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Llevamos doce años dedicados a dar de comer en el sector público a politólogos, pedagogos y periodistas. Doce años dedicados a discutir sobre los derechos de las algas, de los perros, de la Pachamama. A discutir sobre los derechos de las lenguas y los territorios, los derechos de las lagunas saladas y de los ríos y arroyos ("libre te quiero libre").
Eso ha propiciado que cientos de miles de capturadores de rentas hayan invadido la Administración Pública que se ha llenado de gabinetes de prensa (¿no les llamaba la atención que la fiscalía provincial de Madrid tuviera un jefe de prensa?) y de consejerías de "movilidad" o "transición ecológica" y de igualdad, sobre todo, de igualdad. Las universidades públicas tienen todas ellas un vicerrectorado de igualdad y unidades de igualdad. Las empresas tienen que tener planes de igualdad no solo para las mujeres, también para los gays. Y si no tienen esos planes, no pueden contratar con la administración pública, aunque sí pueden hacerlo, al parecer, si han sobornado a funcionarios públicos o se han cartelizado.
Llevamos doce años de una degradación generalizada del funcionamiento de las administraciones públicas. Nada funciona mejor que hace doce años. Y lo que todavía funciona es gracias a la automatización que debemos a las compañías tecnológicas norteamericanas. O sea, gracias a la menor intervención de funcionarios y políticos en la prestación del servicio. Donde el factor humano sigue siendo relevante - sanidad y educación - la degradación de la calidad es patente. La huida hacia el sector privado, sensible a los incentivos económicos, es manifiesta: crecen las escuelas privadas y, sobre todo, las universidades privadas. Los seguros de salud que proporcionan asistencia sanitaria privada han experimentado una explosión en los últimos años.
Quizá, tras el accidente de Aldamuz, los españoles aprendamos lo que es el coste de oportunidad y votemos popperianamente.
Si prestamos atención y recursos a las algas, los perros y la Pachamama o a la imposición del euskera o el catalán, pagaremos en menos atención y menos recursos a la seguridad física y a la prosperidad de los españoles y tendremos políticos menos preparados, más corruptos y más sectarios. Es fácil demostrar por qué: hacer que los trenes lleguen a su hora sin percances es difícil. Llenar páginas del BOE con verborrea sobre el fin del mundo es facilísimo. Asegurar el mantenimiento de las infraestructuras es difícil. Modificar el Código Penal es fácil. Tras doce años de prestar atención y recursos a lo que no importa, lo que importa ha dejado de funcionar.
Las elecciones sirven para derribar pacíficamente a malos gobiernos. Para nada más. Si hay doscientos muertos en una inundación y no cae el responsable (no el culpable), si hay un apagón que afecta a todo el país y no cae el responsable, si hay un accidente ferroviario con cuarenta y un muertos y no cae el responsable, tendremos más muertos en la próxima inundación, más apagones y más muertos en cada nuevo accidente. Mientras tanto, el Estado nos quita casi la mitad de lo que producimos para pagar pensiones y los intereses de la deuda, básicamente. Es lo único que sabe hacer a estas alturas: pagar pensiones y prestaciones. Y los españoles siguen votando ideológica o identitariamente, en lugar de preguntarse ¿cómo lo ha hecho el gobierno? y votando por la oposición si creen que el gobierno lo ha hecho mal y votando por el gobierno si creen que lo ha hecho bien.
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