiabilidad con el paso del tiempo, cuanto más larga sea la relación entre vendedor y comprador, más incentivos del primero para cumplir aunque sea a costa de un esfuerzo adicional. Pero si el vendedor viene vendiendo de antiguo al comprador, dejar de suministrar durante el episodio de violencia no “proporciona información alguna sobre la futura fiabilidad de ese vendedor”, de manera que no está indicado invertir adicionalmente en asegurar la entrega en esas circunstancias. El resultado es que el nivel de cumplimiento con los clientes extranjeros tendrá forma de U invertida en un cuadro que relacione los cumplimientos/incumplimientos con la antigüedad de la relación:

En el momento en que estalló la violencia, los exportadores ubicados en la región directamente afectada no podían cumplir sus compromisos con todos los compradores. La violencia fue un gran shock y los exportadores tuvieron que elegir a qué compradores priorizar. Documentamos una relación en forma de U invertida entre las entregas en el momento de la violencia y la antigüedad de la relación. También proporcionamos evidencia directa de que las empresas ubicadas en la región del conflicto ejercieron costosos esfuerzos para proteger sus relaciones con los compradores extranjeros. La evidencia es consistente con el modelo de reputación y no es consistente con otros modelos, por ejemplo, aquellos que se enfocan exclusivamente en consideraciones de cumplimiento o seguro.

 

Macchiavello, Rocco, and Ameet Morjaria. The Value of Relationships: Evidence from a Supply Shock to Kenyan Rose Exports." American Economic Review, 105(2015): 2911-45.