Lo que alarma últimamente más a los que se atreven a criticar la evolución que se acaba de describir es cómo está afectando dicha hegemonía de la Política a la conversación pública.
Esta semana, agotados los españoles de discutir sobre el próximo Gobierno, la conversación se ha centrado en una escena nimia, ridícula y sin ninguna importancia ni material ni simbólica: el beso que un baboso presidente de la Federación Española de Fútbol, acusado de corrupto y ladrón, le dio a una jugadora de fútbol públicamente homosexual (¿por qué no se ha tenido en cuenta este hecho tan relevante?) que bromeó antes y después de la escena al respecto. La ‘noticia’ ha ocupado la mayor parte de los periódicos y televisiones y ha generado centenares de columnas de opinión de todos los periodistas con púlpito.
Al tiempo, estamos abriendo las tragaderas del público español para que acepte que la Política exige un nuevo sacrificio: hay que dar a los nacionalistas una amnistía y algunas decenas de miles de millones más. La Política lo exige si queremos evitar el retroceso que, para la mayoría progresista de este país supondría, que hubiera ‘turno’ en España; que, como en un país normal, socialdemócratas y democristianos/conservadores se turnaran al frente del Gobierno y que ese turno se produjera cuando, como habría que reconocer si no hubiéramos perdido la capacidad para ver la realidad, el desempeño del gobierno saliente ha sido tan – por decirlo suavemente – mediocre.
Si la pregunta sobre si la amnistía es posible en el marco de la Constitución de 1978 se hubiera formulado en 1995, nadie con prestigio habría defendido la respuesta afirmativa. Ruiz Robledo acaba de contar que, en la discusión de la Constitución, se propuso atribuir a las Cortes tal competencia y la enmienda correspondiente fue rechazada. Gimbernat hace unos pocos años explicó que una amnistía no es una ley penal con efectos retroactivos favorables para los delincuentes y Aragón, estos días, que contradice la división de poderes y hace inmunes a determinados ciudadanos frente a las leyes penales.
Pero ‘los tiempos cambian’ ha dicho el Tribunal Constitucional. Y si Conde Pumpido está dispuesto a adaptarse a los tiempos que corren ¿qué no harán muchos académicos constitucionalistas o penalistas que carecen de prestigio pero que ahora disponen de púlpito o de influencia en la conversación pública gracias a ese proceso de selección adversa que ha provocado la hegemonía de la Política en la Sociedad? ¿Cómo no vamos a encontrar académicos que defiendan que cabe la amnistía si tenemos decenas de juristas que no tienen nada que perder (nadie los contrata) y mucho que ganar (véanse los casos de Balaguer o Montalbán o el de Laura Díez o el de Dolores Delgado) si prometen anteponer las necesidades políticas de los suyos al Derecho?
Pero estos académicos que se venden al mejor postor político no son de gran valor sin la inapreciable ayuda que el gremio periodístico está prestando para consumar la invasión por la Política de toda la vida social española. La opinión publicada, esa ‘academia’ de periodistas con púlpito, está embarcada en el proyecto de igualar todas las opiniones. La misma 'selección adversa' que se ha producido en el ámbito de la Política se ha trasladado a la academia y al periodismo. Afirmar que cabe la amnistía es, para esta armada de juntaletras, una posición que merece respeto y el debate al respecto es legítimo, especialmente, si contribuye a la gobernabilidad de España y a facilitar el ‘encaje territorial’ o a promover el ‘reencuentro’ o a reflejar la ‘diversidad’ española (y la homogeneidad interna de cada una de las tribus ibéricas). Todos los grupos políticos -llevamos oyéndolo cinco años- son dignos de participar en el gobierno de España porque España no es una ‘democracia militante’; la inmersión lingüística es una forma de promoción y defensa del catalán y de proteger la diversidad española y el Cupo vasco no es un privilegio sino una expresión del principio de autonomía; los terroristas no necesitan arrepentirse para poder sentarse a la mesa de la casa del padre porque, de nuevo, ‘no somos una democracia militante’ pero el fascismo ha de ser combatido y hay que hacer un ‘cordón sanitario’ a la extrema derecha y no tolerar que ningún acto machista, de acuerdo con nuestra definición de lo que es tal cosa, quede sin reproche penal.
En un país civilizado, la conversación pública se produce en torno a algunas – pocas – reglas: no mentir (y denunciar al mentiroso) es la más obvia. Pero otra es que no se pueden poner permanentemente en discusión los consensos, de modo que la communis opinio doctorum tiene a su favor la carga de la argumentación. Si hasta 2023 se ha tenido por indiscutible que la amnistía no cabe en la Constitución, los que pretendan lo contrario han de levantar una pesadísima carga argumentativa. Y los humanos, que no nos dejamos engañar fácilmente, habremos de ser muy desconfiados cuando sospechamos, con razón, que los que defienden que la amnistía es admisible lo hacen porque están inmersos en un terrible conflicto de interés que tiene su origen en que anteponen la Política a cualquier otra consideración. Por eso, magistrados como Conde-Pumpido, Campo o Laura Díez carecen de legitimidad para decirnos a todos los españoles si una amnistía es o no inconstitucional y no deberían haber aceptado el nombramiento.
España va a la deriva. El futuro es tenebroso; el futuro español es italiano, griego, portugués en el mejor de los casos y no será peor – latinoamericano – porque permanecemos en la Unión Europea. Los españoles acabamos de votar ese futuro. Hemos votado por la continuidad de la supremacía de la Política sobre el Derecho y la Sociedad civil; hemos votado que nos preocupa más la extrema derecha que los nacionalistas y que no nos preocupa la creciente incapacidad del Estado para prestar servicios públicos de calidad. Que nos basta con que el Estado siga pagando las pensiones y los salarios públicos.
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