La izquierda y los nacionalistas españoles viven en una yihad permanente. Etimológicamente, yihad significa 'esfuerzo' o 'lucha'. En español, los llamamos 'activistas'. Son los que luchan contra el fascismo, contra el cambio climático, contra Trump, contra Israel, contra el 'oligopolio'... Su lucha, como la de los yihadistas, es una guerra santa porque les mueven motivos para-religiosos, esto es, puramente ideológicos o identitarios. Los ministros más exitosos de los gobiernos de Sánchez (Calviño, Ribera y Escrivá) eran también los más arrojados yihadistas. Y todos ellos se encuentran ya en el Paraíso de las instituciones europeas o del Banco de España.
Pero, como les ocurre a esos consejeros delegados que cobran su bonus inmediatamente y no se 'quedan' a ver el desastre en que resultó su gestión, ni Calviño, ni Escrivá, ni Ribera se han quedado para ver los efectos desastrosos de las políticas que implementaron. La pobre Ribera ha tenido peor suerte que sus colegas, porque sus políticas yihadistas han resultado en un apagón el lunes 28 de abril de 2025 (y seguramente también en la DANA de Valencia del otoño de 2024). Este apagón es el evento de este tipo más grave de la historia de Occidente. No hay registrado un apagón que haya afectado a 60 millones de personas.
Caben pocas dudas de que la fragilidad del sistema ha provocado que el riesgo de un apagón haya aumentado. Y que la fragilidad ha sido agravada por la intensa participación de las centrales fotovoltaicas en la producción de electricidad, es decir, la 'policy' puesta en marcha a matacaballo por Teresa Ribera. Ribera quería demostrar al mundo que se podía reducir e incluso eliminar la participación de otras tecnologías (carbón, gas y nuclear) en la producción de electricidad; de que se podía cubrir la demanda sólo con viento y sol a la vez que - progresistas - que se podían reducir los "beneficios caídos del cielo" de los que disfrutan las eléctricas dueñas de centrales hidroeléctricas y nucleares ya 'amortizadas'.
En este contexto, es irrelevante que el apagón se produjera el lunes 28 de abril de 2025 o el 8 de marzo o cualquier otro día. Lo relevante es que la política yihadista del Gobierno aumentó el riesgo de que se produjera un apagón. Y han muerto 10 personas, pero podrían haber muerto miles si hubiéramos tenido la mala suerte de que algunos grupos electrógenos en hospitales no hubieran funcionado o que los encargados de mantenimiento estuvieran de baja o de vacaciones (como la número tres de REE).
La política de Teresa Ribera era yihadista porque hacía prevalecer otros valores y principios sobre la seguridad del suministro. Cuando un sectario - como lo es Teresa Ribera - se pone al frente y se deja guiar por el principio sectario (en su caso, combatir el cambio climático y reducir los beneficios inmerecidos de las eléctricas) trastoca la jerarquía que aceptaría un líder no sectario, que pondría como principal objetivo del sistema eléctrico la garantía del suministro. Esta subversión en la jerarquía de los objetivos es la que puede producir resultados catastróficos.
Un ejemplo de consecuencias menos graves de poner a un sectario al frente de cualquier política es el de la ignorante y desequilibrada Balaguer que puso, por delante del interés del menor, el interés de la madre en vivir donde le plazca provocando una pequeña catástrofe en la jurisprudencia constitucional. Natalia Fabra, la experta detrás de Ribera (y compañera en el yihadismo, aunque en su caso, su obsesión son los beneficios inmerecidos de las empresas eléctricas). se rio en la Cadena Ser acerca de la posibilidad de un apagón en España cuando le preguntaron a finales de 2021.
Pero el yihadismo de Ribera le ha beneficiado personalmente. Gracias a su yihadismo, Sánchez la convirtió en vicepresidenta de la Comisión Europea. ¡Cómo aplaudía Teresa Ribera a Sánchez cuando éste volvió de aquella reunión de los líderes europeos! ¡Y viceversa! ¡Lo que dijo Sánchez de Ribera cuando consiguió designarla comisaria!
Los políticos sectarios, a veces, tienen suerte y no pasa nada porque el riesgo aumentado por sus políticas no se convierte en siniestro gracias, por ejemplo, a que, en el interim, se produce una innovación que sitúa el riesgo a los niveles previos a la política sectaria. Piensen en que las centrales fotovoltaicas dispusieran de turbinas que redujeran la inestabilidad que introducen en la red. Pero es que, a menudo, los 'daños' de las políticas sectarias no se ven porque, como siempre, las ganancias de bienestar que no se realizan no cuentan en la mente de los votantes (en el caso, todos los proyectos empresariales y personales de los españoles que no se han llevado a cabo por la insuficiente capacidad de la red para servirles electricidad de una forma segura).
La reacción del gobierno ha sido - se ha dicho ya por muchos - eludir cualquier responsabilidad de los poderes públicos. El muy mentiroso presidente del gobierno ha dicho que, o bien esto ha sido un ataque informático o bien ha sido un fallo de ciertos individuos dentro de REE o de las siempre avariciosas empresas generadoras y comercializadoras de electricidad (el 'oligopolio'). El gobierno ha decidido abrir una investigación dirigida y ejecutada por el propio gobierno, o sea, por el principal sospechoso de haber causado el apagón.
De lo expuesto se siguen dos consecuencias jurídicas:
1º Las políticas sectarias, el yihadismo de Ribera, han aumentado el riesgo de apagón al no poner por encima de cualquier otra consideración (incluyendo aumentar la proporción de renovables en el mix energético) la seguridad en el suministro. Como un "honrado padre de familia" o un "diligente empresario" no se comportan nunca de forma sectaria, la responsabilidad del gobierno, del legislador y de Teresa Ribera en particular por el apagón, me parece jurídicamente indiscutible.
2º El gobierno no puede abrir una investigación porque está en un horroroso conflicto de interés. Se corre el riesgo de que el gobierno destruya cualquier prueba que pueda incriminarle. Alguien debería pedir a un juez (¿a los de la Audiencia Nacional que ya han abierto diligencias?) que ordene al Gobierno abstenerse de iniciar esa investigación y a Red Eléctrica que proceda a hacer públicos todos los datos y conclusiones acerca de lo que pasó el lunes 28 de abril de 2025
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