foto: @thefromthetree
Vietnam procedió, primero, a colectivizar su agricultura haciendo participar en cooperativas a los agricultores y después, a crear un sistema de propiedad privada de las tierras. Aunque el Estado conservó la nuda propiedad, los agricultores ostentaban derechos de uso – usufructo – que eran transmisibles e hipotecables, de manera que, a los efectos de las relaciones entre propietarios y terceros, incluyendo financiadores, acabaron equivaliendo a títulos de propiedad. No así frente al Estado que se reservaba el derecho a recuperar la posesión de las tierras una vez extinguido el usufructo.
Este sistema de usufructos atribuidos a agricultores individuales se puso en marcha por una ley de 1993. La duración del usufructo era, sin embargo, distinta en función de si el agricultor sembraba cultivos que se recogían anualmente (p. ej., cereales) o si plantaba árboles (p. ej., frutales) que, en principio, darían fruto indefinidamente. Eran los agricultores los que decidían libremente qué plantar. Estos últimos usufructos duraban 50 años y los primeros 20. Pero, hete aquí –inesperadamente- que en 2013 la Ley prorroga todos los usufructos (que se extinguían ese año en el caso de los cultivos anuales). O sea que la ley de 2013 debió de alterar los incentivos de los agricultores de cultivos anuales para invertir en sus tierras respecto de la situación anterior. En la situación anterior, los que plantaban cultivos anuales tenían incentivos para invertir sólo en la medida en que pudieran amortizar las inversiones en el plazo de 20 años mientras que los otros agricultores, los de cultivos perennes tendrían incentivos para realizar un nivel óptimo de inversión ya que su horizonte temporal era indefinido. Y, ¿en las vísperas del cambio legislativo de 2013?
La teoría económica sugiere que en vísperas de la Ley de Tierras de 2013, los incentivos de los cultivadores anuales para invertir en sus parcelas eran considerablemente más débiles que los incentivos de los cultivadores de cultivos perennes dado el carácter de inversiones específicas que esos gastos tendrían (Joskow 1987 ) En pocas palabras, antes de la aprobación de la Ley de Tierras de 2013, un productor de cultivos anuales y un productor de cultivos perennes que realizaran la misma inversión en sus respectivas parcelas esperarán obtener rendimientos drásticamente diferentes en sus inversiones ceteris paribus. El cultivador anual no capturaría ninguno de esos rendimientos (que quedarían para el Estado) y el cultivador de cultivos perennes capturaría la mayor parte, si no todos, en los 30 años restantes de usufructo.
Y, efectivamente, los resultados del análisis de los datos recopilados sobre las inversiones realizadas por los agricultores confirman que aquellos que vieron extendida la duración de sus usufructos en mayor medida e inesperadamente aumentaron sus inversiones en sistemas de riego y en mejoras en la conservación del agua o del suelo.
los propietarios-operadores de parcelas de cultivos anuales tienen entre 16 y 30 puntos porcentuales más de probabilidad de invertir en tecnología de riego para mejorar la conservación del suelo y el agua como consecuencia de la Ley de Tierras de 2013. En contraste, no encontramos un impacto estadísticamente significativo de la Ley de Tierras de 2013 sobre inversiones en infraestructura, árboles o acuicultura. Dado que no hay ninguna razón para que la acuicultura se vea afectada por lo que se plante en cada parcela, el hecho de que no encontremos un efecto estadísticamente significativo para la inversión en acuicultura sirve como una prueba de placebo útil.
El trabajo es importante porque es de los pocos que confirman que la seguridad de la propiedad genera los incentivos óptimos para invertir en ella, afirmación ésta que se contiene en cualquier manual de Análisis Económico de los Derechos Reales. Por ejemplo, en el de Shavell.
Quizá no hay más trabajos que confirmen estos resultados porque observar una diferencia notable en el grado de seguridad de los derechos de propiedad de la tierra es difícil. En todas las zonas del mundo que están pacificadas, el riesgo de que los agricultores vean que terceros se apoderan de sus cosechas o les usurpan las tierras es pequeño y, dado lo largo de los plazos de las relaciones entre los que viven en una misma zona, parece razonable que se logren “arreglos” en relación con la propiedad y el uso de las tierras que sean eficientes. Sean estos de reconocimiento de propiedad individual o alguna forma de propiedad colectiva. El riesgo para los derechos de propiedad sobre la tierra proceden, en general, del Estado. Bien porque el Estado se apropie de las tierras – en el caso más brutal, el de la colectivización de la agricultura emprendida por Stalin que condujo a una de las mayores hambrunas de la historia del mundo – bien porque un Estado corrupto no proteja a los titulares y les obligue a ceder sus tierras a los próximos al poder o les obligue a pagar un impuesto ilícito si no quieren sufrir daños (Estados mafiosos).
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