Hace unos meses publiqué esta entrada en este blog: La conjura contra España (CXXIII). El PP debe ponerse en lo peor: el PSOE volverá a gobernar y al frente vendrá alguien peor que Sánchez
En ella sugería que el PP debe llevar a la campaña electoral la reforma de la Constitución para limitar con una camisa de fuerza la posibilidad de que un nuevo Pedro Sánchez acabe con la primacía de la ley y la igualdad de todos los españoles.
Jesús Fernández-Villaverde ha publicado en su X una propuesta concreta de reforma de la Constitución con la que estoy completamente de acuerdo. El texto es una arenga política que sostiene que el sistema de haciendas forales —el cupo vasco y la aportación navarra— ha pasado de ser una excepción histórica tolerable a convertirse en un privilegio anacrónico, antidemocrático y fiscalmente injusto, alimentado por el PNV y permitido por los grandes partidos nacionales, hasta el punto de amenazar la sostenibilidad financiera del Estado. Denuncia que los territorios forales influyen en la fiscalidad del resto sin reciprocidad y que, gracias a los ajustes del IVA o la exclusión de los vascos y navarros de contribuir a cubrir el déficit de las pensiones, reciben transferencias netas pese a ser de las regiones más ricas. Fernández-Villaverde propone derogar la Disposición Adicional Primera de la Constitución y suprimir los llamados derechos históricos; estableciendo un sistema único de financiación autonómica y admitiendo solo modulaciones objetivas como la insularidad o la dispersión poblacional. Esto permitiría una simetría federal comparable a la de Suiza o Estados Unidos. Explica, además, que la reforma podría hacerse por el procedimiento ordinario del artículo 167, con referéndum solo si lo solicita una minoría parlamentaria, y que dicho referéndum tendría un resultado ampliamente favorable en la mayor parte de España. Reconoce que la dificultad está en alcanzar los 210 diputados necesarios, pero sostiene que un bloque PP–Vox con apoyos adicionales podría lograrlo a medio plazo debido al declive demográfico y político del País Vasco.
A su post quiero añadir que los catalanes deberían escuchar muy atentamente esta propuesta: porque no es solo que los vascos, dado su declive demográfico y su egoísmo y desprecio por todo lo que une a los españoles, han devenido irrelevantes una vez que la sociedad española se ha desplazado hacia la derecha y es absolutamente probable que entre PP y Vox (más algunos grupúsculos conversos como los nacionalistas navarros de UPN o los oportunistas de Coalición Canaria) alcancen una holgada mayoría absoluta; es que también los catalanes devendrán irrelevantes en la política española y su capacidad de influencia será nula si, como apuntan las tendencias demoscópicas, PP y Vox alcanzan mayorías cercanas al 60 % en Andalucía y Valencia. Porque ya las tienen o están a punto de alcanzarlas en Madrid, Murcia, Extremadura, Galicia, Cantabria, Castilla la Mancha y Castilla León, Rioja o Aragón; y Canarias y Baleares y Asturias irán en la misma dirección. Los nacionalistas vascos y catalanes lo han conseguido: morir de éxito. Con esas mayorías, los 210 diputados están al alcance de la mano.
El único obstáculo es el PP. Si el PP no contrae un compromiso creíble con los españoles en el sentido de que se convertirá en un partido anti-nacionalista, lo que casi les ocurrió con Ciudadanos - en las elecciones de abril de 2019 Ciudadanos obtuvo 57 escaños y el PP 65 - les puede ocurrir con Vox. Cuanto más tarden en celebrarse elecciones anticipadas, más probabilidad hay de que Vox pueda superar al PP en escaños. Y este riesgo es, curiosamente, más probable en Cataluña y el País Vasco donde los votantes del PP están más decepcionados, hasta el punto de que son los más moderados de entre los votantes del PP los que, con su voto al PSC - PSOE en esas regiones, explican los buenos resultados de Illa y de el PSE. Los que quedan, pese a los intentos de Fernández, acabarán pasándose a Vox.
Es cierto que los ciudadanos siguen a sus partidos políticos, pero es más cierto que los líderes políticos siguen a los ciudadanos. El mercado político es, al fin y al cabo, un mercado y la oferta se adapta a la demanda. Si el PP no se da cuenta de la demanda que hay en España para acabar con el chantaje permanente y la conducta desleal e insolidaria de los nacionalistas, vendrá otro partido que ocupará su posición central en la política española. Si Feijoo no aprende de Casado y de Rajoy, el precio puede ser, esta vez, la desaparición del PP.
Y la responsabilidad de Feijoo será entonces descomunal, porque si Vox gestiona mal esa demanda de una mayoría creciente de los españoles y provoca un conflicto civil abierto entre españoles, será culpa de Feijoo por no haber sabido, como supieron los sabios y decentes políticos españoles que lideraron la transición, encajar y hacer compatibles las demandas básicas y justas de cada grupo de españoles sobre la base del "interés general", expresión que, debo recordar, no se le caía de la boca a Rajoy aunque no se reflejara en su conducta presidencial. María Corina Machado, parece, piensa más en Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda que en Feijoo cuando busca orientación sobre cómo desempeñarse en la difícil tarea que tiene por delante.
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