foto: totsancugat
Don Justino formuló demanda de juicio ordinario contra la entidad Societat Coral La Unió Santcugatenca en reclamación de 64.050 euros.
Relataba el actor que el 3 de noviembre de 2010 mediante acuerdo de la Junta de la Asociación "Societat Coral La Unió Santcugatenca" se acordó otorgar a favor del actor una escritura de préstamo hipotecario por importe de 126.000 euros. La razón de ser de la escritura fue el préstamo realizado por el actor a la demandada para liquidar una deuda que esta tenía y que había sido judicialmente reclamada en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 501/2008. El citado crédito no devenga interés alguno.
Con fecha 13 de febrero de 2014 la demandada acordó abonar la suma del préstamo en dos plazos, uno en marzo de 2014 por importe de 64.050 euros y otro el 30 de marzo de 2015 por igual importe. Llegada esta última fecha la demandada no pagó la cantidad acordada, sin que los requerimientos extrajudiciales de pago hayan tenido resultado positivo. Tras invocar fundamentos de derecho suplicaba sentencia por la que se condene a la demandada a pagar la suma reclamada, intereses legales desde la interpelación de la demanda y costas.
La sociedad demandada se opuso a la demanda formulada en su contra. El actor fue presidente de la entidad demandada, siendo cierto el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario a que el mismo se refiere en la demanda para hacer frente a la Ejecución 501/2008. En dichas actuaciones estaba prevista la subasta de un inmueble propiedad de la demandada. Sin embargo, la cantidad obtenida con el citado préstamo no era suficiente para paralizar el embargo frente a la demandada, por lo que el Sr. Justino realizó una serie de actuaciones para conseguir el dinero necesario; actuaciones que se detectó a posteriori fueron sumamente gravosas y perjudiciales para la entidad.
El 8 de diciembre de 2010 el actor, en calidad de representante de la demandada, suscribió un contrato de préstamo con la empresa Olivallès Inversions, S.L. por importe de 44.000 euros, a devolver en el plazo máximo de un año, y unos intereses del 24% anual. Dicha operación fue ocultada a la Asamblea General de la demandada, negando el Sr. Justino que se le hubiera hecho entrega en efectivo del importe del préstamo, aunque así lo firmó.
Al parecer, la entrega en efectivo se produjo por parte de la prestamista, junto con otra entidad, M-P Inmuebles, mediante consignación judicial directamente en aquél procedimiento de ejecución, a razón de 18.640 euros cada una, para cubrir los 37.280 euros pendientes de pago, sin que estos hechos fueran conocidos por la demandada sino años después.
Al no cumplirse el plazo de devolución Olivallès Inversions, S.L. presentó demanda de juicio monitorio, que el Sr. Justino escondió a la entidad, sin comparecer, ni pagar la cantidad reclamada, ni oponerse a la reclamación.
Por ello se instó la vía ejecutiva por importe de 94.230,14 euros, que la entidad acabó de pagar en marzo de 2014.
El Sr. Justino fue cesado de su cargo, y ante la reclamación por el mismo de las cantidades que le adeudaban por el préstamo de 126.000 euros, se pactó entre las partes un calendario de pagos, siendo cierto que la demandada no realizó el segundo pago. En mayo de 2014, la demandada recibió otra demanda de juicio monitorio en reclamación de 37.280 euros correspondiente al pago realizado por terceros en el procedimiento de ejecución 501/2008, anteriormente referido, por parte de la mercantil M-P Inmuebles, entidad que había consignado en aquel procedimiento la mitad de dicho importe y a la que Olivallès Inversions había cedido su crédito.
Se ha instado demanda de reclamación de daños y perjuicios contra el Sr. Justino en reclamación de la cantidad de 94.230,14 euros, por lo que no procede hacer pago de la suma reclamada, quedando los mismos retenidos hasta que se resuelva sobre dicha responsabilidad. El actor está reclamando un crédito litigioso, existiendo demandas recíprocas entre las partes. Tras invocar fundamentos de derecho solicitaba sentencia por la que se desestime la demanda al considerarse extinguido el crédito reclamado por compensación al haber litigios cruzados entre las partes, con imposición de costas a la actora.
El juzgado estimó la demanda de Don Justino. La Audiencia, tras explicar la diferencia entre la compensación legal y la judicial (la segunda es la que realiza el juez en el juicio porque no se dan los requisitos para que se aplique la legal, esto es, los créditos entre las partes no cumplen los requisitos del art. 1196 CC en el momento de presentarse la demanda), concluye lo siguiente:
en el caso de autos, entiende la demandada que resulta oponible y compensable, ante la reclamación del actor de la cantidad de 64.050 euros que la demandada recibió en concepto de préstamo y cuya existencia no se discute, la cantidad que resulte de la acción interpuesta por la asociación demandada contra el Sr. Justino en ejercicio de acción de responsabilidad contra aquél, en su condición de presidente de la asociación, por los daños y perjuicios causados a la misma en su actuar negligente. Y así lo solicita en el suplico de su escrito de contestación en el que solicita se declare extinguido el crédito que se reclama en la demanda.
No obstante, a la fecha de terminación del procedimiento en instancia, no existía sentencia firme que determinara la deuda a favor de la demandada y en contra del actor, ni tal pretensión se ejercitó en el procedimiento de autos interesando del juez un pronunciamiento sobre los requisitos inicialmente ausentes,de tal modo que no sería siquiera alegable la compensación judicial, ni tampoco la compensación legal en tanto no concurren todos los requisitos legalmente exigibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil , pues lo cierto es que la existencia de la deuda a cargo del actor y a favor de la demandada dependían de un pronunciamiento judicial al margen del procedimiento, que así lo estableciera, pronunciamiento que no era firme a fecha de la demanda, ni tampoco al dictarse sentencia en primera instancia, por lo que procede la confirmación de la misma.
Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de julio de 2018. ECLI: ES:APB:2018:7080
Creo que la sentencia no tiene en cuenta que se trata de una disputa entre la asociación y su ex-presidente, esto es, no se trata de una relación entre dos individuos extraños entre sí que tienen la condición recíproca de deudor y acreedor uno del otro. Por tanto, la aplicación de las reglas del Derecho de Asociaciones, esto es, del contrato social deben modular la aplicación de las generales sobre obligaciones y contratos. En el caso, esto significa que si hay indicios razonables – no hace falta una sentencia firme – de que el antiguo órgano social ha causado daños a la asociación con su actuación desleal, exigir la devolución del préstamo es una conducta contraria a la buena fe (al deber de lealtad del socio y del administrador de una asociación) por parte del ex-presidente. La concreción de la buena fe recogida en el brocardo dolo facit qui petit quod statim redditurus est es aplicable, en cuanto a la valoración, al caso. De modo que no es difícil concluir que la conducta de don Justino reclamando la devolución del préstamo si la asociación había aportado indicios de que la reclamación de la asociación contra él sería exitosa debería haber sido suficiente para desestimar la demanda..
